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Apropiación como política de Estado enfrenta a la sociedad poniendo en riesgo la propiedad privada

Harry Andrés Weidenbacher, en diálogo con Alejandro Chini y Bryan Villalba en el programa “La última rosca” de Radio Up 95.5 explicó las razones de un reclamo que lleva más de 7 años por la propiedad de unas 100 hectáreas situadas en proximidades de Eldorado, donde existe un asentamiento “ilegal” de una comunidad indígena que está registrada a unos 60 kilómetros de donde efectivamente permanecen.

“Nosotros somos los que tenemos que poner nuestras tierras para que el Estado cumpla una ley con las comunidades indígenas” sostuvo quien dirige hoy los destinos económicos de la familia inicialmente formada por Harry Weidenbacher y Clara Gotzfried, pareja que en 1940 fijó domicilio en la zona comprendida entre Colonia Delicia y Eldorado.

El empresario explicó que un grupo de Mbya guaraníes ocupa alrededor de 7 hectáreas de los lotes 87 y 88, propiedad de la familia Weidenbacher, lo hacen en la zona de acceso a las 100 hectáreas escrituradas a nombre de la familia e impiden que se ingrese al lugar y por ende, realizar cualquier tipo de actividad económica que los propietarios quisieran encarar.

Según explicó Weidenbacher, las familias que ocuparon las tierras llegaron en junio de 2016, primero desde Puerto Iguazú, donde habían sido desalojados porque ocupaban tierras que fueron requeridas para la construcción de hoteles. Con la promesa que tendrían delimitado un territorio fueron trasladados a Puerto Libertad, donde un acta de Escribanía constata la constitución de la aldea indígena Tacuapí Miní, con detalle de los integrantes, identificados con DNI…en todo de acuerdo con los requerimientos del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) para ser tenidos en cuenta en la distribución de tierras.

Tres meses después de este hecho registrado notarialmente, y en medio de la oscuridad de la noche, habrían arribado “en tres o cuatro camionetas” al sector de los lotes 87 y 88, en Colonia Delicia, situado a unos 60 kilómetros de donde figura el registro de la aldea y como primera medida colocaron un cartel que rezaba: “NUEVA ALDEA YYCHYRY-2”, aunque en los alrededores todavía no existía aldea alguna y con el detalle de nombres y DNI con el que figuran en la aldea de Puerto Libertad.

“Así, en medio de la nada, sin ningún asentamiento a la vista, como marcando con esos carteles que para ellos eran una especie de mojones para delimitar ‘su comunidad’ o ‘sus tierras”, lamenta Weidenbacher.

Registro gráfico del inicio y la secuencia de ocupación de la propiedad reclamada.

El reclamo familiar

En la continuidad del relato, el joven licenciado en Administración de Empresas, reiteró que habla en nombre de sus ancestros y de los actuales descendientes, todos a cargo de la actividad económica que desarrollan en la zona: maderera, ganadera y yerbatera, y genera empleo para unas 200 personas y de manera indirecta a más de 500.

“Mi opa (abuelo) y mi oma (abuela) se instalaron en Colonia Delicia en 1940 y hasta hoy allí está la Laminadora que lleva el nombre de la localidad del norte misionero. Nosotros continuamos la actividad económica, diversificando y ocupándonos de mantener el patrimonio que se construyó a fuerza de sacrificio”, explica, al tiempo que brinda documentación probatoria que da cuenta del proceso descripto.

Sostiene que no existe intencionalidad alguna contra las comunidades indígenas, que conoce las leyes y los derechos adquiridos, pero subraya: “El Estado nos abandonó, debían resolver esta cuestión hace mucho tiempo y hasta ahora nadie nos escuchó”.

En búsqueda de la atención gubernamental, la familia realizó desde el primer momento, denuncias en la Policía, luego ante el Ministerio de Ecología y Recursos Renovables de la Provincia; sin embargo según afirma “miraron para otro lado, no resolvieron nada, ni vinieron a ver de qué se trataba”.

Una ley estancada

Sobre el estado actual de la situación añadió: “No sabemos en qué etapa está la cuestión legal, el INAI son los que en un principio iniciaron la realización de un mapa territorial, porque según la ley se determinó que las tierras ocupadas fueran parte de la Nación Mbyá. Nosotros no podemos tocarla, ni hacer nada…y nadie se acerca para ver cómo solucionar esto”.

La referencia es para la Ley 26160, instrumento que declaró la “emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país con personería jurídica inscripta en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas, en organismo provincial competente o las preexistentes”; fue sancionada a fines del año 2006 y establecía una vigencia de 4 años (prorrogados por otros instrumentos legales con el número 26.554, 26.894 y 27.400).

Recién en 2020 el INAI ordena se realice el relevamiento “de las 49 comunidades indígenas de Misiones”. Por videoconferencia (dado las exigencias durante la pandemia de Covid) la presidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas -INAI- Magdalena Odarda, organismo descentralizado bajo la órbita del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, suscribió un convenio específico con el Ministerio del Agro y la Producción de la Provincia de Misiones, representado por su titular, el ministro Lic. Sebastián Oriozabala, con el objetivo de “realizar el relevamiento técnico, jurídico y catastral de la situación dominial de las tierras ocupadas por las Comunidades Indígenas de esa provincia, ordenado por la Ley Nacional N° 26.160”.

En la oportunidad, Odarda destacó “Comienza la nueva etapa de relevamiento en Misiones ya que, con este Convenio, el cual cuenta con un plazo de vigencia de 24 meses, se prevé relevar territorialmente a 49 Comunidades Mbya Guaraní de la provincia”.

Del acto participaron distintas autoridades de esa cartera productiva de Misiones, los representantes Mbya Guaraní del Consejo de Participación Indígena, Luis Saya y Damián Rodríguez, y por el INAI estuvieron presentes su Vicepresidente, Luis Pilquimán, el Jefe de Gabinete del organismo, Alejandro Marmoni, los Directores Juan Chico (Tierras y Re.Na.C.I.), Matías Prafil (Afirmación de Derechos) y Andrés Alvarenga (Técnico-administrativo), además de trabajadoras y trabajadores.

“La Ley Nacional Nº 26.160 a la que hacemos mención establece la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país, cuya Personería Jurídica haya sido inscripta en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas u organismo provincial competente o aquellas preexistentes, habiendo sido prorrogada hasta el 23 de noviembre de 2021”, agregó en esa instancia la presidente del INAI.

Añade: “De este modo, durante la duración de la emergencia, quedaron suspendidas las ejecuciones de sentencias, actos procesales o administrativos, cuyo objeto sea el desalojo o desocupación de las tierras cuya posesión sea actual, tradicional, pública y encontrarse fehacientemente acreditada”.

“Asimismo, dicha Ley ordena al INAI la realización del relevamiento territorial de las Comunidades Indígenas de todo el país y lo faculta para la realización de acuerdos como el que se ha arribado con el Ministerio del Agro y la Producción de la Provincia de Misiones, previa consulta a las Comunidades a través de sus representantes ante el Consejo de Participación Indígena”, explicó Odarda con satisfacción tras el acuerdo rubricado.

Radio Up 95.5 intentó comunicarse con el ministro a cargo del organismo señalado en ese encuentro como responsable “del acuerdo” entre el INAI y la provincia de Misiones, el Ministerio del Agro y la Producción, pero luego de un breve intercambio, el ministro Facundo López Sartorio no volvió a responder.

“Nosotros no tenemos porqué sufrirlo”

“Todo bien que el Estado establece acuerdos para solucionar la cuestión indígena, pero nosotros no tenemos por qué sufrirlo. Mi papá nos enseñó a trabajar y generar trabajo y no entiendo por qué nosotros tenemos que ser lo que damos nuestra tierra a esta gente, que las dé el Estado, los que firmaron el acuerdo”, se lamentó finalmente el joven empresario del Alto Paraná.

FUENTE: radioup.com.ar

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“Huellas Ancestrales”: turismo comunitario con identidad ancestral

En Puerto Libertad, se lleva adelante un proyecto de fortalecimiento turístico junto a las comunidades originarias del municipio. Esta iniciativa busca potenciar sus saberes, tradiciones y entornos naturales como parte de una propuesta turística auténtica y sostenible.

Uno de los avances más significativos se dio con la comunidad Guazurarí, que ya contaba con un circuito armado. Gracias al trabajo conjunto, que cuenta con el impulso de la Dirección Municipal de Turismo y el acompañamiento de la Fundación Ecologista Verde, lograron definir aspectos clave como el nombre del recorrido, su nivel de dificultad, duración, costo y materiales de difusión. Esto permitió su lanzamiento oficial que se concretó con la presencia del titular de la cartera turística, José María Arrúa.

Además, el trabajo involucra activamente a otras comunidades de la zona como Tekoa Guapoy y Tekoa Nuevo Amanecer, con el objetivo de que cada una desarrolle un producto turístico propio, complementario y con identidad diferenciada. Las actividades incluirán propuestas culturales, ancestrales, de naturaleza y aventura.

La visión del proyecto es que estos circuitos puedan combinarse entre sí y generar una red de turismo que destaque la riqueza de cada comunidad y promueva el respeto por sus particularidades.

El Ministerio de Turismo de Misiones acompaña esta iniciativa y pone el foco en la importancia de incorporar los saberes ancestrales como parte de los atractivos turísticos de la provincia. Esta apuesta no solo fortalece el desarrollo local, sino que también proyecta la identidad misionera al mundo.

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Presentación de Presupuesto 2026 del Poder Judicial

Como cada año, en septiembre es presentado el Presupuesto contemplado para el año entrante, ocasión en la que la presidente del Superior Tribunal de Justicia, Rosanna Pía Venchiarutti Sartori, asistió acompañada por el procurador general, Carlos Jorge Giménez; el administrador general, Néstor Oscar Moróz, y la directora de administración, Liria Beatriz Schunke a la reunión de la Comisión de Presupuesto, Impuestos, Hacienda y Asuntos Económicos.
La propuesta del Presupuesto 2026 se ajustó al lineamiento que el Poder Judicial mantiene y viene realizando en años anteriores de continuar ahorrando y economizando en materia de reducción de insumos e inmuebles alquilados, enmarcado además en la necesidad de mantener los proyectos que consoliden la modernización del Poder Judicial para brindar un mejor servicio de justicia pero con un gasto medido de los recursos estatales.
En la reunión se detallaron actividades del Poder Judicial que demostraron no sólo cómo se invirtió el Presupuesto que se aprobó el año anterior sino la proyección para el 2026.
La presidente del Superior Tribunal de Justicia misionero destacó: “el Poder Judicial es uno de los poderes que menos gastos acarrea porque tenemos un sistema muy austero y gracias a esta austeridad y comprensión de los Magistrados, el empleado, y un poquito de la gente, hemos podido seguir brindando un servicio acorde”.
De esta manera, expresó que por primera vez “habrá un desdoblamiento de partida presupuestaria, o sea va a haber una partida para el Poder Judicial en sí mismo y una partida para el Ministerio Publico, lo que no quiere decir duplicación, sino diversificación, se va a desdoblar “.


En el marco del presupuesto 2026 se pondrá un fuerte acento en el desarrollo tecnológico, no solo como motor de modernización y eficiencia, sino también como herramienta estratégica para acercar el Estado a la ciudadanía. Así lo confirmó la presidente del Superior Tribunal de Justicia esta mañana al referirse “vamos a hacer mucho hincapié en tecnología porque nuestra bandera es tecnología con humanidad”.
El Procurador explicó las funciones del Ministerio Público que en el ámbito penal, es fundamentalmente, el organismo responsable de investigar y perseguir los delitos, llevar el caso ante el juez y cuidar la legalidad de los procedimientos.
En el ámbito de la defensa tiene la obligación de velar por el debido proceso y garantizar el acceso a la justicia y también depende la Secretaría General de Acceso a la Justicia que permite asistencia y patrocinio gratuito.
La autonomía además permite ejercer funciones de la defensa de la legalidad y los intereses sociales sin depender de instrucciones de otros poderes del Estado.
Las proyecciones del Ministerio Público para el 2026 son: el fortalecimiento de las Investigaciones Complejas y el acceso a la justicia en la Quinta Circunscripción Judicial. Además se impulsará la digitalización del acceso mediante la recepción de denuncias online en todas las circunscripciones.
Otra de las metas es la implementación de VPN interna exclusiva para transmisión de evidencia digital para el traslado seguro de evidencia digital, evitando el uso de CD, pendrives o discos externos, garantizando su almacenamiento en servidores seguros, resguardando la cadena de custodia.
Agradeció la confianza manifestada por sus pares del Poder Judicial y el gobernador de la Provincia que impulsaron este paso histórico en la autonomía institucional.
Moroz, en su carácter de administrador general, destacó la notoria presencia del Poder Judicial en toda la Provincia y, en ese sentido, nombró la existencia de 154 dependencias de las cuales el 50% son propias y el otro 50% es gracias al trabajo interinstitucional con los municipios que colaboran activamente para lograr la cercanía con la comunidad en edificios acordes a cada lugar.


Además se remarcó el trabajo que se viene realizando en materia de tecnología y digitalización, lo que redunda en un gran ahorro ya que las licencias para el funcionamiento de los sistemas son propias, tal es el caso del SIGED (Sistema de Gestión de Expedientes) y el SIA (Sistema Integrado Administrativo). Destacó, además, la reducción en un 28% respecto del año anterior en cuando al uso de papel e impresoras y los insumos que las mismas requieren.
Los diputados no objetaron la presentación y acompañaron la propuesta del Poder Judicial.

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El Ministerio de Ecología presentó el Presupuesto 2026

El Ministro de Ecología de Misiones, Arq. Martín Recamán, expuso ante la Cámara de Representantes el Presupuesto 2026, que prevé un incremento del 15% respecto al ejercicio anterior. El objetivo es consolidar y fortalecer las políticas públicas de conservación que distinguen al modelo ambiental de la provincia.

En su presentación, Recamán destacó las acciones desarrolladas en todo el territorio y que se busca potenciar, entre ellas programas de concientización y educación que alcanzaron a más de 40 municipios, con más de 70 encuentros en comunidades educativas realizadas. También se impulsaron nuevas capacitaciones a más de 160 efectivos de las Fuerzas de Seguridad, guardaparques y brigadistas en control y protección ambiental.
Por otro lado, planteó la continuación del trabajo articulado con diferentes actores siguiendo una línea de diálogo con Ministerios, Municipios, Instituciones, Fuerzas de Seguridad y Organizaciones para fortalecer la gestión.

Respecto al trabajo de control y prevención mostró un crecimiento del 55%, con 470 inspecciones realizadas en lo que va del año. Este esfuerzo permitió reducir la tasa de cambio de uso del suelo al nivel más bajo de la última década: 4.277 hectáreas afectadas en 2024 frente a un promedio histórico de 5.900. En este marco, subrayó la importancia de iniciativas como “Censo Amigos del Parque”, que promueve la corresponsabilidad ciudadana para el cuidado ambiental.

En cuanto a la conservación de la biodiversidad, destacó los avances en restauración de la Selva Misionera con más de 60 mil árboles plantados de los 100 mil previstos para este año. A su vez, se fortalecen programas de rehabilitación de fauna con proyectos de gran inversión como el Programa de Recría de Yaguareté, que permitirá repoblar la selva con una especie emblemática.

La provincia también avanza con iniciativas innovadoras de pagos ecosistémicos, como el programa Jurisdiccional REDD+, único en el país, que otorga reconocimiento internacional a la conservación de la selva misionera y habilita la generación de créditos de carbono.

Pero además el Presupuesto 2026 estima el fortalecimiento de la tecnología buscando potenciar la transparencia, por ello se impulsan iniciativas como el programa “Transformación Esencial”, que convierte madera incautada en muebles para escuelas y clubes; la digitalización de licencias de pesca que agiliza los procesos; y el próximo sistema Eco Contacto para canalizar denuncias y consultas ambientales.

En paralelo, para fortalecer la obtención de datos se creo el Observatorio Ambiental que potencia el análisis de información para generar mejores diagnósticos permitiendo la detección temprana de amenazas mediante el uso de tecnología y un equipo especializado.

Siguiendo estos tres ejes de trabajo, el Ministerio de Ecología busca darle continuidad al modelo de conservación de la biodiversidad que se viene impulsando y fortaleciendo y, en ese sentido, el Ministro destacó que “el verde de Misiones no es fruto del azar, sino de decisiones políticas sostenidas en el tiempo y del compromiso de nuestra gente”.

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