El proyecto, que fue anticipado por el presidente en la Asamblea Legislativa, contempla además que deportará a quienes cometan delitos. En caso de aprobarse, será más difícil obtener la radicación definitiva y habrá mayores controles en las fronteras.

El gobierno nacional trabaja en una nueva ley migratoria y espera que el Congreso la apruebe antes de que termine este 2025. El presidente Javier Milei la mencionó con énfasis en el paquete de reformas que tiene pensadas para este período de su gestión cuando inauguró el sábado el 143° período de sesiones ordinarias. Entre sus principales puntos figuran el cobro de aranceles para los extranjeros no residentes en servicios como la salud y la educación, mayor celeridad en la deportación de los foráneos que estén involucrados en hechos delictivos, más requisitos para obtener la radicación en territorio argentino y mejores controles fronterizos.

“Fue un pedido que le hicieron al ministro Cúneo Libarona y se está avanzando a buen ritmo para cumplirlo”, le dijeron a Infobae fuentes del Ministerio de Justicia, que será el encargado de la redacción del nuevo articulado. La que rige, la Ley de Migraciones 25.871, fue modificada en 2010, mediante el decreto 616 de ese año durante el mandato de Cristina Kirchner.

En el capítulo referido a la Justicia de su discurso del sábado por la noche en el Parlamento y en medio del cruce verbal que tuvo con el diputado del bloque Democracia por Siempre, Facundo Manes, Milei sostuvo que “si queremos ser un país serio, también debemos llevar a cabo una reforma migratoria”.

“Nuestra Nación ha sido generosa con los inmigrantes, pero otra cosa distinta es ser tomado de tontos por nuestros vecinos o ser un centro beneficiario pagado por el bolsillo de los argentinos. Queremos que aquellos extranjeros que estén de forma transitoria o temporaria en nuestro país tengan que pagar los servicios que utilizan”, agregó.

Este último punto, entre las modificaciones que se introducirían, va en sintonía con las que ya se pusieron en marcha en varias provincias durante 2024. Salta, Mendoza, Santa Cruz y Jujuy impusieron el cobro de la atención a la salud, sobre todo para internación y tratamientos especializados, lo que derivó en una disminución de los llamados “tours sanitarios”. Con esa medida en el distrito norteño, según difundieron sus autoridades, “el Estado provincial se ahorra alrededor de $60 millones solo en un hospital, lo cual representa casi el 50% del presupuesto total que recibe por ejemplo el hospital de Santa Victoria Este”.

“Esta regulación comenzó con un decreto de necesidad y urgencia, lo que ha resultado en un ahorro importante para la provincia y una reducción drástica en la atención médica a extranjeros, especialmente de países vecinos como Bolivia, Chile y Paraguay”, explicaron los responsables de la política sanitaria salteña.

Otras provincias que anunciaron que adoptarían una posición similar fueron Neuquén, Corrientes, Entre Ríos y Córdoba.

“También debemos permitir a las universidades cobrarles a quienes no son residentes permanentes; así como es necesario endurecer severamente las condiciones de deportación para los extranjeros que delinquen. Es lo que hace cualquier país que se hace valer. Y si esto necesita algún tipo de justificación, es porque a lo largo del último siglo se ha vuelto costumbre la falta de respeto al pagador de impuestos”, expresó, además, el Presidente en su discurso.

Sobre este tópico del arancelamiento universitario habrá que esperar si en las discusiones en el ámbito legislativo se logran avances, ya que el apoyo al esquema actual de la educación pública fue uno de los temas en los que la oposición consiguió encontró mayor repercusión en la sociedad. “Todo lo que no salga en el Congreso nos favorece, porque si las reformas no se aprueban el fracaso será atribuible a la casta política”, comentó un funcionario cercano al Presidente en Casa Rosada la semana pasada. Si no avanza el proyecto de ley, nadie descarta que se apele a un decreto. Aunque saben que “no es la mejor forma” están decididos a cambiar la ley.

El control hacia los inmigrantes ilegales también fue una de las primeras acciones del gobierno de Donald Trump cuando asumió nuevamente como presidente de los Estados Unidos. Alguna de las disposiciones que adoptó el líder republicano podrían tomarse como modelo a seguir, según dejó trascender una fuente oficial.

Uno de los artículos que seguramente será modificado será el 6 de la actual ley 25.871 que reza que “el Estado en todas sus jurisdicciones, asegurará el acceso igualitario a los inmigrantes y sus familias en las mismas condiciones de protección, amparo y derechos de los que gozan los nacionales, en particular lo referido a servicios sociales, bienes públicos, salud, educación, justicia, trabajo, empleo y seguridad social”.

Los primeros indicios sobre la posibilidad de una reforma migratoria los había dado el 3 de diciembre pasado el vocero presidencial Manuel Adorni en una conferencia de prensa en la Rosada. Luego de referirse al cobro de aranceles a la salud y a la educación -”va a representar una fuente de financiamiento para las casas de estudio y para solamente poner un ejemplo: hoy, 1 de cada 3 estudiantes, de Medicina es precisamente extranjero”, aseguró-, anticipó que “vamos a incorporar más delitos como causas para impedir el ingreso o que sean justificativo para expulsar a un inmigrante del país”.

Y agregó que “si a un delincuente se lo atrapa en flagrancia, o sea se lo atrapa cometiendo el delito o si se lo detiene por violentar el sistema democrático, atacando las instituciones, por ejemplo, será expulsado y se le prohibirá su reingreso al país”.

“Además, se van a quedar -del otro lado de la frontera- quienes intenten entrar con documentación apócrifa o que se sospeche que el motivo de su ingreso es diferente al que –efectivamente– manifiestan, cuando pasan por o hacen el trámite migratorio”, añadió en aquella oportunidad el funcionario.

Los controles en las fronteras con Chile, Bolivia, Paraguay, Brasil y Uruguay se incrementarán para impedir el ingreso de extranjeros de manera ilegal y con la intención de que disminuyan delitos como el narcotráfico o el ingreso de contrabando a través de pasos no habilitados. Se sumarán radares y ya se llamó a licitación para mejorar la eficiencia operativa de los centros de control internacional en el país.

Docentes y no docentes anunciaron una medida de fuerza para el 17 y 18 de marzo en protesta por la pérdida salarial y el recorte presupuestario.

El Frente Sindical de Universidades Nacionales anunció un paro de 48 horas para los días 17 y 18 de marzo, en protesta por el deterioro salarial y la falta de fondos para el funcionamiento de las casas de altos estudios. La medida llega en un contexto de fuerte ajuste por parte del Gobierno de Javier Milei, que según los gremios ha llevado a una crisis sin precedentes en la educación superior.

A través de un comunicado, los sindicatos expresaron que la huelga es una respuesta a “las políticas implementadas por el Gobierno, que han generado un impacto devastador en las universidades nacionales”.

En particular, denunciaron la insuficiencia de los aumentos salariales decretados de manera unilateral por la Subsecretaría de Políticas Universitarias (SPU): un 1,5% en enero y un 1,2% en febrero. Según los gremios, estos incrementos están muy por debajo de la inflación y profundizan la pérdida de poder adquisitivo que ya sufrieron docentes y no docentes en 2024.

Además del conflicto salarial, advierten sobre el impacto del ajuste presupuestario. La falta de una ley de presupuesto para 2025 deja a las universidades sin certezas sobre la continuidad de programas esenciales, afectando la investigación, el sistema de becas y el mantenimiento de las instituciones.

“El desfinanciamiento de las universidades nacionales se constituye en un grave problema que enfrenta no solo la comunidad educativa, sino la sociedad en su conjunto”, señalaron.

El paro coincidirá con el inicio del ciclo lectivo en muchas universidades, lo que podría afectar el normal desarrollo de las clases. En tanto, los sindicatos advirtieron que podrían tomarse nuevas medidas de fuerza en caso de no recibir respuestas favorables por parte del Gobierno.

Por otro lado, el Frente Sindical anunció su adhesión al Paro Internacional Feminista del 8 de marzo, en el Día de la Mujer Trabajadora. “Convocamos a las compañeras trabajadoras docentes y no docentes a participar activamente de las movilizaciones en todo el país contra el hambre, el saqueo y la crueldad”, manifestaron en el comunicado.

El conflicto universitario se enmarca en un escenario de creciente malestar en el sector educativo, que viene acumulando reclamos por la falta de recursos. A medida que avanza el año, la incertidumbre sobre el futuro de la educación pública en Argentina se profundiza.

El gobernador Hugo Passalacqua mantuvo un encuentro con representantes del Consejo Federal de Inversiones (CFI) para coordinar acciones en infraestructura productiva y exportación de yerba mate. En la reunión participaron funcionarios provinciales y autoridades del organismo nacional, con el objetivo de ampliar mercados y fortalecer la actividad en un escenario de libre comercio.

POSADAS, LUNES 3 DE MARZO DE 2025. El gobernador Hugo Passalacqua informó en sus redes sociales que se reunió con autoridades del CFI para trabajar en estrategias destinadas a impulsar la producción y exportación de yerba mate. En el encuentro participaron, de manera presencial, el ministro de Hacienda, Adolfo Safrán, y el ministro del Agro, Facundo López Sartori. Además, directivos del organismo nacional, incluido el secretario general del CFI, Ignacio Lamothe, se unieron a través de videoconferencia.

Durante la reunión, los funcionarios evaluaron medidas para mejorar la infraestructura dedicada a la producción de yerba mate, con el objetivo de fortalecer su posición en los mercados existentes y explorar nuevas oportunidades de comercio internacional. También discutieron estrategias para enfrentar el desafiante contexto económico y asegurar un crecimiento sostenido del sector.

De igual manera, Passalacqua enfatizó que la yerba mate es un recurso central para la economía provincial. Sobre todo por la necesidad de buscar soluciones innovadoras para fortalecer su comercio en un contexto de libre competencia. “Seguiremos buscando salir a nuevos mercados y consolidar los ya existentes. En un contexto de libre comercio, intentamos encontrarle la solución por afuera”, expresó en su publicación.

Asimismo, confirmó que en los próximos meses la provincia recibirá la visita de una delegación del CFI para continuar trabajando en el desarrollo de iniciativas en beneficio de la industria yerbatera. 

El encuentro también contó con la participación de la jefa de gabinete del CFI, Marcela Garavano; la directora de programas, Teresa Oyhamburu; la jefa de relaciones internacionales, Ángeles Arano, y el jefe de la Unidad de Planificación y Control de Gestión, Guillermo Bormioli.