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El Gobierno se comprometió con el FMI a quitar los subsidios en las tarifas de luz y gas a los hogares de clase media

La Secretaría de Energía rediseñará la asistencia estatal en servicios públicos para enfocarla exclusivamente en los usuarios de menores ingresos. La aplicación será “gradual” y se definirá después de las elecciones.
El Gobierno de Javier Milei definirá antes de fin de año un nuevo esquema de subsidios para las tarifas de electricidad y gas natural, con el objetivo de acelerar el recorte del gasto público y avanzar en la desregulación del sistema energético. La intención es reemplazar la actual segmentación por ingresos en tres niveles por una única asistencia destinada exclusivamente a hogares vulnerables, según surge del nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
El nuevo sistema excluirá a cerca de 3 millones de usuarios de clase media en el caso de la luz, y también a parte de los incluidos en el universo vulnerable que, por falta de acreditación, quedarían fuera del beneficio. Son lo que comenzarán a pagar más cara la energía que consuman. Desde el área energética reconocen que el Estado no cuenta con información suficiente y que el cruce de datos resulta muy complejo, especialmente en los casos de beneficiarios no registrados formalmente.
Gradualismo
No obstante, el proceso de modificación del régimen será gradual. En principio, no se prevén cambios en lo que resta del año, a menos que se requiera acelerar el ajuste fiscal, según indicaron fuentes oficiales. En las últimas semanas, la Secretaría de Energía aplicó una reducción escalonada en los descuentos que reciben los usuarios residenciales sobre el precio de la energía en sus facturas. La aceleración de la inflación en los últimos meses y la cercanía del calendario electoral son factores clave para la toma de decisiones.
La nueva segmentación se enfocará en los usuarios más vulnerables, mientras que las tarifas seguirán aumentando gradualmente (AP)
Actualmente, seis de cada diez hogares reciben subsidios. Según el esquema vigente, los usuarios se agrupan en tres niveles: ingresos altos (Nivel 1), que pagan la tarifa plena; ingresos bajos (Nivel 2); e ingresos medios (Nivel 3). De acuerdo con datos del Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE), hasta diciembre había 9,5 millones de usuarios de electricidad con tarifa subsidiada: 6,3 millones en el Nivel 2 y 3,2 millones en el Nivel 3, sobre un total de 16,2 millones. En el caso del gas, 5,3 millones de los 9,5 millones de usuarios residenciales recibían subvenciones, con 3,1 millones en el Nivel 2 y 2,2 millones en el Nivel 3.
Tarifa social
La premisa oficial es instaurar un sistema similar al de la tarifa social aplicado durante la gestión de Mauricio Macri, con solo dos categorías: quienes reciben subsidios y quienes no.
La secretaria de Energía, María Tettamanti, estará a cargo de poner en marcha el nuevo esquema. Según proyecciones del FMI, el gasto en subsidios energéticos bajará del 1,1% del PBI en 2024 al 0,5% en 2025, aunque por ahora no se ha definido un ritmo concreto para ese recorte. En su primer año de gestión, Javier Milei ya aplicó un ajuste del orden de los USD 3.000 millones, al tiempo que incrementó los componentes tarifarios de transporte y distribución. Las distribuidoras lograron mejorar sus balances y reportan niveles de cobrabilidad superiores al 95%.
Desde diciembre de 2023, las tarifas de electricidad aumentaron un 264% y las de gas un 622%, según el Observatorio de Tarifas y Subsidios del IIEP de la UBA-Conicet. Estos incrementos corresponden a hogares del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) que no reciben subsidios.
La eliminación del actual esquema también es clave para cumplir otra meta establecida en el acuerdo con el FMI: avanzar en la reforma del mercado mayorista de electricidad para noviembre de 2025, con el objetivo de mejorar la competencia y aliviar la presión sobre la cadena de pagos del sector energético.
En ese sentido, la Secretaría de Energía dictó la Resolución 21/2025, que habilita a las empresas a celebrar contratos libremente, sin la intermediación de la compañía estatal CAMMESA. La intención es recuperar un esquema de libre contratación similar al de los años noventa, aunque genera tensiones dentro del propio oficialismo y plantea interrogantes sobre el futuro de los subsidios.
CAMMESA se volvió un actor central en el sistema energético en las últimas dos décadas, al comprar energía a las generadoras y vendérsela a las distribuidoras, que cobran a los usuarios. Como muchos hogares no pagan el costo real de la energía, el Tesoro compensa la diferencia mediante transferencias a la empresa estatal.
El nuevo modelo apunta a canalizar los subsidios directamente a los usuarios en sus facturas, lo que permitiría que compradores y vendedores celebren acuerdos libremente. Sin embargo, para que eso funcione, será necesario que las tarifas reflejen el costo real del suministro.
CAMMESA ya resolvió una deuda de USD 1.000 millones con las generadoras mediante la entrega de un bono en dólares (AE38), operación clave para alcanzar el superávit fiscal de 2024. También implementará un plan de pagos para regularizar la deuda de USD 1.300 millones que mantienen las distribuidoras por energía ya entregada y no abonada, con incentivos para aquellas empresas que estén al día.
Paralelamente, la Secretaría de Energía está finalizando el proceso de Revisión Quinquenal de Tarifas (RQT) con transportistas y distribuidoras. Este mecanismo definirá un sendero de inversión, aumentos tarifarios y un esquema de actualización mensual. Se prevé una suba en términos reales, que se aplicaría en tres tramos.
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El Senado sancionó las leyes jubilatorias, la reactivación de la moratoria y la emergencia en discapacidad

Triple victoria opositora ante un oficialismo sin defensa y con la Casa Rosada que le echa la culpa a Victoria Villarruel. El Gobierno prepara vetos y analiza una potencial judicialización de la sesión
En una jornada de duras derrotas para la Casa Rosada, el conglomerado opositor liderado por el kirchnerismo más un puñado de radicales, una dialoguista alejada del PRO y silvestres provinciales del Senado sancionó esta tarde las leyes que mejoran las castigadas jubilaciones, que reactiva la moratoria previsional, y que declara la emergencia en discapacidad.
También se incluirán iniciativas para asistir financieramente a las provincias y una discusión preliminar sobre el juicio por la estatización de YPF.
El Senado convirtió en ley el aumento a las jubilaciones:
El proyecto impulsado por bloques opositores dispone una recomposición aproximada de 62 mil pesos, de acuerdo a lo detallado en su exposición por el senador Martín Lousteau. El oficialismo se ausentó de la votación y adelantó que impugnarán la sesión por irregularidades en la convocatoria
Se aprobó la restitución de la moratoria previsional:
Con el oficialismo ausente, la oposición avanza con el temario aprobando con mayoría simple las iniciativas que llegaron con media sanción de la Cámara de Diputados. Así, luego de aprobar un aumento en las jubilaciones los senadores presentes convirtieron en ley la restitución de la moratoria previsional.
De esta manera, si la norma se restituye, trabajadores que no hayan completado sus aportes podrán acceder igualmente a una jubilación a través de facilidades y planes de pago.
El Ejecutiva nacional afirma que medidas de este tipo son las que hicieron quebrar al sistema previsional. Distintas voces del gobierno y el oficialismo adelantaron que impugnarán y hasta judicializarán las leyes aprobadas esta jornada por los senadores de la oposición.
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Guillermo Ramisch: “El Gobierno va en contra del Estado en nombre de la eficiencia, pero acá se está destruyendo el INTA, no se lo hace más eficiente”

Sostuvo en Canal 9 Norte Misionero el extensionista de campo de la Agencia de Extensión de San Pedro del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), al referirse a la oficialización del Gobierno nacional sobre la disolución, transformación y fusión de 21 organismos públicos de distintas áreas, en el marco del proceso para reducir la estructura estatal y el gasto público.
En este sentido, el Ingeniero Agrónomo Guillermo Ramisch, primero comentó cómo tomaron este anunció sobre el cual ya había rumores desde hace tiempo y señaló: “Con mucha preocupación, mucha bronca, mucha tristeza, mucha inseguridad. Estamos tratando de organizarnos y construir una respuesta que esté a la altura también de lo que nos está planteando el Gobierno”.
A lo que agregó: “La característica del Gobierno es ir contra el Estado, en nombre de la eficiencia, achicarlo o incluso destruirlo, de esa forma no se hace eficiente en nada porque lo destruye”.
Seguidamente el extensionista de campo explicó el motivo por el cual asegura que se está destruyendo al INTA y no haciéndolo más eficiente: “Todo arranca con una quita en la democracia. El INTA tenía toda una estructura técnica por concurso que arrancaba de la Dirección Nacional hasta el último trabajador de cualquier agencia, de cualquier experimental. A la vez tenía un consejo directivo integrado por las distintas organizaciones del campo, las universidades de agronomía, de veterinaria”.
A lo que acotó: “Todo eso fue alterado, ahora el Gobierno le quitó su autarquía y lo hace depender de la Secretaría de Agricultura. Entonces, quién va a definir ahora la política de investigación del INTA, de extensión del INTA, va a ser el presidente directamente con el Gobierno. Con lo cual ahora quedamos dependientes de cada gobierno de turno que entre”, explicó esto en cuanto al funcionamiento del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria.
Pero eso no es todo, porque Guillermo Ramisch además comentó que “hay propuestas que van desde cerrar todas las agencias de extensión, porque el Gobierno no está interesado en sostener el sistema de extensión, de contacto en el campo con los productores. Incluso de dar de baja también los centros regionales”.
Por otra parte, el Ingeniero Ramisch contó que el INTA tiene alrededor de 120.000 hectáreas y que la idea es vender 70 mil, por lo que él supone que también hay un interés económico. Mientras que con relación al personal que tiene el Instituto en todo país, el extensionista de campo de San Pedro dijo que son alrededor de 6.000 trabajadores y que la intención del Gobierno nacional es disminuir eso en 1.500.
En la extensa nota brindada a Canal 9 Norte Misionero el Ingeniero Agrónomo contó que varios trabajadores ponen plata de sus bolsillo para mantener funcionando un vehículo oficial, por eso adelantó los pasos a seguir en modo de reclamo.
Mirá la nota completa:
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Guardaparques destruyeron estructuras utilizadas para la caza furtiva en zona de frontera

Guardaparques del Parque Provincial Horacio Foerster, dependiente del Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables de Misiones, realizaron una recorrida de rutina sobre la Ruta Costera Nº 2, en el límite con Brasil.
Durante el patrullaje, se incursionó a pie en distintos puntos cercanos a la costa del río San Antonio (límite internacional), donde se detectaron varios apostaderos y cebaderos destinados a la caza furtiva de diversas especies de aves y mamíferos.

Ante esta situación, se procedió al relevamiento del lugar, tomando coordenadas geográficas y destruyendo las estructuras halladas para evitar su reutilización. Asimismo, en las inmediaciones se localizó un sendero que conduce directamente hacia Brasil, cruzando el río San Antonio.
El equipo confeccionó las actas y documentaciones correspondientes, y continuó con la recorrida de control sobre los 25 kilómetros de influencia del Parque Provincial Horacio Foerster, reforzando las acciones de vigilancia y protección de esta importante área natural.
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