El jefe de Gabinete de la Nación, Guillermo Francos, aseguró que el Gobierno vetará y, si es necesario, judicializará las leyes aprobadas recientemente por el Congreso que impliquen un incremento del gasto público sin financiamiento. En diálogo con Rivadavia AM 630, el funcionario defendió la política de equilibrio fiscal del gobierno de Javier Milei y cuestionó el accionar de algunos sectores del Congreso y de los gobernadores provinciales.

“El equilibrio fiscal es la base del orden económico. No vamos a permitir que lo rompan con leyes irresponsables”, sentenció. Según Francos, los proyectos sobre jubilaciones, moratorias previsionales y pensiones por discapacidad aprobados en el Senado tienen un impacto fiscal estimado en 3,2 puntos del PBI anual, lo que implicaría más de 10.000 millones de dólares en gastos adicionales.

El funcionario subrayó que la Ley de Administración Financiera prohíbe aprobar leyes sin fuentes claras de financiamiento: “Lo más fácil es aprobar leyes con gastos, después que se arreglen otros para conseguir los fondos”. A su vez, cuestionó que algunos legisladores “aprovechen temas sensibles para hacer populismo fiscal”, aludiendo a las iniciativas votadas por amplia mayoría.

También apuntó contra el sistema previsional argentino, al señalar que “hoy hay más jubilados por moratoria que por años de aportes”, y defendió la necesidad de reformar profundamente el esquema: “No puede tener los mismos derechos quien trabajó y aportó toda su vida que quien no lo hizo”.

En relación a las pensiones por discapacidad, denunció que el sistema “fue completamente corrompido en los últimos 20 años”, y sostuvo que “muchas discapacidades fueron inventadas por intereses políticos para otorgar beneficios discrecionales”. En esa línea, defendió las auditorías que se están realizando y pidió distinguir entre quienes realmente necesitan asistencia y quienes se aprovecharon del sistema.

Relación con los gobernadores y la oposición
Consultado sobre el rol de los gobernadores en la votación de las leyes, Francos admitió que hubo tensiones políticas. Dijo que algunos mandatarios provinciales “buscan más recursos en un año electoral” y que parte del respaldo a los proyectos opositores puede explicarse por el malestar generado ante la decisión del oficialismo de no sellar alianzas en ciertas provincias. “Eso generó reacciones políticas que entendemos, aunque no compartimos”, explicó.

En cuanto a las negociaciones con los mandatarios provinciales, reconoció: “Si hubo impericia, fue mía. No logramos convencer a todos”, aunque aclaró que el vínculo con muchos gobernadores sigue siendo fluido y constructivo. También advirtió que, de mantenerse algunas leyes aprobadas, “no habrá más recursos discrecionales para emergencias”, ya que los fondos serían coparticipados.

Francos defendió que el Gobierno nacional “no ha tocado un peso de la coparticipación de las provincias” y resaltó que los impuestos eliminados o modificados afectan solo a la recaudación nacional. Además, anticipó que si prospera la reforma del impuesto a los combustibles, los subsidios al transporte en el AMBA podrían verse afectados, lo que impactaría directamente en las tarifas.

Balance económico
El jefe de Gabinete hizo un repaso de los logros del Gobierno en estos siete meses: destacó la baja sostenida de la inflación, el ajuste fiscal sin emisión monetaria, y la eliminación de organismos públicos superfluos. Según sus palabras, “nunca en la historia argentina se hicieron tantas reformas estructurales en tan poco tiempo”. Reivindicó el trabajo de Federico Sturzenegger en la desregulación del Estado y sostuvo que “la economía creció un 6% en el primer semestre”.

También respondió a las críticas sobre la situación social: “Pasamos del 53% de pobreza en diciembre al 30% actual. Eso es un dato fuerte. El equilibrio fiscal genera baja inflación, y eso baja la pobreza”, insistió.

Finalmente, Francos rechazó que el oficialismo esté aislado políticamente y aseguró que existe un “cambio cultural profundo” en marcha: “Estamos convencidos de que vamos a ganar las elecciones. La sociedad está entendiendo que hay que vivir con lo que se tiene y terminar con el gasto descontrolado”.

Triple victoria opositora ante un oficialismo sin defensa y con la Casa Rosada que le echa la culpa a Victoria Villarruel. El Gobierno prepara vetos y analiza una potencial judicialización de la sesión

En una jornada de duras derrotas para la Casa Rosada, el conglomerado opositor liderado por el kirchnerismo más un puñado de radicales, una dialoguista alejada del PRO y silvestres provinciales del Senado sancionó esta tarde las leyes que mejoran las castigadas jubilaciones, que reactiva la moratoria previsional, y que declara la emergencia en discapacidad.

También se incluirán iniciativas para asistir financieramente a las provincias y una discusión preliminar sobre el juicio por la estatización de YPF.

El Senado convirtió en ley el aumento a las jubilaciones:

El proyecto impulsado por bloques opositores dispone una recomposición aproximada de 62 mil pesos, de acuerdo a lo detallado en su exposición por el senador Martín Lousteau. El oficialismo se ausentó de la votación y adelantó que impugnarán la sesión por irregularidades en la convocatoria

Se aprobó la restitución de la moratoria previsional:

Con el oficialismo ausente, la oposición avanza con el temario aprobando con mayoría simple las iniciativas que llegaron con media sanción de la Cámara de Diputados. Así, luego de aprobar un aumento en las jubilaciones los senadores presentes convirtieron en ley la restitución de la moratoria previsional.

De esta manera, si la norma se restituye, trabajadores que no hayan completado sus aportes podrán acceder igualmente a una jubilación a través de facilidades y planes de pago.

El Ejecutiva nacional afirma que medidas de este tipo son las que hicieron quebrar al sistema previsional. Distintas voces del gobierno y el oficialismo adelantaron que impugnarán y hasta judicializarán las leyes aprobadas esta jornada por los senadores de la oposición.

El Senado abrirá este jueves a las 14 las puertas del recinto y buscará habilitar la discusión de temas sensibles para el gobierno del presidente Javier Milei en materia fiscal, luego de que la Casa Rosada se mostrara inflexible ante distintos pedidos de los gobernadores.

La decisión de los bloques de la oposición de bajar al hemiciclo de manera autoconvocada le fue comunicada ayer a la vicepresidenta Victoria Villarruel en una reunión informal que ella misma había convocado con representantes de casi todas las bancadas, y en la que trató de dilatar por un tiempo más la embestida, según indicó a la prensa acreditada uno de los senadores que estuvo en el encuentro.

Serán siete los temas que pondrán sobre la mesa los representantes provinciales, que deberán pujar por el orden de tratamiento en el recinto: el plan que tenga mayor adhesión será el elegido para iniciar la discusión, ya que no hubo convocatoria formal ni plan de Labor Parlamentaria previo.

Así, ingresarán el aumento del bono jubilatorio, la moratoria previsional y emergencia en Discapacidad, tres temas que ya tienen la media sanción de Diputados y sobre los cuales Milei ya avisó que los podría vetar.

Además, se sumarán el proyecto que establece el giro automático de los ATN y la coparticipación del impuesto a los combustibles, dos iniciativas impulsadas por los gobernadores; también se agregaron el tratamiento del veto al proyecto de emergencia de Bahía Blanca y una declaración por la situación judicial de YPF.

Diversas fuentes consultadas por esta agencia coincidieron en que el quorum, para el que se requieren 37 senadores presentes, no será un problema para iniciar la sesión.

El cuerpo intentará validar los dictámenes que tuvieron luz verde la semana pasada en dos reuniones de comisiones en las que se infringió el reglamento de la Cámara alta, según la resolución que publicó el lunes el secretario parlamentario, Agustín Giustinian; si lo logran, los senadores opositores podrían avanzar con esos proyectos mediante la mayoría simple, mientras que si no lo consiguen deberán ir por los dos tercios.

Desde la Secretaría Parlamentaria citaron como precedente el caso de la Claudia Ledesma Abdala, quien en una sesión, y en su rol como presidenta provisional del Senado durante el último gobierno peronista, se mantuvo en la línea de que el cuerpo, si quiere definir un orden de sesión, debe hacerlo con dos tercios. Esto abre más interrogantes para mañana.

Por su accionar, Giustinian se ganó el repudio de José Mayans, jefe del interbloque peronista y quien amenaza con barrerlo del cargo.

Otro que se llevó críticas fue el jefe de la bancada libertaria, Ezequiel Atauche, que incumplió su palabra de hace dos semanas cuando se había comprometido a abrir las comisiones en otra reunión informal.

Los proyectos que podrían avanzar sin problemas si finalmente se sesiona son el que actualiza los haberes jubilatorios en un 7,2 por ciento y aumenta el bono de 70.000 a 110.000 pesos, mientras estaba en duda la moratoria previsional, que venció en marzo, y algunos artículos de la emergencia en Discapacidad.

Con respecto a los ATN y la coparticipación del impuesto a los combustibles, que sí necesitarán de dos tercios porque no pasaron por comisión, su destino es la aprobación con amplio margen. La misma suerte correrían la emergencia en Bahía Blanca y la declaración por YPF.

Los senadores de Unión por la Patria (UxP), los radicales Martín Lousteau y Pablo Blanco y la larretista Guadalupe Tagliaferri se habían autoconvocado el jueves pasado para reunir a la Comisión de Presupuesto y obtener los dictámenes sobre el aumento a las jubilaciones y del bono que cobran los adultos que perciben la mínima, además de la declaración de emergencia en Discapacidad.

En la resolución firmada por Giustinian se señala que “la documentación presentada el 3 de julio pasado vinculada a tres proyectos de ley —incremento excepcional a jubilaciones (CD-4/25), emergencia en discapacidad (CD-5/25), y modificaciones al Plan de Pago de Deuda Previsional y la Reparación Histórica (CD-6/25)— no puede considerarse dictamen de comisión, debido a que no se cumplió con el procedimiento reglamentario establecido”.

“La Secretaría Parlamentaria, por medio de la Resolución 1/25, señaló que no existió una convocatoria formal a reunión de comisión, requisito indispensable según el Reglamento del Senado para validar el tratamiento y dictamen de proyectos”, destacó el funcionario.

Y sostuvo que, “a pesar de haber habido una reunión informal entre algunos senadores, ésta no sustituye una reunión de comisión oficial, por no haberse garantizado la debida publicidad del acto legislativo, lo cual afecta directamente la transparencia, la participación y el control ciudadano”.