El conflicto que atraviesa la provincia en estos días, con Posadas como epicentro, tiene varias aristas para analizar. Una de ellas es la postura de algunos dirigentes de la oposición, que lejos de contribuir a la resolución del conflicto cada uno desde su sector, promueven con sus discursos la desunión, la bronca y la alteración de la paz social.

En ocasiones, los dirigentes deben tener una mirada social más amplia, dejando de lado el afán por buscar rédito a favor de un sector político partidario en el marco de conflictos sociales de la magnitud de los que estamos viviendo.

Por supuesto, deben abogar por una sociedad más justa y acompañar reclamos cuando los crean genuinos, pero “colgarse” de los problemas existentes para ganar algún que otro seguidor no parece colaborar con la situación.

Mucho menos, cuando la mayoría de estos sectores acompañan cada una de las medidas nacionales a través de sus Bloques.

En este sentido, es evidente que la oposición provincial mantiene un doble discurso: a nivel nacional, bloques como la UCR, PRO y Activar votaron siempre en consonancia con las decisiones del Presidente en todas y cada una de las leyes y decretos (Ley Bases, DNU, etcétera) y en esta ocasión en que se atraviesa un problema grave con intento de sedición de la policía, donde se mezclaron otros intereses (aunque existe un reclamo genuino como es el de docentes y personal de salud); se ponen del lado de la educación y la salud públicas que el propio Gobierno Nacional puso en jaque en los últimos meses.

Un Gobierno Nacional, por cierto, responsable de la crisis, ya que ha realizado numerosos recortes a la provincia. Recortó la coparticipación, no pagó regalías ni de Yacyretá ni de Salto Grande, Anses mantiene una deuda millonaria con IPS, eliminó el FONID, no envió más fondos para remedios oncológicos ni para comedores. Una deuda millonaria que afecta a Misiones.

Pero la oposición jamás hará referencia a esto. Sin embargo, opera políticamente en medio de una crisis social. No son momentos de hacerlo cuando la paz está en juego. La oposición debe ser responsable. Todo el arco político debe serlo. Habrá tiempo para disputas políticas. Este no es el momento.

A través de un proyecto de declaración, el bloque de diputados del Frente Renovador expresó su “más enérgico repudio al accionar violento e intimidatorio de un pequeño grupo de efectivos activos y pasivos de la Policía de Misiones en la madrugada del viernes 17 de este mes, frente al edificio del Comando Radioeléctrico I de la ciudad de Posadas”.

En el mismo, declararon que “estos actos dieron lugar a la alteración del orden público y de la tranquilidad característica de nuestra comunidad, constituyendo así un acto de sedición“.

“Estos hechos, además de ser una clara violación de las normas y regulaciones que rigen el comportamiento de las fuerzas de seguridad, constituyen un acto de sedición que atenta contra los principios democráticos y el Estado de derecho. La sedición, definida como la incitación al desorden y la rebelión contra la autoridad establecida, representa una seria amenaza a la paz y estabilidad de la sociedad”, redactaron.

Para finalizar, exigieron una “investigación exhaustiva que permita identificar y sancionar a los  responsables.”

El Superior Tribunal de Justicia emitió una resolución extraordinaria ante los “actos de sedición por parte del personal de la fuerza policial provincial que son de público conocimiento los cuales alteran la tranquilidad y la paz social que caracterizan a esta provincia”.

En el texto el Cuerpo Colegiado “llama a la reflexión y al mantenimiento del orden constitucional, el respeto de la Ley y de las Instituciones como así también al cumplimiento de las resoluciones judiciales que se dicten en consecuencia, dando cumplimiento al servicio público esencial como es la seguridad de todos los misioneros”.

Las autoridades del Poder Judicial destacan que “existen los canales abiertos a los fines de resolver las cuestiones planteadas en el entendimiento de que el dialogo y el respeto es la única vía para dirimir los reclamos en un estado de derecho”.

La disposición fue presentada bajo número de expediente 65370/2024 del Superior Tribunal de Justicia.