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El Poder Ejecutivo Nacional eliminó el Fondo Fiduciario de la Ley de Bosques

A través del decreto 888/2024 el Poder Ejecutivo de la Nación eliminó el Fondo Fiduciario para la Protección Ambiental de los Bosques Nativos (FOBOSQUE) establecido en 2018 por la Ley 27.431 a los fines de facilitar la administración del Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos (FNECBN) creado por la Ley 26.331 y de los fondos destinados a cumplir con el Acuerdo de Paris en lo que respecta al Plan de Acción Nacional de Bosques y Cambio Climático.

Si bien el Decreto 888/2024 no elimina el Fondo Nacional de Enriquecimiento y Conservación de los Bosques Nativos hace que su administración sea muy difícil. Por otro lado, permitiría que unos 15.900 millones de pesos que hoy las provincias están en condiciones de recibir – como parte de los derechos establecidos por la Ley de Bosques -, vuelvan al Tesoro General del Estado y sea muy complejo asegurar la trazabilidad y transparencia en el uso de esos fondos a futuro.

“Los argumentos detallados en el Decreto 888/2024, resultan llamativos y hasta ofensivos sobre las jurisdicciones provinciales que han comprometido profesionalismo en la mejora continua en la implementación de esta Ley de importancia para todos los ciudadanos de Argentina. Los argumentos no cuestionan la validez del mecanismo fiduciario. Se centran en la forma de administrar los recursos, en las actuaciones de las provincias en el marco del cumplimiento de los Ordenamientos Territoriales de Bosques Nativos, y en lo que respecta a las capacidades institucionales de las provincias en informar y evidenciar el uso de los fondos. Estos problemas no corresponden al fondo fiduciario, y no se resuelven mediante su eliminación, sino mediante el total cumplimiento de la Ley de Bosques” sostiene Manuel Jaramillo, director general de Fundación Vida Silvestre Argentina.

El Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos es una herramienta que crea la Ley de Bosques para planificar la protección y el uso sostenible de los bosques nativos en cada provincia según categorías de conservación rojo, amarillo y verde, que van de mayor a menor grado de protección. Por otro lado, los fondos del FNECBN deben ser destinados en un 70% a los titulares de tierras que protegen los bosques o hacen un uso sostenible de ellos, mientras que el restante 30% se otorga a las jurisdicciones a los fines de asignar esos fondos, otorgar permisos de desmonte y fiscalizar la deforestación ilegal, entre otras cuestiones. Por otro lado, es fundamental recordar que el FNECBN jamás obtuvo los fondos correspondientes, los cuales representan el 0,3% del presupuesto nacional. De hecho, en los últimos 10 años, el máximo otorgado fue del 10% de lo correspondiente. Incluso el actual presidente envió en el proyecto de ley de presupuesto a 2025 el fondo más bajo de la historia para el cumplimiento de esta ley, otorgando apenas el 2,5% de lo correspondiente. Esto implica contar con 170 pesos anuales por hectárea de bosque nativo.

“Desde Vida Silvestre siempre apoyamos el cumplimiento de la Ley de Bosques y generamos información de calidad, llamando la atención sobre los problemas acerca de la correcta implementación de la misma a nivel nacional y provincial. La solución para dichas falencias, no es desarmar las estructuras vigentes, sino fortalecerlas. Es por ello que solicitamos al Congreso que, mediante la Comisión Bicameral correspondiente, se dé marcha atrás con el decreto 888/2024. Además, solicitamos que se otorguen los fondos totales para el cumplimiento de la Ley de Bosques. Está en las manos de los miembros de la Comisión Bicameral frenar este nuevo ataque a la conservación y uso sustentable de nuestros Bosques nativos” finaliza Jaramillo.

Este tipo de decisiones van a contramano de lo que sucede en el mundo y de los compromisos asumidos a nivel internacional sobre clima y biodiversidad. Los mercados de materias primas como soja y carne, producidas en gran parte en los bosques argentinos, están requiriendo que dichos productos sean libres de deforestación y conversión de ecosistemas. Desramar la Ley de Bosques es una muy mala señal para el mercado mundial. Además, en un contexto de cambio climático, de aumento de las temperaturas, de pérdida de biodiversidad a tasas alarmantes, de sequias e inundaciones cada vez más severas y frecuentes lo cual forman un combo letal para la propagación de incendios como los que vimos en las últimas semanas este tipo de decisiones atentan contra la vida humana en armonía con la naturaleza.

Actualidad

El Gobierno planea cerrar sucursales del Banco Nación y despedir empleados, pero no define cómo será el recorte

Es uno de los objetivos tras el decreto que firmó Milei para transformar la entidad financiera en una Sociedad Anónima. Analizan primero los casos de los municipios que cobran las tasas más elevadas. Mantendrán a las autoridades

Después de que Javier Milei decretara esta madrugada la transformación del Banco Nación en una Sociedad Anónima, en lugar de un Sociedad del Estado, el Gobierno proyecta una serie de cierres de sucursales y despidos en la entidad, inclusive antes de su privatización. La definición de las provincias más afectadas y las fechas de ejecución de las clausuras y desvinculaciones estará a cargo de las autoridades del BN. Según dicen, el objetivo es que el banco público sea más eficiente y contribuir a reducir el déficit fiscal.

Los despidos y cierres no están contemplados explícitamente en el decreto que firmó a última hora de ayer el Presidente, antes de su viaje a Estados Unidos, urgido por el vencimiento del plazo para ejecutar la recategorización, el 22 de febrero. Pero altas fuentes nacionales adelantaron que ya están hechas las proyecciones de esos cierres, aunque evitaron dar mayores detalles. “Los análisis pormenorizados van a estar en manos de las autoridades del banco”, dijeron.

“El objetivo es eficientizarlo, modernizarlo, y eso conllevará cierres”, dijo un alto funcionario vinculado al proceso. Existen 780.000 dependencias del BN, y por ahora tienen planeado priorizar el cierre de aquellas emplazadas en municipios cuyas tasas sean más elevadas. “Van a haber recortes, y tiene que haber una reestructuración de los convenios de trabajo”, dijo un alto funcionario nacional, que aclaró que el directorio del Banco, que está presidido por Daniel Tillard, se mantendrá intacto, por ahora.

El argumento no es nuevo. En octubre, Luis Caputo había anunciado que por orden de Milei cerraría la mayor parte de las sucursales del BN en La Pampa –nueve de un total de 14- como respuesta a la suba de la alícuota del impuesto sobre los ingresos brutos (que grava a los créditos familiares y a las pequeñas y medianas empresas (pymes) dispuesta por el gobernador kirchnerista Sergio Ziliotto. Esa decisión puso en pie de guerra a la provincia y a los municipios afectados. Y probablemente ocurra lo propio si se extienden esas decisiones.

El momento exacto de estos cierres no está claro, pero no descartan ejecutarlos antes de que el Gobierno envíe al Congreso el proyecto de privatización del Banco Nación. La fecha para reiniciar el trámite legislativo tampoco está definido, pero es el objetivo final, declarado, del Ejecutivo, en este caso como en el de todas las sociedades del Estado.

Hasta ahora el oficialismo transformó la totalidad de empresas del Estado en sociedades anónimas, pero el Congreso sólo le habilitó la privatización de ocho. Desde entonces, el área de área de Transformación del Estado que conduce Federico Sturzenegger y el titular de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, Diego Chaher, acondicionan las compañías para hacerlas apetecibles a los ojos de los privados que pudieran estar interesados en invertir y hacerse cargo. Como Milei, están convencidos de que el Estado no puede ser eficiente.Javier y Karina Milei juntoJavier y Karina Milei junto a Luis Caputo

En 2024 el Banco Nación achicó la planta en un 7 por ciento, lo cual representó unos 1000 empleados. Y ahora apuntan a eventuales cierres en alguno de los 50 municipios con las tasas más altas, en varios de los cuales ya hay cautelares presentadas y juicios en marcha, justamente por los altos impuestos. “Si vemos que los números en esos municipios con tasas muy altas no nos cierran, puede ser que se tome alguna decisión”, dijeron desde el banco. En Córdoba, por caso, hay 18 municipios judicializados, y en algunos casos acordaron una reducción, como en el de la localidad de Jesús María.

En la lista del medio centenar de municipios con tasas más altas, la mayor parte está ubicado en la Provincia de Buenos Aires. Son Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, Berisso, Esteban Echeverría, Ezeiza, Florencio Varela, Gral. Rodríguez, Gral. San Martín, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, La Matanza, La Plata, Lanús, Lomas de Zamora, Malvinas Argentinas, Merlo, Moreno, Morón, Quilmes, San Fernando, San Isidro, San Miguel, Tigre, Tres de Febrero y Vicente López. En el resto del país, Rawson, San Fernando del Valle de Catamarca, Resistencia, Córdoba, Corrientes, Paraná, San Salvador de Jujuy, Santa Rosa, La Rioja, Mendoza, Posadas, Neuquén, Viedma, Salta, San Juan, San Luis, Santa Fe, Santiago del Estero, Ushuaia y San Miguel de Tucumán.

En el Gobierno aclararon que los análisis están en marcha y que no necesariamente cerrarán las sucursales de todos esos distritos. Aunque admiten que el Banco Nación no es deficitario, deslizan que consideran que “perdió el foco de su actividad y el propósito del plan de negocios”. Algunos funcionarios se inclinan por un modelo similar al de YPF, pero no se atreven a afirmar que así será. “Hay muchas herramientas para asegurarse de que el control lo siga teniendo el público”, dijeron. Pero aún no definieron cómo será el detalle del proyecto de privatización que enviarán al Congreso, ni el momento en que avanzarán.

En lo sucesivo presentarán ante la Inspección General de Justicia los balances y los reglamentos, que tienen planeado modificar durante las próximas semanas. Mientras tanto, evaluarán la necesidad de las oficinas y cantidad de empleados. La Bancaria, que conduce el sindicalista identificado con Cristina Kirchner, Sergio Palazzo, ya adelantó la postura combativa frente al avance del Gobierno y dijo que se trata de una “estafa”.

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El Senado sancionó la ley que suspende las PASO para este año

La iniciativa obtuvo una mayoría absoluta de 43 votos entre oficialistas, varios dialoguistas y un kirchnerismo fracturado. El Gobierno logró el objetivo primordial de las sesiones extraordinarias

El pleno del Senado sancionó esta noche la ley que suspende las PASO para el corriente año, por lo que el Gobierno consiguió cumplir con el objetivo primordial de las sesiones extraordinarias, que finalizan mañana. La iniciativa obtuvo la mayoría absoluta -37, obligatorio- de 43 votos entre oficialistas, varios dialoguistas -algunos, divididos- y un kirchnerismo que se fracturó en este tema, al igual que ocurrió en Diputados.

“Son muy pocos los espacios que han tenido la posibilidad de dirimir su propia interna a la hora de las PASO”, aseguró la senadora del peronismo disidente y titular de la comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara alta, Alejandra Vigo (Córdoba), quien fue la miembro informante.

Vigo repitió argumentos del Ejecutivo en relación con el proyecto, en cuanto a que las PASO no significaron ningún “remedio” para la crisis de representación política y que sirven “como una gran encuesta”, según dijo. Y agregó: “Con su eliminación -en realidad, suspensión-, los partidos retoman la libertad de elegir su propia organización, cosa que también contempla en la actualidad la ley de partidos políticos”.

La legisladora cordobesa luego deslizó que el Gobierno fijó el gasto de las PASO en USD 150 millones. Seguido a ello, destacó que resultó “no ser el mejor sistema” y que, si bien no era ideal tratar el tema, “el ciudadano de a pie, a la larga, va a valorar este proyecto”, sobre todo, “en el contexto que transitamos”.

Desde el Frente de Todos, el peronista pampeano Pablo Bensusán -se abstuvo- criticó la gestión económica del Gobierno libertario. “¿Les parece, con la crisis que están viviendo los argentinos, que estemos tratando la suspensión de las PASO en sesiones extraordinarias? Me parece que le estamos errando”, manifestó. Y advirtió al Ejecutivo para que “aproveche el tiempo para empezar a capacitar a la ciudadanía, que no tiene idea cómo votar la Boleta Única de Papel”.

Quien votó en contra fue el radical Pablo Blanco, pese a que suscribió el dictamen de mayoría en disidencia y permitió que aterrizara el tema en el recinto. “Es una herramienta que permitió a varios poder haber accedido a una banca. Si hubiera sido una interna cerrada o abierta, algunos no estarían sentados”, enfatizó.

Blanco apuntó sobre el potencial “ahorro” de USD 150 millones. En ese sentido, preguntó: “¿Dónde van a ir? ¿A a partidas de libre disponibilidad del Gobierno nacional, que está con un presupuesto reconducido de dos años atrás?”. Y finalizó: “Cuando tratamos la boleta única, decíamos que iba a haber un montón de ahorro de plata y ahora es un gastadero las PASO”. En tanto, su colega Edith Terenzi (Chubut) comprometió el voto a favor de la ley y, de manera curiosa, añadió que no volverá aprobar un texto similar. Una postura similar adoptó Guadalupe Tagliaferri (PRO).

Uno de los que se diferenció en el Frente de Todos fue el catamarqueño Guillermo Andrada. “De 2011 a 2023 ha ido lentamente cayendo la participación. Si uno toma mi provincia, en ninguna de las elecciones generales ha sido menos que en las PASO. De un 78% pasó a casi un 70%, lo que genera una idea de que el ciudadano lo toma como una acción secundaria”, sostuvo el legislador peronista.

Su compañera de interbloque, Carolina Moisés (Jujuy), señaló: “No hay una molestia de la sociedad con la democracia o la política, sino con los partidos políticos, que no se han democratizado más por las PASO. Esa molestia está generada porque el sistema le exige demasiado a los ciudadanos y genera confusión. Ahora tenemos que ser capaces de contrastar entre lo ideal que planteaba el proyecto con la realidad”.

Otro radical que se opuso a la suspensión de las PASO fue el bonaerense Maximiliano Abad (Buenos Aires), quien reflexionó: “¿Debemos reconsiderar las primarias cuando no hay competencia interna? Por supuesto. ¿Hay que intentar optimizar recursos y bajar el gasto? También, pero circunscribir este debate al plano económico implica ponerle precio a la democracia. Remover un sistema que funciona, y que legitima la representación política colocando en el centro de la escena a los electores, nos deja ante un panorama de retroceso en términos institucionales”. El hasta hace meses libertario Francisco Paoltroni fue en el mismo sentido.

El cierre del debate estuvo a cargo del jefe de la Libertad Avanza en la Cámara alta, Ezequiel Atauche. “Desde 2011 hubo sólo diez agrupaciones políticas que dirimieron internas: el 40% obtuvo el 1,5% -pasar clasificar a la general-, es un abuso del sistema”. Y sumó que “ningún país de la región tiene PASO”.

Atauche recordó que, en 2023, el partido Principios y Valores -del ex funcionario kirchnerista Guillermo Moreno- “tuvo cinco listas, y entre todas llegaron a 0,79% de los votos que pagamos los argentinos para el capricho de algún político que no podía participar dentro de su partido, y recibió $125 millones tirados a la basura”.

FUENTE: INFOBAE

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Milei firmó el decreto que transforma al Banco de la Nación en Sociedad Anónima

Esta madrugada Milei transformó la estructura societaria de la entidad. Con este cambio, el Gobierno pretende modernizar la gestión del banco estatal, facilitar la entrada de capitales privados y mejorar su eficiencia operativa.

Tras el intento fallido de privatización por quedar excluido de la Ley Bases, el Gobierno convirtió por decreto este jueves al Banco Nación en Sociedad Anónima. La transformación de la persona jurídica no implica que la entidad deje de ser pública sino que quita ciertas restricciones que tenía al ser una Sociedad del Estado y otorga una mayor apertura para su capitalización.

En este sentido, en los considerandos del decreto 116/2025 se señala que “el régimen de entidad autárquica limita la capacidad del Banco Nación para competir en igualdad de condiciones con otras entidades del sector financiero, restringiendo su acceso a nuevas fuentes de financiamiento y su capacidad de desarrollar estrategias comerciales más dinámicas y eficientes” en beneficio de sus clientes.

“La transformación en sociedad anónima contribuirá a modernizar su estructura jurídica y operativa, permitiendo una mayor flexibilidad en su gestión y adaptación a las mejores prácticas del mercado financiero, incorporando mecanismos de gobierno corporativo más ágiles y eficientes y una administración más profesionalizada y alineada con estándares internacionales de transparencia, eficiencia y control”, indica.

Además, sostiene que permitirá optimizar la asignación de recursos, fortalecer su posición en el mercado y potenciar su capacidad de financiamiento, en beneficio de sus clientes y del desarrollo económico en general.

En el Gobierno consideran que la Sociedad del Estado era una figura jurídica que daba privilegios tales como una descapitalización permanente sin riesgo de default, lo que obligaba a seguir fondeando a pesar de la ineficiencia.

También, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, dijo a través de su cuenta de X: “El Decreto 116/25 permite que el banco mejore su transparencia y gobierno corporativo. El decreto también limpia casi todo el estatuto eliminando privilegios (por ejemplo el Art. 31 que obligaba a que los depósitos judiciales fueran en dicha institución)”.

Miguel Angel Arrigoni, presidente de First Capital Group, precisó: “Una entidad de tipo gubernamental está regida, en general, por la política de Estado y la ley de administración pública. Siendo Sociedad Anónima va a tener más flexibilidad. Por ejemplo, recibir capital de bancos de fomento extranjeros, o hacer proyectos asociativos con otros bancos. Es una estructura mucho más ágil. Desde ese punto de vista, yo creo que es buena noticia”.

La SA -en principio, no hay dichos de funcionarios que indiquen esto- permite además una posible salida a la cotización en bolsa, como en el antecedente del Banco do Brasil o en otro rubro con YPF. En ese caso, funciona como un banco comercial que busca rentabilidad, pero con mayor o menor incidencia del Estado de acuerdo a si se decide mantener un esquema mixto en la propiedad del capital social.

En este sentido, Guillermo Francos, actual jefe de Gabinete, había afirmado en abril pasado: “El presidente Lula en Brasil, en su primer mandato, llevó al banco de Brasil a capitalizarse en la bolsa de Nueva York. El banco cotiza afuera del país y tiene un capital impresionante. Es el banco más grande de ese país. Si un banco público en Brasil, bajo la presidencia de Lula, se convirtió en una empresa que cotiza en bolsa y que incluyó capital privado, ¿por qué no hacerlo nosotros acá? Estamos en un concepto viejo, de no permitir el trabajo conjunto del capital privado y público”.

“Un banco que cotiza en la bolsa genera una serie de controles y transparencia en la gestión que va a cambiar absolutamente la concepción de la banca pública en la Argentina. Todo esta cosa que hoy se hace un poco oculta: a quién se le da crédito, cada tanto escuchamos un escándalo, que se lo dio a una empresa que quebró, etcétera; todo eso, cuando una empresa cotiza en la bolsa, está absolutamente controlado y transparente. Son pasos importantes que tenemos que dar hacia la eficiencia y transparencia de la banca”, comentó.

De todos modos, es importante destacar que esta figura jurídica facilita una privatización parcial o total. Arrigoni consideró que “el Banco de Nación es la columna vertebral del sistema bancario argentino. Hay que tener mucho cuidado con el tema de la privatización. Hay determinados elementos que están en manos del Estado y pueden estar en manos privadas pero hay otros que no. Aparte asiste a algo que es fundamental, que es a las pymes argentinas y al campo”.

Por su parte, y consultado esta mañana por una posible privatización, el ex director del Banco Nación, Carlos Melconian, opinó: “La flexibilidad de la gestión, la administración profesional, la transparencia, la eficiencia, el capital, el control, la auditoría, la rentabilidad y el fondeo son palabras claves”.

Y agregó: “Desde el punto de vista del futuro de un país que se normaliza, esta cuestión de que sea un ente mixto por razones técnicas, de capital y despolitización, no es malo. Si es prolijo, no es malo”.

En tanto, el actual titular del BNA, Daniel Tillard, había dicho que “la transformación en Sociedad Anónima es central para crecer, alcanzar eficiencia y mejorar la transparencia en la gestión del BNA. Un comienzo será reemplazar la sindicatura unipersonal actual a favor de una sindicatura colegiada de tres miembros como en todas las sociedades”.

También, en un comunicado, desde la entidad habían sostenido: “La transformación en SA es imprescindible para que el Banco continúe aumentando los préstamos a favor de las pymes y las familias. Para sostener ese crecimiento, la institución necesitará ampliar su fondeo, lo que podrá hacer abriendo su capital, para lo cual es esencial que se convierta en Sociedad Anónima y que tenga la aprobación del Congreso”.

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