El presidente Javier Milei promulgó este viernes la Ley de Modernización Laboral N° 27.802, sancionada por el Congreso de la Nación el 27 de febrero pasado, mediante el Decreto 137/2026. La norma introduce modificaciones profundas al régimen laboral argentino, con cambios que abarcan desde la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744 hasta el sistema de convenios colectivos, servicios mínimos en conflictos y la creación de nuevos fondos de contingencia.

La promulgación fue firmada también por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.

Cambios en el contrato de trabajo
La ley modifica el ámbito de aplicación de la Ley de Contrato de Trabajo, excluyendo expresamente a los trabajadores independientes, a los prestadores de plataformas tecnológicas y a las personas privadas de libertad.

También redefine el concepto de trabajo como “toda actividad lícita que se preste en favor de quien tiene la facultad de dirigirla, mediante una remuneración”, y limita la presunción de relación de dependencia cuando se emitan facturas o se acrediten pagos bancarios.

Indemnizaciones y despido
El nuevo artículo 245 establece que la indemnización por despido sin causa equivale a un mes de sueldo por año de antigüedad, calculada sobre la mejor remuneración mensual, normal y habitual del último año. Define como “habitual” a los conceptos devengados al menos seis meses en el último año calendario.

La norma incorpora además que la indemnización por despido “constituye la única reparación procedente frente a la extinción sin justa causa”, impidiendo acciones civiles o extracontractuales paralelas, salvo en casos de ilícitos penales.

Fondo de Asistencia Laboral
Uno de los ejes centrales de la reforma es la creación de los Fondos de Asistencia Laboral (FAL), patrimonios separados que los empleadores deberán constituir para hacer frente a obligaciones indemnizatorias. Las contribuciones mensuales obligatorias serán del 1% para grandes empresas y del 2,5% para micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs), calculadas sobre las remuneraciones base del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

Los fondos serán administrados por entidades habilitadas por la Comisión Nacional de Valores (CNV), y entrarán en vigencia el 1° de junio de 2026, con posibilidad de prórroga de seis meses por parte del Poder Ejecutivo Nacional.

Los empleadores que integren el FAL tendrán una reducción equivalente en sus contribuciones patronales a la seguridad social, según confirmó la Agencia Noticias Argentinas.

Plataformas tecnológicas
La Ley 27.802 incorpora un régimen específico para prestadores de servicios de movilidad de personas y reparto a través de plataformas digitales, estableciendo que son trabajadores independientes y no en relación de dependencia.

Las plataformas deberán proveerles un seguro de accidentes personales, acceso a capacitaciones y mecanismos digitales de atención a reclamos. Los prestadores tendrán libertad de horario, de conexión y de rechazo de pedidos.

Servicios mínimos en conflictos colectivos
La norma eleva el piso de servicios mínimos obligatorios en huelgas que afecten servicios esenciales al 75% de la prestación normal, y al 50% en actividades de importancia trascendental.

Se amplía la lista de servicios esenciales para incluir telecomunicaciones, recolección de residuos, aeronáutica comercial y seguridad privada. En las actividades trascendentales se incorporan el transporte terrestre, la industria alimenticia en toda su cadena de valor, los servicios bancarios y financieros, y las actividades comprometidas con exportaciones.

Convenios colectivos y sindicatos
En materia de negociación colectiva, la ley modifica la Ley N° 14.250 para establecer que los convenios vencidos solo mantienen vigentes sus cláusulas normativas hasta que se suscriba uno nuevo. Las cláusulas obligacionales solo se prorrogan por acuerdo de partes.

Se limitan también los aportes a organizaciones sindicales y patronales establecidos en convenios: los destinados a cámaras empresariales no podrán superar el 0,5% de las remuneraciones, mientras que los dirigidos a asociaciones de trabajadores tendrán un tope del 2%, sin contar las cuotas de afiliación.

Formalización laboral y beneficios fiscales
La ley crea el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL), con vigencia de un año desde el segundo mes posterior a la promulgación. Los empleadores que incorporen trabajadores no registrados o desempleados pagarán una alícuota reducida del 2% en contribuciones patronales para los primeros cuatro años de la nueva relación laboral.

Se establece también el Programa de Promoción del Empleo Registrado (PER), que permite regularizar relaciones laborales existentes con condonación de deudas de hasta el 70% del total adeudado a la seguridad social.

En materia impositiva, la norma crea el Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI), que habilita amortización acelerada en el impuesto a las ganancias y devolución anticipada de créditos fiscales en el IVA para inversiones productivas de micro, pequeñas y medianas empresas.

Derogaciones y transferencia judicial
A partir del 1° de enero de 2027 quedarán derogados los estatutos especiales de viajantes de comercio (Ley 14.546), periodistas (Ley 12.908) y trabajadores del vidrio, entre otros, que pasarán a regirse por el régimen general.

Asimismo, la norma aprueba el acuerdo de transferencia de la Justicia Nacional del Trabajo al fuero laboral de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, suscripto entre el Estado Nacional y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires el 9 de febrero de 2026. Las causas en trámite continuarán bajo la normativa vigente hasta que concluya el proceso de transferencia.

Agencia Noticias Argentinas

Esta actualización en el cuadro tarifario comenzará a regir a partir del próximo 6 de marzo y tiene por objetivo sostener la prestación eficiente de los servicios brindados.

El Ministerio del Interior publicó este martes el nuevo cuadro tarifario de la Dirección Nacional del Registro Nacional de las Personas (RENAPER), organismo que depende de la Secretaría de Interior. Esta actualización alcanzará a los DNI, pasaportes y demás trámites.

La Resolución 19/2026 dejó sin efecto los artículos 2° de las Resoluciones N° 93 del 26 de febrero de 2025 y N° 231 del 30 de mayo de 2025, ambas dictadas por la entonces Vicejefatura de Gabinete del Interior. El objetivo principal es actualizar las tasas que percibe el RENAPER por la expedición de documentos, certificados, testimonios y otros servicios, en virtud de lo dispuesto en la Ley N° 17.671 y sus modificaciones.

De acuerdo con lo establecido, esta actualización comezará a regir a partir del próximo 6 de marzo y responde a la necesidad de sostener la prestación eficiente de los servicios brindados por el RENAPER, considerando el uso creciente de herramientas digitales y la demanda de servicios de validación de identidad.

Este esquema de los valores alcanza a trámtites como los siguientes: ña expedición del Documento Nacional de Identidad (DNI), servicios de validación digital y otros procedimientos, diferenciando entre personas argentinas y extranjeras.

En simultáneo, mediante la resolución 106/2026 del RENAPER, también se actualizaron los montos para la tramitación del pasaporte.

Uno por uno, los nuevos valores
Para personas argentinas, el primer DNI para recién nacidos seguirá siendo sin cargo hasta los seis meses. Por otro lado, el primer ejemplar de DNI por carta de ciudadanía u opción de nacionalidad, así como las actualizaciones a los cinco, ocho y catorce años, tendrán un costo de $10.000 por trámite.

Los nuevos ejemplares —ya sea por cambio de domicilio, rectificación de datos o adopción— también costarán $10.000. Los servicios exprés para obtener el DNI en menor plazo tendrán recargos: el trámite exprés costará un adicional de $16.000 (total $26.000), la modalidad 24 horas suma $31.000 (total $41.000) y el trámite al instante, disponible solo en oficinas habilitadas, tiene un adicional de $47.000 (total $57.000).

En el caso de personas extranjeras, la primera identificación y las actualizaciones principales tendrán un valor de $20.000. Esto aplica a ciudadanos del MERCOSUR y de otros Estados, tanto para menores de 14 años como para mayores con residencia temporaria o permanente. Los trámites de actualización, rectificación o cambio de domicilio para extranjeros también tendrán un costo de $20.000 por cada gestión.

El esquema tarifario incorpora valores para servicios digitales vinculados a la validación de identidad y verificación de datos. Por ejemplo, la verificación de vigencia de DNI, validación de datos, o avisos de fallecimiento —mediante tecnología API REST y acuerdos con organismos— tiene un costo escalonado: $60 por transacción hasta 40.000 operaciones mensuales, $35 por transacción para volúmenes entre 40.000 y 2 millones, y $20 para consumos superiores a 2 millones de transacciones. La prueba de vida pasiva y la verificación de pasaporte tienen una tarifa de $70 cada una. Para los establecimientos de la Administración Pública Nacional, estos servicios se ofrecen a tarifas reducidas, desde $2 hasta $7 por transacción, dependiendo del tipo de servicio y el volumen mensual.

Entre los otros trámites se establecen valores para copias autenticadas de constancias y suministros de información especializada, con tarifas de $8.000 y $9.000, según el caso. El nuevo ejemplar de DNI por errores formales de emisión, pasados noventa días de la entrega inicial, costará $10.000. La rectificación de datos sin emisión de DNI será sin cargo. Los peritajes sobre el Documento Nacional de Identidad tienen valores de $15.000 para informe forense y $8.000 para informe simple.

La fabricación de credenciales diplomáticas y no diplomáticas, consulares, de misiones especiales y de organismos internacionales costará $31.000. La autorización de viaje al exterior para menores de dieciocho años con pasaporte ordinario tendrá un costo de $30.000.

El cuadro tarifario contempla exenciones. No abonarán tasa los organismos públicos que requieran documentos en el marco de sus funciones, ni las personas sin recursos económicos ni sus hijos menores de dieciocho años o personas a cargo con capacidades restringidas. También están exentos quienes tramiten nuevo ejemplar de DNI por errores formales de emisión dentro de los noventa días de la entrega, quienes soliciten rectificación registral de sexo, cambio de nombre de pila, clasificación género “X” y la consecuente expedición del DNI, así como las personas que soliciten el certificado de pre-identificación por carecer de DNI y acta de nacimiento, y quienes gestionen el primer ejemplar por inscripción tardía.

El costo para obtener un pasaporte ordinario en Argentina con entrega regular asciende actualmente a $100.000, según se informó oficialmente. Para quienes requieren el documento con mayor urgencia, existen opciones adicionales: el trámite exprés implica un arancel extra de $100.000, sumando un total de $200.000; mientras que la tramitación de resolución inmediata implica un arancel adicional de $230.000, lo que lleva el costo total a $330.000.

El pasaporte excepcional para extranjeros, el documento de viaje para personas apátridas y el documento de viaje para personas refugiadas presentan el mismo valor de $100.000 cada uno. Esta actualización de tarifas se encuentra vigente para todos los casos mencionados y responde a disposiciones emitidas por las autoridades migratorias nacionales.

En cuanto a la reposición de pasaportes o documentos de viaje solicitados por errores formales de emisión, se estableció que no habrá costo siempre y cuando la solicitud se realice dentro de los noventa días corridos a partir de la fecha de entrega del documento original. Esta excepción solo aplica a fallos formales detectados en el proceso de emisión y no a otros motivos de reemplazo.

El Presidente realizó este domingo su clásica cadena nacional ante la Asamblea Legislativa para inaugurar las sesiones ordinarias del Congreso. Fue un discurso confrontativo con ajenos y propios, sin anuncios de obras ni inversiones, pero sí cargadas de más reformas. Además, destacó que continuará fortaleciendo su actual política exterior.

El presidente Javier Milei habló, en el marco de la Asamblea Legislativa por la inauguración del 144° período de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación que fue trasmitida en cadena nacional.

Durante su alocución prevalecieron las chicanas y fuertes epítetos hacia la oposición, como así también evidenció la profunda interna que mantiene con la vicepresidente de la nación, y presidente del Senado, Victoria Villarruel.

En cuanto a anuncios realizados se destacan las reformas que deberán ser tratados durante el transcurso de este año en el Congreso. Las mismas se pueden enumerar de la siguiente manera:

Reforma del Código Aduanero: El Presidente anticipó la modificación de esta normativa con el objetivo de “adecuarlo a nuestros nuevos desafíos”.

Tratados Internacionales: En materia de inserción global, aseguró que la Argentina avanzará para integrarse “a los tratados internacionales necesarios”.

Código Civil y Comercial: Confirmó el impulso de una reforma profunda sobre la legislación que regula los vínculos y contratos entre los particulares.

Código Procesal: Adelantó que también enviarán un proyecto para modificar las normativas de los procesos judiciales.

Nuevas garantías: Por último, anunció el envío de “un paquete de leyes destinado a proteger los derechos fundamentales de los argentinos”.

Como era de esperarse, el Presidente de la Nación no hizo anuncios de obras públicas ni de ningún otro tipo de inversión.