El 28 de noviembre de 2007, en un contexto de emergencia forestal, en Argentina se sancionaba la ley N°26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos. Con tasas de deforestación que rondaban las 0,94% anual (aproximadamente 700.000 hectáreas por año) diferentes sectores de la sociedad civil se unieron para trabajar por un objetivo común: frenar la deforestación y proteger los bosques nativos y a las especies y comunidades asociadas.  A través de una gran movilización y participación ciudadana a nivel nacional, se logró juntar un millón y medio de firmas, poner en agenda legislativa la problemática y finalmente apoyar y fomentar la aprobación del proyecto de ley.

La Ley de Bosques marcó un hito en el país en materia de regulación ambiental. Su sanción modificó el escenario nacional de protección de bosques nativos, fortaleció técnica y económicamente a todas las jurisdicciones, visibilizó la problemática y la importancia de la conservación de estos ecosistemas, y se convirtió en una herramienta imprescindible para planificar su uso, brindando alternativas para equilibrar producción y conservación de la naturaleza. Pero durante los 15 años desde su sanción, su implementación fue parcial y adoleció de la falta de voluntad política necesaria para su plena implementación en la mayoría de las jurisdicciones

Si bien al principio la Ley de Bosques fomentó una disminución progresiva en la tasa anual de deforestación en la Argentina -estabilizándose hasta el año 2019- en los dos últimos años volvió a incrementarse, en gran medida producto de la frecuencia e intensidad de los incendios forestales. Los bosques nativos de Argentina siguen perdiéndose en zonas donde está prohibida la deforestación, en las cuales se avanza con el cambio de uso del suelo para actividades agropecuarias, forestales, urbanísticas y viales. A su vez, las áreas deforestadas ilegalmente y las que se han quemado, no están siendo restauradas como indica la ley, y la ausencia de un registro nacional de infractores limita las posibilidades de articular esta información con otros elementos de la política pública, que permita facilitar la disuasión y la sanción de los responsables.

Por otra parte, desde su implementación, la Ley de Bosques nunca pudo contar con su presupuesto completo y recibió mucho menos de lo que le correspondería, tanto para el control, monitoreo y vigilancia, como para estimular el uso sustentable y la restauración. En relación al estímulo financiero para el año próximo, el Presupuesto 2023 aprobado recientemente en el Congreso le asigna al Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos 9.000 millones, lo que representa sólo el 10,36% de lo establecido por la Ley 26.331. Si bien el porcentaje se triplicó en comparación a los años 2021 y 2022, sigue siendo mucho menor del que debería asignarse. 

Los bosques nativos son proveedores de servicios ecosistémicos esenciales: contribuyen a la mitigación y adaptación al cambio climático, facilitan la regulación hídrica, son hábitat de miles de especies, dan sustento a la vida de las comunidades locales y contribuyen a la seguridad alimentaria y el desarrollo económico. Son proveedores de materias primas, alimentos, agua potable, medicinas y sirven como reguladores de eventos extremos como inundaciones, la erosión y la calidad del aire. Además, los bosques son hábitat de muchas especies y funcionan como “amortiguadores” de agentes patógenos -como virus y bacterias- que pueden afectar al ser humano. La pérdida de bosques ocasiona graves consecuencias sociales, ambientales y económicas, muchas veces, irreversibles, que atentan contra la salud y el bienestar de las personas y de muchas otras especies.

“Conservar y utilizar sustentablemente los bosques nativos argentinos, es una obligación legal y una oportunidad para el verdadero desarrollo económico y social de las diversas jurisdicciones del país y de las personas que en ellas habitan. Es necesario que exista la voluntad política apropiada para el cumplimiento de esta norma en todos los niveles, la capacidad profesional, técnica y logística para su implementación y monitoreo, y la asignación de los fondos y los recursos correspondientes que permitan lo anteriormente mencionado. Aún estamos a tiempo de transformar esta ley en un modelo de gestión y gobernanza que trascienda las fronteras nacionales” afirma Manuel Jaramillo, director general de Fundación Vida Silvestre Argentina.

¿Cuáles son los principales problemas de implementación que enfrentó la ley desde su sanción?

La desfinanciación sistemática de la Ley: aunque desde la sanción de la ley las partidas presupuestarias en general han aumentado en valores absolutos, no ha habido un período donde el presupuesto asignado por el Congreso Nacional se correspondiera con lo que expresamente la norma establece. Desde 2014, la ley recibe menos del 10% de lo que corresponde. A principios del año 2022, luego de los incendios de la provincia de Corrientes, se anunció la asignación extra de 10.000 millones de pesos, de los cuales finalmente solo se derivaron a las provincias 5.000 millones de pesos. Para el 2023, el monto asignado llegará a un 10,36%, lo que aún está muy lejos de lo que debería asignarse. Estos aumentos en valores absolutos no permiten aún una reducción significativa de la brecha entre lo que asigna y lo que la propia ley indica que debería asignarse año a año para la protección y manejo sustentable de nuestros bosques.

Dificultades en los procesos de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN): tanto en su elaboración como actualización, han sido y continúan siendo procesos lentos y con deficiencias que incluyen el incumplimiento de estándares determinados por la Ley, como, por ejemplo: fallas en la participación ciudadana requerida, retrasos de tiempos y falta de progresividad en la protección de los bosques.

Falta de definición de metas, indicadores y evaluación de impactos: la ley establece que se deben adoptar metas cuantitativas para la protección de bosques nativos y formas de medir su progreso y logro. Durante el 2022 el Consejo Federal del Medio Ambiente (COFEMA), emitió una resolución por la cual cada jurisdicción debe desarrollar Planes Estratégicos Provinciales de Bosques Nativos y sus respectivos Planes Estratégicos Anuales actualizados para acceder a las asignaciones presupuestarias anuales. Estos planes han sido presentados, resta ahora analizar si cuentan con metas e indicadores que permitan evaluar su impacto a corto, mediano y largo plazo.

La deforestación ilegal persiste: a pesar de la implementación del Sistema de Alerta Temprana de Deforestación, es preocupante que alrededor del 54% de la deforestación en 2021 haya ocurrido en zonas prohibidas por la ley (amarillas y rojas), repitiendo tasas de años anteriores. Esto evidencia la falta de control y fiscalización en terreno, y las sanciones insuficientes por parte de las autoridades competentes que se reflejan en la ausencia de un registro nacional de infractores actualizado. Algunos sectores indican la necesidad de una prohibición total de la deforestación, lo cual sería de dudosa eficacia, ya que en los sectores donde la deforestación está prohibida hace más de 10 años sigue ocurriendo, sin mayores consecuencias para los responsables. No ha habido avances en la tipificación del delito penal ambiental que permita mayores sanciones a quienes deforestan, ni se ha avanzado significativamente en la restauración de las áreas deforestadas y quemadas, como determina a Ley.

Avances en la gestión y rendición de fondos: si bien la rendición de los fondos por parte de las Autoridades Locales de Aplicación es una cuestión que ha mejorado desde su creación y puesta en marcha, continúan habiendo demoras y problemas para una eficiente implementación y rendición de fondos.

¿Cuáles son los espacios de mejora en el marco de esta ley?

La correcta aplicación de la Ley de Bosques es el primer paso –y lo mínimo que deberíamos hacer- para proteger los bosques nativos. Pero también es importante ir más allá de la ley y asumir compromisos superadores que permitan conservar no sólo los bosques, sino también las culturas asociadas a ellos, la biodiversidad, y los servicios ambientales.

El refuerzo de las estructuras de control y fiscalización, el aumento en la capacitación y profesionalización de operarios forestales, agentes de conservación, técnicos de campo, responsables técnicos y funcionares públicos será central para avanzar en los desafíos que demanda la correcta implementación de la Ley.

La buena gobernanza, basada en el acceso a la información en tiempo y forma para los diversos grupos de interés permitirá la genuina participación en los procesos de revisión de las diferentes instancias de implementación de la Ley, desde la realización y audiencias públicas de Estudios de Impacto Ambiental a los procesos de revisión de los Ordenamientos Territoriales de los bosques nativos en las diversas Jurisdicciones.

“Quienes trabajamos desde hace años vinculados a la conservación y uso sustentable de los bosques nativos, sabemos que ha habido un salto de calidad en la gestión de los mismos desde la sanción de la Ley de bosques. Eso ha ocurrido a pesar que solo se le ha asignado aproximadamente el 8% del financiamiento establecido, que en algunas Jurisdicciones se ha carecido de la voluntad política apropiada para su plena implementación y que diversos sectores productivos han operado política y económicamente para evitar su plena implementación. Si en los próximos años logramos revertir estos factores que han atentado contra nuestros bosques y contra las comunidades que dependen de ellos, estaremos más cerca de lograr su verdadera conservación y manejo sustentable”, concluyó Manuel Jaramillo.

Fundación Vida Silvestre Argentina trabaja apoyando y monitoreando la Ley de Bosques Nativos desde su diseño, hasta su implementación, así como también evaluando su funcionamiento y propiciando propuestas de mejora. Es por eso que, a partir de pedidos de información pública ambiental a la autoridad nacional de aplicación, más  un exhaustivo análisis y recopilación de información, se desarrollaron fichas infográficas descargables para exponer las principales disposiciones de la Ley 26.331 y su situación actual, tanto a nivel nacional como provincial, con toda la información (perfil territorial de cada provincia, hectáreas deforestadas, especies en peligro, hectáreas bajo planes de manejo o conservación, el presupuesto correspondiente y el asignado y más). Las fichas buscan graficar la información y ser material de consulta y comparativo para diferentes actores clave y la presente actualización incluye la proyección de asignación de fondos para el año 2023, provincia por provincia.