Este sábado se llevó a cabo una recorrida de control y vigilancia ambiental en el Lago Urugua-í, con el objetivo de prevenir actividades ilegales dentro del área protegida. Durante el patrullaje, que se realizó en lancha, los guardaparques inspeccionaron la zona de Isla Palacio y áreas aledañas.

En una naciente se detectó la presencia de un campamento utilizado por cazadores y pescadores furtivos. Ante esta situación, el equipo procedió a desmantelar y retirar la totalidad de la instalación, en cumplimiento de las normativas vigentes.

Asimismo, en el transcurso de la patrulla se halló una red de pesca ilegal armada en el agua, con una extensión de 50 metros de largo por 2 metros de alto. Se labró el acta correspondiente y se secuestraron todos los elementos relacionados con esta actividad no autorizada.

Estas acciones forman parte del trabajo permanente que realiza el cuerpo de guardaparques del Ministerio de Ecología para proteger la biodiversidad de la provincia y prevenir delitos ambientales.

Se trata de un hombre de 19 años, quien fue demorado en la madrugada de este domingo en la Reserva de la Biosfera Yabotí de San Pedro. El mismo se habría dirigido al lugar con intenciones de realizar actividades de caza ilegal. Tres escopetas que tenía en su poder fueron incautadas.

El procedimiento fue llevado a cabo hoy a la medianoche, en el Lote C2 del sector Moconá por personal de la División Policía Ecológica, con colaboración de los guardaparques provinciales, en el marco de patrullajes preventivos que se realizaban en la zona.

Allí los efectivos interceptaron al joven, quien tenía en su poder tres escopetas dos calibre 28 y una calibre 16, con tres cartuchos calibre 28, sin la documentación pertinente y sin numeración visible.

Fue así que en ese momento, el sujeto fue detenido y trasladado junto con las armas de fuego, a la Comisaría, quedando a disposición del Magistrado interviniente.

Con la participación de autoridades provinciales, organismos ambientales, representantes de las Fuerzas de Seguridad y organizaciones, el Ministerio de Ecología y Recursos Renovables de Misiones llevó a cabo una reunión de trabajo para analizar la situación actual en torno a la comercialización de aves silvestres, especialmente ejemplares de Myiopsitta monachus (cotorra verde), en la provincia de Misiones. El encuentro surgió a partir de una denuncia recibida sobre una agroveterinaria de Oberá que comercializaba este tipo de ejemplares.

Durante el procedimiento, llevado adelante por la Dirección de Fauna del Ministerio de Ecología en conjunto con la División de Medio Ambiente de la Policía y el centro de rescate Ohana, se constató que las aves contaban con la documentación correspondiente: guía de tránsito proveniente de Corrientes y certificados sanitarios. En ese contexto, se labró el acta correspondiente y no se detectaron infracciones por parte de la veterinaria involucrada. Sin embargo, la situación generó un debate más amplio sobre los vacíos normativos y la necesidad de establecer criterios claros respecto a la tenencia, trazabilidad y control sanitario de estas especies.

Si bien la cotorra verde es una especie nativa en algunas regiones, en otras provincias es considerada exótica invasora y su control está autorizado. En este caso, los ejemplares eran de criadero, por lo cual no requieren una protección especial, aunque su comercialización debe cumplir con las normativas vigentes.

Durante la reunión se destacó que, para ser legal, la tenencia y comercialización de estos animales debe estar respaldada por un certificado de origen, certificado sanitario y permiso de ingreso emitido por el Ministerio de Ecología, además de contar con identificación individualizada. Asimismo, se subrayó que el vendedor no estaba inscripto en el Registro de Operadores de Fauna de Nación y figuraba en AFIP (ahora ARCA) como comercio de animales domésticos, lo cual representa una irregularidad.

Desde la Policía Ambiental se planteó la necesidad de contar con un protocolo de actuación claro, que ordene la intervención de cada organismo ante la detección de delitos vinculados al tráfico ilegal de fauna.

El diputado provincial Rafael Pereyra Pigerl propuso avanzar en una reglamentación específica para la comercialización de animales, atendiendo a la problemática del hacinamiento, el tráfico ilegal y los riesgos sanitarios. Por su parte, Jerzy Zakidalsky, responsable del área jurídica del Ministerio de Ecología, recordó que si bien los registros de comercios son competencia municipal, el control de las especies silvestres es responsabilidad provincial.

Finalmente, se acordó trabajar en la generación de herramientas y marcos normativos que permitan a cada organismo cumplir su función de manera efectiva, asegurando la trazabilidad de los ejemplares, la salud de los consumidores y la conservación de la fauna silvestre.

De la reunión participaron el subsecretario de Ecología Facundo Ringa; el director de la División de Medio Ambiente y Delitos Rurales, Maximiliano Jaques. También formaron parte el director de Impacto Ambiental Franco García Sosa, la directora de Biodiversidad, Patricia Sandoval y el responsable del área jurídica del ministerio, Jerzy Zakidalsky. Por parte del centro de rescate OHANA participaron Fernando Piesco, junto a los abogados Micaela Draicchio y Mauricio Trigo. Estuvieron presentes además Damián Lozano y Rodrigo Fariña, en representación de Aves Argentinas, el director ejecutivo del IMiBio, Emanuel Grassi, el presidente del Colegio de Médicos Veterinarios de Misiones, Pablo Jorge Castillo y el diputado provincial, presidente de la Comisión de Recursos Naturales, Conservación del Ambiente y Cuidado Animal, Dr. Rafael Pereira Pigerl.