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Educación

Autoridades de facultades de Ciencias Forestales de todo el país se reunieron para aunar criterios

Esta mañana se realizó en Eldorado la última jornada del encuentro de autoridades de Facultades de Ciencias Forestales que convocó a cinco universidades públicas del país, con el objetivo de analizar los aspectos académicos que tienen que ver con los planes de estudios, problemáticas comunes, desafíos y la proyección de la carrera en las distintas unidades académicas.

La cita tuvo lugar en la Facultad de Ciencias Forestales (FCF) de la Universidad Nacional de Misiones (UNaM).

En decano de la FCF de la UNaM, Fabián Romero, dialogó con Canal 9 Norte Misionero y detalló que “hemos convocado a una reunión a las cinco facultades de ciencias forestales del país, a la Universidad Nacional de Formosa, a la Universidad Nacional de Santiago del Estero, la Universidad Nacional de La Plata y la Universidad Juan Bosco de la Patagonia donde se dictan las carreras de ingenierías forestales donde un principal objetivo de fijar los nuevos estándares de la acreditación para la carrera de Ingenieros forestales”.

“Decidimos juntarnos y establecer alcances comunes en los títulos, cada facultad tendrá que avanzar sobre una actualización de su plan de estudios, entonces lo que lo que quisimos hacer es convocar y lograr acuerdos generales sobre eso. Así que aprovechamos esta reunión también para trabajar sobre articulación en proyectos de investigación, articulación en posgrado, establecer un mecanismo de intercambio estudiantil a través de los reconocimientos formativos en las diferentes facultades”, observó.

En este sentido, apuntó que “la intención es trabajar una estrategia conjunta de estas cinco facultades”. “Somos pocas facultades más o menos con problemas comunes, todos estamos no solo nosotros, sino Latinoamérica, con un problema de matrícula en Ingeniería Forestal a pesar de que es una carrera muy demandada, hoy nosotros necesitamos más forestales, más ingenieros tenemos muy pocos graduados en todas estas unidades académicas así que debemos pensar en una estrategia común para todo el país, hasta de comunicación también”, reveló.

En consonancia, señaló que “en estos dos días fuimos trabajando en distintos talleres con estos temas, armamos una agenda para el 2023 de trabajo conjunto que arranca con un encuentro que vamos a tener en Mendoza, en el marco del Congreso Forestal argentino latinoamericano, con reuniones de estudiantes y de autoridades para seguir trabajando estos temas, y después los vamos a recibir nuevamente en septiembre”.

Por todo esto, el decano consideró que “fueron dos días de trabajo muy fructífero, donde se produjeron muchos intercambios”.


“Quedamos ya con articulaciones para trabajar el año que viene en estos aspectos, en posgrados, investigación, intercambios estudiantil y docentes e intercambio a nivel de cursos de posgrado, de cursos de perfeccionamiento, así que estamos muy contentos, que se haya dado, que hayan accedido a nuestra invitación y hayan estado acá en una época compleja del año donde todo el mundo está cerrando actividades”.

Para cerrar, manifestó que “el sector forestal es un sector que tiene mucha potencialidad a futuro”. “El mundo está hablando de la necesidad de restauración de los ecosistemas, la necesidad de combatir el cambio climático e ir hacia una economía más verde y creo que las ciencias forestales tienen mucho que aportar en este camino”, apreció.

A su turno, la decana de la FCF de la Universidad Nacional de Formosa, Ilda Villalba, contó que “desde ayer estamos trabajando en un taller con las facultades del país de Ingeniería Forestal ya que estamos próximo a la acreditación nuevamente de la carrera entonces estábamos trabajando sobre el perfil y los alcances en nuestra carrera”.

“Hoy nuevamente nos reunimos para trabajar con el tema de posgrado, de investigación, de docentes, la movilidad estudiantil y en todas las cuestiones referentes a la carrera de ingeniería forestal que nos incumbe a todos en el país”, describió.

Indicó que entre los problemas comunes que detectaron entre las distintas unidades académicas tienen que ver con cuestiones de una baja matrícula en la inscripción de Ingeniería Forestal como también lo tiene Misiones y más este año en lo que fue una baja total en todas las carreras de la Universidad como consecuencia de la pandemia.

“Pasamos de las clases virtuales a las presenciales y esto nos llevó a una disminución de la matrícula. Hicimos una propuesta para trabajar en conjunto con todas las facultades del país y sacar algo a nivel nacional para ver qué es lo que hace el ingeniero forestal, cómo trabaja, en donde se puede estudiar y ver también los distintos ecosistemas de Formosa, Santiago del Estero, La Plata y Misiones. Hablamos de una página web donde también podemos alzar cada uno desde nuestra Unidad Académica lo interesante que es la carrera”, asestó.

En consonancia, la secretaria académica de la FCF de Santiago del Estero, Marta Iturre, autoridad de una de las Altas Casas de Estudios pionera en el país en dictar la carrera que se encuentra próxima a cumplir 65 años de vida, dijo que estas carreras “siempre han sido de poco estudiantes, pero en estos últimos años creemos que hay múltiples factores que incidieron en la baja matrícula, uno de ellos es la cuestión económica”.

“Nosotros tenemos muchos chicos del interior, Santiago es una provincia muy especial, nos visitan chicos de otras provincias también. Entonces la situación económica agrava esta situación de poder estudiar, o sea que tenemos una matrícula bastante bastante deprimida, pero es común a todas las facultades del país más o menos tenemos la misma realidad”, explicó.

Y advirtió que los estudiantes de Ingeniería Forestal en promedio se está recibiendo a los diez años de carrera, situación que sostuvo “es demasiado para un padre financiar el costo de un estudiante y todo lo que conlleva este alquileres, estadías y demás recursos para poder estudiar”. “Creo que son múltiples factores por un lado la situación económica actual, por otro lado nuestros estudiantes llegan a un tercero o cuarto año, se insertan en algún trabajo y eso les demora la carrera, o también van a una pasantía o una ayudantía”, afirmó.

En consecuencia, detalló que “hemos hecho la evaluación planes,también tenemos planes de estudios bastante extensos, en eso estamos trabajando y viendo con las otras facultades de aunar criterios para que no les demoren tanto, porque en el mundo las tendencia es acortar las carreras”.

“Hay que hacer un trabajo interno hacia adentro de la Facultad con todos los docentes, involucrar a los docentes en esta en esta cuestión, pero es posible. En este nuevo plan que estaremos presentando, lo vamos a modificar porque el que está es de 4.200 horas de cursada y es muchísimo, así que este vamos a hacer un trabajo con docentes, talleres con los egresados mismos y con los estudiantes para tratar de bajar el número de horas, no digo de bajar la calidad, pero sí priorizar el temario de las materias”, concluyó.

Actualidad

Desde el SPEPM aseguraron que la desregulación arancelaria es “inaplicable” en Misiones

Tras conocerse el Decreto 787/2025 por el cual se deroga el Decreto N.º 2417/1993 referido al control estatal sobre los aranceles de los establecimientos de educación privada, dispuesto por el Gobierno Nacional, hubo una reacción en la provincia de Misiones para despejar cualquier duda respecto al impacto que ello tendría para los establecimientos educativos y para las familias que envían a sus hijos a ellos.

En primera instancia, se aseguró que el Decreto mencionado es “inaplicable” en Misiones y exhortó a las instituciones a que “deben abstenerse de aplicar incrementos de aranceles, matrículas o cuotas invocando el Decreto 787/2025 como habilitante directo, y mantener los canales de autorización y comunicación previstos por la autoridad provincial”.

En definitiva, las conclusiones vertidas en el comunicado describe los siguientes puntos:

  1. 1. El Decreto Nacional 787/2025 no resulta aplicable ni vinculante para la Provincia de Misiones en materia de aranceles escolares de instituciones de gestión privada, por hallarse la competencia plenamente transferida y regulada por legislación provincial específica.
  2. 2. Continúan vigentes la Ley VI-46 (ex Ley 2987), las resoluciones del SPEPM y toda norma local que establezca criterios, montos o procedimientos de fijación de aranceles, sin perjuicio de las disposiciones nacionales de carácter general en materia educativa.
  3. 3. Los establecimientos de gestión privada deben abstenerse de aplicar incrementos de aranceles, matrículas o cuotas invocando el Decreto 787/2025 como habilitante directo, y mantener los canales de autorización y comunicación previstos por la autoridad provincial.
  4. 4. Como consecuencia del análisis realizado, se emite la presente explicitando la inaplicabilidad del Decreto 787/2025 en la jurisdicción de Misiones y la vigencia de los mecanismos de control y supervisión provinciales.

El documento completo:

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Educación

Eldorado: Se realiza una capacitación docente en el Parque Schwelm

Comenzó el Curso de Capacitación Docente “El campamento, un recurso didáctico formativo y recreativo”, en el Parque Schwelm.

Este martes se llevará adelante la segunda jornada del taller, que brindará recursos prácticos y esenciales sobre técnicas de campamento y cabuyería.

Además, se compartirá información sobre la legislación y normativa vigente para la organización de campamentos educativos, primeros auxilios, y juegos y actividades lúdicas en el campamento.

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Actualidad

Desregularon los aranceles de los colegios privados tras 30 años de control y podrán fijar las cuotas sin autorización

Mediante un decreto, derogaron una normativa que regulaba los precios de las matrículas y las cuotas en las escuelas privadas, permitiendo que los institutos fijen los valores sin autorización previa del Estado nacional.

A través del Decreto 787/2025, publicado en la madrugada de este martes en el Boletín Oficial, el Gobierno dispuso la derogación del Decreto 2417/1993, una norma que durante más de tres décadas reguló el sistema de aranceles y la relación entre el Estado y los institutos de educación pública de gestión privada en la Argentina.

La medida implica un cambio en el esquema de control estatal sobre los precios de las cuotas y matrículas que cobran los colegios privados, al eliminar la obligación de comunicar anticipadamente los montos y de obtener autorización previa para cualquier modificación.

Según los fundamentos del decreto, la normativa derogada “presenta limitaciones y requerimientos que dificultan la adaptación de los institutos de enseñanza pública de gestión privada a las realidades educativas y económicas del país”.

El decreto sostiene que el sistema vigente, instaurado en los años 90, respondía a un contexto en el que la administración de la educación dependía del Gobierno nacional. Con la transferencia de competencias a las provincias, el Ejecutivo considera que “corresponde revisar el marco normativo existente para favorecer un entorno más propicio para la gestión de los establecimientos educativos de gestión privada, garantizando así la sostenibilidad de su labor y el derecho a la educación de calidad”.

Entre los argumentos centrales, el decreto advierte que la intervención estatal en la fijación de aranceles “ha generado efectos contraproducentes que afectan su funcionamiento y viabilidad económica”. En particular, señala que la exigencia de informar y autorizar los valores de matrícula y cuotas con antelación “limita su capacidad de adaptación a las fluctuaciones del mercado, impidiendo que estos ajusten sus precios en función de la realidad económica y los costos operativos”.

Por esto mismo, remarcaron que este mecanismo de control de precios “perjudica a las familias, quienes deben enfrentar aranceles educativos más altos desde el inicio del ciclo lectivo, limitando su capacidad de elegir establecimientos de enseñanza adecuados a sus posibilidades económicas y, en algunos casos, obligándolas a trasladar a sus hijos a otras instituciones”.

En ese sentido, el decreto subraya que “el requerimiento de los establecimientos de enseñanza de gestión privada de comunicar los montos de matrícula y de las cuotas con anticipación considerable, junto con la obligación de obtener la autorización estatal previa para modificar dichos valores, crea una situación de incertidumbre económica para los institutos, que suelen fijar cuotas más elevadas de lo necesario por temor a enfrentar costos que no puedan ser cubiertos sin aprobación estatal”.

El texto también pone el foco en el derecho de propiedad de los institutos privados, al afirmar que “deberían tener la libertad de fijar sus condiciones de contratación y los salarios de sus empleados, sin necesidad de autorización estatal”. Según la visión oficial, la previsibilidad y rigidez de las tarifas impuestas por el Estado “puede llevar a una precarización de la calidad educativa, dado que los establecimientos no pueden responder adecuadamente a las variaciones en los costos de insumos, salarios y otros gastos operativos sin antes contar con autorización de la autoridad correspondiente”.

De esta manera, el Gobierno instruyó al Ministerio de Capital Humano para que, a través de la Secretaría de Educación, revise las pautas contenidas en el Decreto 2542/1991 —la norma madre del sistema de financiamiento de la educación privada— y eleve una propuesta de modificación. De este modo, el Ejecutivo busca avanzar hacia un esquema en el que se resguarde el principio de libre contratación, ”permitiendo a las instituciones educativas el derecho a definir sus políticas de precios y compensaciones, en el marco de una competencia leal y en función de las demandas del mercado”.

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