Fuentes del mercado indicaron a Infobae que la suba contemplará el incremento del impuesto a los combustibles, la devaluación mensual y el ajuste de biocombustibles . El Gobierno definió que el ICL tendrá un incremento de solo 1% desde el primero de julio para contener la inflación

La nafta y el gasoil aumentará el lunes hasta un 4% promedio en surtidores, según indicaron a Infobae importantes fuentes del sector de refinación. La suba contemplará, principalmente, el 1% de incremento del impuesto a los combustibles líquidos (ICL) que definió el Gobierno desde el primero de julio, la devaluación mensual del 2% del tipo de cambio oficial y la última suba de biocombustibles de esa misma magnitud.

De esta manera, la nafta súper de YPF, líder local con cerca del 60% del mercado, pasará desde la semana que viene de $905 a la zona de los $941 por litro en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). El gasoil pasaría de $941 a cerca de $980 por litro. Se espera que sus competidoras se muevan en una línea similar.

En el Ministerio de Economía entienden que las petroleras -YPF, Shell, Axion y Puma- colaboran al aplicar el menor incremento posible para contribuir a la desaceleración de la inflación ante expectativas de mejoras en la macro. A eso se suma que desde que asumió Javier Milei los combustibles aumentaron más del 110% promedio y las ventas acumularon seis meses consecutivos de caídas interanuales.

El ministro de Economía, Luis Caputo, decidió diferir, al igual que lo había hecho en mayo y junio, el incremento del ICL que estaba previsto en el decreto 466/2024 para evitar un impacto mayo en la inflación. Una fuente oficial dijo a este medio que si se aplicaba la suba del tributo prevista en la norma la nafta aumentaría 15% y el gasoil 10%, solo por el componente impositivo. Los cálculos privados arrojaban un salto de al menos 18 por ciento. Finalmente, el impacto será de solo 1% sobre los precios finales.

Con el mismo objetivo, Caputo suspendió la indexación por inflación prevista para las tarifas de luz y de gas, ya que los usuarios residenciales, en particular los de ingresos medios y bajos, sentirán el impacto de la quita de subsidios aplicada ese mes en una época en donde el consumo es más alto por el descenso de las temperaturas. Es decir, las boletas serán más abultadas en los próximos meses.

Así lo explicó el asesor del Palacio de Hacienda, Felipe Nuñez, a través de su cuenta oficial de X: “Las tarifas energéticas no van a aumentar en el mes de julio. Esto estaba planificado así en virtud de los aumentos realizados en junio y teniendo en cuenta la estacionalidad. En relación a los combustibles, se decidió aumentar el 1% el componente de impuestos a los combustibles. El grueso del ajuste esta hecho y ahora hay que pasar de la motosierra al bisturí”.

La decisión tomada por Caputo no solo tiene que ver con garantizar el sendero de desinflación. El superávit fiscal conseguido hasta mayo y la sanción del paquete fiscal en el Congreso, entienden en el Ministerio de Economía, dan más aire para recalcular el ajuste. La inflación lleva hasta mayo cinco meses de desaceleración pero la quita de subsidios en energía de junio podrían poner presión sobre el IPC del Indec y cortar esa racha, por lo que la intención oficial es quitar presión para julio.

En paralelo, el Gobierno busca darle un alivio a los debilitados bolsillos de los consumidores en el marco de un aumento de la pobreza, la desigualdad y el desempleo durante el primer trimestre. Ese empeoramiento de las condiciones sociales también se sintió en el consumo y, en particular, en las ventas de combustibles.

“Durante el mes de mayo de 2024 se ratifica el escenario de baja en las ventas de combustible al público en todo el país. Se comercializaron unos 1.406.758 metros cúbicos de combustible al público, entre naftas y gasoil. En la comparación contra mayo de 2023, las ventas de combustible mostraron un retroceso del 8%, siendo el sexto mes consecutivo con descensos; sin embargo, respecto al mes previo (abril 2024) las ventas mostraron cierto repunte (+8,5%)”, detalló Politikon Chaco en base a datos de la Secretaría de Energía.

El oficialismo tuvo una holgada mayoría para aceptar los cambios que vinieron del Senado. También logró, gracias a los bloques dialoguistas, la restitución del Impuesto a las Ganancias y la reforma de Bienes Personales. Karina Milei y Guillermo Francos estuvieron presentes en el recinto.

Justo 200 días después de asumir la Presidencia, Javier Milei logró la aprobación definitiva de la Ley Bases y el paquete fiscal en el Congreso. El ambicioso proyecto “ómnibus” había entrado en la Cámara de Diputados en enero y durante seis meses sufrió innumerables recortes y modificaciones que permitieron al oficialismo alcanzar un consenso mínimo con los bloques de la oposición “dialoguistas”. A pesar de todo, el primer éxito legislativo del oficialismo finalmente incluyó varios puntos considerados centrales para la Casa Rosada, como las facultades delegadas, las privatizaciones, el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones, la reversión del Impuesto a las Ganancias, la suba del piso de Bienes Personales y el blanqueo de capitales.

“No es la ley que quería el Gobierno, pero es la ley posible”, resumió un diputado del radicalismo. El análisis era compartido -casi con las mismas palabras- por varios integrantes de La Libertad Avanza y el PRO. Finalmente, la Ley Bases se aprobó con 147 votos a favor y 107 en contra del peronismo, la izquierda, el socialismo y Natalia de la Sota. Asimismo, Ganancias obtuvo 136 votos afirmativos -116 en contra- y la reforma de Bienes Personales, 134 votos positivos -118 negativos-.

Si bien desde hace algunos días ya se descontaba que el oficialismo y los dialoguistas tenían los votos suficientes para ratificar la Ley Bases -con las modificaciones que se hicieron en el Senado- y para insistir con la redacción original de Ganancias y Bienes Personales, la votación podía esconder algunas sorpresas. Por eso el foco estuvo puesto especialmente en las posibles fugas del peronismo y en algunas defecciones del radicalismo.

La sesión comenzó con varias cuestiones de privilegio que en su mayoría apuntaron contra la ministra de Seguridad Patricia Bullrich por el accionar de la policía durante la jornada donde el Senado aprobó la norma. En simultáneo, los encuentros y las reuniones en el bajo recinto y en los despachos se fueron sucediendo para tratar de cambiar alguna voluntad a último momento.

Tal como ocurrió en los debates anteriores (es la tercera vez que estas leyes pasan por Diputados), la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, siguió el tramo final de la sesión desde la oficina de Martín Menem, junto a su asesor Eduardo “Lule” Menem. Casi al mismo tiempo, la vicepresidenta Victoria Villarruel, subió a uno de los palcos para mostrar su apoyo al proyecto oficial. Pasadas las 19.30, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, también se hizo presente en el Congreso y se sumó a Karina Milei.

La modalidad acordada en la reunión de Labor Parlamentaria determinó que ambos proyectos se discutan en simultáneo. En general, las críticas del peronismo apuntaron contra la constitucionalidad de reponer Ganancias y Bienes Personales -adelantaron que ambos puntos serán judicializados- y sobre los efectos negativos del RIGI y la reforma laboral.

Pasada la 1 de la madrugada, llegó el momento de la votación de la Ley Bases. El formato del dictamen, que constaba de un solo artículo que ratificaba todos los cambios del Senado, fue especialmente problemático para el peronismo porque si había diputados que querían mostrar su apoyo al RIGI también debían votar afirmativamente otros puntos como la reforma laboral o las privatizaciones.

Justamente la presión de las provincias que podrían recibir las grandes inversiones generó fuertes tensiones dentro del bloque. En las reuniones de los días previos muchos diputados no quisieron adelantar cómo votarían. Para Unión por la Patria el principal problema político era no poder mostrar unidad en el bloque ante el proyecto insignia de Milei.

Victoria Villarruel, vicepresidenta de la Nación

El sanjuanino Walberto Allende dejó en claro las diferencias internas. Tras criticar las facultades delegadas y los efectos de la reforma laboral, hizo una fuerte defensa de la minería y de la necesidad de inversiones. “No podemos acompañar pero sí dejar en claro nuestro fuerte apoyo a la actividad minera en Argentina y en particular en la provincia de San Juan”, dijo.

Para asegurarse la aprobación de la Ley Bases el oficialismo había desistido de incluir en la lista de empresas que se pueden privatizar a Aerolíneas Argentinas, el Correo Argentino y Radio y Televisión Argentina. Lo mismo ocurrió con la eliminación de la moratoria previsional y la creación de la Prestación de Retiro Proporcional, destinada a los trabajadores que tienen algunos aportes pero no llegan al mínimo de 30 años. Esta decisión fue la que le permitió sumar algunos votos extras del radicalismo, como Facundo Manes que había rechazado la ley en general, y encolumnar a gran parte del bloque Hacemos Coalición Federal, que reclamaba respetar los acuerdos alcanzados en el Senado.

Por otro lado, los libertarios aceptaron los cambios al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones y al blanqueo de capitales que hizo el Senado. Por ejemplo, el RIGI se limitó a nueve sectores (foresto-industria, turismo, siderurgia, petróleo, gas, infraestructura, minería, energía y tecnología) y será obligatoria la contratación de un 20% de proveedores locales. En cuanto al blanqueo, quedaron excluidos los hermanos de los funcionarios, de los extranjeros y de los bienes de terceros (testaferros); además, los fondos serán coparticipables con las provincias.

El resultado final arrojó un holgado resultado favorable, con 147 votos afirmativos contra 107 negativos.

Miguel Ángel Pichetto, de Hacemos Coalición Federal (Luciano González)

Restitución del impuesto a las Ganancias

El artículo de Ganancias fue el que más especulaciones despertó durante los últimos días por las incógnitas en varios bloques, principalmente en el peronismo y el radicalismo. El dato destacable fue que los diputados de Unión por la Patria de Catamarca, por presión del gobernador Raúl Jalil, aportaron tres votos afirmativos (Dante López Rodríguez, Sebastián Nóblega y Fernanda Ávila) y una abstención (Silvana Ginocchio). En la votación anterior habían sido tres abstenciones y un voto a favor. Por su parte, no hubo sorpresas en el bloque UCR. Los libertarios también sumaron dos votos que en abril estuvieron ausentes Álvaro González y Gerardo Milman, y a Paula Oliveto, que se había abstenido y ahora votó afirmativamente.

La reversión de Ganancias había sido aprobado por Diputados pero luego el Senado lo rechazó por la presión de los gobernadores patagónicos, que buscaban evitar que el tributo alcance gran parte de los trabajadores de su provincia debido a que tienen sueldos altos por el régimen de las zonas desfavorables y por el tipo de actividades que realizan (por ejemplo, los petroleros y los trabajadores de los puertos).

La aprobación de la versión de Diputados llevará el mínimo no imponible de Ganancias quedaría en $1.800.000 brutos para los solteros y a $2.200.000 para los casados con hijos. Así, volverían a pagar este tributo alrededor de 800.000 trabajadores con alícuotas que van del 5% al 35%. En tanto, la actualización del mínimo se haría de forma trimestral durante este año, en septiembre, y luego de forma semestral a partir del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Germán Martínez, presidente de UxP

Reforma de Bienes Personales

El nuevo piso del tributo, que se aprobó con 134 afirmativos y 118 negativos, pasará de $27 millones a $100 millones (de USD 29.000 a USD 107.000) y la deducción por la vivienda familiar será de $350 millones. A su vez, se implementará un plan de pago anticipado por los montos que corresponden a los próximos años, hasta 2027. Se trata del Régimen Especial de Ingreso del Impuesto sobre los Bienes Personales (“Reibp”), con una alícuota reducida de 0,45% por año (2,25% en total) precisa el articulado.

Revisión de los gastos tributarios

La oposición intentó sin éxito insistir con la revisión de los gastos tributarios. Es decir, con los ingresos que el Estado deja de percibir al otorgar beneficios impositivos especiales para favorecer ciertas actividades, zonas o contribuyentes. Algunos ejemplos de gastos que el Poder Ejecutivo podía revisar son: la exención de inmuebles rurales en Bienes Personales (0,48% del PIB), la exención de honorarios de directores de sociedades en el IVA (0,29% del PIB), la exención del pago de Ganancias por parte de jueces (0,16% del PIB) o el régimen de promoción industrial de Tierra del Fuego (0,33% del PIB).

Sin embargo, ese artículo había sido rechazado por dos tercios de los votos en el Senado y su aprobación era virtualmente imposible sin el apoyo del peronismo (99 votos). La votación terminó: 148 votos a favor contra 107 en contra.

Antes de la votación, el presidente del bloque Unión por la Patria, Germán Martínez, adelantó que su espacio tendrá “en agosto una propuesta respecto a los gastos tributarios”.

José Luis Espert (Maximiliano Luna)

Una nueva etapa para el Gobierno

Amplios sectores de la oposición dialoguista coincidían en que ahora comenzaría una nueva etapa del gobierno de Milei donde quedará desarticulado el discurso libertario que hasta ahora se desentendió de muchos de los problemas en la gestión apuntando contra la oposición.

“Con esta sanción se terminan los pretextos, se termina la cortina de humo. Lo que llegó es la hora de aflojar con la descripción y pasar a la acción, de muchas menos explicación y más gestión”, sintetizó Nicolás Massot.

En la misma línea, Miguel Ángel Pichetto señaló que el Gobierno “tiene los instrumentos que tiene que utilizar”. “Se van acabando los tiempos, arranca la etapa de gestionar su visión de la Argentina, a ver cómo la implementan”, concluyó.

FUENTE: INFOBAE

Así lo decidieron los tres interventores del ENACOM, encargados de revisar las regulaciones del organismo.

El ENACOM (Ente Nacional de Telecomunicaciones) eliminó las regulaciones que establecían un tope a las tarifas de internet, celulares y cable. El límite de los aumentos era de entre el 5% y 10% mensual y ahora deja de regir, con lo cual las empresas tienen luz verde para fijar los precios que consideren más convenientes.

Se trata de una decisión de sus interventores Juan Martín Ozores, Patricia Roldán y Alejandro Pereyra, enmarcada en el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 302/2024 que anulaba el DNU 690/2020, el cual declaraba a los servicios como públicos esenciales y estratégicos y le otorgaba la facultad al ENACOM de regular las tarifas

La normativa entrará en vigencia el día de su publicación, por lo que afectará las tarifas a partir de julio.

“Los licenciatarios de Servicios de TIC fijarán sus precios, los que deberán ser justos y razonables, cubrir los costos de la explotación y tender a la prestación eficiente y a un margen razonable de operación”, señalan los considerandos

“Surge de los propios considerandos del DNU N° 302/2024 que “…los servicios de TIC han sido creados en competencia, así como la prestación de los servicios de comunicaciones móviles, siendo una facultad esencial para su desarrollo y crecimiento la posibilidad de que los licenciatarios puedan fijar sus precios libremente” y que “…el DNU N° 690/2020 establece una modificación esencial sobre el marco jurídico del sector, que debe ser corregida con el fin de salvaguardar las reglas que permitan el desarrollo de un mercado en competencia y la libre fijación de los precios de los servicios prestados”, agrega.

Dicho DNU consideraba: “Resulta necesario proveer los medios necesarios con el fin de lograr un mejor desarrollo de los servicios de telecomunicaciones acorde a las circunstancias fácticas y jurídicas reinantes. Es de destacar que ante el creciente desarrollo de los servicios de telecomunicaciones, la contemplación de las diferentes circunstancias del mercado resulta fundamental, tanto para favorecer su dinamismo y generar un equilibrio competitivo sostenible como para asegurar una mayor oferta de servicios a los usuarios a precios justos y con mayor calidad, extremos que se contraponen con la regulación tarifaria establecida (…)”.

Familias en problemas
La decisión se da en momentos en que, según de la última edición del CABASE Internet Index que presentó la Cámara Argentina de Internet (CABASE) —un estudio que analiza el estado de la conectividad y la infraestructura de internet en el país—, las familias argentinas están teniendo que tomar medidas para reducir el impacto de los costos de la conectividad en sus presupuesto. Del estudio surge que el 67,5% de los hogares argentinos tomaron alguna medida para reducir el costo de su servicio de internet fijo frente a la complejidad del contexto económico de los últimos meses. Asimismo, el 65,3% de los hogares tomaron medidas para reducir el costo de su servicio de TV paga.

Los resultados de la encuesta realizada por CABASE indican que, frente a la crisis económica del último período, muchos usuarios buscaron mecanismos para evitar dar de baja los servicios de conectividad y contenidos en el hogar, optando por medidas para reducir su costo, ya sea a través de un acuerdo con su proveedor o por un cambio hacia un proveedor con menor precio.

El relevamiento también indica que el costo promedio del servicio de internet fijo a nivel nacional es de $20.035. Considerando los ingresos promedios por hogar, el costo del servicio alcanza alrededor del 4% de estos ingresos, dato que no solo muestra una brecha importante respecto del objetivo propuesto por la iniciativa de la ONU, sino que significa un retroceso respecto de la medición anterior del CABASE Internet Index, realizada en septiembre del año pasado, en la que el costo promedio de los servicios básicos de conectividad equivalían al 3% de los ingresos del hogares.

FUENTE: INFOBAE