El Gobierno Nacional publicó el martes, en el Boletín Oficial, el Decreto 812/2025 por el cual elimina las principales facultades que tenía el Instituto Nacional de Yerba Mate (INYM), que ya venía muy golpeado desde fines de 2023 con el DNU 070/2023 y lo restringe a un plano de mero entidad de promoción y control de calidad del producto. La actividad yerbatera queda totalmente desregulada y los productores primarios desprotegidos.
Esa situación es la que advierte el subsecretario de Asuntos Yerbateros de Misiones, Julio Petterson, quien afirmó que “lastimosamente hoy el INYM va a funcionar plenamente para las industrias, va a ser un ente más de promoción que de otra cuestión”.
Aseguró que con esta medida, el Gobierno Nacional “termina de destruir toda posibilidad de herramienta que había para el bien del productor y el trabajador, como así también en nuestras pequeñas cooperativas” ya que el INYM ya no tiene la facultad de fijar precios ni controlar el cumplimiento de estos. Además, se complica la interzafra.

Petterson se mostró escéptico respecto a que acciones pudieran realizarse en adelante para atender los problemas que se avecinan para los productores primarios y para los trabajadores, aunque aclaró “no culpo” al Gobierno Nacional, porque “hay que ser realistas, el pueblo fue el que eligió y, una vez más, ratificó también su conformidad a lo que venía haciendo el Gobierno Nacional”.
Sobre lo que se puede hacer, indicó que eso “está en decisión del productor (…) si van a cosechar o no van a cosechar, si van a iniciar la cosecha o no van a iniciar la cosecha, porque ahora el panorama ha cambiado totalmente. Ahora la balanza está todo a favor de las grandes industrias, de pagar como quieren, de la manera que quieren, cuánto quieren, o sea, ya no hay algo positivo para el sector productivo”.
Respecto a la posición del Gobierno Provincial, manifestó que “el Gobernador es uno de los primeros que ha presentado una causa federal y penal ante el DNU, ahora volvió a ratificar la desconformidad, lo mismo que el Ministro del Agro… son todas cuestiones que se está haciendo, pero también necesitamos el compromiso y el apoyo del pueblo”.

Cabe mencionar que los productores que se encuentran en riesgo por este nuevo escenario son 13.000 y a ellos se le suman 16,000 trabajadores y se agregan quienes se vinculan indirectamente al sector yerbatero, “estamos hablando de un núcleo de prácticamente 50.000 familias”, afirmó.

Además, Petterson recalcó que esta situación se puede agravar porque “hoy vinieron por nosotros, por los productores y los trabajadores, mañana van a ir por las pequeñas industrias, por las cooperativas (…) o sea, los grandes industriales van por el poder económico que tienen ante la necesidad, primero todos los trabajadores y los productores”, luego por el segundo y tercer eslabón que son los secaderos. “Lo van a agonizar a ellos, lo van a quebrar, y después vienen y compran sus empresitas por dos mangos, van a ofrecer dos mangos por la tierra a los productores”, como “ya lo vivimos en los 90”.

El fin de semana pasado se desarrolló, como todos los años, la peregrinación al Santuario de Loreto en el que participaron más 12 mil feligreses. Y como todos los años, la Diócesis de Posadas elevó el pedido, a Vialidad Nacional, de ocupación de la banquina y parte del trazado de la Ruta Nacional 12. Pero este año la respuesta demoró y llegó apenas 48 horas antes de realizarse el significativo evento, y lo hizo con la novedad que había que abonar un arancel, de más de medio millón de pesos, a ARCA para poder concretarlo.
El párroco Leonardo Cuenca, que encabezó las actividades, habló con Canal 9 Norte Misionero al respecto y afirmó que el pago del arancel correspondió a la “intervención del camino”, aclarando que, “por supuesto que pudimos subsanarlo de inmediato con la ayuda y colaboración de muchos hermanos, de muchos peregrinos, a través del Obispado de Posadas” y acotó que, si bien no es un monto importante para la magnitud del evento, sí “llamó la atención ese nuevo pago, ese nuevo impuesto que ahora corresponde hacer a todos aquellos que deseen organizar una peregrinación”.

Indicó que el pedido de uso del trazado no implicaba ninguna prestación de seguridad dado que eso lo tramitan directamente con las fuerzas públicas, tanto del ámbito federal como provincial.

Tratando de entender el nuevo impuesto, Cuenca expresó que “quizás tenga que ver con un ordenamiento del uso de la ruta” y que si fuera ese el caso, “no habría problemas, pero es cierto que, por lo menos en este trayecto en el que hemos peregrinado, la ruta está totalmente abandonada desde hace meses por el Estado Nacional, entonces la transitabilidad tampoco es buena, no hay una contraprestación al impuesto que estamos pagando” y recalcó que “llama la atención que, de pronto, se hablan de muchas exenciones de impuestos por doquier, pero para este tipo de cosas sí aparecen nuevos impuestos”.
Profundizando en el análisis, Cuenca expresó que si bien el monto del arancel no es elevado “llama la atención ese estilo pragmático, frío, economicista, donde impera el valor absoluto de lo económico sin considerar desde Buenos Aires la idiosincrasia, la cultura, la manifestación de la religiosidad”.

Agregó que se debe tener en cuenta que “nuestra gente encima es peregrina, y peregrina llevando en la mochila toda la situación por la que estamos atravesando” como “no llegar a fin de mes, no tener la comida en la mesa. Y, bueno, esa es la circunstancia por la cual también uno camina, reza y presenta sus intenciones a Dios”.

La municipalidad de Puerto Esperanza comenzó a brindar el servicio público de transporte de pasajeros desde el lunes al quedar desierta en dos oportunidades la licitación y al no haber llegado a un acuerdo contractual con la empresa que trabajó hasta el 15 de noviembre.
El intendente Horacio Zarza aseguró que en estos dos primeros días de prestación municipal se logró, el primer día, “una eficiencia cercana al 84%, y hoy estamos cerca del 95% de eficiencia en cuanto al traslado”, acotando que “es algo nuevo también para nosotros, por eso al principio ya nos está costando un poquitito”.
Sobre las razones que llevaron a este estado de cosas, Zarza explicó que se han “sumado un montón de cuestiones, sobre todo la parte económica, nosotros hicimos dos”, pero “no se presentó nadie”. Para Zarza el motivo para que quede desierta la primera licitación fue que “el pliego era muy exigente, pues se pedía muchos requisitos a la empresa que eran difíciles de cumplir, por la misma situación económica, que ya la empresa que estaba, me manifestaba que no le estaba dando rentabilidad, ni siquiera podían cubrir los costos. Bueno, se hizo ese llamado con ese pliego exigente, y bueno, no se presentó nadie”. Posteriormente, se realizó un segundo llamado para el cual “pedí que flexibilicen un poco los pliegos, y bueno, se flexibilizó, pero bueno, tampoco se presentó nadie, creo que también las empresas habían perdido interés, y obviamente los costos eran imposibles”.
Ante esa situación, “me junté con los que estaban prestando el servicio, y bueno, le entendí por un montón de cuestiones que no era rentable”, pero, además, contó que esa empresa “habían pedido 53 millones de pesos” en concepto de subsidio mensual, para una prestación del servicio con 6 o 7 unidades. No hubo acuerdo.
En su descripción de la gestión, Zarza contó que “me volví a juntar para ver un poco, bajar la cantidad de unidades, que yo me hacía cargo de las colonias (…) se bajó a 3 colectivos de parte de la empresa, y bueno, me pedían 29 millones de pesos”, pero también “era inviable, entonces, se retiraron”.
Por esa razón es que “nos pusimos al frente, y bueno, empezamos a laburar, y conseguimos tres colectivos usados, en buenas condiciones, que estaban trabajando, y llegamos con un valor de 65 millones de pesos, en cuatro cuotas de 16.250.000 de pesos”.
Asimismo, Zarza comentó que si decidían continuar con la concesión, pero sin abonar el subsidio requerido por la empresa el valor del pasaje debería costar entre 7 mil y 8 mil pesos, lo que implicaría que “un trabajador, que toma cuatro veces, iba a gastar entre 500.000, 600.000 pesos por mes”, por lo que era “imposible llevar a ese valor el boleto”.

Cabe mencionar que, actualmente, el boleto está en 1.500.

El Jefe Comunal también hizo referencia al objetivo que tienen con esta prestación y sobre las conversaciones que pretende mantener con el Gobierno Provincial sobre el Boleto Estudiantil Gratuito.