Con el acuerdo legislativo del pleno parlamentario, este jueves 9 en la XIII sesión del Período Legislativo Nº 53, la defensora del Pueblo, Valeria Fiore Cáceres contó con la aprobación de los pliegos elevados oportunamente por el Ejecutivo Provincial.
La futura Magistrada sólo deberá aguardar los tiempos procedimentales en los cuales el gobernador; Hugo Mario Passalacqua, remita el decreto instando al Superior Tribunal de Justicia a que tome juramento para que Fiore Cáceres comience a cumplir sus funciones.
El miembro informante de la Comisión de Poderes y Acuerdos y como representante del Poder Legislativo ante el Consejo de la Magistratura, en esta ocasión, fue el diputado Rolando Ariel Roa, quien presentó la trayectoria de la que actualmente se desempeña como defensora del Pueblo misionero, docente y delegada de la decana de la Universidad Católica de Santa Fe en Posadas, quien además cuenta con amplia experiencia en el ejercicio profesional y de gestión gubernamental.
La postulación de la nueva Ministra fue ponderada desde el Poder Ejecutivo de Misiones, destacándola por su trayectoria en derecho, su experiencia en mediación y resolución de conflictos, su compromiso con una justicia restaurativa, cercana e inclusiva y por su enfoque en la perspectiva de género.
Fiore reemplazará en sus funciones a Jorge Antonio Rojas, quien fuera ministro con una trayectoria de 34 años en la justicia misionera.
Estuvieron presentes en la jornada parlamentaria los ministros, en representación del Superior Tribunal de Justicia, Cristian Marcelo Benítez; Froilán Zarza; Roberto Rubén Uset; Juan Manuel Díaz; Ramona Beatriz Velázquez, Cristina Irene Leiva y el Procurador de la Provincia, Carlos Jorge Giménez.

Enmarcado en políticas que buscan fortalecer la educación tecnológica en la Provincia como así también la prevención de grooming y violencia digital, este miércoles, el ministro del Superior Tribunal de Justicia Juan Manuel Díaz, asistió a la presentación del manual de “Grooming: fundamentos, antecedentes históricos, políticos y perspectivas teóricas desde una mirada misionera”, llevado adelante en el Salón Dos Constituciones de la Cámara de Representantes.
Este material surge del trabajo articulado entre la Vicegobernación de Misiones, la Subsecretaría de Educación y la Legislatura provincial con el objeto de conformar una red que nuclee tanto la capacitación docente en Grooming como la sensibilización comunitaria en la materia para una posterior articulación con la Justicia y los organismos de seguridad digital, asegurando una respuesta integral ante cada caso.
El manual brinda un diagnóstico preciso, orientaciones de actuación y propuestas preventivas que permiten a la escuela, junto a las familias y la comunidad, reconocer señales tempranas, intervenir con responsabilidad y canalizar las denuncias por los medios correspondientes. Se trata de una herramienta pedagógica y, al mismo tiempo, de una valiosa política pública destinada a fortalecer la protección integral de las infancias y adolescencias.
Esta iniciativa reafirma el compromiso del Estado provincial con la prevención del acoso y la violencia digital, apostando a la educación, el conocimiento y la colaboración institucional como ejes para enfrentar un fenómeno global con impacto local.

Sobre esto, Juan Manuel Díaz destacó: “el manual aborda una problemática global con una mirada local. Se inserta en un proceso institucional que involucra a todos los poderes del Estado”.
Continuó: “La presencia del Estado tiene que ser muy activa y muy decisiva. Y este manual, así como lo veo, tiene un enfoque que es central, la prevención”.
Finalizando añadió: “En particular nosotros, desde el Poder Judicial, hemos llevado adelante varias acciones desde el año pasado con mucha intensidad, un ejemplo de esto es la creación, a través de una acordada del Superior Tribunal de Justicia, de la línea Contame. Una línea en la cual se obtiene, a través de una comunicación muy rápida como lo es una línea de WhatsApp, una contención inmediata y una canalización hacia una respuesta institucional judicial”.
Entre las autoridades presentes se encontraban la presidente del Bloque Frente Renovador de la Concordia y presidente de la Comisión de Educación, Cultura, Innovación Tecnológica y Deporte, Mabel Cáceres; el ministro de Educación, Ramiro Aranda; la subsecretaria de Educación Gabriela Bastarrechea y la coordinadora estratégica de gobierno inteligente, Paula Franco.
La publicación fue declarada de Interés Provincial por la Cámara de Representantes de la Provincia y de Interés Educativo por el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología.

Se trata del empresario acusado de narcotráfico que confesó haber financiado a Espert en 2019. El máximo tribunal rechazó los planteos de la defensa. A partir de ahora, la decisión final sobre el proceso de extradición recae en el Poder Ejecutivo.

El proceso de extradición que involucra al empresario Federico “Fred” Machado quedó confirmado tras la decisión de la Corte Suprema de la Nación, que avaló el pedido formulado por la justicia de Estados Unidos para que el ciudadano argentino sea juzgado por una serie de delitos graves, entre los que se incluyen asociación ilícita, narcotráfico, lavado de activos y fraude electrónico.

El fallo de la Corte fue firmado por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, y se basa en consdierar que el pedido de extradición formulado por la justicia de los EE.UU. se ajusta a las normas sobre cooperación internacional en materia judicial.

La causa se inició a raíz de la solicitud de extradición presentada por autoridades estadounidenses, que buscan someter a Machado a juicio en el Distrito Este de Texas, donde un Gran Jurado Federal dictó un auto de procesamiento contra él y otras ocho personas.

El expediente detalla que sobre Machado pesan cinco cargos principales. El primero lo acusa de integrar una organización criminal dedicada a la posesión, con intención de distribuir, de al menos cinco kilogramos de cocaína. El segundo y tercer cargos amplían la imputación a la fabricación y distribución de la misma cantidad de droga, con la presunción de que sería importada ilegalmente a Estados Unidos, y lo señalan también como cómplice en la comisión de estos delitos. El cuarto cargo lo vincula a una asociación ilícita para cometer lavado de dinero, mientras que el séptimo lo implica en una conspiración para perpetrar fraude electrónico.