El ministro de Educación de Misiones, Ramiro Aranda, destacó la labor docente, su vocación y la predisposición para el diálogo para alcanzar nuevos objetivos de forma permanente. Asimismo, diferenció a Misiones de la nación asegurando que el Gobierno Provincial tiene como prioridad a la educación.

Aranda participó del acto de apertura de la Fiesta Provincial del Docente y en ese marco saludó a los maestros y maestras de Misiones, señalando que la realidad del docente misionero es diferente al de otra zona del país porque “acá sí le damos importancia a la educación”, aunque aclaró que “no podemos escapar de un contexto nacional en el que estamos todos inmersos y la situación del país a nivel económico es muy complicado”.

Destacó la relevancia que se le da a Educación dentro del Presupuesto 2026, que ya está siendo analizado en la Cámara de Representantes, y apuntó que en él “se hace mucho hincapié en el Plan de Alfabetización, en infraestructura, el proyecto de conectividad (,,,) con mucha responsabilidad”,

Finalmente, también hizo una reflexión sobre el veto del Gobierno Nacional  a la Ley de Financiamiento Universitario.

El miércoles a la noche el presidente de la nación Javier Milei firmó el veto a la Ley de Financiamiento Universitario devolviéndolo al Congreso Nacional lo que representa un duro golpe para las universidades públicas del país, que vienen funcionando con un presupuesto anacrónico.

En ese marco, la rectora de la Universidad Nacional de Misiones, Mgter. Alicia Bohren, manifestó a Canal 9 Norte Misionero que “necesitamos tener una Ley de Financiamiento Universitario y no quedar sujetos a los vaivenes del presupuesto anual” y remarcó que están funcionando “con un presupuesto que ha sido prorrogado por dos años”.

Recalcó que esta ley vetada representa el 0,6 por ciento del PBI lo que evidencia que quebrantaría el equilibrio fiscal defendido por el Gobierno Nacional.  En ese sentido, indicó que estarán muy atentos a lo que suceda en la Cámara de Diputados de la Nación, manifestando que “vamos a ver qué es lo que pasa con el veto y toda la comunidad educativa nacional va a ver como defienden los legisladores provinciales sus universidades públicas”.

No obstante, señaló que “estamos dialogando con todos los actores políticos y los nuevos candidatos que van a estar en las elecciones de octubre para escuchar y ver su compromiso con la educación pública”.

Otro aspecto que abordó fue como se están encarando, con el actual presupuesto, los cumplimientos de los diferentes compromisos, los costos fijos, obras de infraestructura, entre otros. También destacó la fuerte pérdida del poder adquisitivo que tuvo el salario docente y no docente cuya caída ha llegado al 50 por ciento.

En esa línea, afirmó que hay docentes y no docentes que han renunciado a sus cargos, lo que genera una gran pérdida para el sistema de la educación superior, aunque aclaró que no han sido tanto en Misiones, pero sí en otras zonas del país. Aseveró que habrían sido aproximadamente 10 mil personas que abandonaron la educación universitaria

La iniciativa proponía una recomposición salarial y una actualización en la partida presupuestaria para garantizar la atención de los pacientes

En medio de la cuenta regresiva para que se venza el plazo que tenía el Gobierno nacional para frenar las leyes impulsadas por la oposición, el presidente Javier Milei ratificó el veto a la Ley de Emergencia Sanitaria de la Salud Pediátrica N° 27.796. De esta manera, el proyecto será devuelto al Congreso de la Nación y quedará sujeto a ser tratado por ambas cámaras.

El proyecto, que implicaba una recomposición salarial, un aumento presupuestario y una asignación prioritaria de insumos críticos por el plazo de un año, había sido sancionado el 22 de agosto. Durante una sesión clave en el Senado, la iniciativa logró reunir 62 votos a favor, contra ocho rechazos.

No obstante, este jueves a la madrugada se oficializó el veto, por medio de la publicación del Decreto N° 651/2025 en el Boletín Oficial. “Devuélvase al H. CONGRESO DE LA NACIÓN el Proyecto de Ley mencionado en el artículo anterior”, dictaminaron en el segundo artículo del documento, tras haberse revisado la totalidad del texto.

“El proyecto no solo carece de un financiamiento genuino, sino que posee una redacción ambigua que fomenta la arbitrariedad y la falta de claridad en los mecanismos de implementación”, argumentaron desde el Gobierno al señalar que faltaba una delimitación para comprender que abarcaría a las “funciones críticas” señaladas en la iniciativa.

Además, remarcaron que la implementación de una ley de este estilo “profundiza distorsiones salariales, compromete programas esenciales, erosiona la coparticipación federal y pone en jaque la estabilidad presupuestaria de la Nación y de las Provincias”.

En el caso de las distorsiones salariales, las autoridades interpretaron que el personal pediátrico quedaría por encima del resto de los trabajadores del sistema sanitario, lo que provocaría una brecha en el sector. Incluso, indicaron que las actualizaciones propuestas no solo afectarían a los fondos nacionales, sino que socavarían a los gobiernos provinciales.

A la vez que objetaron al artículo que proponía una exención en el pago de Ganancias, debido a que esta medida implicaría que una suma de $115.030.000.000 dejen de ingresar al Tesoro Nacional, criticaron que el gasto público para solventar la ley tuviera que ser reasignado de la partida presupuestaria actual con la que cuenta el Ministerio de Salud de la Nación.