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Apropiación como política de Estado enfrenta a la sociedad poniendo en riesgo la propiedad privada

Harry Andrés Weidenbacher, en diálogo con Alejandro Chini y Bryan Villalba en el programa “La última rosca” de Radio Up 95.5 explicó las razones de un reclamo que lleva más de 7 años por la propiedad de unas 100 hectáreas situadas en proximidades de Eldorado, donde existe un asentamiento “ilegal” de una comunidad indígena que está registrada a unos 60 kilómetros de donde efectivamente permanecen.

“Nosotros somos los que tenemos que poner nuestras tierras para que el Estado cumpla una ley con las comunidades indígenas” sostuvo quien dirige hoy los destinos económicos de la familia inicialmente formada por Harry Weidenbacher y Clara Gotzfried, pareja que en 1940 fijó domicilio en la zona comprendida entre Colonia Delicia y Eldorado.

El empresario explicó que un grupo de Mbya guaraníes ocupa alrededor de 7 hectáreas de los lotes 87 y 88, propiedad de la familia Weidenbacher, lo hacen en la zona de acceso a las 100 hectáreas escrituradas a nombre de la familia e impiden que se ingrese al lugar y por ende, realizar cualquier tipo de actividad económica que los propietarios quisieran encarar.

Según explicó Weidenbacher, las familias que ocuparon las tierras llegaron en junio de 2016, primero desde Puerto Iguazú, donde habían sido desalojados porque ocupaban tierras que fueron requeridas para la construcción de hoteles. Con la promesa que tendrían delimitado un territorio fueron trasladados a Puerto Libertad, donde un acta de Escribanía constata la constitución de la aldea indígena Tacuapí Miní, con detalle de los integrantes, identificados con DNI…en todo de acuerdo con los requerimientos del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) para ser tenidos en cuenta en la distribución de tierras.

Tres meses después de este hecho registrado notarialmente, y en medio de la oscuridad de la noche, habrían arribado “en tres o cuatro camionetas” al sector de los lotes 87 y 88, en Colonia Delicia, situado a unos 60 kilómetros de donde figura el registro de la aldea y como primera medida colocaron un cartel que rezaba: “NUEVA ALDEA YYCHYRY-2”, aunque en los alrededores todavía no existía aldea alguna y con el detalle de nombres y DNI con el que figuran en la aldea de Puerto Libertad.

“Así, en medio de la nada, sin ningún asentamiento a la vista, como marcando con esos carteles que para ellos eran una especie de mojones para delimitar ‘su comunidad’ o ‘sus tierras”, lamenta Weidenbacher.

Registro gráfico del inicio y la secuencia de ocupación de la propiedad reclamada.

El reclamo familiar

En la continuidad del relato, el joven licenciado en Administración de Empresas, reiteró que habla en nombre de sus ancestros y de los actuales descendientes, todos a cargo de la actividad económica que desarrollan en la zona: maderera, ganadera y yerbatera, y genera empleo para unas 200 personas y de manera indirecta a más de 500.

“Mi opa (abuelo) y mi oma (abuela) se instalaron en Colonia Delicia en 1940 y hasta hoy allí está la Laminadora que lleva el nombre de la localidad del norte misionero. Nosotros continuamos la actividad económica, diversificando y ocupándonos de mantener el patrimonio que se construyó a fuerza de sacrificio”, explica, al tiempo que brinda documentación probatoria que da cuenta del proceso descripto.

Sostiene que no existe intencionalidad alguna contra las comunidades indígenas, que conoce las leyes y los derechos adquiridos, pero subraya: “El Estado nos abandonó, debían resolver esta cuestión hace mucho tiempo y hasta ahora nadie nos escuchó”.

En búsqueda de la atención gubernamental, la familia realizó desde el primer momento, denuncias en la Policía, luego ante el Ministerio de Ecología y Recursos Renovables de la Provincia; sin embargo según afirma “miraron para otro lado, no resolvieron nada, ni vinieron a ver de qué se trataba”.

Una ley estancada

Sobre el estado actual de la situación añadió: “No sabemos en qué etapa está la cuestión legal, el INAI son los que en un principio iniciaron la realización de un mapa territorial, porque según la ley se determinó que las tierras ocupadas fueran parte de la Nación Mbyá. Nosotros no podemos tocarla, ni hacer nada…y nadie se acerca para ver cómo solucionar esto”.

La referencia es para la Ley 26160, instrumento que declaró la “emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país con personería jurídica inscripta en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas, en organismo provincial competente o las preexistentes”; fue sancionada a fines del año 2006 y establecía una vigencia de 4 años (prorrogados por otros instrumentos legales con el número 26.554, 26.894 y 27.400).

Recién en 2020 el INAI ordena se realice el relevamiento “de las 49 comunidades indígenas de Misiones”. Por videoconferencia (dado las exigencias durante la pandemia de Covid) la presidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas -INAI- Magdalena Odarda, organismo descentralizado bajo la órbita del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, suscribió un convenio específico con el Ministerio del Agro y la Producción de la Provincia de Misiones, representado por su titular, el ministro Lic. Sebastián Oriozabala, con el objetivo de “realizar el relevamiento técnico, jurídico y catastral de la situación dominial de las tierras ocupadas por las Comunidades Indígenas de esa provincia, ordenado por la Ley Nacional N° 26.160”.

En la oportunidad, Odarda destacó “Comienza la nueva etapa de relevamiento en Misiones ya que, con este Convenio, el cual cuenta con un plazo de vigencia de 24 meses, se prevé relevar territorialmente a 49 Comunidades Mbya Guaraní de la provincia”.

Del acto participaron distintas autoridades de esa cartera productiva de Misiones, los representantes Mbya Guaraní del Consejo de Participación Indígena, Luis Saya y Damián Rodríguez, y por el INAI estuvieron presentes su Vicepresidente, Luis Pilquimán, el Jefe de Gabinete del organismo, Alejandro Marmoni, los Directores Juan Chico (Tierras y Re.Na.C.I.), Matías Prafil (Afirmación de Derechos) y Andrés Alvarenga (Técnico-administrativo), además de trabajadoras y trabajadores.

“La Ley Nacional Nº 26.160 a la que hacemos mención establece la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país, cuya Personería Jurídica haya sido inscripta en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas u organismo provincial competente o aquellas preexistentes, habiendo sido prorrogada hasta el 23 de noviembre de 2021”, agregó en esa instancia la presidente del INAI.

Añade: “De este modo, durante la duración de la emergencia, quedaron suspendidas las ejecuciones de sentencias, actos procesales o administrativos, cuyo objeto sea el desalojo o desocupación de las tierras cuya posesión sea actual, tradicional, pública y encontrarse fehacientemente acreditada”.

“Asimismo, dicha Ley ordena al INAI la realización del relevamiento territorial de las Comunidades Indígenas de todo el país y lo faculta para la realización de acuerdos como el que se ha arribado con el Ministerio del Agro y la Producción de la Provincia de Misiones, previa consulta a las Comunidades a través de sus representantes ante el Consejo de Participación Indígena”, explicó Odarda con satisfacción tras el acuerdo rubricado.

Radio Up 95.5 intentó comunicarse con el ministro a cargo del organismo señalado en ese encuentro como responsable “del acuerdo” entre el INAI y la provincia de Misiones, el Ministerio del Agro y la Producción, pero luego de un breve intercambio, el ministro Facundo López Sartorio no volvió a responder.

“Nosotros no tenemos porqué sufrirlo”

“Todo bien que el Estado establece acuerdos para solucionar la cuestión indígena, pero nosotros no tenemos por qué sufrirlo. Mi papá nos enseñó a trabajar y generar trabajo y no entiendo por qué nosotros tenemos que ser lo que damos nuestra tierra a esta gente, que las dé el Estado, los que firmaron el acuerdo”, se lamentó finalmente el joven empresario del Alto Paraná.

FUENTE: radioup.com.ar

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BRASIL, MÁS SIMPLE: PAGÁ DIRECTO DESDE TU CELULAR CON BANCO MACRO Y MODO

Banco Macro y MODO eliminan las barreras de pago en tus vacaciones integrando la tecnología PIX, la forma de pagar más elegida en Brasil.

Banco Macro anuncia una solución práctica y segura para los clientes que elijan Brasil como destino de sus vacaciones durante el verano 2026.

Ahora es posible pagar consumos con PIX -el sistema de códigos QR instantáneos de  Brasil- en forma directa desde la APP MODO, utilizando los dólares de la cuenta de Banco Macro.

Para poder abonar en el supermercado, restaurantes, bares, heladerías y todo tipo de comercios hay que seguir los siguientes pasos:

1- Abrir la APP MODO para escanear el QR -PIX-

2- Visualizar o ingresar el monto en reales.

3- Elegir la cuenta en dólares para pagar.

4- Confirmar la operación.

Banco Macro recomienda a sus clientes comprar los dólares a través de App Macro y acceder al tipo de cambio oficial.

De esta forma, la operación se realiza en manera directa y segura, sin trasladar fondos entre diferentes aplicaciones. Es rápido y sin fricciones: se utiliza desde el teléfono celular.

“En Banco Macro buscamos constantemente soluciones que simplifiquen el día a día de nuestros clientes y con la integración de PIX a través de MODO, estamos mejorando la experiencia de pago en su viaje a Brasil de una forma ágil, segura y eficiente”, aseguró Guillermo Jejcic, Gerente de Banca Individuos de Banco Macro. 

Este verano, Banco Macro tiene los mejores beneficios y experiencias en  Argentina, Uruguay y Brasil. 

En este sentido, todos los días en todos los restaurantes de Uruguay y Brasil, con tarjetas de crédito Visa Signature Macro Selecta, pagando con Google Pay o Apple Pay hay 40% de ahorro.  El tope de devolución es de 145.000 pesos por cuenta por mes.

Pensá en Verano, Pensá en Macro.

Acerca de Banco Macro: Banco Macro cuenta con 8.785 colaboradores, 2.067 cajeros automáticos, 981 terminales de autoservicio y una estructura de 558 puntos de atención, siendo actualmente el banco privado con mayor red de sucursales a lo largo del país.

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Hongos Misioneros: El IMiBio capacitó a más de 300 personas durante el 2025

En consonancia con el Lema del Año que buscaba promocionar la Funga Misionera, el instituto que preside la Mgtr. Arq. Viviana Rovira recorrió la provincia ofreciendo talleres sobre cultivo, recolección y consumo de las especies de hongos comestibles presentes en nuestra provincia. Asimismo impulsó la sanción de la primera ley provincial sobre hongos medicinales del país.

El 2025 fue el año en el que la provincia de Misiones le otorgó un incentivo especial a la Funga Misionera, parte esencial de nuestra valiosa biodiversidad pero poco conocida pese a su gran potencial.

En ese marco, además de incluir su promoción en el denominado Lema del Año, desde el Gobierno Provincial se creó la Mesa de la Funga Misionera destinada a incentivar el cultivo y la recolección de hongos comestibles como alternativa productiva y se sancionó la Ley que crea el Programa Provincial de Investigación y Desarrollo de Productos de Uso Medicinal de Hongos y Derivados.

Ante este escenario, el trabajo que el Instituto Misionero de Biodiversidad (IMiBio) venía llevando a cabo desde su creación en 2021, tanto en el plano de la investigación como en la difusión de la funga misionera, cobró especial protagonismo sirviendo de pilar para el cumplimiento de la meta ambicionada.

Tal es el caso que como lo viene desarrollando desde hace 4 años, y en consonancia con ser parte integrante de la Mesa de la Funga Misionera junto al Ministerio del Agro y la Producción, el IMiBio ofreció talleres virtuales y presenciales de identificación, cultivo y recolección de Hongos comestibles en más de siete municipios.

Las capacitaciones ofrecidas por el Dir. Gral. Ejecutivo del IMiBio, Dr. Emanuel Grassi; la Biol. Florencia Restelli; la Ing. en Alimentos, Paula Álvarez y la Ing. Forestal, Valentyna Berenda; alcanzaron durante el 2025 a más de 300 participantes entre los que se destacaron productores agrarios y personal del Mercado Central SEM, así como docentes y estudiantes secundarios ávidos por aprender sobre el aprovechamiento de distintas especies presentes en Misiones.

Los talleres que se desarrollaron de forma gratuita, están enmarcado dentro del Programa “Fortalecimiento de Recursos Alimenticios” (aprobado por Resol.119/21), y son consecuencia de las políticas que impulsa el IMiBio para promover el desarrollo sustentable de la Provincia de Misiones; con el objetivo de ayudar al crecimiento y fortalecimiento de economías familiares, considerando la importancia de realizar transferencia de conocimientos para el aprovechamiento sustentable de estos recursos.

Como otras de las aristas destinadas a poner en valor la funga misionera, este año el instituto que preside la Mgtr. Arq. Viviana Rovira se convirtió junto al Ministerio de Salud de la Provincia, en autoridad de aplicación de la Ley que creó el Programa Provincial de Investigación y Desarrollo de Productos de Uso Medicinal de Hongos y Derivados, en donde además de ser una institución pionera en generar conocimiento sobre la funga local, el IMiBio pondrá a disposición sus instalaciones para la instauración del primer Banco de Cepas Fúngicas de Interés Medicinal que funcionará en Misiones.

De esta manera cerramos un año de intenso trabajo y celebramos el reconocimiento y el impulso otorgado por los tres poderes del Estado a la funga como parte esencial de la biodiversidad misionera.

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Crisis financiera en Corrientes: municipios en quiebra, deuda récord y un relato oficial que se desmorona

La provincia de Corrientes atraviesa una crisis financiera y administrativa de magnitud estructural que ya no puede ser disimulada por discursos de equilibrio fiscal ni por la aprobación exprés de presupuestos inflados. Lo que ocurre en los municipios —los 74, sin excepción— funciona como un espejo brutal del deterioro provincial: cajas vacías, deudas impagas, balances alterados y denuncias judiciales contra gestiones salientes, muchas de ellas pertenecientes al propio oficialismo.

Este “efecto dominó” municipal -como lo llamaron antes- desmiente el relato del superávit y la prolijidad administrativa que durante años sostuvo el gobierno de Gustavo Valdés y que hoy intenta heredar su hermano, Juan Pablo Valdés. Lejos de tratarse de casos aislados, el colapso se repite con patrones idénticos, revelando una matriz de desorden financiero tolerada —cuando no alentada— desde el poder provincial.

Municipios en emergencia: un patrón que se repite

Las declaraciones de emergencia económica, financiera y administrativa se multiplican en distintos puntos de la provincia, acompañadas de denuncias graves:

  • Paso de la Patria declaró la emergencia hasta diciembre de 2026 tras detectar una caja en cero, presunta malversación y una entrega de mando “irregular, anormal y contraria a toda lógica administrativa”.
  • Gobernador Virasoro suspendió pagos acumulados desde 2017 hasta 2025 y, ante la falta de recursos genuinos, decidió compactar y vender como chatarra motocicletas secuestradas para intentar obtener ingresos mínimos.
  • En Mburucuyá, el Banco de Corrientes confirmó la desaparición de unas 40 chequeras presuntamente en manos de exfuncionarios. El intendente Edgard Galarza Florentín denunció caja vacía, deudas acumuladas y documentación clave no entregada, y ya se prepara un informe para avanzar judicialmente contra la gestión saliente de Kelo Guastavino, alineada con el oficialismo provincial.
  • Mercedes presentó una denuncia penal contra la administración anterior y anunció recortes forzados ante la imposibilidad de sostener el funcionamiento municipal.
  • Santa Rosa perdió talonarios de cheques y sufrió transferencias electrónicas hasta el último minuto antes del cambio de mando, lo que derivó también en la declaración de emergencia económica.
Paso de la Patria declaró la emergencia hasta diciembre de 2026 tras detectar una caja en cero, presunta malversación y una entrega de mando “irregular, anormal y contraria a toda lógica administrativa”.

A estos casos se suman la Municipalidad de Corrientes, GoyaCuruzú Cuatiá e Ituzaingó, donde las transiciones políticas esconden cesaciones de pagos y balances “dibujados”, aun cuando el signo político se mantiene.

Presupuesto récord, realidad en ruinas

Mientras los intendentes exhiben arqueos de caja en cero y dificultades para pagar sueldos, la Legislatura provincial aprobó sin debate un Presupuesto 2026 de 3,5 billones de pesos, bajo el argumento de garantizar un supuesto “federalismo provincial”. La contradicción es evidente: el poder político es el mismo, pero el colapso se extiende incluso a los municipios gobernados por el oficialismo.

El problema no se limita al plano local. Juan Pablo Valdés asumió la gobernación con una herencia fiscal crítica, producto de la gestión de su hermanoel gasto provincial creció un 39% por encima de los ingresos, el déficit supera los 160.000 millones de pesos y la deuda proyectada para 2025 ronda los 184.905 millones, ubicando a Corrientes entre las provincias más comprometidas del país.

La crisis se volvió inocultable con el manejo del bono navideño para estatales. La demora en el anuncio y la posterior confirmación de un pago de $500.000 en tres cuotas dejaron al descubierto la falta de liquidez provincial. Lejos de ser una decisión administrativa, el desdoblamiento funcionó como síntoma de una caja exhausta, incapaz de afrontar una erogación extraordinaria de una sola vez.

Mientras los intendentes enfrentan dificultades para pagar sueldos, la Legislatura provincial, que preside Eduardo Tassano, aprobó sin debate un Presupuesto 2026 de 3,5 billones de pesos que incluye autorización para endeudarse hasta $200.000 millones.

Ajuste nacional y recesión: el contexto que agrava todo

El escenario se agrava aún más por el ajuste fiscal y la recesión promovidos por el gobierno de Javier Milei, que impactan de lleno en las provincias y municipios. La caída de la coparticipación y la falta de previsibilidad obligaron, por ejemplo, a la intendenta de Bella Vista, Noelia Bazzi, a suspender la Fiesta Nacional de la Naranja, priorizando el pago de servicios esenciales.

En este clima de “tierra arrasada”, numerosos municipios ya anticipan que deberán recurrir al auxilio del gobierno provincial solo para pagar sueldos y aguinaldos, una dependencia que contradice cualquier discurso de autonomía y orden fiscal. Si no hay cambios estructurales, el 2026 se perfila como un año de ajuste permanente, conflicto social y parálisis institucional.

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