Enmarcado en políticas que buscan fortalecer la educación tecnológica en la Provincia como así también la prevención de grooming y violencia digital, este miércoles, el ministro del Superior Tribunal de Justicia Juan Manuel Díaz, asistió a la presentación del manual de “Grooming: fundamentos, antecedentes históricos, políticos y perspectivas teóricas desde una mirada misionera”, llevado adelante en el Salón Dos Constituciones de la Cámara de Representantes.
Este material surge del trabajo articulado entre la Vicegobernación de Misiones, la Subsecretaría de Educación y la Legislatura provincial con el objeto de conformar una red que nuclee tanto la capacitación docente en Grooming como la sensibilización comunitaria en la materia para una posterior articulación con la Justicia y los organismos de seguridad digital, asegurando una respuesta integral ante cada caso.
El manual brinda un diagnóstico preciso, orientaciones de actuación y propuestas preventivas que permiten a la escuela, junto a las familias y la comunidad, reconocer señales tempranas, intervenir con responsabilidad y canalizar las denuncias por los medios correspondientes. Se trata de una herramienta pedagógica y, al mismo tiempo, de una valiosa política pública destinada a fortalecer la protección integral de las infancias y adolescencias.
Esta iniciativa reafirma el compromiso del Estado provincial con la prevención del acoso y la violencia digital, apostando a la educación, el conocimiento y la colaboración institucional como ejes para enfrentar un fenómeno global con impacto local.

Sobre esto, Juan Manuel Díaz destacó: “el manual aborda una problemática global con una mirada local. Se inserta en un proceso institucional que involucra a todos los poderes del Estado”.
Continuó: “La presencia del Estado tiene que ser muy activa y muy decisiva. Y este manual, así como lo veo, tiene un enfoque que es central, la prevención”.
Finalizando añadió: “En particular nosotros, desde el Poder Judicial, hemos llevado adelante varias acciones desde el año pasado con mucha intensidad, un ejemplo de esto es la creación, a través de una acordada del Superior Tribunal de Justicia, de la línea Contame. Una línea en la cual se obtiene, a través de una comunicación muy rápida como lo es una línea de WhatsApp, una contención inmediata y una canalización hacia una respuesta institucional judicial”.
Entre las autoridades presentes se encontraban la presidente del Bloque Frente Renovador de la Concordia y presidente de la Comisión de Educación, Cultura, Innovación Tecnológica y Deporte, Mabel Cáceres; el ministro de Educación, Ramiro Aranda; la subsecretaria de Educación Gabriela Bastarrechea y la coordinadora estratégica de gobierno inteligente, Paula Franco.
La publicación fue declarada de Interés Provincial por la Cámara de Representantes de la Provincia y de Interés Educativo por el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología.

Se trata del empresario acusado de narcotráfico que confesó haber financiado a Espert en 2019. El máximo tribunal rechazó los planteos de la defensa. A partir de ahora, la decisión final sobre el proceso de extradición recae en el Poder Ejecutivo.

El proceso de extradición que involucra al empresario Federico “Fred” Machado quedó confirmado tras la decisión de la Corte Suprema de la Nación, que avaló el pedido formulado por la justicia de Estados Unidos para que el ciudadano argentino sea juzgado por una serie de delitos graves, entre los que se incluyen asociación ilícita, narcotráfico, lavado de activos y fraude electrónico.

El fallo de la Corte fue firmado por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, y se basa en consdierar que el pedido de extradición formulado por la justicia de los EE.UU. se ajusta a las normas sobre cooperación internacional en materia judicial.

La causa se inició a raíz de la solicitud de extradición presentada por autoridades estadounidenses, que buscan someter a Machado a juicio en el Distrito Este de Texas, donde un Gran Jurado Federal dictó un auto de procesamiento contra él y otras ocho personas.

El expediente detalla que sobre Machado pesan cinco cargos principales. El primero lo acusa de integrar una organización criminal dedicada a la posesión, con intención de distribuir, de al menos cinco kilogramos de cocaína. El segundo y tercer cargos amplían la imputación a la fabricación y distribución de la misma cantidad de droga, con la presunción de que sería importada ilegalmente a Estados Unidos, y lo señalan también como cómplice en la comisión de estos delitos. El cuarto cargo lo vincula a una asociación ilícita para cometer lavado de dinero, mientras que el séptimo lo implica en una conspiración para perpetrar fraude electrónico.

La protección integral de los derechos de Niñas, Niños y Adolescentes es parte de un consenso social implícito que no siempre es llevado a la práctica, sin embargo, desde el marco legal se trabaja arduamente para resguardar la integridad física y mental de las infancias, es por esto que existen medidas que buscan garantizar su bienestar y desarrollo.
En tiempos donde las redes sociales y las plataformas digitales atraviesan cada aspecto de la vida, la responsabilidad adulta se vuelve aún más trascendental. La exposición pública de niñas, niños y adolescentes —ya sea mediante imágenes, videos o comentarios— no es un gesto inocuo, sino una acción que puede tener consecuencias profundas y permanentes en su integridad emocional, social y legal.

La obligación de resguardar la identidad y la intimidad de las infancias no se limita únicamente a un mandato legal: es un deber ético y social. Especial cuidado merece la difusión de imágenes o datos cuando los menores se encuentran en situación de vulnerabilidad, ya sea atravesando procesos de adopción, medidas de abrigo o conflictos entre adultos por cuestiones de tenencia. En estos casos, la exposición pública puede convertirse en una forma de violencia simbólica que afecta su desarrollo y su derecho a crecer en un entorno protegido.

Los marcos normativos vigentes —como la Convención de los Derechos del Niño, el Código Civil y Comercial, la Ley 26.061 y tratados internacionales— son claros: el interés superior de niñas, niños y adolescentes debe prevalecer frente a cualquier otro interés. Sin embargo, el verdadero desafío está en la práctica cotidiana, en la conciencia ciudadana y en la responsabilidad con que los adultos decidan qué compartir y qué preservar en el ámbito privado.

La protección de las infancias comienza en cada decisión que tomamos como sociedad. Por eso, además de las leyes, es imprescindible asumir un compromiso colectivo de cuidado y respeto. Recordar que cada niña y cada niño tiene derecho a construir su historia sin interferencias, preservando su identidad y su intimidad, es la base para garantizarles un futuro con dignidad y libertad.

En la Convención de los Derechos del Niño su Art. 8 declara: “Los Estados Partes se comprometen a respetar el derecho del niño a preservar su identidad, incluidos la nacionalidad, el nombre y las relaciones familiares de conformidad con la ley sin injerencias ilícitas”. Además, en este sentido, en su art. 16 también refiere a la Protección de la vida privada: “Ningún niño será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y a su reputación”.
Además, el Código Civil y Comercial en su Artículo 53 aborda el Derecho a la imagen, y sobre esto declara: “para captar o reproducir la imagen o la voz de una persona, de cualquier modo que se haga, es necesario su consentimiento”.
Por su parte, la Ley 26.061 de Protección Integral de los derechos de Niñas, Niños y Adolescentes establece que los menores tienen derecho a la dignidad y a no ser sometidos a ningún trato violento, discriminatorio o humillante. Esta ley, prohíbe expresamente la difusión de datos, información o imágenes que puedan identificar a un menor, sin su consentimiento o el de sus representantes legales, si dicha difusión puede afectar su dignidad, integridad personal o vida privada.
En el mismo sentido, su Art. 10 dispone “las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la vida privada e intimidad de y en la vida familiar”, en consonancia con el art. 16 de la Convención de los Derechos del Niño y art. 11 párr. 2° y 3° del Pacto de San José de Costa Rica.
Asimismo su Art. 22 prohíbe la difusión de datos o imágenes que permitan identificar a un menor sin su consentimiento y el de sus representantes legales, cuando aquellos sean lesivos para su dignidad o intimidad. El art. 3 de la Ley 26.061 dispone que se entiende por interés superior de la niña o niño, la máxima satisfacción integral y simultánea de los derechos y garantías reconocidos en esa ley, debiéndose respetar el pleno desarrollo personal de sus derechos en su medio familiar, social y cultural, y su centro de vida. Así, en el aparente conflicto de derechos e intereses de los menores, en oposición a otros derechos e intereses igualmente legítimos, han de prevalecer los primeros.
Estas normativas permiten afirmar que los derechos personalísimos en Argentina gozan de un amplio reconocimiento y protección, específicamente en lo que respecta al derecho a la imagen de los niños.

La línea Contame ha sido una medida impulsada por el Superior Tribunal de Justicia de Misiones, continuando con la línea del cuidado al vulnerable y la protección a las infancias, de esta manera desde hace tiempo la Línea telefónica denominada “Contame”, brinda asistencia a niños, niñas y adolescentes víctimas de abuso sexual. La línea, que se encuentra habilitada por Acordada 72/2024 y ese encuentra a disposición 24hs, está diseñada para ofrecer apoyo emocional y asistencia integral a los menores afectados y a sus familias.