Días atrás, colaboradores de Javier Milei revelaron a Infobae que se había decidido difundir por cadena nacional un mensaje por el primer año de gestión libertaria. Contaron que el foco no solo iba a estar en repasar los hitos del gobierno nacional, sino que también se iba a poner en valor y a reconocer el esfuerzo que hicieron los argentinos en soportar las inevitables consecuencias de un plan de ajuste draconiano que se puso en marcha para evitar un colapso de hiperinflación y crisis económica que podía llevarse puesto todo.

El presidente tiene previsto enfocarse entre hoy y mañana en pulir la letra chica del discurso que brindará a los argentinos en prime time, como lo hizo el viernes 1° de marzo, cuando abrió ante la Asamblea Legislativa las sesiones ordinarias del Congreso; y cuando presentó, el domingo 15 de setiembre en la Cámara de Diputados, el proyecto de Presupuesto.

En el discurso de mañana, de acuerdo a lo que pudo saber Infobae de fuentes oficiales, Milei va a enfocarse en el punto de inicio que tuvo su gestión -con todos los desequilibrios económicos, sociales y políticos que dejó la última experiencia peronista- y hablará sobre los resultados que tuvo el plan de gobierno que puso en marcha el 10 de diciembre del año pasado. Este domingo reposteó un mensaje del subsecretario Javier Lanari, quien comparó los datos del 2023 con los de un año después.

El listado incluyó los datos de inflación, el índice mayorista, el de alimentos, el valor del dólar, la brecha entre los distintos tipos de cambios, el índice de riesgo país que elabora JP Morgan, y la pobreza, que pasó del pico del 55% al actual 44%.

El mensaje de Milei no eludirá la coyuntura política -salpicada con el caso del senador Edgardo Kueider, preso en Paraguay y la convocatoria a sesiones extraordinarias- pero tendrá más el tono de un balance del primer año de su experiencia como presidente de la Nación. En ese sentido, habrá referencias a que se trata de un diciembre diferente al de los últimos años, donde estaba la amenaza de desbordes sociales y se hablaba de una Argentina agobiada por datos económicos y pronósticos negativos.

“Este es un diciembre distinto y no creemos que vayan a darse situaciones como hubo otros años. El conurbano bonaerense está tranquilo y la ayuda social está llegando sin intermediarios. Nunca se bajó tanta plata como ahora en asistencia directa”, contaban a Infobae colaboradores del primer mandatario, mientras reconocían que había algunas luces amarillas prendidas.

Más allá de esas certezas, todavía no estaba definido el formato que tendrá el mensaje, pero se descontaba que sería grabado en el despacho presidencial, en la Casa Rosada.

Milei dará el discurso sobre su primer año de gestión en medio de dos situaciones superpuestas: una imagen que está en niveles iguales o superiores a los que tuvo cuando fue elegido en segunda vuelta por el 56% de los votos, y un enfrentamiento con la oposición política -principalmente el kirchnerismo- que se traduce en un virtual bloqueo en el Congreso de medidas como el nombramiento de los jueces de la Corte Suprema o el Presupuesto.

En el Gobierno confían en que las discusiones en torno a la fallida ley de Ficha Limpia, como el caso Kueider, no llegaron como temas al gran público y que son cuestiones que, en realidad, le interesan al “círculo rojo”. “En las encuestas que tenemos nosotros ni figuran y a nosotros nos preocupa lo que piensa la gente, no los políticos, los empresarios o los periodistas”, explicaron las mismas fuentes.

“Tenemos el discurso del 10 de diciembre y dos semanas para que se apruebe en el Congreso la eliminación de las PASO, la autorización de salida del país del Presidente y algún tema más. Ni el Presupuesto ni los jueces de la Corte Suprema van a llegar a tratarse antes de fin de año. Recién para la segunda quincena de enero puede haber novedades”, reconocieron los voceros.

Desde el Gobierno decidieron una contraofensiva ante el avance kirchnerista que pretende la expulsión del senador Edgardo Kueider y propone que, si ésa es la decisión de la oposición, entonces también se propondrá la expulsión de todos aquellos diputados y senadores con investigaciones abiertas en la Justicia, para lo cual llamarían el jueves a una sesión especial para tratar cada caso.

La lista con todos los diputados y senadores que tienen causas en la Justicia ya estaría armada y sería analizada en la especial del jueves para tratar sus respectivas destituciones. Es el mismo día que Unión por la Patria convocó a tratar la expulsión del senador que fue detenido en Paraguay por contrabando de divisas.

Según trascendió, en la lista estarían Santiago Cafiero, Máximo Kirchner, Oscar Parrilli, Rodolfo Tailhade y Victoria Tolosa Paz y la sesión especial está convocada para las 11, es decir, una hora antes del horario solicitado por Unión por la Patria.

El argumento del oficialismo es exponer el “doble estándar” del kirchnerismo, que por un lado condena a Kueider por adelantado y por otro pide el debido proceso. “Nos dieron una buena idea”, dijeron cerca de Milei.

Kueider entró al Senado en una boleta con la cara de Cristina Kirchner, pero unos meses después de que asumiera Milei negoció un acuerdo con Santiago Caputo, apoyó la ley Bases y fue impulsado por el Ejecutivo para liderar la codiciada Comisión Bicameral de Inteligencia (aunque finalmente no logró ese lugar).

Si debe dejar su banca, en su lugar asumiría una senadora camporista, lo cual complicaría al oficialismo en un Senado donde ya tienen muy complicadas las chances de tomar la iniciativa.

Días atrás, el Gobierno presentó en la Cámara de Diputados una “Reforma para el Fortalecimiento Electoral”, que tiene entre sus puntos centrales la derogación de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

Este instrumento aplicado por primera vez en los comicios del 2011 fue creado en diciembre del 2009 durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner (Frente para la Victoria) a través de la ley 26.571 de Democratización, de la Representación Política, la Transparencia y la Equidad Electoral.

Era una ley que regulaba la construcción de las alianzas y la presentación de candidaturas y que tenía como punto central la creación de las PASO para ordenar la oferta electoral, evitando la dispersión que era moneda corriente en el sistema anterior.

Son elecciones primarias, es decir, esto es, para elegir a los candidatos de cada una de las alianzas electorales para presidente, vicepresidente, diputados y senadores nacionales.

Son abiertas, dado que cualquier ciudadano puede participar independientemente de si está afiliado o no a un partido político.

Son simultáneas porque se realizan el mismo día en todos los distritos del país, y por último son obligatorias en tanto y en cuanto constituye un deber para todos los ciudadanos empadronados.

Inclusive las elecciones son obligatorias en aquellos partidos que no ofrecen competencia interna entre dos o más listas de candidatos.

Uno de los problemas que introdujo las PASO es que alargaron el calendario electoral, al punto que es común escuchar que los años de elecciones son años que el sistema político se zambulle en un estado de campaña permanente, tergiversando las funciones que deben desempeñar quienes fueron elegidos en cargos ejecutivos o legislativos.

Esto es así porque las PASO se realizan casi tres meses antes que las elecciones generales, y las campañas oficialmente comienzan en abril, aunque ya se empieza a construir informalmente la plataforma proselitista desde comienzos de año.

Uno de los objetivos de la reforma consiste justamente en acortar el calendario electoral, evitando trasladarle a la ciudadanía la carga de tener que acudir a las urnas dos veces en el año o hasta tres cuando hay segunda vuelta.

El otro propósito está vinculado a lo económico y responde a la necesidad de cuidar recursos públicos, ya que todo operativo electoral supone costos importantes, tanto en términos de logística de votación y transmisión de datos, correo, fiscalización, capacitaciones y seguridad.

En la óptica del Gobierno, las PASO se comportaron en los últimos años como una “gran encuesta nacional” ya que no fueron demasiadas las agrupaciones políticas que resolvieron sus internas por esa vía.

En el 2023, el costo estimado de las PASO fue de 45.445 millones de pesos, un monto que no es abrumador pero tampoco insignificante.

Más allá de los argumentos vinculados al aspecto del ahorro de gasto público y la simplificación del sistema electoral, también pesa en la visión del Gobierno una concepción filosófica contraria a la intromisión del Estado en la vida interna de los partidos políticos y en su autonomía para la toma de decisiones sobre candidaturas.

Puntos clave
El proyecto de ley propone reducir los tiempos de campaña, haciendo que la misma comience 60 días antes de cada comicio y que finalice 48 horas antes de la apertura de la votación.

Además, se estipula que los anuncios masivos del Gobierno, como por ejemplo de obras, queden prohibidos en los 25 días inmediatamente anteriores a la elección, para evitar usos proselitistas a favor del oficialismo.

Otro aspecto clave de la reforma tiene que ver con los cambios en la publicidad. La modificación más importante es que se eliminan los espacios de publicidad electoral que por la ley actual tienen que ceder los medios audiovisuales para todos los partidos políticos que compiten en las urnas.

A su vez, que dispone que los anuncios publicitarios estén limitados al período en que transcurra la campaña, inclusive en la vía pública.

Otro pilar insoslayable del proyecto es la reducción del financiamiento estatal, eliminándose los aportes extraordinarios que el Gobierno nacional debe transferir a los partidos en cada elección (que se usaban por ejemplo para la impresión de las boletas partidarias, que quedaron sin efecto con la implementación de la boleta única de papel).

De esta manera, solamente se mantiene en pie el Fondo Partidario Permanente que el Estado destina anualmente a las agrupaciones políticas, pero se endurecen los requisitos de exclusión: solamente recibirán el aporte aquellos que hayan sacado más de 1% de los votos del total del padrón.

La Vicejefatura de Gabinete será el órgano encargado de distribuir estos fondos de acuerdo a un criterio: solamente el 20% se repartirá equitativamente entre todos los partidos políticos y el restante 80% se distribuirá de forma proporcional a los resultados obtenidos en las últimas elecciones a diputados nacionales.

Un cambio profundo de esta reforma electoral es la quita de límites a los aportes privados, bajo la premisa de transparentar lo que ocurre en la práctica desde hace muchos años: la existencia de circuitos informales de financiamiento de las campañas y la consecuente subdeclaración de gastos por parte de no pocos partidos políticos.

En las elecciones de 2023 el monto máximo de aportes permitidos por persona humana o jurídica fue de 20 millones de pesos en las primarias, 40 millones en las generales y 20 millones en la segunda vuelta.

A partir de esta readecuación, no se fijarán límites ni en cantidad de aportantes ni en los montos máximos.

Pueden aportar a las campañas las personas físicas, empresas (2019) como sociedades financieras y comerciales, además de asociaciones civiles, fundaciones y cooperativas.

En cuanto a las personas físicas, no pueden aportar extranjeros sin residencia en el país, personas que exploten juegos de azar, o quienes estén imputados por violaciones a la ley penal tributaria.

En cuanto a personas jurídicas, no pueden aportar los organismos del Estado, los multilaterales, las empresas concesionarias, contratistas o proveedoras del Estado, las que explotan juegos de azar, las asociaciones sindicales y profesionales, los gobiernos extranjeros y las empresas extranjeras que no tengan domicilio en el país.

Con la reforma electoral se prevé la creación de una plataforma pública de registro de aportantes privados, que deberán constar sus donaciones a través de declaraciones juradas.

Cada partido o alianza electoral deberá abrir una cuentas bancaria y habrá una supervisión por parte de la Unidad de Información Financiera (UIF).

La letra del proyecto establece que solo podrán recibir aportes privados los partidos políticos que cuenten con un mínimo de adhesiones del 4% del padrón del distrito.