Se trata del empresario acusado de narcotráfico que confesó haber financiado a Espert en 2019. El máximo tribunal rechazó los planteos de la defensa. A partir de ahora, la decisión final sobre el proceso de extradición recae en el Poder Ejecutivo.

El proceso de extradición que involucra al empresario Federico “Fred” Machado quedó confirmado tras la decisión de la Corte Suprema de la Nación, que avaló el pedido formulado por la justicia de Estados Unidos para que el ciudadano argentino sea juzgado por una serie de delitos graves, entre los que se incluyen asociación ilícita, narcotráfico, lavado de activos y fraude electrónico.

El fallo de la Corte fue firmado por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, y se basa en consdierar que el pedido de extradición formulado por la justicia de los EE.UU. se ajusta a las normas sobre cooperación internacional en materia judicial.

La causa se inició a raíz de la solicitud de extradición presentada por autoridades estadounidenses, que buscan someter a Machado a juicio en el Distrito Este de Texas, donde un Gran Jurado Federal dictó un auto de procesamiento contra él y otras ocho personas.

El expediente detalla que sobre Machado pesan cinco cargos principales. El primero lo acusa de integrar una organización criminal dedicada a la posesión, con intención de distribuir, de al menos cinco kilogramos de cocaína. El segundo y tercer cargos amplían la imputación a la fabricación y distribución de la misma cantidad de droga, con la presunción de que sería importada ilegalmente a Estados Unidos, y lo señalan también como cómplice en la comisión de estos delitos. El cuarto cargo lo vincula a una asociación ilícita para cometer lavado de dinero, mientras que el séptimo lo implica en una conspiración para perpetrar fraude electrónico.

La protección integral de los derechos de Niñas, Niños y Adolescentes es parte de un consenso social implícito que no siempre es llevado a la práctica, sin embargo, desde el marco legal se trabaja arduamente para resguardar la integridad física y mental de las infancias, es por esto que existen medidas que buscan garantizar su bienestar y desarrollo.
En tiempos donde las redes sociales y las plataformas digitales atraviesan cada aspecto de la vida, la responsabilidad adulta se vuelve aún más trascendental. La exposición pública de niñas, niños y adolescentes —ya sea mediante imágenes, videos o comentarios— no es un gesto inocuo, sino una acción que puede tener consecuencias profundas y permanentes en su integridad emocional, social y legal.

La obligación de resguardar la identidad y la intimidad de las infancias no se limita únicamente a un mandato legal: es un deber ético y social. Especial cuidado merece la difusión de imágenes o datos cuando los menores se encuentran en situación de vulnerabilidad, ya sea atravesando procesos de adopción, medidas de abrigo o conflictos entre adultos por cuestiones de tenencia. En estos casos, la exposición pública puede convertirse en una forma de violencia simbólica que afecta su desarrollo y su derecho a crecer en un entorno protegido.

Los marcos normativos vigentes —como la Convención de los Derechos del Niño, el Código Civil y Comercial, la Ley 26.061 y tratados internacionales— son claros: el interés superior de niñas, niños y adolescentes debe prevalecer frente a cualquier otro interés. Sin embargo, el verdadero desafío está en la práctica cotidiana, en la conciencia ciudadana y en la responsabilidad con que los adultos decidan qué compartir y qué preservar en el ámbito privado.

La protección de las infancias comienza en cada decisión que tomamos como sociedad. Por eso, además de las leyes, es imprescindible asumir un compromiso colectivo de cuidado y respeto. Recordar que cada niña y cada niño tiene derecho a construir su historia sin interferencias, preservando su identidad y su intimidad, es la base para garantizarles un futuro con dignidad y libertad.

En la Convención de los Derechos del Niño su Art. 8 declara: “Los Estados Partes se comprometen a respetar el derecho del niño a preservar su identidad, incluidos la nacionalidad, el nombre y las relaciones familiares de conformidad con la ley sin injerencias ilícitas”. Además, en este sentido, en su art. 16 también refiere a la Protección de la vida privada: “Ningún niño será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y a su reputación”.
Además, el Código Civil y Comercial en su Artículo 53 aborda el Derecho a la imagen, y sobre esto declara: “para captar o reproducir la imagen o la voz de una persona, de cualquier modo que se haga, es necesario su consentimiento”.
Por su parte, la Ley 26.061 de Protección Integral de los derechos de Niñas, Niños y Adolescentes establece que los menores tienen derecho a la dignidad y a no ser sometidos a ningún trato violento, discriminatorio o humillante. Esta ley, prohíbe expresamente la difusión de datos, información o imágenes que puedan identificar a un menor, sin su consentimiento o el de sus representantes legales, si dicha difusión puede afectar su dignidad, integridad personal o vida privada.
En el mismo sentido, su Art. 10 dispone “las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la vida privada e intimidad de y en la vida familiar”, en consonancia con el art. 16 de la Convención de los Derechos del Niño y art. 11 párr. 2° y 3° del Pacto de San José de Costa Rica.
Asimismo su Art. 22 prohíbe la difusión de datos o imágenes que permitan identificar a un menor sin su consentimiento y el de sus representantes legales, cuando aquellos sean lesivos para su dignidad o intimidad. El art. 3 de la Ley 26.061 dispone que se entiende por interés superior de la niña o niño, la máxima satisfacción integral y simultánea de los derechos y garantías reconocidos en esa ley, debiéndose respetar el pleno desarrollo personal de sus derechos en su medio familiar, social y cultural, y su centro de vida. Así, en el aparente conflicto de derechos e intereses de los menores, en oposición a otros derechos e intereses igualmente legítimos, han de prevalecer los primeros.
Estas normativas permiten afirmar que los derechos personalísimos en Argentina gozan de un amplio reconocimiento y protección, específicamente en lo que respecta al derecho a la imagen de los niños.

La línea Contame ha sido una medida impulsada por el Superior Tribunal de Justicia de Misiones, continuando con la línea del cuidado al vulnerable y la protección a las infancias, de esta manera desde hace tiempo la Línea telefónica denominada “Contame”, brinda asistencia a niños, niñas y adolescentes víctimas de abuso sexual. La línea, que se encuentra habilitada por Acordada 72/2024 y ese encuentra a disposición 24hs, está diseñada para ofrecer apoyo emocional y asistencia integral a los menores afectados y a sus familias.

Se realizó en el auditorio de Jefatura de Policía de Misiones una reunión de coordinación previa al turno del mes de octubre en el cual se encontrará de turno el Juzgado de Instrucción Penal Nro 1 a cargo del Dr Juan Manuel Monte (por subrogación legal), en la cual se destacó la importancia del trabajo en conjunto, mancomunado o en red entre las fuerzas de seguridad, los equipos de investigación y el Poder Judicial de Misiones en la planificación y ejecución de diversas medidas como ser los allanamientos orientados a combatir diversas modalidades delictivas.

Entre esas modalidades, se incluyen tanto los delitos complejos, tales como el narcotráfico y el narcomenudeo, que luego son remitidos al Fuero federal, como los delitos comunes, tales como el robo de cobre, la portación ilegal de armas, el hurto de motocicletas, los delitos contra la propiedad en general, entre otros.

Esta estrategia de coordinación contempla el uso de tecnologías, el análisis de datos y el entrecruce de información entre distintas áreas, todo ello bajo estricta reserva y confidencialidad, en el marco de las pericias de la evidencia digital que abarca la mayoría o todos los casos hoy en día.
La comunicación permanente con el juez de turno será clave para autorizar acciones inmediatas, siempre dentro del marco legal y con pleno respeto a las garantías constitucionales.

Estos esfuerzos tienen como objetivo trabajar en prevención, anticiparse a la comisión de los delitos, desarticular estructuras criminales y fortalecer la seguridad ciudadana. Siempre en servicio policial y judicial hacia la sociedad, el vecino, el ciudadano.
A través de esta labor articulada, se obtendrán resultados concretos que respondan a las legítimas demandas de la sociedad.

Cabe mencionar que las Fundaciones intervendrán con tareas de prevención del delito y también para la reinserción social.

Es fundamental resaltar el compromiso de cada uno de los actores involucrados en esta nueva etapa, así como el rol esencial que desempeñan las distintas fuerzas de seguridad en el combate contra los delitos transnacionales y en su constante cooperación con el Poder Judicial, por ello también la participación, además de la policía de la provincia, de las fuerzas federales e internacionales.
El compromiso activo de todas estas instituciones resulta clave para avanzar con firmeza en la lucha contra el delito y en la protección de los derechos de nuestra comunidad.
En este sentido, y en el marco de este encuentro encabezado por el Dr. Juan Manuel Monte, Juez de Instrucción Penal Nº 2 de la Primera Circunscripción Judicial, surge el reconocimiento ante esta reunión pionera e histórica.

Cabe mencionar que formaron parte las siguientes autoridades e instituciones:
. Juez de instrucción penal Nro 2 de Posadas Dr. Juan Manuel Monte
. Jefe Policía de Misiones Dr Sandro Martínez.
• Fiscalía Contra el Narcotrafico de la República del Paraguay Dr Enrique Forneron
• Gendarmería Nacional Argentina – Equipos Tecnológicos e Inteligencia. Comandante Diego Galeano a cargo del escuadrón 50 de Posadas. Comandante Schoninger, delitos tecnológicos GN, y Walter Ibarra, delitos tecnológicos GN
• Subsecretaría Coordinación y Monitoreo del Gobierno de la Provincia Mgter. Cynthia Petcoff
• Ministro de Prevención de Adicciones Roberto Padilla
• Policía Federal Argentina. Adrián Fontanillo (jefe regional) y Barrientos (jefe de PDAs)
• Prefectura Naval Argentina. Jefe alto Paraná pdas prefecto principal Silvio Oscar Vega
• Policía de Seguridad Aeroportuaria Arturo Krieger
• SAIC. Dres Darío. Pokora y Juan Pablo Vedoya Recio.
• Secretario Ministro de enlace con el fuero penal, Miembros del Superior Tribunal de Justicia Dres. Aníbal Fassano y Martín Chemes.
• Secretaríos del Juzgado de Instrucción N.º 1
• Jefe-Subjefe de Policía de Misiones Marcos López Ascencio
• Direcciones Generales Policía de Misiones.
. Dirección policía científica lidia Krasucki
. Dirección Cibercrimen Policía de Misiones, Marilyn Ozuna
• Jefes de Unidades Regionales
• Titulares de Comisarías jurisdiccionales de Unidades I, X y XIII
. Municipalidad de Posadas, Santiago Campos