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Las tensiones en el mercado inmobiliario imponen nuevos desafíos para los profesionales del sector
Mientras en el Senado de la Nación se discute acaloradamente la posibilidad de dar o no sanción a una nueva Ley de Alquileres, el mercado inmobiliario sigue evidenciando una contracción muy fuerte en la oferta de inmuebles disponibles para alquiler, en el marco de un panorama complejo, en el que además se suma la inestabilidad cambiaria y las incertidumbres propias de un contexto pre electoral.
El proyecto de ley que llegó al Senado con media sanción en Diputados, plantea contratos de dos años y la posibilidad de aumentos cuatrimestrales. De aprobarse, representaría un cambio importante, ya que la ley vigente determina que los contratos deben realizarse por tres años y que los aumentos pueden darse una vez al año.
En tanto, hace un par de semanas, el salto en el precio del dólar oficial, se tradujo en un cese casi total de las operaciones inmobiliarias.
María Bower, presidenta del Colegio de Corredores Públicos Inmobiliarios de Misiones, dio a conocer que “ya comenzaron automáticamente las llamadas para esperar y hacer el contrato con la nueva ley, aunque debemos aclarar que aún no se sancionó” y señaló que “no hay inmuebles vacíos. Las personas están buscando activamente propiedades para alquilar”.
En esta coyuntura, los corredores y otros agentes del rubro inmobiliario, se ven en la necesidad de adaptarse a los nuevos escenarios, sin perder competitividad ni eficiencia. De este modo, la formación profesional se vuelve un importante valor agregado. Una de las posibilidades certeras de profesionalización, es la que ofrece la Licenciatura en Corretaje y Negocios Inmobiliarios que este año comenzó a dictar la Universidad Gastón Dachary (UGD).
Una de las principales ventajas de esta carrera, que además incorpora diplomaturas, es su carácter virtual, lo que permite cursar la licenciatura desde cualquier lugar del país y con horarios flexibles. La propuesta, está orientada a quienes se desempeñen o vayan a desempeñarse en el ámbito inmobiliario.

“Los corredores inmobiliarios de la Argentina deben estudiar una carrera universitaria y matricularse en los colegios profesionales de cada jurisdicción provincial, como exige la ley N° 25.028; ya que es preciso mejorar y controlar un servicio que la sociedad demanda cada vez con mayores niveles de exigencia. Debemos estar preparados y evolucionar constantemente para brindar a la sociedad en general y a nuestros clientes en particular, diagnósticos profesionales certeros y tratamientos adecuados a cada problemática, para cuidar sus intereses y sus patrimonios” asegura Javier Grandinetti, arquitecto, corredor inmobiliario y director de la Licenciatura.
Con respecto a la situación del mercado inmobiliario, Grandinetti señala que “La tensión en el mercado locativo se está conteniendo en los últimos años por la gran labor de mediación que están llevando adelante los corredores inmobiliarios, entre las posibilidades de los inquilinos y los deseos y expectativas de los propietarios, buscando permanentemente atenuar las insatisfacciones de ambas partes”.
En este sentido, añadió que “cuando el mercado de los alquileres iba generando cada vez más oferta y se mantenía en línea con las necesidades de la gente, el mercado estaba en mediano equilibrio. Cuando la demanda de la gente creció más que la nueva oferta o la oferta se retrajo, apareció el conflicto de los alquileres que tenemos hoy”.
“La situación cambiaria, las posibles modificaciones en la Ley de Alquileres y muchos otros aspectos que hacen al universo del corretaje inmobiliario, están incorporados en el aprendizaje. Estos trayectos académicos son herramientas esenciales para el rubro” afirman desde la UGD en relación a la Licenciatura en Corretaje y Negocios Inmobiliarios.
Para mayor información acerca de las carreras o inscripciones, comunicarse a través de cualquiera de las vías de contacto informes@ugd.edu.ar o al WhatsApp +54 9 (376) 505 1632.
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La Dirección Nacional de Vialidad aprobó nuevos aumentos en el peaje, esto impacta en Victoria y Santa Ana
La Dirección Nacional de Vialidad aprobó un nuevo aumento en los peajes de los corredores viales nacionales a través de la Resolución 248 publicada este martes en el Boletín Oficial. La medida lleva la firma del administrador general del organismo y establece nuevos cuadros tarifarios del tramo I al X. En Misiones, el incremento impacta en el tramo III, que incluye las estaciones de Santa Ana y Colonia Victoria sobre la Ruta Nacional 12. La medida se dicta en el marco de las facultades de Nación sobre rutas nacionales.
La resolución establece que las nuevas tarifas entrarán en vigencia después de ser publicadas durante dos días consecutivos en al menos dos medios de comunicación de la zona, es decir, no será de inmediato. Además, ordena su publicación por un día en el Boletín Oficial y su difusión en la página web oficial. También instruye la notificación a la empresa Corredores Viales S.A., concesionaria de los corredores nacionales.
En el caso de Misiones, los nuevos valores rigen para el pago manual en las estaciones de Santa Ana y Colonia Victoria. La actualización implica subas en todas las categorías vehiculares.
Por último, desde Vialidad Nacional se alienta el uso del sistema TelePASE que no solo tiene un mínimo de descuento, sino que permite agilizar la gestión del cobro y reducir los tiempos de viaje para los usuarios. Para obtener el dispositivo, se puede acceder al sitio web de TelePASE.
Las rutas nacionales dependen del Estado nacional, por lo tanto el incremento responde a una decisión administrativa nacional. La medida ya fue formalizada y comunicada a las áreas correspondientes para su aplicación.
Así quedan las tarifas:
Categoría:
Categoría 1: Vehículos hasta dos ejes y hasta 2,30 m de altura sin rueda doble pasó de $1.300 a $1.500.
Categoría 2: Hasta dos ejes y más de 2,30 m o con rueda doble. Hasta cuatro ejes y menos de pasó 2,30 m de $2.600 a $3.000
Categoría 3: Hasta cuatro ejes inclusive y más de 2,30 m o con rueda doble pasó de $3.800 a $4.500
Categoría 4: Más de cuatro y hasta seis ejes pasó de $5.100 a $6.000
Categoría 5: Más de seis ejes pasó de $6.300 a $7.500
Nota: Canal12misiones.com
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Wanda: “No es una Tasa, lo que se está cobrando es un impuesto y es ilegal, es un delito”, aseguró la dueña de la minería
La semana pasada se comenzó a cobrar la polémica Eco Tasa en Wanda que profundizó la grieta entre la empresa minera y la Municipalidad. Hubo fuertes cruces de palabras, advertencias, enojo, videos viralizados y denuncias cruzadas.
En ese marco, la dueña de uno de los yacimientos, Patricia Busch, dialogó con Canal 9 Norte Misionero y expuso su posición respecto al tema. “Nosotros no pasando un buen momento en estos días, mucha tensión, mucho enojo, mucha incertidumbre, mucha arbitrariedad respecto de los inspectores municipales”, comenzó diciendo y contó que “hoy mismo uno de los colectivos que vienen a visitar ambos yacimientos, tuvo que volverse porque la inspectora de tránsito le dijo, ‘si usted no paga, no puede pasar’”.
El monto que se debe abonar, según la empresaria, es de “1.500 pesos” y no de 800 pesos como sostiene la intendente local, Romina Faccio. “Eso es mentira”, espetó Busch y agregó que hay vehículos, como los colectivos, que pueden llegar a abonar hasta 100 mil pesos.
También cuestionó la forma de cobrar al Eco Tasa al afirmar que “nos dicen que nosotros somos negreros o que no pagamos los impuestos, y el ticket que ellos otorgan es trucho, truchísimo, donde escriben con lapicitos el valor que van cobrando de acuerdo a la cara del turista” y a ello agregó que “nosotros pagamos los impuestos, pagamos lo que corresponde, tenemos al día todo lo que sea de minas y geología. No debemos un centavo a nadie”.

La casilla de cobro está instalada en la zona conocida como Cuatro Bocas, frente a la entrada a la minería, lugar al que -según la empresaria- “yo, personalmente, no puedo estar ahí con mi grupo de trabajo porque el inspector de tránsito me hizo una denuncia penal que yo estaba interfiriendo el trabajo de ellos, cosa que es mentira, mentira, porque el día que ellos se fueron a instalar a la entrada, nosotros fuimos a ver cuál iba a ser el sistema de trabajo de ellos y al ver el enojo de los turistas” fue que habrían intervenido porque “primero, es una tasa que es ilegal porque toda Tasa tiene que tener una contraprestación de servicio directo al contribuyente”, adujo y acotó que esa contraprestación “no es para el cordón cuneta, para el empedrado, no, debe ser directo al contribuyente. Entonces, si no es una tasa, es un impuesto encubierto, y si lo es, es un delito”, aseveró.
En otro tramo de su descargo, Busch expresó que “lo más terrible, lo más terrible, es que hay como cuatro o cinco móviles de la policía de todos lados como si fuéramos delincuentes. O sea, nosotros somos laburantes, laburantes de 365 días del año y nos tratan como delincuentes”.
Consultada sobre el impacto de la Eco Tasa en el ingreso de visitantes a la mina, manifestó que “no sabría ni decirte ya estamos en temporada baja (…) Pero no está entrando nada a la mina directamente, porque es imposible. O sea, nosotros ni siquiera estamos, no sé, el 10% capaz que estamos teniendo de gente que ni siquiera está entrando”.

También cuestionó duramente a la jefa comunal Romina Faccio y disparó: “¿Qué se piensa? Si ella quiere vivir del turismo, que ponga una mina, que excave la tierra, que ponga mineros, que saque la piedra y que la venda, y que ahí tenga el sueño de tener una mina. Porque lo que está haciendo no corresponde, no corresponde”, insistió.
Para concluir, reiteró que “ya se ha presentado una medida de amparo en el Supremo Tribunal de Justicia y ahora nosotros estamos esperando que mañana salga, porque despacha dos veces a la semana, los días martes y los viernes (…) estamos esperando minuto a minuto, y si no tenemos solución mañana, partiremos con otro tipo de herramientas más fuertes”, finalizó,
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Por el Programa de Regularización Comercial, Eldorado inició el 2026 con más altas comerciales que bajas
El secretario de Hacienda de la Municipalidad de Eldorado, Marcelo Mikulán, analizó las altas y bajas de la actividad comercial en la ciudad en un contexto de crisis económica a nivel nacional donde se ha tornado corriente la caída de persianas de locales de pequeñas y medianas empresas.
En ese marco, el funcionario señaló que, “si bien el volumen de bajas viene sostenido, es decir, hay una cierta cantidad de estadísticas en cuanto al 2025 de negocios que lamentablemente cierran, en particular en el año 2025, es para destacar la gran cantidad de altas de habilitaciones comerciales que nosotros tuvimos, muy por encima de la media” y recalcó que esto es debido a la decisión adoptada para facilitar la “regularización y asistencia de todas las actividades que estaban en una situación informal” mediante el Programa de Regularización Comercial por el cual se eliminaron 27 tasas administrativas entre otros beneficios.
Entonces, esa medida que fue innovadora permitió que “el año pasado tengamos 900 altas en el área administrativa de comercio”, destacó Mikulán, que atraviesan diferentes rubros como “vendedores ambulantes, servicios, panadería, comercio de barrios, industrias, que están habilitadas y que probablemente si no hubiese existido este programa iban a mantener gran parte de ellos en el circuito informal y sin pagar tasas”.
El funcionario insistió en que “es cierto que hay una recesión importante y que lo charlamos con las empresas, pero el hecho de haber ampliado nuestra base de contribuyentes hoy nos permite contar con mayor cantidad de recursos en el esquema comercial (…) en definitiva es algo positivo, es decir, sin haber incrementado la tasa, hoy tenemos una recaudación mayor, producto de que tenemos más cantidad de negocios habilitados gracias a este programa y obviamente hay una competencia mucho más leal entre comerciantes”.
Consultado sobre si se evalúa reeditar el mismo programa este año, o si se analiza otro tipo de beneficios para el sector, comentó que “al sector comercial estamos analizando desde otras ópticas, desde otras vistas, no creo que el mismo programa tenga el mismo efecto porque obviamente era un programa incluso que estaba previsto para 6 meses y se prorrogó durante todo el año, es decir, diríamos prácticamente aquel que tenía intenciones de poder regularizar no tuvo solo 6 meses, tuvo un año, con lo cual hemos llegado prácticamente a la totalidad de quienes realmente tenían alguna intención de formalizar”, pero sí “estamos evaluando, sin nada definido, 4 ó 5 alternativas para el segundo semestre para tratar de mantener, o impulsar, el sector comercial siempre que se mantengan las condiciones macro y las condiciones presupuestarias”.
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