El Director de Tránsito de Eldorado, Fernando Caro, busca terminar con la incertidumbre sobre las más de 2.000 motocicletas que permanecen en el depósito municipal. El objetivo es detectar cuáles poseen pedidos de secuestro por robo y evitar que unidades en buen estado sean compactadas.

La Dirección de Tránsito de la Municipalidad de Eldorado avanza en un ambicioso plan para sanear el depósito de vehículos municipal, donde el volumen de rodados —principalmente motocicletas— ha crecido de manera exponencial en los últimos meses. Ante la sospecha de que muchas de estas unidades tienen procedencia ilícita, el municipio inició gestiones clave con la Policía de Misiones.

Tecnología para combatir el origen ilícito
Para resolver la falta de información sobre el historial de los vehículos, se ha solicitado formalmente el acceso a las bases de datos BUDA y FICOPS. “Estas herramientas nos permitirán obtener información de manera online y en tiempo real sobre si un vehículo tiene pedido de secuestro”, explicó Fernando Caro.

Este entrecruzamiento de datos también facilitará la detección de Verificaciones Técnicas Vehiculares (VTV) adulteradas al momento de los operativos. Según el funcionario, el comportamiento de muchos conductores delata la irregularidad de los rodados: “Llama la atención la cantidad de gente que directamente abandona el vehículo en un control y no quiere dar sus datos; es evidente que son de dudosa procedencia”.

El depósito en cifras: ¿Uso público o compactación?
Actualmente, el predio alberga más de 2.000 motocicletas y alrededor de 70 automóviles. Si bien Eldorado está adherido al programa de compactación (en lo que va de 2024 ya se destruyeron 1.160 motos y 170 autos), la gestión actual busca un cambio de paradigma para las unidades en excelente estado.

• Proyecto de Ordenanza: El Ejecutivo elevó al Concejo Deliberante una propuesta para crear la figura del “Depositario Judicial”.

• Prioridad social: El objetivo es que las unidades que estén mecánicamente aptas puedan ser utilizadas por organismos de bien público en lugar de ser destruidas. “No tiene sentido que el municipio u otras instituciones gasten en comprar vehículos cuando tenemos unidades nuevas que hoy terminan en la compactadora”, señaló Caro.

Seguridad jurídica
El funcionario aclaró que el proyecto descarta las subastas al público general. La intención es garantizar que los vehículos que vuelvan a circular lo hagan bajo el estricto control de instituciones oficiales, asegurando que su uso sea exclusivamente para el servicio a la comunidad y bajo una supervisión legal clara.

Las tareas investigativas por parte de Gendarmería fueron fundamentales para detectar que el involucrado difundía una gran cantidad de archivos mediante un modelo de comunicación denominado P2P. Además, durante la inspección se secuestraron una CPU, ocho discos externos y dos teléfonos celulares.

Los efectivos del Grupo de Delitos Tecnológicos (GRIDETEC) de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales “Misiones” llevaron a cabo tareas investigativas en una causa sobre presunta explotación sexual infantil.

Por orden del Magistrado Interviniente, los uniformados realizaron un allanamiento en la Ciudad de Eldorado junto a integrantes de los Escuadrones 50 “Posadas” y 10 “Eldorado”, de la Policía provincial y la Secretaría de Apoyo a Investigaciones Complejas (SAIC) perteneciente al Ministerio Público Fiscal.

Durante la inspección, los funcionarios decomisaron una CPU, ocho discos externos y dos teléfonos celulares.

Además, efectuaron la detención de un ciudadano que se comunicaba mediante la red denominada P2P (peer to peer), la cuál es un modelo de comunicación donde no existe un servidor central que mande sobre los demás, todos los equipos conectados actúan como clientes y servidores al mismo tiempo, compartiendo las mismas funciones.

Mediante esas redes, el involucrado traficaba una gran cantidad de material de abuso sexual infantil que se difundía a través de una determinada conexión.

También hubo operativos en Leandro N. Alem, Irigoyen y Posadas. Fueron aprehendidos dos hombres más y se secuestraron celulares y dispositivos que analizará la SAIC, los cuales coincidirían con reportes de redes P2P para bajar y distribuir.

Cuatro allanamientos simultáneos se realizaron ayer en Misiones, como parte de un nuevo operativo nacional e internacional contra la producción y distribución de material de abuso sexual infantil (MASI). Encabezados por el Ministerio Público de la Acusación (Procuración General), se desplegaron jueces, peritos y efectivos policiales en Posadas, Eldorado, Bernardo de Irigoyen y Leandro N. Alem. Se concretaron tres detenciones y secuestraron celulares y dispositivos informáticos para analizar.
La supervisión de los procedimientos estuvo a cargo del procurador general de la provincia, Carlos Jorge Giménez.

En Eldorado fue atrapado un ingeniero en electrónica de 45 años instantes previos a que destruyera un disco rígido con presunto MASI. Los primeros informes señalaron que los códigos y numeración del dispositivo coincidirían con los reportes internacionales de las organizaciones que detectaron el almacenamiento.

Vale agregar que la investigación preliminar y los procedimientos fueron llevados adelante por personal de la Fiscalía Especializada en Ciberdelitos y de la Secretaría de Apoyo para Investigaciones Complejas (SAIC) del Ministerio Público, con la colaboración de la Dirección de Investigaciones Complejas y comisarías de la Policía de Misiones y técnicos de Gendarmería Nacional.

Las pesquisas se originaron a partir de información aportada por el Cuerpo de Investigaciones Judiciales del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que realizó tareas de seguimiento y análisis sobre usuarios de redes P2P y reportes internacionales vinculados con la circulación de material de abuso sexual infantil.

os de los casos investigados en Misiones surgieron de detecciones realizadas en redes P2P mediante las plataformas ICACCOPS y CPS.

ICACCOPS (sigla en inglés “Sistemas de protección infantil contra delitos informáticos en línea”) es utilizado por el National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC), que permite identificar direcciones IP y números GUID (identificadores únicos) de usuarios que comparten material de abuso sexual infantil en redes P2P (redes entre pares). Y CPS (Child Protection System): tecnología que trabaja en conjunto con ICACCOPS para la detección de material de abuso sexual infantil y la identificación de sus distribuidores, enfocándose en la carga o descarga de estos archivos.

Los otros dos casos derivaron de reportes canalizados a través del National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC), organismo que alerta sobre la circulación de este tipo de material en plataformas digitales, redes sociales o servicios de correo electrónico.

De acuerdo con la información remitida los archivos investigados involucran a víctimas menores de 13 años.

Respecto a los resultados de los procedimientos en Leandro N. Alem y con la presencia de la jueza de Instrucción, Selva Raquel Zuetta, se concretó la detención de un hombre de 45 años y el secuestro de dos teléfonos celulares, además de otros elementos de interés para la causa.

Movimientos similares se desplegaron en Bernardo de Irigoyen, y encabezados por el juez Ariel Belda Palomar, donde el aprehendido tiene 37 años y fueron secuestrados tres teléfonos celulares marca Samsung. Durante el procedimiento también se hallaron 52 gramos de marihuana.

La jueza María Laura Rodríguez participó en Eldorado de uno de los allanamientos en el que fue detenido el ingeniero de 45 años y se secuestraron un celular y dos discos sólidos de 240 GB. En este caso se detectó de inmediato la coincidencia entre el usuario investigado y los registros analizados, además del hallazgo de archivos MASI.

Los operativos en Posadas no determinaron detenciones pero hubo secuestros de teléfonos y otros soportes digitales para analizar.

Por disposición de los jueces de instrucción intervinientes en cada jurisdicción, las pericias de todo lo secuestrado fue encomendadas a la SAIC del Ministerio Público de Misiones, quienes continuarán con el análisis detrás de nuevas evidencias.

El despliegue fue bajo el operativo internacional “Aliados por la Infancia VI” coordinado para combatir la explotación sexual infantil en entornos digitales.

En Argentina, el operativo comprende múltiples objetivos en provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Participan 16 países, en total: Argentina, Panamá, Paraguay, Costa Rica, Puerto Rico, Honduras, Perú, Uruguay, Guatemala, República Dominicana, Brasil, Colombia, México, España, Francia y El Salvador.

FUENTE: PRIMERA EDICION