El lunes se conoció un nuevo incremento en el gas en garrafa en la provincia de Misiones. En Eldorado, para la de 10 kgs, se estableció en 23 mil pesos para la venta en mostrador en CEEL GAS. En ese marco, Canal 9 Norte Misionero dialogó con el presidente de MISCOOPGAS, Omar Cabral, quien afirmó que tanto este aumento como el anterior, en febrero, “forma parte de un sendero de recuperación de precios que se está dando en el mercado”.

En ese contexto recordó que, “a partir de principios del 2025, el mercado de GLP quedó totalmente desregulado, ya no existen ni precios máximos ni precios de referencia que establecía antes el Estado Nacional”, pero sí “en función del comportamiento de los mercados, pero básicamente en función de los costos operativos que tienen las empresas fraccionadoras, se van corrigiendo los precios”. De hecho, “el ajuste que se había dado en febrero fue para recuperar un poco el atraso en los precios que se había producido en todo el 2025”.

En tanto que “este nuevo ajuste que se da ahora en marzo tiene que ver, por un lado, con seguir, como le decía, ese sendero de recuperación de precios a efecto de amortizar los costos operativos, pero también tiene que ver con una serie de aumentos que se produjeron en los últimos días en lo que tiene que ver con el aumento de los combustibles que afecta directamente los costos de logística, los costos de transporte de producto y posterior distribución de garrafas envasadas”, pero “también se ha dado un incremento salarial”.

Cabe mencionar que la paritaria de este sector se realiza entre marzo y abril de cada año “y ahora se ha dado un ajuste, un incremento salarial para cerrar la paritaria 25-26 y próximamente se inician las conversaciones para la paritaria 26-27”, comentó Cabral, por lo que “todos estos aumentos en la estructura de costos es necesario trasladarlos al precio para poder mantener la operatividad del servicio”.

En cuanto a si todavía existe un porcentaje de recuperación en el precio del gas en garrafas, indicó que “todavía sí, todavía queda para recuperar, por lo menos para tener en las empresas fraccionadoras una rentabilidad razonable (…) hoy estamos trabajando con déficit, pero se había producido un retraso importante, no solamente en valor, sino también en tiempo y eso es imposible recuperarlo en una sola vez, hay que ir haciéndolo escalonadamente como se está haciendo”.

Esa recuperación que aún debe darse, según Cabral, oscila entre un 25 y 30 por ciento más al valor que alcanzó este lunes.

No obstante estos incrementos, analizó que la demanda, en términos generales, no disminuye ya que el gas “es un elemento prácticamente que no se puede sustituir por otro” y aunque existan alternativas con “otras fuentes energéticas hoy por hoy el costo no difiere demasiado del GLP, incluso me animo a decir que es superior al GLP pensando en lo que tiene que ver con la energía eléctrica. Así que en general la demanda se sostiene”.

Sí admitió que “ha cambiado un poco el comportamiento de los usuarios en cuanto a, por ejemplo, aquel domiciliario que consumía un garrafón de granel y se ha pasado al cilindro de 45 y el que consumía un cilindro de 45 comienza a utilizar la garrafa de 10”, aunque “no por el valor en sí del producto, que hoy se ha equiparado, sino por la disponibilidad del dinero para poder comprar”.

Desde el lunes se está desarrollando a nivel nacional un paro en prácticamente todas las universidades públicas del país en reclamo al cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, aprobado el año pasado, y a la apertura de paritarias. En la Universidad Nacional de Misiones (UNaM) las puertas están abiertas y hay actividad, pero no por oposición a la medida, sino para favorecer a los estudiantes.

En diálogo con Canal 9 Norte Misionero, la rectora de la UNaM, Mgter. Alicia Bohren, indicó que la adhesión “es muy disímil, mayoritariamente los no docentes se han adherido, pero hay distinto porcentaje de docentes”, y acotó que un porcentaje de los docentes no asistieron a las facultades, pero se avanzó “con muchas clases de manera virtual”.

Indicó que “en varias unidades académicas están dando clases, cursos de ingresos, exámenes de finales, está en plena actividad la Universidad Nacional de Misiones” y agregó que “tenemos 11.700 preinscriptos, una cifra récord, así que yo agradezco a los jóvenes y a la sociedad misionera por apostar a la educación pública gratuita y de calidad”.

Bohren aclaró que esta decisión de los docentes de dar clases no significa estar en desacuerdo con la medida de fuerza. “Están totalmente de acuerdo, pero hay una realidad que quienes pierden aquí son los estudiantes. Entonces hay una gran responsabilidad de muchos docentes de querer dar sus clases para evitar que los chicos pierdan sus horarios, sus contenidos, y muchos de ellos están recuperando, están con clases de consulta, etc”, explicó.

Sobre el reclamo, la Rectora recordó que “se aprobó una ley de financiamiento universitario el año pasado, el presidente vetó y se ratificó la vigencia en ambas Cámaras”, pero “el Poder Ejecutivo promulgó, pero dejó sin efecto, hasta tanto se decida de dónde se obtendrán los fondos”. Por ello el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) “hizo una presentación colectiva con 49 universidades nacionales reclamando el cumplimiento de la ley y planteando un recurso de amparo, de aumento de los salarios, que se cumplan los aumentos de los salarios docentes y no docentes y que se habilite inmediatamente la paritaria. También que se actualicen los fondos de las becas de los estudiantes”, lo que “tuvo un fallo a favor en primera instancia, pero el Poder Ejecutivo hizo un recurso recusando a jueces y fiscales, en fin, la situación está en proceso”, lamentó.

No obstante, indicó que “la ley está vigente y el Poder Ejecutivo tiene que cumplir, esos son los términos”.

Bohren graficó que, actualmente, los fondos que percibe la Universidad Nacional de Misiones tuvieron aumentos “muy bajos” ya que “no llega al 8% respecto al año pasado de gasto de funcionamiento y bueno, se van haciendo recortes” para “sostener claramente una política de inclusión social. Nosotros queremos sostener comedores y albergues”.

Añadió que “el 90%, hoy el 92,7% va a salarios. Y siempre teníamos un balance de 90, 10, 85, 15, pero hoy, debido a que no nos mandan los recursos o se sostienen y no actualizan, estamos en esos términos”.

Respecto a la política de inclusión social destinado a los estudiantes mediante los programas de becas, destacó a los albergues ya que “tenemos más pedidos, superan los 1.000, nosotros tenemos capacidad para 1.000 estudiantes albergados en todas las regionales y la verdad que están al tope, incluso en algunos casos hay más estudiantes, nosotros tenemos con 3 habitaciones, lo ideal es que cada habitación estén 2, pero en algunos casos están hasta 3, hasta tanto puedan ir ubicándose en otro lugar”.

En tanto que “el comedor se sigue sosteniendo, la beca, pero no en los mismos términos que en otras épocas, disminuye un poco el número y también se habilita para quien no es beneficiario de beca poder pagar su bandeja para no tener que ir a cocinar”, comentó.

Para cerrar, Bohren expuso su expectativa respecto a si el Gobierno Nacional atenderá estos reclamos que se están haciendo desde las universidades. “Ojalá que así sea. Bueno, la esperanza la tenemos, ¿no? Hasta ahora no vimos que haya aflojado, creo que solamente en esa marcha masiva que hicimos que nos aflojaron un aumento en los gastos de funcionamiento. Y después de ahí, nada”.

Los gremios docentes y no docentes anunciaron medidas de fuerza de hoy, lunes 16, hasta el sábado 21. En centros de estudios estatales y colegios preuniversitarios habrá paro toda la semana. Desde el sector cuestionan que el Gobierno no aplique la Ley de Financiamiento y reclaman paritarias.

A partir de este lunes 16 de marzo, la vuelta a clase en universidades públicas de todo el país se verá truncada por coincidir con el inicio de una semana de protestas del Frente Sindical, que nuclea a las federaciones de docentes y no docentes. En algunas casas de estudio y colegios preuniversitarios habrá paro toda la semana, mientras que en otras habrá movilizaciones, acciones de visibilización y otras medidas de fuerza.

Se trata de un nuevo capítulo del conflicto universitario que comenzó en 2024 y que afecta a más de 2 millones de estudiantes de las universidades estatales. Los gremios denuncian una pérdida salarial del 40% en los dos años del gobierno del presidente Javier Milei, cuestionan que el Poder Ejecutivo siga sin aplicar la Ley de Financiamiento Universitario y reclaman la convocatoria a paritarias.

Entre diciembre de 2023 y diciembre de 2025, el presupuesto nacional para la educación superior cayó 28,9% en términos reales, según datos del Presupuesto Abierto del Ministerio de Economía. Los salarios representan alrededor del 90% del presupuesto del sector.

La Ley de Financiamiento Universitario (N° 27.795) obliga al Estado a recomponer salarios de docentes y no docentes y las becas estudiantiles en función de la inflación registrada desde diciembre de 2023, exige actualizaciones en gastos de funcionamiento y partidas para hospitales, ciencia y técnica, y ordena la convocatoria periódica de paritarias con mecanismos de ajuste automático. Su impacto fiscal equivale al 0,23% del PBI, según un estudio de la Oficina de Presupuesto del Congreso.

Aquella ley se aprobó en octubre de 2025 luego de seis votaciones legislativas, tres marchas federales y dos vetos presidenciales –el primero exitoso, el segundo no–. El Gobierno suspendió su aplicación en el mismo decreto con que la promulgó, pero el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) presentó una cautelar. En diciembre, la Justicia avaló el planteo y exigió la aplicación “inmediata” de la ley.

En febrero el Gobierno apeló e intentó recusar al juez Martín Cormick, que interviene en la causa, pero ese intento fue rechazado la semana pasada por la Sala III de la Cámara Contencioso Administrativo Federal. En diciembre el Gobierno también había intentado derogar la ley por medio de un artículo del Presupuesto 2026, pero no tuvo los votos suficientes en el Congreso.

“La acción judicial que presentó el CIN sigue su curso y tiene un primer fallo favorable en relación con los salarios de docentes y no docentes y las becas estudiantiles. Hoy necesitamos que el Gobierno se siente en paritarias para empezar a actualizar estos valores”, dijo Oscar Alpa, presidente del CIN y rector de la Universidad Nacional de La Pampa (UNLPam).

En paralelo a los intentos por neutralizar su aplicación, a fines de febrero, el Gobierno nacional anunció un proyecto alternativo que no deroga la ley aprobada, pero sí modifica varios de sus puntos centrales. El anuncio ocurrió luego de una reunión entre las autoridades del CIN y la Secretaría de Educación –el secretario Carlos Torrendell y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez–.

Las mayores diferencias entre la ley aprobada y la reforma que impulsa el Ejecutivo se refieren a la cuestión salarial: mientras el proyecto vigente implica un aumento del 51% para docentes y no docentes –para recuperar lo perdido desde diciembre de 2023–, la iniciativa oficialista ofrece un 12,3% en tres cuotas en marzo, julio y septiembre. La última actualización del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del BCRA estimó una inflación del 26,1% para este año.

El proyecto del Gobierno mantiene la convocatoria periódica de paritarias –con un plazo máximo de tres meses–, pero elimina la cláusula que garantiza la actualización mensual por inflación. Desde 2024, todas las actualizaciones para el sector fueron unilaterales y rechazadas por “insuficientes”.

La iniciativa del Ejecutivo contempla la actualización de los gastos de funcionamiento si la inflación supera el 14,5% –según la cifra prevista en el Presupuesto 2026–, pero no reconoce la pérdida de 2024. También prevé una partida de $80.000 millones para los hospitales universitarios, pero desestima los aumentos de partidas para becas, ciencia y extensión. Aunque en febrero se especuló con que la ley se tratara en las sesiones extraordinarias, aún no hay fecha para el debate.

En estos dos años hubo
En estos dos años hubo tres marchas federales para reclamar por el presupuesto universitario. Desde el sector no descartan convocar una nueva movilización en todo el país. REUTERS/Agustin Marcarian
Un reclamo que persiste
Las federaciones de docentes y no docentes que integran el Frente Sindical de las Universidades Nacionales expresaron un rechazo rotundo al proyecto del Gobierno: reclaman el cumplimiento de la Ley N° 27.795. En ese marco, anunciaron las medidas de fuerza para esta semana y advirtieron que “comienza un ciclo lectivo que no va a poder desarrollarse con normalidad”.

Conadu y Fagdut anunciaron paros durante toda la semana del 16 al 22 de marzo; Conadu también hará huelgas de cinco días las últimas semanas de marzo y abril. Fatun, la federación que nuclea a los no docentes de 55 universidades públicas, ya confirmó un paro nacional por semana, empezando el lunes 16 de marzo y terminando el jueves 23 de abril. Fedun adhirió al paro el lunes 16 y luego impulsará otras medidas de protesta.

Entre los rectores hay malestar con el proyecto oficialista de reforma, pero algunos reconocen –en off– que puede ser un “mal menor” frente a la posibilidad de que el Gobierno impulse de nuevo la derogación de la Ley de Financiamiento Universitario, en un escenario en que la composición del Congreso es favorable a las necesidades del Ejecutivo.

“Todos queremos que el Gobierno cumpla la Ley de Financiamiento Universitario. Pero ya no podemos recurrir al Congreso; el Ejecutivo ahora tiene los números para sostener un veto. Entonces algunos preferimos que se apruebe la modificación que propone el oficialismo, para poder al menos recuperar lo perdido en 2025, abrir paritarias y asegurar la actualización de los gastos de funcionamiento y las partidas para los hospitales”, dijo a Infobae una alta autoridad universitaria.

“Tenemos que elegir entre la nada y una opción que es injusta, pero que al menos da algo de certidumbre hacia adelante. Si no podemos garantizar el comienzo de clases, muchos estudiantes van a empezar a buscar otras opciones. Y muchos profesores también”, agregó.

Esta lectura no es compartida por los sindicatos. “Frente al aumento del 51% que debería darnos el Gobierno, un 12,3% en tres cuotas no es un mal menor: es una cifra que volverá a perder con la inflación de este año. No representa ningún atenuante para el enorme malestar que tienen los trabajadores de las universidades y que surge en todas las asambleas”, aseguró Clara Chevalier, secretaria general de Conadu.

En paralelo a los intentos por neutralizar su aplicación, a fines de febrero, el Gobierno nacional anunció un proyecto alternativo que no deroga la ley aprobada, pero sí modifica varios de sus puntos centrales. El anuncio ocurrió luego de una reunión entre las autoridades del CIN y la Secretaría de Educación –el secretario Carlos Torrendell y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez–.

Las mayores diferencias entre la ley aprobada y la reforma que impulsa el Ejecutivo se refieren a la cuestión salarial: mientras el proyecto vigente implica un aumento del 51% para docentes y no docentes –para recuperar lo perdido desde diciembre de 2023–, la iniciativa oficialista ofrece un 12,3% en tres cuotas en marzo, julio y septiembre. La última actualización del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del BCRA estimó una inflación del 26,1% para este año.

El proyecto del Gobierno mantiene la convocatoria periódica de paritarias –con un plazo máximo de tres meses–, pero elimina la cláusula que garantiza la actualización mensual por inflación. Desde 2024, todas las actualizaciones para el sector fueron unilaterales y rechazadas por “insuficientes”.

La iniciativa del Ejecutivo contempla la actualización de los gastos de funcionamiento si la inflación supera el 14,5% –según la cifra prevista en el Presupuesto 2026–, pero no reconoce la pérdida de 2024. También prevé una partida de $80.000 millones para los hospitales universitarios, pero desestima los aumentos de partidas para becas, ciencia y extensión. Aunque en febrero se especuló con que la ley se tratara en las sesiones extraordinarias, aún no hay fecha para el debate.En estos dos años hubo tres marchas federales para reclamar por el presupuesto universitario. Desde el sector no descartan convocar una nueva movilización en todo el país. REUTERS/Agustin Marcarian

Un reclamo que persiste

Las federaciones de docentes y no docentes que integran el Frente Sindical de las Universidades Nacionales expresaron un rechazo rotundo al proyecto del Gobierno: reclaman el cumplimiento de la Ley N° 27.795. En ese marco, anunciaron las medidas de fuerza para esta semana y advirtieron que “comienza un ciclo lectivo que no va a poder desarrollarse con normalidad”.

Conadu y Fagdut anunciaron paros durante toda la semana del 16 al 22 de marzo; Conadu también hará huelgas de cinco días las últimas semanas de marzo y abril. Fatun, la federación que nuclea a los no docentes de 55 universidades públicas, ya confirmó un paro nacional por semana, empezando el lunes 16 de marzo y terminando el jueves 23 de abril. Fedun adhirió al paro el lunes 16 y luego impulsará otras medidas de protesta.

Entre los rectores hay malestar con el proyecto oficialista de reforma, pero algunos reconocen –en off– que puede ser un “mal menor” frente a la posibilidad de que el Gobierno impulse de nuevo la derogación de la Ley de Financiamiento Universitario, en un escenario en que la composición del Congreso es favorable a las necesidades del Ejecutivo.

“Todos queremos que el Gobierno cumpla la Ley de Financiamiento Universitario. Pero ya no podemos recurrir al Congreso; el Ejecutivo ahora tiene los números para sostener un veto. Entonces algunos preferimos que se apruebe la modificación que propone el oficialismo, para poder al menos recuperar lo perdido en 2025, abrir paritarias y asegurar la actualización de los gastos de funcionamiento y las partidas para los hospitales”, dijo a Infobae una alta autoridad universitaria.

“Tenemos que elegir entre la nada y una opción que es injusta, pero que al menos da algo de certidumbre hacia adelante. Si no podemos garantizar el comienzo de clases, muchos estudiantes van a empezar a buscar otras opciones. Y muchos profesores también”, agregó.

Esta lectura no es compartida por los sindicatos. “Frente al aumento del 51% que debería darnos el Gobierno, un 12,3% en tres cuotas no es un mal menor: es una cifra que volverá a perder con la inflación de este año. No representa ningún atenuante para el enorme malestar que tienen los trabajadores de las universidades y que surge en todas las asambleas”, aseguró Clara Chevalier, secretaria general de Conadu, a Infobae.En los dos últimos años se redujo la cantidad de beneficiarios de las becas Progresar para estudiantes universitarios. Además, el poder adquisitivo de la beca disminuyó casi a la mitad. Fuente: CIEN

Con respecto a las becas estudiantiles, un estudio del Centro de Investigación de Economía Nacional (CIEN) relevó que entre 2023 y 2025 se redujo un 62,4% la cantidad de beneficiarios de las becas Progresar, mientras que el poder adquisitivo cayó 46,5%. Para volver a los niveles de diciembre de 2023, la inversión en este rubro debería crecer 63%.

El miércoles pasado, el Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires volvió a pedir a los ministerios de Capital Humano y de Economía que apliquen la ley y ratificó la emergencia presupuestaria y salarial. También advirtió que el presupuesto nacional 2026 no solo desconoce la Ley de Financiamiento Universitario: tampoco prevé la actualización de los gastos de funcionamiento.

“La aplicación de esta ley permitiría contar con un presupuesto adecuado para garantizar las funciones de docencia, salud, investigación y extensión en todo el sistema universitario nacional”, señaló la resolución del Consejo Superior. Desde la UBA también resaltaron la situación crítica de los seis hospitales e institutos universitarios que no solo atienden a la población sino que tienen un rol clave en la formación de profesionales de la salud.

El desgaste por el conflicto y por el impacto de los recortes se siente en las universidades. Desde la UBA señalan que, si bien la situación no afectó la inscripción al CBC –con unos 50.000 ingresantes, cifra similar a la de 2025–, hay facultades como Agronomía que perdieron el 10% de los profesores con dedicación exclusiva. A la vez, reconocen que es difícil cuantificar el impacto del deterioro salarial, porque muchos profesores no renuncian sino que se toman licencia o reducen la dedicación para sumar otros trabajos.Esta semana el Consejo Superior de la UBA reclamó el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y ratificó la emergencia presupuestaria y salarial.

Pese a las diferencias en torno a algunas cuestiones, desde el Frente Sindical –que representa a los docentes y no docentes–, el CIN –que nuclea a los rectores– y la Federación Universitaria Argentina –que reúne a los centros de estudiantes– aseguraron que mantienen el diálogo y la coordinación de medidas ante la situación presupuestaria. Desde la FUA y el Frente Sindical no descartan convocar a una cuarta marcha federal; la fecha podría ser el 23 de abril, a dos años de la primera movilización.

“Hasta ahora hemos logrado mantener un bloque unido de todos los actores del sistema universitario. Creo que todos tenemos la voluntad de seguir construyendo en ese marco”, afirmó Joaquín Carvalho, presidente de la FUA y estudiante de la Universidad Nacional de Rosario (UNR). “El Gobierno no da respuesta a la necesidad de invertir en educación, y está empujando la situación hacia un escenario de gran conflictividad”, consideró Carvalho.

Varias universidades se preparan para elecciones estudiantiles en el primer cuatrimestre, entre ellas la UBA, la UNR, la UNC y la Universidad Nacional de Cuyo. También el CIN renovará sus autoridades el próximo 27 de marzo, cuando se reúna el plenario en la ciudad de Santa Rosa. Se espera que asuma la presidencia Franco Bartolacci, actual vicepresidente y rector de la UNR; lo secundará un rector del bloque peronista del CIN.

Después de dos años, todo indica que el conflicto por el presupuesto volverá a dominar la agenda de las universidades en 2026. En un escenario que, además de los recortes, estuvo signado por acusaciones de adoctrinamiento y falta de transparencia, varios rectores lamentaron que el diálogo con las autoridades nacionales aún no haya podido enfocarse en políticas constructivas para el futuro del sistema. Las bajas tasas de graduación, la escasa articulación con la escuela secundaria, la irrupción de la inteligencia artificial, la actualización de las carreras, la evaluación de la calidad educativa, la necesidad de fortalecer la conexión con las demandas productivas y de profundizar la internacionalización aparecen como algunos de los desafíos pendientes.