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Los verdaderos costos sociales, ambientales y económicos de la contaminación por plásticos
Un informe solicitado por la Organización Mundial de Conservación (WWF por sus siglas en inglés) y elaborado por Dalberg advierte que el costo real del plástico para el ambiente, la salud y la economía puede ser hasta 10 veces superior en los países de bajos ingresos, a pesar de que consumen casi tres veces menos plástico per cápita que aquellos países con mayores ingresos.
El informe calcula que el costo total de un kilogramo de plástico a lo largo de su vida útil es de unos 150 dólares en los países de ingresos bajos y medios, 8 veces más que los 19 dólares/kilogramo de los países de ingresos altos. Si se comparan sólo los países de bajos ingresos y sus homólogos más ricos, la diferencia de costos se multiplica por 10, ya que los países de bajos ingresos soportan costos de 200 dólares por kilogramo.
Estos costos desiguales tienen implicaciones sustanciales para los países de ingresos bajos y medios como Kenia, donde los negociadores se reunirán del 13 al 19 de noviembre para la tercera negociación para alcanzar un Tratado Mundial que busca terminar con la contaminación por plásticos. En lugar de resolver la crisis mundial de contaminación por plásticos de la forma más eficiente, el sistema traslada la mayor parte de los costos a quienes están menos preparados para gestionarlos, sin responsabilizar a quienes producen y utilizan los productos en primer lugar.
El informe señala la urgencia de una revisión inmediata del actual sistema del plástico. Seguir como hasta ahora podría ser una sentencia sin retorno, no sólo para los animales, sino también para muchas de las comunidades vulnerables y marginadas del planeta, como consecuencia del aumento de los riesgos para la salud, incluida la ingestión de productos químicos nocivos y tóxicos y el aumento del riesgo de inundaciones y enfermedades. El tratado mundial sobre la contaminación por plásticos presenta una oportunidad para cambiar esta situación, mediante la inclusión de reglas globales vinculantes y equitativas sobre producción y consumo.
En este contexto Manuel Jaramillo, Director General de Fundación Vida Silvestre Argentina, organización asociada a WWF en nuestro país desde 1988, remarcó que “Argentina fue pionera en la región con la sanción de una ley que prohíbe la incorporación de micro-plásticos añadidos en productos cosméticos y de higiene oral. No obstante, nuestro país todavía adeuda una ley de envases que establezca estándares mínimos para su gestión integral. La contaminación por plásticos es una problemática global con efectos locales que trasciende fronteras, por eso es urgente alcanzar una respuesta global coordinada”.
El informe concluye que los países de ingresos bajos y medios sufren una carga desproporcionadamente elevada a causa de los costos asociados a la contaminación por plásticos, como consecuencia directa de 3 desigualdades estructurales que refuerzan el actual sistema de plásticos.
Inequidad estructural 1: el sistema coloca a los países de ingresos bajos y medios en una situación de desventaja, ya que tienen una influencia mínima sobre qué productos de plástico se fabrican y cómo se diseñan y, sin embargo, a menudo se espera que gestionen estos productos una vez que llegan al final de su vida útil. Las consideraciones sobre el diseño de productos y sistemas suelen hacerse previamente, en países con una amplia producción de plástico, y por empresas multinacionales con sede en países de altos ingresos. En 2019, solo se reciclaba el 9% de los residuos plásticos. Actualmente, alrededor del 60% de la producción mundial de plástico se destina a productos de un solo uso, diseñados para ser desechados (y tan baratos que se fomenta que así sea) después de usarse por única vez.
Inequidad estructural 2: el ritmo de producción de plástico, sobre todo el de un solo uso, está superando con creces la disponibilidad de recursos técnicos y financieros para su gestión cuando llegan al final de su vida útil en países de ingresos bajos y medios. Si no se reduce la producción y el consumo de plástico, estos países seguirán soportando la mayor carga de los impactos medioambientales y socioeconómicos directos de la contaminación por plástico.
Inequidad estructural 3: el sistema carece de una forma justa de hacer que los países y las empresas rindan cuentas de su acción – o inacción – sobre la contaminación por plásticos y su impacto en la salud, el ambiente y la economía (por ejemplo, a través de la responsabilidad extendida al productor en cada uno de los países en los que operan). Sin obligaciones comunes en todas las jurisdicciones y empresas que apoyen una economía circular, justa y no tóxica de los plásticos, terminan siendo los países de ingresos bajos y medios quienes pagan el precio más alto de esta inequidad.
Establecer y aplicar un tratado mundial de las Naciones Unidas sobre la contaminación por plásticos, basado en reglas globales armonizadas y vinculantes, puede colaborar con la creación de un sistema más justo que empodere a los países de ingresos bajos y medios, y dé prioridad a las soluciones más eficaces y eficientes. Un ejemplo de una norma de este tipo sería la regulación de los productos plásticos, polímeros y sustancias químicas de mayor riesgo -aquellos que pueden causar más daño o que tienen más probabilidades de contaminar-, de modo que se pueda reducir la carga que recae sobre los países, especialmente aquellos con menos recursos, en la gestión de los residuos plásticos.
Del mismo modo, la oportunidad de crear normas globales sobre el diseño de productos puede ayudar a garantizar que desde su concepción se diseñen para ser reutilizados y/o reciclados, independientemente del país en el que se produzcan o utilicen.
En noviembre, los países se unirán a la tercera de las cinco sesiones de negociaciones para un tratado mundial, que permita acabar con la contaminación por plásticos. Para que sea efectivo, el tratado debe incluir:
Prohibición, eliminación o reducción progresiva de productos de plástico, polímeros y sustancias químicas riesgosas y evitables.
Requisitos globales para el diseño de productos y sistemas que puedan garantizar una economía circular segura y no tóxica, que priorice la reutilización y las mejoras en el reciclaje.
Medidas sólidas para apoyar una implementación bien pensada y efectiva que incluya suficiente apoyo financiero y articulación entre públicos y privados, en particular para los países de ingresos bajos y medios.
“Muchas de las opciones incluidas en el primer borrador del tratado tienen un lenguaje sustancialmente más débil y obligaciones menos específicas, lo que hace que sea tentador para los gobiernos volver a los viejos malos hábitos de confiar en la acción nacional o voluntaria en lugar de crear normativas comunes. Pero nuestro informe ha demostrado que confiar en las decisiones individuales de los gobiernos da lugar a un sistema injusto en el que las cargas no sólo se distribuyen de forma desigual, sino que recaen sobre los menos preparados para solucionarlas”, declaró Eirik Lindebjerg, líder de Política Global de Plásticos de WWF Internacional.
“Los países deben aumentar su ambición. El llamado es a todos los gobiernos para que acuerden un tratado con reglas globales armonizadas y vinculantes, que colaboren con la eliminación de estas desigualdades que se ven exacerbadas e intensificadas por nuestro actual sistema de plásticos, que basa su funcionamiento en extraer-fabricar-desechar. No podemos seguir actuando como si el plástico fuera un producto barato de usar y tirar. Tiene un costo enorme para algunas de las comunidades más vulnerables que no tienen posibilidad de cambiar el sistema”, concluyó Manuel Jaramillo.
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Lanzarán en Campo Grande la campaña “En Misiones No se caza”
Este viernes 22 de noviembre se realizará desde las 8.30 hs. en el Centro Cultural Misionero y Guaraní de la localidad de Campo Grande el lanzamiento de la campaña “En Misiones NO se caza” para la zona Centro de la provincia en el marco de la Jornada socioambiental: “Fortaleciendo la gestión en el territorio”.
Por la mañana habrá talleres destinados a técnicos de los municipios circundantes; al mediodía habrá stands y desde las 14.30 una obra de títeres de Kossa Nostra.
El evento contará con la presencia del Gobernador Lic. Hugo Passalacqua a partir de las 13 hs. Lo acompañarán el Ministro de Ecología, Arq. Martín Recamán, y el intendente local, Carlos Sartori.
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El Grupo Horianski está pidiendo un nuevo BOLETAZO
El pedido tomará estado parlamentario en la Sesión Ordinaria del día de hoy, miércoles, y según trascendió el aumento solicitado es del 100 por ciento para el boleto único abonado en efectivo, es decir, pretenderían que se eleve de 900 a 1800 pesos.
Se trata del “EXPTE. N º 010-H-185/2.024: Gupo Horianski- Empresa Transporte de Colectivos Eldorado S.R.L. Solicita urgente actualización del precio de los boletos, falta de mantenimiento del equilibrio económico financiero de las concesiones.”
Consultados sobre el tema, algunos de los ediles han preferido no formular declaraciones sobre la cuestión, al menos hasta luego que la petición tome estado parlamentario.
Cabe recordar que el anterior aumento fue el 13 de marzo de este año, y se puso en vigencia el 25 del mismo mes, cuando el pasaje experimentó un fuerte incremento que generó muchas polémicas.
En aquella oportunidad el cuadro tarifario implicó tuvo un aumento de más del 100 por ciento ya que el pasaje, sin Boleto Electrónico, se elevó de 400 pesos a 900 pesos y con Boleto Electrónico, de 340 pesos a 700 pesos. En tanto que el Boleto Estudiantil ascendió de 200 pesos a 350 pesos.
Ahora el pedido es llegar a 1800 pesos en el ítem de pasaje sin Boleto Electrónico.
Habrá audiencia pública para determinar el aumento:
Uno de los concejales adujo que “si bien trascendió por los medios que la empresa solicitó un aumento, recién en la sesión de hoy dicha nota toma estado parlamentario, eso quiere decir que recién en el trabajo de comisión de mañana tendremos acceso a la nota” y que “a partir de ahí se pedirán informes”.
También aclaró “antes de cualquier aumento se realizará una audiencia pública, esto último está estipulado por ordenanza que es nueva. Antes no era obligatorio realizar las audiencias públicas”.
Por todo esto es que “así que más allá del pedido de la empresa el tratamiento aún demorará”.
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El Gobierno prorroga la emergencia energética hasta el 9 de julio de 2025
El Poder Ejecutivo Nacional emitió el Decreto 1023/2024, prorrogando hasta el 9 de julio de 2025 la emergencia en el sector energético, inicialmente establecida por el Decreto 55/2023 y que abarca a la generación, transporte y distribución de energía eléctrica y gas natural.
Según el texto oficial, para alcanzar los objetivos de garantizar la continuidad y sostenibilidad de los servicios en un contexto de crisis estructural “resulta indispensable y urgente extender la declaración de emergencia hasta el 9 de julio de 2025, con el fin de permitir que los órganos competentes continúen adoptando las medidas necesarias para asegurar la continuidad en la prestación de los servicios públicos”.
Asimismo, el decreto instruye a la Secretaría de Energía a “mantener en términos reales los niveles de ingresos y cubrir las necesidades de inversión, para seguir garantizando la prestación continua de los servicios públicos de transporte y distribución de energía eléctrica y gas natural en condiciones técnicas y económicas adecuadas para los prestadores y los usuarios”.
Además, se pospone hasta esa fecha la vigencia de los cuadros tarifarios resultantes de los procesos de revisión iniciados en 2023. En ese marco, la normativa establece que “la entrada en vigencia de los cuadros tarifarios resultantes no podrá exceder del 9 de julio de 2025” y se dispone que en el proceso de adecuación tarifaria se apliquen “mecanismos que posibiliten la participación ciudadana”.
El decreto también prorroga la intervención del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) y del Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) hasta que se constituya y ponga en funcionamiento el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad, creado por la Ley 27.742.
La norma invita a las provincias a coordinar acciones con la Secretaría de Energía para reforzar la prestación de los servicios eléctricos bajo sus jurisdicciones. Según el texto, “resulta conveniente y razonable prorrogar el Decreto N° 55/23 en lo atinente a los plazos de la emergencia declarada (…) con el fin de ordenar y unificar los tiempos, acciones y objetivos previstos”.
El decreto fue firmado por el presidente Javier Milei y refrendado por los ministros Guillermo Francos, Luis Petri, Mario Iván Lugones, Mariano Cúneo Libarona, Sandra Pettovello, Patricia Bullrich, Gerardo Werthein, Luis Andrés Caputo y Federico Adolfo Sturzenegger.
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