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Los verdaderos costos sociales, ambientales y económicos de la contaminación por plásticos
Un informe solicitado por la Organización Mundial de Conservación (WWF por sus siglas en inglés) y elaborado por Dalberg advierte que el costo real del plástico para el ambiente, la salud y la economía puede ser hasta 10 veces superior en los países de bajos ingresos, a pesar de que consumen casi tres veces menos plástico per cápita que aquellos países con mayores ingresos.
El informe calcula que el costo total de un kilogramo de plástico a lo largo de su vida útil es de unos 150 dólares en los países de ingresos bajos y medios, 8 veces más que los 19 dólares/kilogramo de los países de ingresos altos. Si se comparan sólo los países de bajos ingresos y sus homólogos más ricos, la diferencia de costos se multiplica por 10, ya que los países de bajos ingresos soportan costos de 200 dólares por kilogramo.
Estos costos desiguales tienen implicaciones sustanciales para los países de ingresos bajos y medios como Kenia, donde los negociadores se reunirán del 13 al 19 de noviembre para la tercera negociación para alcanzar un Tratado Mundial que busca terminar con la contaminación por plásticos. En lugar de resolver la crisis mundial de contaminación por plásticos de la forma más eficiente, el sistema traslada la mayor parte de los costos a quienes están menos preparados para gestionarlos, sin responsabilizar a quienes producen y utilizan los productos en primer lugar.
El informe señala la urgencia de una revisión inmediata del actual sistema del plástico. Seguir como hasta ahora podría ser una sentencia sin retorno, no sólo para los animales, sino también para muchas de las comunidades vulnerables y marginadas del planeta, como consecuencia del aumento de los riesgos para la salud, incluida la ingestión de productos químicos nocivos y tóxicos y el aumento del riesgo de inundaciones y enfermedades. El tratado mundial sobre la contaminación por plásticos presenta una oportunidad para cambiar esta situación, mediante la inclusión de reglas globales vinculantes y equitativas sobre producción y consumo.
En este contexto Manuel Jaramillo, Director General de Fundación Vida Silvestre Argentina, organización asociada a WWF en nuestro país desde 1988, remarcó que “Argentina fue pionera en la región con la sanción de una ley que prohíbe la incorporación de micro-plásticos añadidos en productos cosméticos y de higiene oral. No obstante, nuestro país todavía adeuda una ley de envases que establezca estándares mínimos para su gestión integral. La contaminación por plásticos es una problemática global con efectos locales que trasciende fronteras, por eso es urgente alcanzar una respuesta global coordinada”.
El informe concluye que los países de ingresos bajos y medios sufren una carga desproporcionadamente elevada a causa de los costos asociados a la contaminación por plásticos, como consecuencia directa de 3 desigualdades estructurales que refuerzan el actual sistema de plásticos.
Inequidad estructural 1: el sistema coloca a los países de ingresos bajos y medios en una situación de desventaja, ya que tienen una influencia mínima sobre qué productos de plástico se fabrican y cómo se diseñan y, sin embargo, a menudo se espera que gestionen estos productos una vez que llegan al final de su vida útil. Las consideraciones sobre el diseño de productos y sistemas suelen hacerse previamente, en países con una amplia producción de plástico, y por empresas multinacionales con sede en países de altos ingresos. En 2019, solo se reciclaba el 9% de los residuos plásticos. Actualmente, alrededor del 60% de la producción mundial de plástico se destina a productos de un solo uso, diseñados para ser desechados (y tan baratos que se fomenta que así sea) después de usarse por única vez.
Inequidad estructural 2: el ritmo de producción de plástico, sobre todo el de un solo uso, está superando con creces la disponibilidad de recursos técnicos y financieros para su gestión cuando llegan al final de su vida útil en países de ingresos bajos y medios. Si no se reduce la producción y el consumo de plástico, estos países seguirán soportando la mayor carga de los impactos medioambientales y socioeconómicos directos de la contaminación por plástico.
Inequidad estructural 3: el sistema carece de una forma justa de hacer que los países y las empresas rindan cuentas de su acción – o inacción – sobre la contaminación por plásticos y su impacto en la salud, el ambiente y la economía (por ejemplo, a través de la responsabilidad extendida al productor en cada uno de los países en los que operan). Sin obligaciones comunes en todas las jurisdicciones y empresas que apoyen una economía circular, justa y no tóxica de los plásticos, terminan siendo los países de ingresos bajos y medios quienes pagan el precio más alto de esta inequidad.
Establecer y aplicar un tratado mundial de las Naciones Unidas sobre la contaminación por plásticos, basado en reglas globales armonizadas y vinculantes, puede colaborar con la creación de un sistema más justo que empodere a los países de ingresos bajos y medios, y dé prioridad a las soluciones más eficaces y eficientes. Un ejemplo de una norma de este tipo sería la regulación de los productos plásticos, polímeros y sustancias químicas de mayor riesgo -aquellos que pueden causar más daño o que tienen más probabilidades de contaminar-, de modo que se pueda reducir la carga que recae sobre los países, especialmente aquellos con menos recursos, en la gestión de los residuos plásticos.
Del mismo modo, la oportunidad de crear normas globales sobre el diseño de productos puede ayudar a garantizar que desde su concepción se diseñen para ser reutilizados y/o reciclados, independientemente del país en el que se produzcan o utilicen.
En noviembre, los países se unirán a la tercera de las cinco sesiones de negociaciones para un tratado mundial, que permita acabar con la contaminación por plásticos. Para que sea efectivo, el tratado debe incluir:
Prohibición, eliminación o reducción progresiva de productos de plástico, polímeros y sustancias químicas riesgosas y evitables.
Requisitos globales para el diseño de productos y sistemas que puedan garantizar una economía circular segura y no tóxica, que priorice la reutilización y las mejoras en el reciclaje.
Medidas sólidas para apoyar una implementación bien pensada y efectiva que incluya suficiente apoyo financiero y articulación entre públicos y privados, en particular para los países de ingresos bajos y medios.
“Muchas de las opciones incluidas en el primer borrador del tratado tienen un lenguaje sustancialmente más débil y obligaciones menos específicas, lo que hace que sea tentador para los gobiernos volver a los viejos malos hábitos de confiar en la acción nacional o voluntaria en lugar de crear normativas comunes. Pero nuestro informe ha demostrado que confiar en las decisiones individuales de los gobiernos da lugar a un sistema injusto en el que las cargas no sólo se distribuyen de forma desigual, sino que recaen sobre los menos preparados para solucionarlas”, declaró Eirik Lindebjerg, líder de Política Global de Plásticos de WWF Internacional.
“Los países deben aumentar su ambición. El llamado es a todos los gobiernos para que acuerden un tratado con reglas globales armonizadas y vinculantes, que colaboren con la eliminación de estas desigualdades que se ven exacerbadas e intensificadas por nuestro actual sistema de plásticos, que basa su funcionamiento en extraer-fabricar-desechar. No podemos seguir actuando como si el plástico fuera un producto barato de usar y tirar. Tiene un costo enorme para algunas de las comunidades más vulnerables que no tienen posibilidad de cambiar el sistema”, concluyó Manuel Jaramillo.
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Está vigente el programa Ahora Fiestas
A partir de este sábado y hasta el miércoles 31 del diciembre, estará vigente el programa especial Ahora Fiestas, una herramienta impulsada por el Gobierno de Misiones para acompañar a las familias en las compras de fin de año y potenciar el comercio local. A través de sus redes, el ministro de Hacienda, Adolfo Safrán, recordó a la comunidad sobre la puesta en marcha del beneficio financiero.
Durante el período de vigencia, los comercios adheridos ofrecerán hasta un 25% de reintegro, o 20% en comercios no misioneros, junto con la posibilidad de financiar las compras en 1 o 6 cuotas sin interés. Los beneficios estarán disponibles para pagos realizados con tarjetas de crédito Visa y Mastercard del Banco Macro.
El programa establece un límite de financiación de $653.400, mientras que el tope máximo de reintegro será de $44.044. Estas condiciones buscan facilitar el acceso al consumo en una época de alta demanda, como las celebraciones de Navidad y Año Nuevo.
Participarán comercios de rubros vinculados al consumo estacional, entre ellos indumentaria, calzado, juguetes, artículos del hogar, electrodomésticos, deportes, celulares, blanquerías y regalos. Los locales que ya forman parte de los programas Ahora Misiones y Ahora Bienes Durables quedarán adheridos automáticamente al Ahora Fiestas.
Desde el Gobierno provincial destacaron que, en el cierre del año, se continúa sosteniendo este tipo de herramientas que articulan esfuerzos entre el sector público y privado, con el doble objetivo de incentivar el comercio local en toda la provincia y fortalecer la capacidad de consumo de los hogares durante las fiestas.
El listado completo de comercios adheridos en cada localidad puede consultarse en la web oficial de los Programas Ahora: ahora.misiones.gob.ar.
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Senado: fuerte rechazo de especialistas, organizaciones ambientales y entidades científicas a la reforma de la Ley de Glaciares
Especialistas, organizaciones de la sociedad civil y científicos1 cuestionaron el proyecto del Poder Ejecutivo que modifica la Ley 26.639 de presupuestos mínimos de protección ambiental de glaciares y ambiente periglacial. Fue ayer en la reunión conjunta de las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sostenible y de Minería, Energía y Combustibles del Senado de la Nación que, en un trámite exprés que llevó solo dos días, dictaminó la iniciativa del oficialismo a pesar del contundente rechazo. No obstante, el tratamiento parlamentario del proyecto se retomará recién a principios de febrero, a pesar de que las autoridades legislativas habían anunciado que ingresaría al recinto el próximo 26 de diciembre.
Durante el encuentro, desarrollado en el Salón Arturo Illia del Palacio Legislativo, los disertantes coincidieron en que la iniciativa oficial implica un cambio estructural en el régimen de protección ambiental vigente, al debilitar el carácter nacional de los presupuestos mínimos y fragmentar criterios de resguardo sobre bienes comunes estratégicos como el agua. Advirtieron, además, que avanzar con una reforma de estas características sienta un precedente regresivo en materia de derecho ambiental, en un contexto de crisis climática e hídrica que exige fortalecer las políticas públicas de protección y no debilitarlas.
En esta línea, Andrés Nápoli, director ejecutivo de Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) señaló que “el proyecto introduce una modificación sustancial de la ley vigente mediante dos mecanismos centrales. En primer lugar, reduce el área de protección glaciar —que conviene recordar actualmente alcanza apenas el 0,21 % del territorio nacional— con el objetivo de habilitar el desarrollo de proyectos de megaminería de alta montaña que hoy se encuentran expresamente prohibidos. En segundo término, otorga a las provincias la facultad de decidir qué glaciares deben ser protegidos y cuáles no, desmantelando así el esquema de protección ambiental uniforme y común para todo el país establecido por la Constitución Nacional”.
A esto Agostina Rossi Serra de Greenpeace Argentina señaló que “cuando el riesgo aumenta, las normas se fortalecen, no se debilitan”, y advirtió que “plantear que hay glaciares o partes del ambiente periglacial que sirven y otros que no es una discusión científicamente incorrecta”. En ese sentido, remarcó que “los glaciares y el ambiente periglacial no son obstáculos: son aliados para enfrentar la crisis climática”.
Las organizaciones alertaron que las modificaciones propuestas no persiguen mejorar ni ampliar la protección de las fuentes de agua en un contexto de crisis climática, sino responder a las demandas del sector minero, tal como surge de manera explícita de los considerandos del propio proyecto.
En ese sentido, Enrique Viale, presidente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas recordó a los senadores que “las leyes de presupuestos mínimos son una arquitectura constitucional que este proyecto tira por la borda. La destruye. Y esto no es menor, porque tenemos otras leyes de presupuestos mínimos. ¿Qué va a pasar después? ¿Vienen por los bosques? ¿Vienen por los ríos? ¿Por la Ley General del Ambiente?”
Por otra parte, las organizaciones cuestionaron la escasa participación en el debate y la celeridad (solo dos días) con la que los senadores dictaminaron el proyecto de modificación, a lo que sumaron la irregularidad de la falta de consultas previas a especialistas para elaborar la nueva iniciativa.
Manuel Jaramillo, director ejecutivo de la Fundación Vida Silvestre Argentina consideró “que es inadmisible que el proyecto adolezca de consulta previa con el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), institución de excelencia científica, referida por la legislación actual para el desarrollo del Inventario Nacional de Glaciares. La minería responsable es posible, y necesaria, pero nunca sobre el ambiente glaciar y periglacial, como promueve el proyecto de ley que ya cuenta con dictamen positivo a pesar de todas las voces que advirtieron sus falencias técnicas y legislativas”.
En el mismo sentido, Eugenia Testa, directora del Círculo de Políticas Ambientales (CPA) agregó que “el proceso legislativo y la elaboración previa del proyecto evidencia una fuerte injerencia sectorial. Hay una clara captura de una política pública de más de 15 años por parte de un interés económico particular, en este caso el del sector minero, que intervino directa o indirectamente a través de un grupo de gobernadores”.
Finalmente, Hernán Casañas, director ejecutivo de Aves Argentinas destacó que “las empresas que queremos son las que cumplen estándares y apuestan a largo plazo. No buscan libertad absoluta, buscan certidumbres”, y agregó: “los flujos de inversión más importantes van a los países con los estándares ambientales más altos. El argumento económico está planteado al revés.”
De acuerdo con las organizaciones, lo que intenta hacer el proyecto de ley es alterar una ley general para hacerla encajar con algunos proyectos mineros que, bajo el régimen vigente, no podrían desarrollarse. Lejos de generar la seguridad jurídica que se invoca en favor de los inversores, esta reforma tendrá el efecto contrario: profundizará la incertidumbre normativa y agravará la ya frágil licencia social para operar.
Al plantear su rechazo al proyecto, los disertantes solicitaron a los senadores que no avancen con una reforma que reduce niveles de protección ambiental, vulnera la Constitución Nacional y pone en riesgo la seguridad hídrica del país. “En un contexto de crisis climática y escasez de agua cada vez más evidente, retroceder en la protección de los glaciares y del ambiente periglacial no es una opción responsable ni legalmente admisible. La Ley de Glaciares es clara, constitucional y vigente: debe cumplirse, no vaciarse”, remarcaron.
(1) Las organizaciones que participaron de la reunión conjunta de comisiones son: Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Aves Argentinas, Greenpeace Argentina, Círculo de Políticas Ambientales (CPA), Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AAAA) y Fundación Vida Silvestre Argentina. También participaron de la reunión el director del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) Pablo Villagra, Gabriela González Trilla de Ecosistemas azules-CONICET, Laura Isla Rafaele del CONICET, la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) y Cámara de Proveedores de Empresas Mineras (CAPMIN).
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Fiestas seguras en Eldorado
La Viceintendente de la ciudad de Eldorado, Dra. Lorena Cardozo, encabezó una conferencia de prensa para brindar detalles sobre los dispositivos de control y el despliegue de seguridad que se implementarán con motivo de las fiestas de fin de año y los eventos sociales organizados en la ciudad.
Acompañaron la presentación el Secretario de Gobierno, Hernando Cabrera; el Jefe de la Unidad Regional III, Comisario Mayor Daniel Molina; el Director de Tránsito y Transporte, Fernando Caro; y el Director de Protección Civil, Mario Flammer, quienes expusieron las medidas preventivas previstas para garantizar celebraciones seguras y responsables.
Durante la conferencia se destacó la importancia de pasar las fiestas de manera tranquila, minimizando riesgos a través de operativos de control y acciones coordinadas entre las distintas áreas. Se informó que los dispositivos estarán focalizados especialmente en los sectores con mayor concentración de personas, tanto en la zona céntrica como en distintos puntos de la ciudad.
En materia de seguridad vial, se remarcó la vigencia y el estricto cumplimiento de la política de alcohol cero al volante, solicitando a los conductores conciencia y responsabilidad, a fin de prevenir siniestros y proteger la vida de todos los vecinos.
Por su parte, el Comisario Mayor Daniel Molina indicó que durante los fines de semana y las celebraciones de Navidad y Año Nuevo se desplegará un operativo reforzado que incluirá más de 150 efectivos en la zona céntrica, además de patrullajes permanentes en los barrios y sectores más alejados, abarcando tanto la seguridad vial como la seguridad pública.
Finalmente, se informó que los eventos y fiestas habilitadas fueron debidamente notificadas sobre los controles que se realizarán, con el objetivo de garantizar el normal desarrollo de los espectáculos, cuidar especialmente a los jóvenes y prevenir cualquier tipo de incidente.
En este marco, la Viceintendenta Lorena Cardozo destacó la importancia de contar con espacios propicios para el esparcimiento, pero siempre de manera segura y ordenada, remarcando que si bien los controles y operativos son fundamentales, el éxito de estas medidas depende también del compromiso y la responsabilidad de cada vecino.
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