Ecuador terminó de zambullirse este martes en su más severa crisis de seguridad, con la fuga de dos líderes de bandas criminales, ataques explosivos en varias ciudades, incendios de automóviles y motines multiplicados en varias cárceles con retención de agentes penitenciarios, lo que llevó al presidente Daniel Noboa a declarar al país en estado de “conflicto armado interno” y ordenar a las Fuerzas Armadas “ejecutar operaciones militares para neutralizar” el accionar de una veintena de organizaciones.

El decreto ejecutivo reforma el estado de excepción vigente desde ayer y reconoce la existencia de un conflicto armado interno, por lo que dispone la movilización e intervención inmediata de las Fuerzas Armadas y la Policía en el territorio nacional.

El texto pareció la respuesta al copamiento de un canal de televisiçón en Guayaquil por parte de una banda armada, pero en verdad fue el corolario de una jornada en la que se registraron episodios de violencia en al menos una decena de ciudades y el momento previo a otros gravísimos hechos posteriores, entre ellos tiroteos cerca del palacio de Carondelet -sede del Ejecutivo- y un intento de toma de la Universidad de Guayaquil por parte de encapuchados.

Las redes sociales mostraron, con una fluidez que hacía imposible verificar la información, imágenes de presos amotinados y amenazando a guardias, corridas en universidades, autos incendiados, explosiones en una estación policial y frente a la casa del titular de la Corte Suprema y hasta la voladura de un puente.

El agravamiento de la crisis pareció iniciarse con la fuga de Adolfo Macías, alias “Fito”, jefe de la banda Los Choneros, que estaba preso en Guayaquil, y se sumó el lunes la de Fabricio Colón Pico, uno de los líderes de Los Lobos, detenido el viernes por su presunta responsabilidad en un plan para asesinar a la fiscal general.

El programa de recompensas que Estados Unidos financia en Ecuador anunció dinero para quienes aporten información, pero no detalló la suma.

Macías cumplía una condena a 34 años en la cárcel Regional de Guayaquil por delincuencia organizada, narcotráfico y asesinato y estaba señalado como quien amenazó al candidato presidencial Fernando Villavicencio, muerto a balazos en agosto tras un acto de campaña.

La Fiscalía imputó cargos contra dos funcionarios penitenciarios por su presunta responsabilidad en la fuga del criminal de 44 años, quien obtuvo el título de abogado en prisión.

Los operativos en los penales, o más bien los intentos de revisarlos, dieron paso a motines, retención de guías penitenciarios y revueltas en al menos seis cárceles.

La información oficial señaló inicialmente que había siete policías secuestrados en Machala, Quito y la provincia de Los Ríos, pero el sitio Primicias elevaba por la tarde esa cifra a unos 130 y en las redes se multiplicaban los videos de asesinatos de algunos en paralelo a demandas y amenazas de reos encapuchados.

En uno de esos videos, cuya veracidad no fue verificada, aparecen tres agentes sentados en el piso. Uno de ellos es obligado a leer un mensaje dirigido al presidente: “Declaraste la guerra y guerra vas a tener (…) Declaraste estado de excepción; nosotros declaramos botín de guerra a policías, civiles y militares. Cualquier persona que se encuentre en las calles a partir de las once de la noche será ejecutado”.

En otro, un supuesto preso insulta a Noboa y después dispara seis veces sobre un penitenciario que está sentado delante de otros cuatro.

Según medios quiteños, en el penal de Turi (en Cuenca) hay 49 agentes retenidos y 12 empleados de la cocina; en el de Latacunga (en Cotopaxi) son 45; en el de Machala hay otros 16 guías retenidos; y en el centro de rehabilitación de Archidona (en Napo) en manos de los presos hay 10 agentes y un funcionario del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI).

En Quito también se reportó el estallido de un auto y la explosión de un artefacto cerca de un puente peatonal. Su alcalde, Pabel Muñoz, pidió al Ejecutivo la “militarización” de instalaciones estratégicas ante la “crisis de seguridad sin precedentes”.

El nuevo decreto de Noboa dispone identificar a 22 grupos organizados como “organizaciones terroristas y actores estatales no beligerantes”, dado el conflicto armado interno y ordena a las Fuerzas Armadas que ejecuten operaciones militares para “neutralizar” a estas organizaciones delictivas enumeradas.

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