Como cada año, en septiembre es presentado el Presupuesto contemplado para el año entrante, ocasión en la que la presidente del Superior Tribunal de Justicia, Rosanna Pía Venchiarutti Sartori, asistió acompañada por el procurador general, Carlos Jorge Giménez; el administrador general, Néstor Oscar Moróz, y la directora de administración, Liria Beatriz Schunke a la reunión de la Comisión de Presupuesto, Impuestos, Hacienda y Asuntos Económicos.
La propuesta del Presupuesto 2026 se ajustó al lineamiento que el Poder Judicial mantiene y viene realizando en años anteriores de continuar ahorrando y economizando en materia de reducción de insumos e inmuebles alquilados, enmarcado además en la necesidad de mantener los proyectos que consoliden la modernización del Poder Judicial para brindar un mejor servicio de justicia pero con un gasto medido de los recursos estatales.
En la reunión se detallaron actividades del Poder Judicial que demostraron no sólo cómo se invirtió el Presupuesto que se aprobó el año anterior sino la proyección para el 2026.
La presidente del Superior Tribunal de Justicia misionero destacó: “el Poder Judicial es uno de los poderes que menos gastos acarrea porque tenemos un sistema muy austero y gracias a esta austeridad y comprensión de los Magistrados, el empleado, y un poquito de la gente, hemos podido seguir brindando un servicio acorde”.
De esta manera, expresó que por primera vez “habrá un desdoblamiento de partida presupuestaria, o sea va a haber una partida para el Poder Judicial en sí mismo y una partida para el Ministerio Publico, lo que no quiere decir duplicación, sino diversificación, se va a desdoblar “.

En el marco del presupuesto 2026 se pondrá un fuerte acento en el desarrollo tecnológico, no solo como motor de modernización y eficiencia, sino también como herramienta estratégica para acercar el Estado a la ciudadanía. Así lo confirmó la presidente del Superior Tribunal de Justicia esta mañana al referirse “vamos a hacer mucho hincapié en tecnología porque nuestra bandera es tecnología con humanidad”.
El Procurador explicó las funciones del Ministerio Público que en el ámbito penal, es fundamentalmente, el organismo responsable de investigar y perseguir los delitos, llevar el caso ante el juez y cuidar la legalidad de los procedimientos.
En el ámbito de la defensa tiene la obligación de velar por el debido proceso y garantizar el acceso a la justicia y también depende la Secretaría General de Acceso a la Justicia que permite asistencia y patrocinio gratuito.
La autonomía además permite ejercer funciones de la defensa de la legalidad y los intereses sociales sin depender de instrucciones de otros poderes del Estado.
Las proyecciones del Ministerio Público para el 2026 son: el fortalecimiento de las Investigaciones Complejas y el acceso a la justicia en la Quinta Circunscripción Judicial. Además se impulsará la digitalización del acceso mediante la recepción de denuncias online en todas las circunscripciones.
Otra de las metas es la implementación de VPN interna exclusiva para transmisión de evidencia digital para el traslado seguro de evidencia digital, evitando el uso de CD, pendrives o discos externos, garantizando su almacenamiento en servidores seguros, resguardando la cadena de custodia.
Agradeció la confianza manifestada por sus pares del Poder Judicial y el gobernador de la Provincia que impulsaron este paso histórico en la autonomía institucional.
Moroz, en su carácter de administrador general, destacó la notoria presencia del Poder Judicial en toda la Provincia y, en ese sentido, nombró la existencia de 154 dependencias de las cuales el 50% son propias y el otro 50% es gracias al trabajo interinstitucional con los municipios que colaboran activamente para lograr la cercanía con la comunidad en edificios acordes a cada lugar.

Además se remarcó el trabajo que se viene realizando en materia de tecnología y digitalización, lo que redunda en un gran ahorro ya que las licencias para el funcionamiento de los sistemas son propias, tal es el caso del SIGED (Sistema de Gestión de Expedientes) y el SIA (Sistema Integrado Administrativo). Destacó, además, la reducción en un 28% respecto del año anterior en cuando al uso de papel e impresoras y los insumos que las mismas requieren.
Los diputados no objetaron la presentación y acompañaron la propuesta del Poder Judicial.

El Ministro de Ecología de Misiones, Arq. Martín Recamán, expuso ante la Cámara de Representantes el Presupuesto 2026, que prevé un incremento del 15% respecto al ejercicio anterior. El objetivo es consolidar y fortalecer las políticas públicas de conservación que distinguen al modelo ambiental de la provincia.

En su presentación, Recamán destacó las acciones desarrolladas en todo el territorio y que se busca potenciar, entre ellas programas de concientización y educación que alcanzaron a más de 40 municipios, con más de 70 encuentros en comunidades educativas realizadas. También se impulsaron nuevas capacitaciones a más de 160 efectivos de las Fuerzas de Seguridad, guardaparques y brigadistas en control y protección ambiental.
Por otro lado, planteó la continuación del trabajo articulado con diferentes actores siguiendo una línea de diálogo con Ministerios, Municipios, Instituciones, Fuerzas de Seguridad y Organizaciones para fortalecer la gestión.

Respecto al trabajo de control y prevención mostró un crecimiento del 55%, con 470 inspecciones realizadas en lo que va del año. Este esfuerzo permitió reducir la tasa de cambio de uso del suelo al nivel más bajo de la última década: 4.277 hectáreas afectadas en 2024 frente a un promedio histórico de 5.900. En este marco, subrayó la importancia de iniciativas como “Censo Amigos del Parque”, que promueve la corresponsabilidad ciudadana para el cuidado ambiental.

En cuanto a la conservación de la biodiversidad, destacó los avances en restauración de la Selva Misionera con más de 60 mil árboles plantados de los 100 mil previstos para este año. A su vez, se fortalecen programas de rehabilitación de fauna con proyectos de gran inversión como el Programa de Recría de Yaguareté, que permitirá repoblar la selva con una especie emblemática.

La provincia también avanza con iniciativas innovadoras de pagos ecosistémicos, como el programa Jurisdiccional REDD+, único en el país, que otorga reconocimiento internacional a la conservación de la selva misionera y habilita la generación de créditos de carbono.

Pero además el Presupuesto 2026 estima el fortalecimiento de la tecnología buscando potenciar la transparencia, por ello se impulsan iniciativas como el programa “Transformación Esencial”, que convierte madera incautada en muebles para escuelas y clubes; la digitalización de licencias de pesca que agiliza los procesos; y el próximo sistema Eco Contacto para canalizar denuncias y consultas ambientales.

En paralelo, para fortalecer la obtención de datos se creo el Observatorio Ambiental que potencia el análisis de información para generar mejores diagnósticos permitiendo la detección temprana de amenazas mediante el uso de tecnología y un equipo especializado.

Siguiendo estos tres ejes de trabajo, el Ministerio de Ecología busca darle continuidad al modelo de conservación de la biodiversidad que se viene impulsando y fortaleciendo y, en ese sentido, el Ministro destacó que “el verde de Misiones no es fruto del azar, sino de decisiones políticas sostenidas en el tiempo y del compromiso de nuestra gente”.

El escándalo en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) suma una nueva capa de polémica tras el procesamiento del jefe de seguridad de Nordelta, Ariel de Vicentis, por obstrucción a los allanamientos en una causa que investiga un esquema de corrupción en la compra de medicamentos. En paralelo, más de 500 oftalmólogos denunciaron que el PAMI pasó de pagar precios transparentes por lentes para cataratas a abonar hasta diez veces más, lo que desató indignación en el sistema de salud. En este panorama, en Misiones también emergen denuncias graves: el presidente distrital de La Libertad Avanza, Adrián Nuñez, fue acusado de exigir el 10 % del sueldo a funcionarios públicos para financiar la campaña partidaria. Diego Hartfield, candidato a diputado nacional por ese mismo espacio en la provincia, guarda un silencio absoluto. Si a todos los niveles del partido aparecen prácticas cuestionables, ¿cómo puede ser que Hartfield no sepa nada?

Ariel de Vicentis fue procesado por desobediencia, obstrucción funcional y encubrimiento. El juez Sebastián Casanello describió un “protocolo no escrito” en Nordelta para frenar las investigaciones, lo que permitió a Jonathan Kovalivker —dueño de la droguería Suizo Argentina, proveedora de ANDIS— permanecer fuera del alcance de la Justicia por días. Su hermano fue detenido con 266 mil dólares en efectivo. El caso expone la magnitud del entramado posiblemente corrupto.

El escándalo del PAMI: sobreprecios y cirugía pendientes

La denuncia de los oftalmólogos revela otro frente de tensión: el PAMI hoy paga entre cinco y diez veces más por lentes intraoculares para cataratas que lo que costaban antes. Hasta julio, los médicos compraban directamente y luego eran reintegrados. Desde agosto, se impuso un sistema centralizado de más de $80.000 millones. Según la resolución 1560/2025, lentes que costaban $24.000–$35.000 ahora se pagan entre $150.000 y $300.000. Los profesionales presentaron facturas, presupuestos y la normativa como pruebas. Además, hay demoras en las entregas que fuerzan la reprogramación de cirugías a afiliados. Para los oftalmólogos, esto no fue un cambio sino un saqueo.

La sombra del silencio de Hartfield

Mientras las causas avanzan, Hartfield no hizo ninguna declaración pública. Este silencio toma mayor relevancia si se tiene en cuenta que los audios filtrados por el ex titular de ANDIS, Diego Spagnuolo, mencionan a figuras como Karina Milei y Eduardo “Lule” Menem en supuestas coimas. Pero no solo eso: en Misiones, los líderes del partido también son señalados. En ese contexto, el mutismo ya no es prudencia. Es complicidad. ¿Puede Hartfield desconocer lo que ocurre justo en su territorio?

Los “aportes hormiga” y la financiación bajo sospecha

En paralelo, emerge otro foco en Misiones. Adrián Núñez, presidente distrital de La Libertad Avanza, fue denunciado por supuestamente exigir aportes del 10 % del sueldo a funcionarios de PAMI y ANSES para destinarlo a la actividad partidaria. Si bien esos aportes fueron formalmente registrados ante la Cámara Nacional Electoral, la denuncia da cuenta de presiones y cuestiona su legitimidad. El silencio de Hartfield, de nuevo, resuena como una opción política peligrosa.

Misiones: denuncias, malestar interno y presión social

El productor agropecuario y afiliado libertario Samuel Doichelle presentó la denuncia y exige la renuncia de Núñez. Aportó capturas de chats donde el secretario de Núñez solicitaba los aportes a una cuenta bancaria común. Lo ocurrido en Misiones se replica también en Santa Cruz, La Pampa y Chaco, bajo un modus operandi federal. Mientras algunos minimizan el caso como “un malentendido entre privados”, el Tribunal de Disciplina ya investiga el tema. El punto inevitable: si ocho de cada diez nombres ligados al partido están involucrados, ¿cómo Hartfield puede decir que no sabe?