El pasado martes se formalizó una denuncia por la no devolución de herramientas utilizadas para una capacitación sobre prevención de incendios forestales por parte de la Asociación de Bomberos Voluntarios (ABVE) a la Facultad de Ciencias Forestales (FCF). Esto terminó en una denuncia ante la Fiscalía Federal y el responsable de radicarla fue el vicedecano de dicha casa de Altos Estudios, Diego Broz.
En ese contexto, el funcionario universitario habló en exclusiva con Canal 9 Norte Misionero donde comentó que él también forma parte del Cuerpo Activo de ABVE desde el 2022 y que desde ese tiempo que ha observado una administración sin orden. “En los últimos, por lo menos seis años, fue bastante caótica la situación del cuartel”, expresó, lo que llevó incluso a que por un tiempo esta Asociación fuera suspendida por la Federación Misionera de Bomberos Voluntarios -que llevó a pérdidas económicas por la caída de subsidios nacionales-, lo que logró regularizarse el año pasado.

“La verdad que es una pérdida económica muy grande para el cuartel, pero la cuestión se regularizó en el 2025 y a partir de ahí nosotros podemos integrar un poco lo que son las capacitaciones de Federación”, explicó Broz y, “especialmente, lo que se conoce como nivelación, donde los aspirantes, como yo y muchos compañeros que tengo, rendimos para el ascenso a bombero”, que es lo que se buscaba desde hace varios años y aunque ya rindieron unas 14 personas, ese ascenso no fue aún concretado lo que “es una irregularidad muy grande”.

Además, recalcó que el Cuerpo Activo cuenta actualmente con 10 a 12 bomberos y “el resto del personal es aspirante. Entonces, técnicamente estas personas no pueden salir a los servicios”, pero, “hoy en día, estas personas son las que lo hacen”, sentenciando que “en Eldorado, básicamente, -el servicio- se está sosteniendo por aspirantes”.

Reveló que, además, “se envía a la Federación a capacitar a aspirantes que, en realidad, no son bomberos todavía”, lo que también “es una irregularidad desde el punto de vista legal”.

Ante ese panorama, es que “el año pasado hice el planteo de tomar la posta en el área de capacitación y con unos compañeros armamos un equipo”, que propone “siete temáticas que se dictan para formar a estos aspirantes para rendir a bomberos”.

Sin embargo, para el dictado de algunas temáticas “el cuartel adolece de herramientas, o sea, sus recursos están menguados porque estuvimos fuera de Federación y no se recibieron subsidios y no se destinaron correctamente, entiendo yo, los recursos para comprar cosas que son prioritarias”.

Por esa razón es que, “desde la Universidad, como docente universitario, como autoridad, solicité al Decano, vía nota, el uso de recursos de la Universidad” ya que “contábamos, por ejemplo, con un buen equipo para trabajo en altura, contábamos con buenas herramientas para incendios forestales y, entonces, yo sacaba de la Universidad, hacía la capacitación y devolvía”.

Esto fue así hasta que, en la última capacitación, concretada el 14 de marzo, se utilizaron una vez más esas herramientas que quedaron alojadas en el Cuartel. La diferencia en esta oportunidad fue que se generó una discrepancia con el jefe del Cuerpo Activo, Jorge Maack, quien “un día él decide, no entiendo por qué, tomar esas herramientas que estaban en el área de capacitación y las llevó a un depósito al que no tengo acceso”. Por esa razón “se hizo la solicitud vía WhatsApp y esta semana se hizo ya una solicitud formal vía nota”, pero “esta persona no responde y tampoco está devolviendo los recursos que es de la Universidad, con lo cual no me queda otra que proceder ante la justicia”, explicó Broz.

Aclaró que “nosotros -por la Facultad de Ciencias Forestales- somos una institución federal, por eso tengo que proceder ante la justicia federal por retención indebida de elementos del Estado Nacional y lo cual recae en una denuncia del tipo penal. Entonces, yo hago la denuncia, informo también a la Federación sobre la situación y bueno, nosotros estamos en ese proceso”.

Sobre la consulta si, tras la denuncia, hubo comunicación para acordar la devolución de las herramientas, Broz aseguró que “no, no, no existe comunicación, hoy no existe comunicación” y agregó que “la verdad que a mí, honestamente, me sorprende las formas en que se están manejando”, alegando que “el expediente vía judicial va a correr, se van a cumplir sus pasos”.

El gobernador mantuvo un encuentro con referentes del sector, quienes plantearon la crítica situación del precio de la hoja verde y confirmaron que avanzarán con una acción judicial para restituir las facultades regulatorias del organismo.

POSADAS, MIÉRCOLES 1 DE ABRIL DE 2026. El gobernador Hugo Passalacqua recibió esta mañana en Casa de Gobierno a productores y referentes del sector yerbatero, en el marco del conflicto por el precio de la hoja verde, quienes expusieron la situación económica que atraviesa la actividad tras las medidas adoptadas por el Gobierno nacional.

Durante el encuentro, los representantes del sector señalaron que la rentabilidad se encuentra en niveles críticos y advirtieron que actualmente el productor percibe menos del 50% del costo de la materia prima. En ese sentido, remarcaron que el precio de la hoja verde quedó desfasado frente al incremento de costos, particularmente en insumos clave como el combustible.

Asimismo, describieron un mercado con alta concentración, de carácter oligopsónico, donde pocos actores fijan condiciones, lo que deriva en una depresión sostenida de precios que impacta principalmente en pequeños productores, tareferos y en la economía de las localidades del interior.

Uno de los ejes centrales del planteo fue la situación del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), cuya capacidad de regulación quedó limitada tras las modificaciones introducidas por el DNU 70/2023. Según indicaron, el organismo cuenta actualmente con herramientas insuficientes para garantizar un precio justo, lo que debilitó el esquema de concertación que ordenaba la cadena productiva.

En este contexto, los productores confirmaron que avanzarán con una presentación judicial en el fuero federal con el objetivo de restituir las funciones del INYM y recuperar instrumentos de regulación.

Durante la reunión, el gobernador reafirmó el compromiso de la provincia en la defensa del productor yerbatero y del equilibrio de toda la cadena. En esa línea, expresó su respaldo a las acciones impulsadas por el sector y acompañará institucionalmente la estrategia judicial que será presentada en los próximos días.

Por su parte, el ministro del Agro y la Producción, Facundo López Sartori, destacó el trabajo sostenido de la provincia en el acompañamiento al sector mediante políticas activas y ratificó la decisión de continuar generando herramientas para sostener la actividad en un contexto nacional complejo.

Los productores coincidieron en que la situación actual no solo afecta a la producción primaria, sino también al entramado económico regional, con impacto directo en el empleo, la recaudación y la actividad comercial.

En este escenario, el eje del planteo se centra en la necesidad de recuperar herramientas regulatorias que permitan garantizar condiciones más equitativas para una de las principales economías regionales de Misiones.

Es por la retención ilegal de herramientas para el combate del fuego que prestó la Facultad de Ciencias Forestales (FCF). La denuncia fue radicada en la Fiscalía Federal por el vicedecano de la FCF, Diego Broz, quien, además, forma parte del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios.

Específicamente se trata de una “Retención Indebida de Bienes Públicos del Estado Nacional”, que se tratan de herramientas destinadas a capacitaciones sobre incendios forestales.

Estas herramientas son: 1 antorcha de goteo, 2 Pulaski, 2 rastrillos segadores, 2 McLeod y 1 pala forestal.

Broz afirmó que esta denuncia fue contra el jefe del Cuerpo Activo, Jorge Maack, y contra el presidente de la Asociación de Bomberos Voluntarios, Mario Flammer, debido a que entiende que éste último sería “cómplice”.

Dichas herramientas fueron prestadas el pasado 13 de marzo para que sean ocupadas en una capacitación que se realizó al día siguiente, sábado 14 de marzo. Una vez concluida la actividad, esas herramientas se guardaron en un depósito del cuartel para volver a ser utilizadas una semana después.

Posteriormente, al no ser devueltas dichos objetos el denunciante le requirió a las autoridades de la Asociación de Bomberos Voluntarios la devolución. Primeramente, se hizo vía whatsapp durante tres días consecutivos (26, 27 y 28 de marzo), pero no hubo respuestas. Ante ello, el 30 de marzo se envió una nota formal solicitando esa devolución en el plazo de 24 horas. Habiéndose cumplido ese plazo sin novedad, se formalizó la denuncia.