Juan Manuel Díaz, ministro de enlace con el Fuero Penal, recibió a la nueva comisión con quienes abordó varios temas que tienen que ver con la nueva perspectiva generada a partir del cambio de denominación.

El jueves pasado en la última sesión ordinaria el pleno legislativo aprobó el cambio de nombre de la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura y del Sistema Provincial de Prevención de la Tortura y otros Tratos y Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; los cuales pasaron a llamarse Comisión de Buenas Prácticas en Contexto de Encierro y Sistema Provincial de Buenas Prácticas en Contexto de Encierro.
La reunión se realizó en el Salón de Usos Múltiples del Edificio de Tribunales con el Ministro de enlace del fuero penal y su asesor Martín Chemes, oportunidad en la que no sólo coincidieron en la visión más humanitaria que implica el cambio de nombre para la proyección de trabajos mancomunados, sino en la perspectiva de avanzar trabajando sin perder la independencia. De esta manera el Poder Judicial, las Fuerzas de Seguridad, la Cámara de Representantes y organizaciones civiles persiguieron el objetivo de cambiar la denominación de la Comisión en la búsqueda por lograr mejorar las condiciones de convivencia y salud de las personas privadas de su libertad.
La comisión estuvo conformada por Constanza Yudar, presidente de la Comisión; Fabián Mantau, vicepresidente; y los comisionados Luciana Piccioni, Horacio Ortigoza Ocampo, Federico Cristaldo y Gabriela Stefani.
El encuentro tuvo como objetivo no sólo conocerse entre las partes sino, además, generar el espacio para buscar las herramientas que mejoren la gestión valorando los recursos humanos, respetando la independencia desde el fortalecimiento de la interinstitucionalidad, tal como lo manifestó Díaz al reconocer la heterogeneidad de los profesionales que integran la comisión; que no son sólo abogados sino que cuentan con una profesora de Ciencias Políticas (como lo es su presidente) y politólogos que hacen “a la mirada integral que irá en beneficio de las buenas prácticas”.

Los integrantes de la Comisión agradecieron la apertura del Poder Judicial por generar reuniones como estas que hacen al fortalecimiento de su función con una visión innovadora ampliando la mirada en la defensa de los derechos humanos.

En el último período la Comisión amplió sus responsabilidades velando no sólo por las cárceles y comisarías sino también por hogares de menores y adultos mayores. En 2024 se produjeron aproximadamente 152 visitas de monitoreo que permitieron evaluar condiciones de infraestructura, salud física y mental e impulsar proyectos educativos y deportivos, explicaron los directivos al Ministro Díaz.