La ministra Cristina Irene Leiva, en representación del Superior Tribunal de Justicia de Misiones, asistió al Encuentro Nacional sobre Buenas Prácticas en Materia de Derechos Humanos de las Mujeres en Poderes Judiciales Provinciales, organizado por la Comisión de Género de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales (JuFeJus); la Oficina de la Mujer del Poder Judicial de Jujuy y la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Leiva, en su rol de ministra y presidente de la Comisión de Género, destacó la importancia de generar dichos espacios y redes que promuevan el intercambio de experiencias y conocimientos; para fomentar, posteriormente, la transmisión, adopción y adaptación de buenas prácticas en todo el país.

Sobre esto agregó: “Argentina tomó el compromiso de hacer políticas públicas y estamos trabajando en pos de ello; la Oficina de la Mujer tiene un trabajo esencial y cada uno tiene una experiencia propicia que puede ser utilizada por otras jurisdicciones”.

La iniciativa se desarrolló en pos de analizar el rol que deben asumir los Poderes Judiciales como garantes efectivos de los derechos humanos de mujeres y diversidades.
Estuvieron presentes, además, la jueza del Juzgado Correccional y de Menores Nº1 de Posadas, Marcela Alejandra Leiva; magistrados, funcionarios, miembros de JuFeJus, representantes de los Poderes Judiciales Provinciales y de las Oficinas de la Mujer del país e integrantes del Consejo Provincial de la Mujer e Igualdad de Género del Poder Ejecutivo jujeño.

La actividad, llevada adelante en el Salón de la Mujer en Purmamarca (Jujuy), contó con dos jornadas de trabajo en las cuales se debatieron políticas y proyectos destinados a la mejora del servicio de justicia en el país.

La oposición en la Cámara de Diputados le propinó este miércoles una de las derrotas parlamentarias más duras al gobierno de Javier Milei, al unirse para imponer su agenda y ganar las 12 votaciones clave que se realizaron durante una sesión maratónica que se extendió hasta la madrugada.

Según supo Noticias Argentinas, la jornada estuvo marcada por la tensión y los fuertes cruces, pero el resultado fue contundente: el oficialismo no pudo frenar la aprobación de dos leyes de alto impacto social, el rechazo a cinco Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) y el emplazamiento a comisiones para tratar otros cinco temas sensibles.

Dos leyes con media sanción
Financiamiento Universitario: Con 158 votos a favor, se aprobó el proyecto que busca garantizar los recursos para las universidades nacionales y recomponer salarios.
Emergencia Pediátrica (Ley Garrahan): Con 159 votos afirmativos, se dio media sanción a la ley que declara la emergencia sanitaria de la salud pediátrica y de las residencias médicas.
Cinco DNU rechazados
La Cámara baja también rechazó cinco decretos clave de la reforma del Estado impulsada por Milei:

Disolución de organismos de Economía.
Reorganización de la Secretaría de Transporte.
Reforma de organismos de Cultura.
Transformación del Banco Nacional de Datos Genéticos.
Régimen de excepción para la Marina Mercante.
Cinco temas forzados a comisión
Además, la oposición logró emplazar a las comisiones para que traten de forma obligatoria los siguientes temas:

Los dos proyectos de los gobernadores sobre coparticipación de ATN e Impuesto a los Combustibles.
La emergencia en Ciencia y Tecnología.
Un proyecto sobre la enfermedad de Alzheimer.
El funcionamiento de la comisión investigadora de la estafa $LIBRA.

La obra social nacional no para de generar insólitas noticias dentro de la provincia de Misiones. Nuevamente por una llamativa designación, esta vez al frente de la sede en San Vicente.
Anteriormente se conoció que una esteticista asumía al frente de PAMI Montecarlo y que otra comerciante, domiciliada en Caraguatay, se hacía cargo del Centro de Atención en Puerto Piray.
Esta nueva designación volvió a despertar la polémica entre los afiliados de la obra social de los jubilados y también entre los empleados dado que hay personas probas en su capacidad profesional y trayectoria dentro del organismo para ejercer esa responsabilidad.
No obstante, Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP), con firma del subdirector ejecutivo Carlos Blas Zamparolo, determinó por Resolución 76/2025 que al frente del Centro de Atención Personalizada de San Vicente esté Marcelo Oscar Gómez, un vendedor de pollos, quien deberá cubrir 40 horas semanales.

La Resolución fechada el 15 de julio no se explaya sobre los méritos que acredita Gómez que justifiquen su nombramiento lo que genera, una vez más, una fuerte controversia sobre la importancia que le da el Gobierno Nacional a los jubilados y pensionados, quienes vienen denunciando en los últimos tiempos profundas falencias en la prestación del servicio.
Uno de los cuestionamientos pasa por el conocimiento que puede tener Gómez sobre el funcionamiento del organismo y sobre su sapiencia para el manejo administrativo de una dependencia pública de tanta sensibilidad en la que se debe satisfacer las demandas sobre cuestiones estrictamente de salud (coberturas médicas y de medicamentos) como también aspectos sociales. Ambas cosas vienen sufriendo fuertes ajustes y los afiliados se enfrentan a desafíos muy difíciles de superar por los magros ingresos que perciben, lo que los lleva a tener que optar por endeudarse o por dejar de realizar las visitas al médico o dejar de consumir ciertos medicamentos, lo que pone en riesgo la salud de los adultos mayores.
Prestaciones en lista de espera
Vale recordar que los centros de atención forman parte de la estructura de la Unidad de Gestión Local XVIII del PAMI, con sede en Posadas, a cargo de la abogada Samanta Stekler, recientemente elegida diputada provincial por La Libertad Avanza en Misiones. Ni durante la campaña ni después, Stekler pidió licencia al frente del PAMI.
Los afiliados misioneros de la obra social de los jubilados sufren los embates del ajuste nacional combinados con los problemas de gestión provincial. Como consecuencia, conseguir un bastón, un inodoro portátil, una silla de ruedas o una cama ortopédica se hacen objetivos imposibles de lograr.
La falta de suministros de elementos de fisiatría -que en la mayoría de los casos llevan una demora de dos años- se suma a las dificultades que padecen todos los jubilados del país: la cobertura farmacéutica cada vez más reducida, la reducción de las prestaciones en general, la falta de actualización de algunas prestaciones muy demandadas en este segmento de la población, como lo es la ayuda para atención domiciliaria, que se congeló en 8.500 pesos desde muchos años.
Un paciente diabético está sufriendo una demora de tres a cuatro semanas en la autorización de las órdenes de insulina.