La forestadora correntina Tapebicuá, acumula una deuda de $11.500 millones y mantiene sus plantas paralizadas. El caso refleja el impacto de las políticas económicas nacionales sobre la industria y el empleo en las economías regionales.

La crisis que atraviesan las economías regionales sumaron un nuevo capítulo en Corrientes. Forestadora Tapebicuá, una de las principales empresas forestoindustriales del país, se presentó en concurso preventivo de acreedores. La firma debe $11.500 millones, está sin operar desde agosto y busca un inversor para sostener su continuidad, en un contexto nacional adverso para la producción.

La empresa, vinculada al grupo Celulosa Argentina, radicó la presentación ante el Juzgado Nacional en lo Comercial Nº 14 de la Ciudad de Buenos Aires. El proceso se encuadra en la Ley de Concursos y Quiebras y apunta a reordenar pasivos para evitar la quiebra.

Tapebicuá mantiene paralizadas sus operaciones desde el 10 de agosto. Hoy sostiene su estructura mínima mientras avanza el trámite judicial. La compañía emplea a 395 trabajadores y ya venía operando por debajo de su capacidad antes del freno total. Su producción se ubicaba entre el 60 y el 70 % por la falta de ventas.

Desde la empresa señalaron que la situación responde a un escenario macroeconómico que golpea a la forestoindustria y a otras actividades del interior. La caída del sector de la construcción redujo la demanda. Los altos costos en dólares y la apertura de importaciones afectaron la competitividad. La falta de financiamiento agravó el cuadro.

Ese conjunto de medidas generó una fuerte crisis de capital de trabajo. La consecuencia fue la paralización de la actividad industrial, con impacto directo en el empleo y en las economías locales que dependen del sector forestal.

El caso de Tapebicuá funciona como ejemplo de un problema estructural. La forestoindustria, estratégica para provincias como Corrientes y Misiones, enfrenta un escenario de costos crecientes, consumo deprimido y escaso margen para competir. La situación se replica en otras economías regionales del país.

En ese contexto, la empresa confirmó que busca un inversor estratégico. El objetivo es retomar la producción en un plazo estimado de 90 días. Según indicaron, ya existen conversaciones en marcha, aunque el resultado dependerá del marco económico general y de la previsibilidad futura.

Desde la firma también destacaron el acompañamiento del Gobierno de Corrientes. Sin embargo, remarcaron que la crisis excede el plano provincial y está vinculada a decisiones de política económica nacional que impactan de lleno en la industria del interior.

Forestadora Tapebicuá desarrolla actividades forestales en Corrientes y cuenta con dos aserraderos y una planta de compensados. Su esquema integra forestación, industrialización y comercialización de productos con valor agregado.

La situación se agrava por la crisis de su controlante, Celulosa Argentina, que también atraviesa un concurso preventivo. El deterioro financiero del grupo, con fuertes pérdidas y caída de ingresos, impactó en todas sus unidades productivas.

En un país donde las economías regionales reclaman condiciones para producir y competir, Tapebicuá expone los límites del actual modelo económico. El concurso abre una instancia decisiva para la empresa, pero también deja una señal de alerta sobre el futuro de la forestoindustria y el empleo en el interior argentino.

Con la llegada de las fiestas On City, el marketplace líder en variedad de productos para toda la familia, se prepara para recibir la navidad con las mejores promociones. Desde artículos para el hogar hasta electrodomésticos, On City se convierte en el destino ideal para las compras navideñas.

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Para quienes aún no han aprovechado las ofertas navideñas hay tiempo hasta el miércoles 24 de diciembre y para que nadie se quede sin su regalo, el domingo 21 de diciembre las sucursales estarán abiertas. 

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Hubo negociaciones frenéticas, aunque la oposición consiguió rechazar el artículo 75. La Casa Rosada incluyó a último momento la coparticipación de CABA y un aumento de fondos para el Poder Judicial en el mismo capítulo y tampoco prosperaron. El texto ahora será girado al Senado.

El oficialismo logró en la madrugada de este jueves darle media sanción al Presupuesto 2026 y al proyecto de Inocencia Fiscal, pero no pudo derogar las leyes de emergencia en discapacidad y financiamiento universitario como pretendía. El texto con media sanción de Diputados ahora pasará al Senado donde los libertarios intentarán revertir el revés legislativo. Sería el primer Presupuesto de la gestión Milei, ya que durante los últimos dos años recurrió a prórrogas del plan de gastos e ingresos de 2023.

Para la aprobación del texto en general La Libertad Avanza contó con la ayuda del PRO, la UCR, el MID, los peronistas disidentes de Elijo Catamarca (responden al gobernador Raúl Jalil), los tucumanos de Independencia (del gobernador Osvaldo Jaldo), los siete diputados de Innovación Federal (Salta y Misiones), la diputada de La Neuquinidad (gobernador Rolo Figueroa), un diputado de Por Santa Cruz (gobernador Claudio Vidal), y los dos sanjuaninos de Producción y Trabajo (gobernador Marcelo Orrego).

Fuerza Patria, Encuentro Federal y la izquierda rechazaron el proyecto. Provincias Unidas se abstuvo pero tuvo un rol importante al inicio de la sesión cuando Nicolás Massot, Miguel Pichetto y un grupo de diputados de Córdoba ayudaron a alcanzar el quórum.

Sin embargo, al momento de la votación en particular, algunos aliados del Gobierno se negaron a convalidar el artículo 75, que derogaba las leyes de emergencia en discapacidad y de financiamiento universitario. Votaron en contra tres diputados de Elijo Catamarca, dos tucumanos de Independencia, un salteño de Innovación Federal, la diputada de La Neuquinidad Karina Maureira, y 14 integrantes de Provincias Unidas, donde pisan fuertes los gobernadores de Córdoba y Santa Fe. La UCR votó dividida, tres jugaron a favor del oficialismo, uno votó en contra y dos se abstuvieron.

El plan de gastos e ingresos del oficialismo prevé un crecimiento económico del 5% del PBI, con una inflación anual del 10,1% y un dólar que rondará en diciembre del año que viene lo $1.423. Según el Gobierno, el superávit primario será del 1,5% del PBI y el financiero, del 0,2%. También estiman que las exportaciones crecerán 10,6% y deroga las metas de financiamiento mínimo en educación, ciencia y defensa. Desde la oposición insistieron en que las previsiones no son realistas ya que, por ejemplo, el dólar terminaría el 2026 por debajo del tipo de cambio actual.

Más allá de los cuestionamientos a los números del Gobierno, el artículo que concentró la mayoría de las críticas fue el 75, que derogaba las leyes de emergencia en discapacidad y financiamiento universitario. Justamente por eso, la sesión comenzó con una polémica: el oficialismo propuso que la votación en particular sea por títulos enteros (agrupan varios artículos). Un intento de impedir que los aliados se desmarquen en ese punto clave.

La oposición protestó y reclamó que la votación sea nominal artículo por artículo, para que el artículo 75 no quede mezclado en el mismo capítulo con otros temas como subsidios al gas, deudas de CAMMESA o la actualización de las prestaciones por discapacidad. “Votar por Títulos nos impediría expresarnos de forma nítida. ¿Queremos que el tratamiento sea a los empujones?”, planteó Pablo Juliano, de Provincias Unidas.

No obstante, el oficialismo logró aprobar su moción gracias al apoyo de sus aliados con 130 votos positivos y 112 en contra.

El presidente de la Comisión de Presupuesto, Bertie Benegas Lynch, fue el primer libertario en defender el proyecto y comenzó por explicar que para alcanzar la meta de bajar impuestos primero hay que bajar el gasto público. “Es un principio moral no gastar más de lo que se tiene”, dijo Benegas Lynch y destacó que el gobierno de Milei “independientemente de que no tenía presupuesto mantuvo el equilibrio fiscal”.

En esa línea, señaló que se está tratando de mostrar que el equilibrio fiscal es algo “contrario a la contención social”. “Pero la gente entendió que bajar el gasto del Estado es contención social, es sacarle justamente el yugo del Estado por más de 40 años”, sintetizó.

Desde el peronismo afirmaron que el proyecto de Presupuesto libertario “refleja más ajuste, caída de consumo y destrucción del entramado industrial”. “¿Cómo van a hacer para reactivar el consumo? ¿O van a seguir deprimiendo el consumo? ¿Cómo van a hacer para revertir la desigualdad?”, advirtió Agustín Rossi.

“Van a votar un presupuesto para el 2026 que, además de injusto, es ilusorio y ficticio, que arranca el año con el doble de la inflación de la prevista y subestima la suba de precios que todavía están sufriendo los argentinos”, dijo Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica.

Durante las últimas semanas la Casa Rosada aceitó la relación con los gobernadores aliados con Aportes del Tesoro Nacional (ATN). El ministro del Interior, Diego Santilli, distribuyó $66.000 millones para Tucumán, Misiones y Chaco. También se puso en la mesa de negociación la reforma de la Ley de Glaciares para seducir a las provincias del sur que podrían ampliar su actividad minera a zonas ahora vedadas.

Ayer a última hora, Santilli también se comprometió a incluir en el Presupuesto 2026 los fondos adeudados a la ciudad de Buenos Aires por coparticipación, en cumplimiento del fallo de la Corte Suprema. Esa había sido la principal disidencia del PRO a la hora de acompañar el dictamen de mayoría del oficialismo.

Durante la tarde del miércoles, bien entrada la sesión, a Santilli se lo vio por los pasillos de la Cámara de Diputados. Mantuvo reuniones hasta último minuto con diputados aliados para garantizar el apoyo, principalmente del incómodo artículo 75. “Están haciendo un plan canje”, ironizó un aliado del Gobierno.

Minutos antes de llegar a la votación, el miembro informante Bertie Benegas Lynch anunció que incluiría dos modificaciones al texto: incluiría la coparticipación de CABA y un aumento de financiamiento para el Poder Judicial (por $21 mil millones) en el capítulo 11, junto con la derogación de las leyes de discapacidad y universidades.

“Por el articulado tiene que ir en el artículo 2, no tiene nada que ver con el capítulo 11. Tenemos que ser un poco más leales y decir ‘esto va acá y esto va allá’. El PRO va a votar en general y en particular, pase lo que pase”, manifestó el presidente del bloque PRO, Cristian Ritondo, visiblemente molesto con la maniobra de los libertarios.

En la bancada amarilla interpretaron que fue un intento de forzar el apoyo de algunos diputados como Oscar Zago, Eduardo Falcone, Karina Banfi o Álvaro González, que forman parte del interbloque que lidera el PRO y estaban en duda.

En términos mucho más duros, el jefe del bloque Fuerza Patria, Germán Martínez, denunció que el oficialismo estaba incluyendo los dos nuevos artículos en el capítulo 11 para que a ningún juez “se le ocurra cuestionar la votación del capítulo 11 para que no se le caiga el financiamiento al Poder Judicial”. “Son unos chantas”, fustigó.

Al momento de la votación en particular del capítulo 11, la oposición insistió con que se habilite la posibilidad de votar artículo por artículo para poder rechazar la derogación de la emergencia en discapacidad y del financiamiento universitario. Pero la reconsideración de la moción aprobada al inicio de la sesión requería una mayoría agravada de dos tercios. Fue rechazada.

Todo parecía favorecer al oficialismo pero el tablero terminó arrojando 123 votos en contra, 117 a favor y 2 abstenciones. Finalmente, a pesar de las maniobras del oficialismo, el capítulo entero salió rechazado. La oposición logró sostener las leyes de discapacidad y universidades; y los libertarios deberán pagar el costo político por haber incluido en ese capítulo la coparticipación de CABA y los fondos para el Poder Judicial, que también fueron rechazados.

El traspié legislativo ahora abre varios interrogantes. Ante la consulta de Infobae, un referente libertario señaló que lo mejor sería remitir el texto al Senado y hacerle modificaciones allí para que vuelva a Diputados.

Polémica por las designaciones en la AGN
Tras la aprobación del proyecto de Inocencia Fiscal, el jefe del bloque libertario, Gabriel Bornoroni, hizo una moción para avanzar con la designación de los tres representantes de Diputados para la Auditoría General de la Nación.

En ese momento, tanto Provincias Unidas como el PRO y la UCR se retiraron del recinto en repudio al “acuerdo” entre la Casa Rosada, el peronismo y los gobernadores de Innovación Federal.

Bornoroni propuso designar a Mónica Almada, en representación de LLA, de Juan Ignacio Forlón, por el peronismo, y la salteña Pamela Calletti, como alfil de los gobernadores del norte.