Economía
El Banco Central analiza emitir billetes de $20.000 y $50.000
Si bien todavía no se lanzó el proceso formal, en el BCRA analizan hacerlo en las próximas semanas. Su llegada al público demorará de 6 a 9 meses, en medio de la urgencia por la inflación que viene
Si bien todavía no dio los primeros pasos formales, la nueva conducción del Banco Central ya tiene en carpeta la emisión de nuevos billetes de denominación sensiblemente mayor a los actuales, cuyo poder adquisitivo queda cada vez más bajo por culpa de la inflación y de la inexplicable decisión de la gestión anterior de no actualizar sus valores.
“El tema no se pudo tratar todavía en el Directorio porque hasta ahora todos los temas fueron los de mayor urgencia. Por eso no hay precisiones, ni se sabe cuáles serán las nuevas denominaciones, pero el tema se analizará en las próximas semanas”, explicó una fuente del BCRA, en medio de una urgencia indisimulable: el billete de mayor denominación vale algo más de 2 dólares y la Argentina enfrenta un inédito salto inflacionario para los próximos meses.
De hecho, el plan de imprimir billetes de 100, 200 y 500 pesos con imágenes de próceres, para reemplazar a los animales, fue desactivado por razones obvias. Solamente el de $1.000, con la imagen de San Martín, llegó a la calle para coexistir con el del hornero; el resto no se producirá.
¿De qué valores se habla?
Quienes conocen de cerca el manejo de los billetes aseguran que $20.000 y $50.000 es la denominación indicada. Si se opta por valores de $5.000 o $10.000, considerando el tiempo de producción, cuando salgan a la calle el cambio casi no va a notarse. Aún cuando suene excesivo, un billete máximo de $50.000 es lo más razonable según los expertos. Hoy equivale a 50 dólares.
Cuando apareció el billete de $500 (junio de 2016) valía 33 dólares; cuando empezó a circular del de $1.000 (diciembre de 2017) valía 58 dólares.
Queda abierto un punto: la diferencia que existiría entre $2.000 y su inmediato de $20.000 probablemente se cubra más adelante con papeles de $5.000 o $10.000, aunque todos estos cálculos que hoy se hacen en el Central dependerán de como evolucione la inflación.
¿En cuánto tiempo?
Ese es el punto más complejo. En el BCRA afirman que el proceso no se inició. Y el tiempo habitual para que un billete nuevo llegue a la calle va a de 6 a 9 meses, incluyendo desde el diseño, los pasos legales, la producción y la distribución.
“Si sale todo muy bien, podría llegar para junio, cuando se pagan los aguinaldos y la demanda de dinero es más fuerte”, explican en una tesorería de un banco líder. Antes, imposible. El otro pico estacional en el que los bancos necesitan más billetes es el actual, diciembre, por el pago de aguinaldos, bonos y el giro comercial de las fiestas, pero se asegura que no hubo problemas de provisión. Sí hay problemas para el público y las empresas, que se quejan en forma constante por tener un billete máximo con un poder de compra tan bajo.
En los próximos meses, los encargados de la provisión de efectivo esperan dos acciones contrapuestas. Por un lado, la inflación creciente exigirá una mayor cantidad de billetes en la calle; pero a la vez, se espera que esa inflación genere un parate económico, lo que siempre reduce los pedidos de efectivo que los bancos suelen hacer al BCRA. Sí esos dos fenómenos se compensan entre sí, explican, podría atravesarse sin problemas el tiempo que llevará producir los nuevos billetes.
¿Quién los hace?
Encargarlos al exterior podría acelerar los tiempos en relación a lo que puede tardar la Casa de la Moneda y es lo que vino ocurriendo con la producción en forma reciente: este año se encargaron billetes de $1.000 a Francia y Malta.
La Casa de la Moneda, por otra parte, ni siquiera tiene presidente. Su último titular, Angel Elettore, presentó su renuncia el 7 de diciembre, la cual fue aceptada de inmediato por Alberto Fernández. El organismo está en manos de las dos integrantes que completan su directorio y, según indica la ley, una representa al BCRA, Cristina Tchintian, y otra representa al ministerio de Defensa, Marina Pecar. Ambas fueron designadas oportunamente por Miguel Pesce y Jorge Taiana, respectivamente.
De esa forma, la Casa de la Moneda está conducida por dos directoras designadas por el gobierno anterior. La nueva administración no dio señales acerca de quiénes serán sus nuevas autoridades. Y como en todo organismo público, el clima que se respira por estos días no es el mejor: la intención oficial de recortar gastos y transformar las Sociedades del Estado en sociedades anónimas, no pasan inadvertidas.
Toda la producción de Casa de la Moneda está volcada a los papeles de 1.000 y 2.000 pesos, y a la mayor velocidad posible. Los billetes de menor denominación, pensados con mayor interés en reemplazar por próceres a los animales elegidos durante el macrismo que en facilitar el uso del efectivo para los actores económicos, ya no serán producidos.
En diciembre de 2019, a pocos días de asumir su cargo, el ex presidente del Banco Central Miguel Pesce anunció que se analizaba lanzar billetes de $2.000 y $5.000. Poco después, la idea se desactivó por decisión de Cristina Kirchner. Al igual que durante su propio Gobierno, en el que se opuso a lanzar un billete superior a $100, la entonces vicepresidenta prefirió no admitir que la inflación requería un valor más alto.
El billete de $2.000 recién salió a la calle en mayo de este año. Pero antes, en mayo de 2022, se materializó la decisión de volver a los próceres. Para el Gobierno, no fue un anuncio menor: junto a Pesce, participó el propio Alberto Fernández, y la entonces titular de la AFIP Mercedes Marcó del Pont. Insólitamente se mantuvieron los mismos valores, de $1.000, $500, $200 y $100, a pesar de que en ese mes la inflación fue superior al 5% mensual y al 60% interanual.
Solamente los de $1.000 llegaron a los bolsillos de los argentinos. El resto, con imágenes de Eva Perón ($100), Martín Miguel de Güemes y Juana Azurduy ($200) y Manuel Belgrano y María Remedios del Valle ($500) no solo nunca se imprimieron sino que ni siquiera se resolvió su diseño definitivo. Sólo se elaboró el boceto que acompañó a la difusión del lanzamiento.
FUENTE: INFOBAE
Economía
Visit Misiones se presentó por primera vez en el Marketplace Curitiba
La tierra colorada formó parte del encuentro B2B en la ciudad brasilera, posicionando su oferta turística en uno de los mercados más estratégicos.
La provincia, a través de su nuevo esquema de promoción internacional Visit Misiones, participó en el Marketplace Curitiba, un encuentro de alto nivel que reunió a más de 65 operadores turísticos, agencias de viaje, aerolíneas y destinos estratégicos en la emblemática Ópera de Arame.
La acción se orientó a posicionar a Misiones como destino preferente para el turismo brasileño, presentando una propuesta integral que combina experiencias únicas en la naturaleza —como las Cataratas del Iguazú, los Saltos del Moconá y la selva misionera— con el turismo cultural y gastronómico, a través de productos y servicios relacionados con el té y la yerba, los Conjuntos Jesuítico Guaraníes y los sabores locales. También se destacó la calidad de los servicios, con alojamientos de categoría, productos premium y turismo de reuniones, así como la conectividad aérea hacia Puerto Iguazú (IGR) y Posadas (PSS).
El Marketplace Curitiba se consolidó como un espacio ideal para establecer contactos comerciales y generar nuevas oportunidades con un mercado clave para la provincia. En ese sentido, la participación misionera apuntó tanto a atraer al visitante de escapadas de fin de semana como al de estadías prolongadas, siempre con una propuesta sostenible, inclusiva y de alta calidad.
La presencia de Misiones se enmarcó en una articulación institucional junto a otros destinos y actores estratégicos, como Visit Buenos Aires, Bariloche y Aerolíneas Argentinas, generando sinergias que fortalecen la promoción conjunta del país en Brasil. Sin embargo, el gran protagonista fue Visit Misiones, que concretó en este evento su primera acción oficial como marca de promoción internacional, abriendo camino hacia nuevos mercados.
Actualidad
Alicia Bohren: “Necesitamos de una Ley de Financiamiento para tener previsibilidad”
El miércoles a la noche el presidente de la nación Javier Milei firmó el veto a la Ley de Financiamiento Universitario devolviéndolo al Congreso Nacional lo que representa un duro golpe para las universidades públicas del país, que vienen funcionando con un presupuesto anacrónico.
En ese marco, la rectora de la Universidad Nacional de Misiones, Mgter. Alicia Bohren, manifestó a Canal 9 Norte Misionero que “necesitamos tener una Ley de Financiamiento Universitario y no quedar sujetos a los vaivenes del presupuesto anual” y remarcó que están funcionando “con un presupuesto que ha sido prorrogado por dos años”.
Recalcó que esta ley vetada representa el 0,6 por ciento del PBI lo que evidencia que quebrantaría el equilibrio fiscal defendido por el Gobierno Nacional. En ese sentido, indicó que estarán muy atentos a lo que suceda en la Cámara de Diputados de la Nación, manifestando que “vamos a ver qué es lo que pasa con el veto y toda la comunidad educativa nacional va a ver como defienden los legisladores provinciales sus universidades públicas”.
No obstante, señaló que “estamos dialogando con todos los actores políticos y los nuevos candidatos que van a estar en las elecciones de octubre para escuchar y ver su compromiso con la educación pública”.
Otro aspecto que abordó fue como se están encarando, con el actual presupuesto, los cumplimientos de los diferentes compromisos, los costos fijos, obras de infraestructura, entre otros. También destacó la fuerte pérdida del poder adquisitivo que tuvo el salario docente y no docente cuya caída ha llegado al 50 por ciento.
En esa línea, afirmó que hay docentes y no docentes que han renunciado a sus cargos, lo que genera una gran pérdida para el sistema de la educación superior, aunque aclaró que no han sido tanto en Misiones, pero sí en otras zonas del país. Aseveró que habrían sido aproximadamente 10 mil personas que abandonaron la educación universitaria
Actualidad
El Gobierno Nacional también vetó la emergencia en pediatría
La iniciativa proponía una recomposición salarial y una actualización en la partida presupuestaria para garantizar la atención de los pacientes
En medio de la cuenta regresiva para que se venza el plazo que tenía el Gobierno nacional para frenar las leyes impulsadas por la oposición, el presidente Javier Milei ratificó el veto a la Ley de Emergencia Sanitaria de la Salud Pediátrica N° 27.796. De esta manera, el proyecto será devuelto al Congreso de la Nación y quedará sujeto a ser tratado por ambas cámaras.
El proyecto, que implicaba una recomposición salarial, un aumento presupuestario y una asignación prioritaria de insumos críticos por el plazo de un año, había sido sancionado el 22 de agosto. Durante una sesión clave en el Senado, la iniciativa logró reunir 62 votos a favor, contra ocho rechazos.
No obstante, este jueves a la madrugada se oficializó el veto, por medio de la publicación del Decreto N° 651/2025 en el Boletín Oficial. “Devuélvase al H. CONGRESO DE LA NACIÓN el Proyecto de Ley mencionado en el artículo anterior”, dictaminaron en el segundo artículo del documento, tras haberse revisado la totalidad del texto.
“El proyecto no solo carece de un financiamiento genuino, sino que posee una redacción ambigua que fomenta la arbitrariedad y la falta de claridad en los mecanismos de implementación”, argumentaron desde el Gobierno al señalar que faltaba una delimitación para comprender que abarcaría a las “funciones críticas” señaladas en la iniciativa.
Además, remarcaron que la implementación de una ley de este estilo “profundiza distorsiones salariales, compromete programas esenciales, erosiona la coparticipación federal y pone en jaque la estabilidad presupuestaria de la Nación y de las Provincias”.
En el caso de las distorsiones salariales, las autoridades interpretaron que el personal pediátrico quedaría por encima del resto de los trabajadores del sistema sanitario, lo que provocaría una brecha en el sector. Incluso, indicaron que las actualizaciones propuestas no solo afectarían a los fondos nacionales, sino que socavarían a los gobiernos provinciales.
A la vez que objetaron al artículo que proponía una exención en el pago de Ganancias, debido a que esta medida implicaría que una suma de $115.030.000.000 dejen de ingresar al Tesoro Nacional, criticaron que el gasto público para solventar la ley tuviera que ser reasignado de la partida presupuestaria actual con la que cuenta el Ministerio de Salud de la Nación.
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