El proyecto impone actualizaciones por lo perdido en 2024 y el corriente año, junto a una convocatoria obligatoria a paritarias. La iniciativa obtuvo 58 votos a favor, diez en contra y tres abstenciones. Es decir que, incluso, logró el aval de los dos tercios del pleno

Con un resultado cantado de antemano -de hecho, el tema fue habilitado con dos tercios, sin problemas, al igual que su aprobación final-, la oposición senatorial le asestó una nueva derrota esta tarde al Gobierno libertario, con la sanción de la ley que mejora y blinda los presupuestos de universidades públicas. Bajo este panorama, el Ejecutivo ya prepara un nuevo veto.

Al momento de la definición, la iniciativa obtuvo 58 votos a favor, diez en contra y las abstenciones de Andrea Cristina, Victoria Huala (ambas, del PRO) y Juan Carlos Romero (Provincias Unidas) y . La discusión no termina y continuará en el Congreso: ante un cantado veto desde la Casa Rosada, la norma podrá ser insistida por la oposición, que precisará dos tercios en ambas Cámaras.

Qué plantea el proyecto
El texto impone la actualización “al 1º de enero de 2025, según la variación acumulada del Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), en el período comprendido entre el 1º de mayo al 31 de diciembre de 2024”, del “monto de los gastos de funcionamiento de las universidades públicas”. Y, para el corriente año, subas bimestrales.

Por otra parte, el Ejecutivo “deberá actualizar los salarios de los docentes y no docentes de las universidades públicas entre el período 1º/12/2023 hasta la sanción de la presente ley, en un porcentaje que no puede ser inferior al Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el INDEC en el mismo período”. Y todo incremento tendrá que “ser remunerativo y bonificable”.

A un mes de la eventual sanción, habrá “convocar con carácter obligatorio a la negociación paritaria, con una periodicidad que no podrá exceder los tres (3) meses calendarios, asegurando en todos los casos y tramos de la negociación una actualización mensual no inferior a la inflación publicada” por el INDEC, tanto “para personal docente como no docente”.

Debate en el recinto

“En los cinco meses de 2025, se transfirió un 22,5% menos de lo que fue en primeros cinco meses de 2023”, alertó el peronista Fernando Salino, uno de los primeros en hacer uso de la palabra. El puntano agregó que, dos años atrás, lo destinado del Producto Bruto Interno “fue 0,72%”, mientras que para el corriente período “se estima en 0,43%”. Según sus cálculos, estimó un costo fiscal de la ley de 0,12% del PBI.

Por su parte, el radical bonaerense Maximiliano Abad expresó: “Si en 2024 se hubieran resuelto los reclamos sobre educación, salud y haberes jubilatorios, hoy estaríamos discutiendo los lineamientos de un modelo productivo integral para nuestro país, como una reforma tributaria profunda y la modernización del mundo del trabajo. Pero no, permanentemente retrocedemos, no avanzamos y el en mundo en el cual estamos viviendo, que es muy duro y desafiante para los países emergentes, vivimos tirándonos tiros en los pies, con decisiones que nos perjudican”.

“No es un tema de recursos. Recursos no faltan, sino un marco legal que los ordene para las prioridades que los argentinos tienen. Gobernar sin Presupuesto es como navegar sin GPS, sin brújula y se avanza a la deriva. Estamos a pocos días que Gobierno tenga que enviarlo -en referencia a la ley de gastos 2026- al Congreso”, dijo Abad. Y añadió: “Es un error monumental pensar que el crecimiento va a ser automático por exportaciones del campo, la minería o Vaca Muerta. Tenemos a dirigentes que estén haciendo la plancha esperando que venga una avalancha de dólares”.El legislador radical Maximiliano Abad (Gustavo Gavotti)

“No venimos a votar en contra de ningún presidente, no es un partido de fútbol”, sinterizó el silvestre santacruceño José María Carambia para avalar la iniciativa. En tanto, el referente universitario y radical Flavio Fama sentenció: “Cuando escucho que se roban toda la plata, como si -las universidades- fuesen una bolsa de gatos, cuando pasa más de un año y medio que estamos discutiendo estas cosas, ¿dónde están las auditorías? ¿Dónde están los autores de esas cosas tan feas que nos hicieron creer que pasaban en las universidades argentinas? ¿Qué argentino no quiere tener una universidad pública? ¿De qué estamos hablando?“.

El cierre de oradores estuvo a cargo del jefe libertario, Ezequiel Atauche (Jujuy), que direccionó el foco en la educación inicial. Sobre esto, advirtió: “Uno de cada 10 niños no sabe leer. En los niveles más bajos, uno de cada 5. Uno de cada dos no puede comprender textos, y todos estos datos ponen en evidencia los muchísimos años de malos manejos en el país”.

“Se pervirtió durante décadas y se utilizaron las aulas como lugares de lavado de cerebro y de disputa ideológica muy tristes. Se enseñaron cosas que no se debían enseñar”, indicó el titular del bloque oficialista. Y concluyó: “El 4% de los egresados del país se producen en el 30% de las universidades, que se llevan el 55% del presupuesto en salarios“.

El Ejecutivo se quedó sin las -criticadas- modificaciones del Banco Nacional de Datos Genéticos; la “disolución” de Vialidad Nacional; la eliminación de la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo, así como cambios profundos en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y la Marina Mercante

La oposición le aplicó este jueves el primer combo de golpes a la Casa Rosada: desactivó cuatro decretos delegados -por la ley Bases- y un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) rechazados la semana pasada por Diputados relacionados con diferentes organismos, en una sesión que será extensa y que continuará con las sanciones de las leyes que declara la emergencia pediátrica por un año, y que mejora y blinda los presupuestos de universidades públicas.

El DNU en cuestión es el relacionado con la Marina Mercante, observado por diferentes bloques por las consideraciones y cambios en relación con el derecho a huelga y la calificación de servicio esencial. En tanto, los decretos delegados son los que abarcan la “transformación” del -reconocido y respetado- Banco Nacional de Datos Genéticos; la “disolución” de Vialidad Nacional; la eliminación de la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo, así como de modificaciones profundas en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y entidades culturales.

Qué se dijo en el recinto
“El INTA y el INTI son dos estructuras administrativas que no son abstractas. Destruirlas es destruir años de trabajo en ciencia, tecnología, en desarrollo”, alertó el peronista pampeano Pablo Bensusán, quien enfatizó que “todos estamos de acuerdo en que algunos tendrán que ser más eficientes, pero eso no significa hacerlos desaparecer”. Y observó: “Si no existieran, ¿quién va a desarrollar las semillas que utilizan nuestros productores, la tecnología agropecuaria que ponen en práctica nuestros chacareros? Van a tener que comprar a las multinacionales los productos que nos quieran vender, a los precios que nos quieran vender, y van a desaparecer la mitad de las producciones en las economías regionales”.

Por su parte, el radical Pablo Blanco acusó al Ejecutivo de “esconder” la eliminación de los entes “reasignando las funciones para volverlos inservibles, vaciando de contenido los organismos que le dan vida, subordinándolos a estructuras menores, eliminando su condición técnica y retirando autonomía presupuestaria”. El fueguino describió: “Como hubo corrupción en Vialidad, el Gobierno encontró la solución, disolviendo el organismo. El Gobierno toma una medida que es como si apareciera un enfermo de cáncer y, para no gastar el dinero, le pega un tiro y lo mata. Entonces, se acabó el enfermo y se acabó el problema”.El senador peronista Pablo Bensusán junto a su colega de interbloque y exgobernador de San Juan, Sergio Uñac (Fotos: RS Fotos)

Desde el peronismo disidente, Juan Carlos Romero (Salta) planteó: “El INTA es emblemático en todo el país y cumple una función fabulosa, pero también es cierto que desde el 2003 han duplicado los empleados y no sabemos si se han duplicado los resultados de las investigaciones o la producción”.

“Yo voy a ir en contra del INTA y en contra de Vialidad, porque creo que el Gobierno nacional tiene que rever esta situación”, sostuvo el jefe del PRO, Alfredo De Ángeli, que se mostró distante de La Libertad Avanza tras meses de gestos afectuosos con el oficialismo.

El último orador fue el jefe libertario en la Cámara alta, Ezequiel Atauche (Jujuy), quien habló de una “premisa incorrecta, ya que las funciones de estos organismos se mantienen”. En esa línea, subrayó: “Entonces, cortemos con todo este discurso de qué pasaría si cerramos o las funciones. Eso no es lo que está sucediendo. La ley Bases no habla de cierres, sino de reorganizaciones”.

Atauche detalló: “Lo que está sucediendo es una reorganización legal por algo que sucede hace mucho en el Estado argentino. Entiendo que ustedes se quieran hacer los tontos. Aumentaron la masa de administrativos de sus filas políticas en los estamentos estatales. Nosotros conservamos las funciones y corremos a los militantes que no trabajan. Y no estoy hablando de todos”. Mencionó, en algunos casos, un crecimiento que “no condice con sus funciones” y puso el ejemplo de “un auto cada dos empleados” en el INTA.El jefe libertario en el Senado, Ezequiel Atauche, junto a su colega de bancada y presidente provisional de la Cámara alta, Bartolomé Abdala

Votaciones

*INTA e INTI: 60 rechazos, nueve afirmativos y una abstención.

*Organismos de cultura:57 rechazos, 13 afirmativos y una abstención.

*Banco de Datos Genéticos: 58 rechazos, 12 afirmativos y una abstención.

*Marina Mercante: 55 rechazos, 13 afirmativos y tres abstenciones.

*Vialidad: 50 rechazos, 10 afirmativos y una abstención.

El oficialismo logró convalidar en la Cámara de Diputados el veto del presidente Javier Milei a la ley que aumentaba 7,2% todas las jubilaciones y pensiones, y el incremento del bono de $70 mil a $110 mil. Dado que se necesita que los vetos sean rechazados por ambas Cámaras, la decisión del Poder Ejecutivo quedará firme.

La oposición sumó 160 votos a favor del proyecto original y el oficialismo aglutinó 83 rechazos. También hubo seis abstenciones que jugaron a favor del oficialismo porque al estar presentes aumentaron el umbral necesario para llegar a los dos tercios.