Harry Andrés Weidenbacher, en diálogo con Alejandro Chini y Bryan Villalba en el programa “La última rosca” de Radio Up 95.5 explicó las razones de un reclamo que lleva más de 7 años por la propiedad de unas 100 hectáreas situadas en proximidades de Eldorado, donde existe un asentamiento “ilegal” de una comunidad indígena que está registrada a unos 60 kilómetros de donde efectivamente permanecen.

“Nosotros somos los que tenemos que poner nuestras tierras para que el Estado cumpla una ley con las comunidades indígenas” sostuvo quien dirige hoy los destinos económicos de la familia inicialmente formada por Harry Weidenbacher y Clara Gotzfried, pareja que en 1940 fijó domicilio en la zona comprendida entre Colonia Delicia y Eldorado.

El empresario explicó que un grupo de Mbya guaraníes ocupa alrededor de 7 hectáreas de los lotes 87 y 88, propiedad de la familia Weidenbacher, lo hacen en la zona de acceso a las 100 hectáreas escrituradas a nombre de la familia e impiden que se ingrese al lugar y por ende, realizar cualquier tipo de actividad económica que los propietarios quisieran encarar.

Según explicó Weidenbacher, las familias que ocuparon las tierras llegaron en junio de 2016, primero desde Puerto Iguazú, donde habían sido desalojados porque ocupaban tierras que fueron requeridas para la construcción de hoteles. Con la promesa que tendrían delimitado un territorio fueron trasladados a Puerto Libertad, donde un acta de Escribanía constata la constitución de la aldea indígena Tacuapí Miní, con detalle de los integrantes, identificados con DNI…en todo de acuerdo con los requerimientos del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) para ser tenidos en cuenta en la distribución de tierras.

Tres meses después de este hecho registrado notarialmente, y en medio de la oscuridad de la noche, habrían arribado “en tres o cuatro camionetas” al sector de los lotes 87 y 88, en Colonia Delicia, situado a unos 60 kilómetros de donde figura el registro de la aldea y como primera medida colocaron un cartel que rezaba: “NUEVA ALDEA YYCHYRY-2”, aunque en los alrededores todavía no existía aldea alguna y con el detalle de nombres y DNI con el que figuran en la aldea de Puerto Libertad.

“Así, en medio de la nada, sin ningún asentamiento a la vista, como marcando con esos carteles que para ellos eran una especie de mojones para delimitar ‘su comunidad’ o ‘sus tierras”, lamenta Weidenbacher.

El reclamo familiar

En la continuidad del relato, el joven licenciado en Administración de Empresas, reiteró que habla en nombre de sus ancestros y de los actuales descendientes, todos a cargo de la actividad económica que desarrollan en la zona: maderera, ganadera y yerbatera, y genera empleo para unas 200 personas y de manera indirecta a más de 500.

“Mi opa (abuelo) y mi oma (abuela) se instalaron en Colonia Delicia en 1940 y hasta hoy allí está la Laminadora que lleva el nombre de la localidad del norte misionero. Nosotros continuamos la actividad económica, diversificando y ocupándonos de mantener el patrimonio que se construyó a fuerza de sacrificio”, explica, al tiempo que brinda documentación probatoria que da cuenta del proceso descripto.

Sostiene que no existe intencionalidad alguna contra las comunidades indígenas, que conoce las leyes y los derechos adquiridos, pero subraya: “El Estado nos abandonó, debían resolver esta cuestión hace mucho tiempo y hasta ahora nadie nos escuchó”.

En búsqueda de la atención gubernamental, la familia realizó desde el primer momento, denuncias en la Policía, luego ante el Ministerio de Ecología y Recursos Renovables de la Provincia; sin embargo según afirma “miraron para otro lado, no resolvieron nada, ni vinieron a ver de qué se trataba”.

Una ley estancada

Sobre el estado actual de la situación añadió: “No sabemos en qué etapa está la cuestión legal, el INAI son los que en un principio iniciaron la realización de un mapa territorial, porque según la ley se determinó que las tierras ocupadas fueran parte de la Nación Mbyá. Nosotros no podemos tocarla, ni hacer nada…y nadie se acerca para ver cómo solucionar esto”.

La referencia es para la Ley 26160, instrumento que declaró la “emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país con personería jurídica inscripta en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas, en organismo provincial competente o las preexistentes”; fue sancionada a fines del año 2006 y establecía una vigencia de 4 años (prorrogados por otros instrumentos legales con el número 26.554, 26.894 y 27.400).

Recién en 2020 el INAI ordena se realice el relevamiento “de las 49 comunidades indígenas de Misiones”. Por videoconferencia (dado las exigencias durante la pandemia de Covid) la presidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas -INAI- Magdalena Odarda, organismo descentralizado bajo la órbita del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, suscribió un convenio específico con el Ministerio del Agro y la Producción de la Provincia de Misiones, representado por su titular, el ministro Lic. Sebastián Oriozabala, con el objetivo de “realizar el relevamiento técnico, jurídico y catastral de la situación dominial de las tierras ocupadas por las Comunidades Indígenas de esa provincia, ordenado por la Ley Nacional N° 26.160”.

En la oportunidad, Odarda destacó “Comienza la nueva etapa de relevamiento en Misiones ya que, con este Convenio, el cual cuenta con un plazo de vigencia de 24 meses, se prevé relevar territorialmente a 49 Comunidades Mbya Guaraní de la provincia”.

Del acto participaron distintas autoridades de esa cartera productiva de Misiones, los representantes Mbya Guaraní del Consejo de Participación Indígena, Luis Saya y Damián Rodríguez, y por el INAI estuvieron presentes su Vicepresidente, Luis Pilquimán, el Jefe de Gabinete del organismo, Alejandro Marmoni, los Directores Juan Chico (Tierras y Re.Na.C.I.), Matías Prafil (Afirmación de Derechos) y Andrés Alvarenga (Técnico-administrativo), además de trabajadoras y trabajadores.

“La Ley Nacional Nº 26.160 a la que hacemos mención establece la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país, cuya Personería Jurídica haya sido inscripta en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas u organismo provincial competente o aquellas preexistentes, habiendo sido prorrogada hasta el 23 de noviembre de 2021”, agregó en esa instancia la presidente del INAI.

Añade: “De este modo, durante la duración de la emergencia, quedaron suspendidas las ejecuciones de sentencias, actos procesales o administrativos, cuyo objeto sea el desalojo o desocupación de las tierras cuya posesión sea actual, tradicional, pública y encontrarse fehacientemente acreditada”.

“Asimismo, dicha Ley ordena al INAI la realización del relevamiento territorial de las Comunidades Indígenas de todo el país y lo faculta para la realización de acuerdos como el que se ha arribado con el Ministerio del Agro y la Producción de la Provincia de Misiones, previa consulta a las Comunidades a través de sus representantes ante el Consejo de Participación Indígena”, explicó Odarda con satisfacción tras el acuerdo rubricado.

Radio Up 95.5 intentó comunicarse con el ministro a cargo del organismo señalado en ese encuentro como responsable “del acuerdo” entre el INAI y la provincia de Misiones, el Ministerio del Agro y la Producción, pero luego de un breve intercambio, el ministro Facundo López Sartorio no volvió a responder.

“Nosotros no tenemos porqué sufrirlo”

“Todo bien que el Estado establece acuerdos para solucionar la cuestión indígena, pero nosotros no tenemos por qué sufrirlo. Mi papá nos enseñó a trabajar y generar trabajo y no entiendo por qué nosotros tenemos que ser lo que damos nuestra tierra a esta gente, que las dé el Estado, los que firmaron el acuerdo”, se lamentó finalmente el joven empresario del Alto Paraná.

FUENTE: radioup.com.ar