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Argentina entra en default ambiental: nuestros recursos naturales están en números rojos
Basado en datos de la Huella Ecológica, que mide los recursos naturales que tenemos y cómo los utilizamos, este año el Overshoot Day o Día del Exceso de la Tierra en Argentina es el 24 de junio, momento a partir del cual nuestro país agotará los recursos naturales disponibles para todo el año y generará una nueva “deuda ambiental”.
Esta iniciativa, realizada por Global Footprint Network (GFN), busca generar conciencia y actúa como indicador global de la velocidad en la que estamos “consumiendo el planeta”. Esta fecha calendario no corresponde a una fecha fija sino que se modifica año a año, basada en el consumo y uso que la humanidad realiza de los bienes y servicios naturales y la capacidad de respuesta que tienen los ecosistemas para reponer esos recursos. En Argentina se estimó para el 24 de junio, un mes antes de la fecha global que será el 28 de julio.
Los resultados son un indicador de la presión sin precedentes que las actividades humanas están ejerciendo sobre la naturaleza. Al ritmo que consumimos, la cantidad de recursos y servicios ambientales requeridos para abastecer nuestras necesidades equivalen a 1.75 planetas Tierra, esto significa que estamos usando un 75% más de recursos naturales de lo que los ecosistemas de nuestro planeta pueden regenerar en un año. En otras palabras, estamos en default ambiental: la humanidad está en números rojos y tiene en su cuenta lo que se conoce como “deuda ecológica”.
“Para nuestro país, la fecha es un mes antes que el promedio global y los datos dejan en evidencia que si todo el mundo viviera como lo hacemos en Argentina, se necesitarían alrededor de dos planetas para abastecer los recursos naturales que sostienen nuestro sistema de producción y consumo” afirma Manuel Jaramillo, director general de Fundación Vida Silvestre Argentina.
Y agrega: “La única manera de retrasar esta fecha es a través de un verdadero cambio en nuestra forma de vida. Desde el modo que consumimos y producimos los alimentos, hasta la manera en que nos movemos, cómo conseguimos nuestra energía e incluso en qué invertimos nuestro dinero. Y si bien todas las personas podemos hacer algo para demorarla, hacen falta también cambios a gran escala desde los gobiernos y el sector privado. Nuestro país, por ejemplo, tiene la posibilidad de aumentar los compromisos asumidos en el Acuerdo de París. Podemos plantear un compromiso mucho más ambicioso de reducción de emisiones si buscamos enfrentar realmente el problema del cambio climático, a través de la inversión en políticas de eficiencia energética o energías renovables, en el transporte, en la construcción e incluso en los sectores agropecuario y forestal”
Según datos de Global Footprint Network, la Argentina se encuentra dentro de los países que aún cuentan con reserva de biocapacidad -entendida como sus reservas en términos ecológicos- para producir recursos y proveer servicios ambientales, detrás de Brasil, Bolivia, Uruguay y Paraguay. Sin embargo, hay datos alarmantes de nuestro país que dan cuenta que aún hay mucho por hacer al respecto, considerando además que a pesar de nuestra alta biocapacidad estamos por encima de la media a nivel mundial.
“Hay muchas estrategias que permiten combinar lo económico, lo social y lo ambiental y no podemos seguir esperando para ponerlas en marcha. Estamos en números rojos, cada año la situación empeora y la deuda ambiental se agranda. Es imprescindible poner el foco en la regeneración, la eficiencia y la sostenibilidad en el aprovechamiento de los recursos ecológicos. La naturaleza nos ha dado indicadores de su capacidad de respuesta si reducimos nuestra huella ecológica, recordándonos que necesitamos mucho más al planeta, de lo que él nos necesita”, concluye Jaramillo.
¿Cómo se han degradado los ecosistemas a nivel global y en Argentina?
– Las poblaciones mundiales de mamíferos, aves, anfibios, reptiles y peces sufrieron una disminución promedio del 68% debido a la destrucción ambiental por las actividades humanas. En América Latina la reducción, en promedio, fue del 94% y las principales amenazas son la alteración de bosques, humedales, pastizales y sabanas, la sobreexplotación de especies, el cambio climático y la introducción de especies exóticas (Informe Planeta Vivo 2020)
– Cada año en el mundo se deforestan 10 millones de hectáreas de bosques, el equivalente al tamaño de la República de Corea, o el doble de la superficie de Costa Rica. (FAO y PNUMA, 2020). El Gran Chaco se encuentra entre uno de los 24 frentes de deforestación a escala global, y entre los 9 que están en América Latina. (Reporte “Frentes de deforestación; impulsores y respuestas en un mundo cambiante” WWF)
– Desde la sanción de la Ley de Bosques Nativos en 2007, se perdieron 3.500.000 hectáreas de bosques nativos en Argentina y con ellos todos los beneficios asociados. Además, mucha de esa deforestación se realizó de forma ilegal. (Diagnóstico actualizado del estado de implementación – Ley N° 26.331)
– En nuestras costas bonaerenses, el 80% de los residuos encontrados en las playas bonaerenses fueron plásticos. Una alarma que nos indica que la contaminación por plástico y el manejo de los residuos derivados, necesita ser parte de las soluciones para proteger los océanos del mundo. (Censo de Basura Costero Marina que Fundación Vida Silvestre Argentina)
– En Argentina se descartan al mar más de 110 mil toneladas de merluza en buen estado al año, manifestando un manejo deficiente de los recursos pesqueros. A nivel global el 30% de los recursos pesqueros del planeta se encuentran sobreexplotados. (https://descarteilegal.vidasilvestre.org.ar/)
– Nuestra matriz energética se basa, principalmente, en el uso de combustibles fósiles, cuya combustión emite gases de efecto invernadero y otros contaminantes a la atmósfera, que son los principales causantes del cambio climático y el calentamiento global.
– A nivel global, alrededor de un 40% de los alimentos se desperdicia antes de ser consumidos, lo que implica también se desperdician los recursos naturales que fueron utilizados para producirse. Esto sucede a la par de que más de 800 millones de personas en el mundo padecen hambre y 3.000 millones no pueden permitirse una dieta saludable. (FAO). Asimismo, en nuestro país,?alrededor del 30 % de niños, niñas y adolescentes sufre emergencia alimentaria. (Reporte “Enviado a la Basura”)
¿Cómo podemos contribuir a reducir el impacto?
– Poner en práctica la regla de las 4R. Reducí tu consumo y desperdicios al máximo. Reciclá tus residuos, para que sean utilizados como materia prima para la creación de nuevos productos. Reutilizá y Repará objetos para darles un nuevo uso y extender su vida útil antes de desecharlos.
– Ser responsables con nuestros residuos. Debemos darle una adecuada disposición separando aquellos que son reciclables de los que no. Además, una buena alternativa es hacer compost con los residuos orgánicos, para reducir los desechos al máximo.
– Reducir el desperdicio de alimentos. Planificá tus comidas y compras para evitar desperdiciar comida que no utilices. De todos los alimentos producidos aproximadamente el 40% no se consume y terminan en la basura.
– Buscar alternativas sustentables, que permitan compatibilizar nuestros consumos con la conservación de nuestros ambientes naturales.
– Recorrer a pie o en bici todo lo que puedas, así ayudas a reducir el consumo de combustibles fósiles.
– Utilizar con moderación y a conciencia los recursos naturales, como el agua y la energía, porque son bienes escasos.
Sobre la Huella Ecológica
La Huella Ecológica es la métrica de contabilidad de los recursos biológicos más completa disponible. Sobre la base de 15.000 puntos de datos por país por año, suma todas las demandas competitivas de las personas por áreas biológicamente productivas: alimentos, madera, fibras, secuestro de carbono y capacidad de infraestructura. Actualmente, las emisiones de carbono de la quema de combustibles fósiles constituyen el 60 por ciento de la Huella Ecológica de la humanidad. Las Cuentas Nacionales de Huella y Biocapacidad ahora son producidas por FoDaFo con la Universidad de York en Toronto.
Acerca de Global Footprint Network
Global Footprint Network es una organización internacional de sostenibilidad que está ayudando al mundo a vivir dentro de los medios de la Tierra y responder al cambio climático. Desde 2003, nos hemos comprometido con más de 50 países, 30 ciudades y 70 socios globales para brindar conocimientos científicos que han impulsado políticas de alto impacto y decisiones de inversión. Juntos, estamos creando un futuro en el que todos podamos prosperar dentro de los límites de nuestro único planeta. www.footprintnetwork.org
Acerca de Vida Silvestre
La Fundación Vida Silvestre Argentina es una organización no gubernamental, de bien público y sin fines de lucro, creada en 1977. Su misión es proponer e implementar soluciones para conservar la naturaleza, promover el uso sustentable de los recursos naturales y una conducta responsable en un contexto de cambio climático. Desde 1988 está asociada y representa en la Argentina a WWF, una de las organizaciones independientes de conservación más grande del mundo, presente en 100 países.
Para más información: www.vidasilvestre.org.ar
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Designan a Luis Aquino como interventor organizador del nuevo municipio “Dos Hermanas”
El gobernador Hugo Passalacqua oficializó la designación de Luis Aquino como interventor organizador del municipio número 79 de Misiones, Dos Hermanas, mediante el Decreto Nº 2323. El nuevo distrito, ubicado en el departamento General Manuel Belgrano, inicia así su proceso de institucionalización tras la sanción de la Ley XV–Nº 24, que prevé la elección de autoridades propias en 2027.
POSADAS. MARTES 11 DE NOVIEMBRE DE 2025. El El gobernador Hugo Passalacqua formalizó el nombramiento de Luis Aquino como “Interventor Organizador” del municipio número 79 de Misiones, Dos Hermanas, mediante la firma del Decreto Nº 2323. La entrega formal del documento estuvo a cargo del ministro de Gobierno, Marcelo Pérez. El nuevo municipio se encuentra en el departamento General Manuel Belgrano, en la zona norte de Misiones.
Luis Aquino tendrá la importante misión de articular, ejecutar y desarrollar todas las acciones necesarias para organizar de manera jurídica, política, contable y administrativa la vida institucional de esta flamante comuna.
La designación se ampara en la Ley XV – Nº 24, sancionada el 15 de mayo de este año, que creó el municipio. Dicha normativa establece que el Poder Ejecutivo Provincial debe nombrar a un interventor hasta que las autoridades elegidas por voto popular asuman sus funciones en las próximas elecciones, previstas para el año 2027.
ANHELADA AUTONOMÍA
Dos Hermanas, una localidad próxima a Bernardo de Irigoyen, cuenta con aproximadamente 11.000 habitantes y una historia que se remonta a 1908 con sus primeros pobladores. Durante mucho tiempo, formó parte del ejido de Bernardo de Irigoyen. Esta pertenencia generaba dificultades para el acceso a recursos y la gestión de servicios debido a la considerable distancia de 11 kilómetros de su casco urbano.
La decisión de municipalizar a Dos Hermanas le otorga la tan esperada autonomía comunal. Esto permitirá una administración más eficiente y cercana a las necesidades de sus habitantes, incluyendo a quienes residen en sus diversas zonas rurales como Piraminí, Tres Vecinos, Laguna Azul, Piedra Blanca y Colonia Itatí.
La asunción de Luis Aquino es, por lo tanto, el primer paso firme y crucial para consolidar esta nueva etapa de independencia y desarrollo de la localidad.
También participaron de la designación, el ministro de Hacienda, Adolfo Safrán; el subsecretario de Asuntos Municipales, José Schiro y el subsecretario de Gobierno, Asuntos Registrales y Tierras, Daniel Behler.

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Desde el SPEPM aseguraron que la desregulación arancelaria es “inaplicable” en Misiones
Tras conocerse el Decreto 787/2025 por el cual se deroga el Decreto N.º 2417/1993 referido al control estatal sobre los aranceles de los establecimientos de educación privada, dispuesto por el Gobierno Nacional, hubo una reacción en la provincia de Misiones para despejar cualquier duda respecto al impacto que ello tendría para los establecimientos educativos y para las familias que envían a sus hijos a ellos.
En primera instancia, se aseguró que el Decreto mencionado es “inaplicable” en Misiones y exhortó a las instituciones a que “deben abstenerse de aplicar incrementos de aranceles, matrículas o cuotas invocando el Decreto 787/2025 como habilitante directo, y mantener los canales de autorización y comunicación previstos por la autoridad provincial”.
En definitiva, las conclusiones vertidas en el comunicado describe los siguientes puntos:
- 1. El Decreto Nacional 787/2025 no resulta aplicable ni vinculante para la Provincia de Misiones en materia de aranceles escolares de instituciones de gestión privada, por hallarse la competencia plenamente transferida y regulada por legislación provincial específica.
- 2. Continúan vigentes la Ley VI-46 (ex Ley 2987), las resoluciones del SPEPM y toda norma local que establezca criterios, montos o procedimientos de fijación de aranceles, sin perjuicio de las disposiciones nacionales de carácter general en materia educativa.
- 3. Los establecimientos de gestión privada deben abstenerse de aplicar incrementos de aranceles, matrículas o cuotas invocando el Decreto 787/2025 como habilitante directo, y mantener los canales de autorización y comunicación previstos por la autoridad provincial.
- 4. Como consecuencia del análisis realizado, se emite la presente explicitando la inaplicabilidad del Decreto 787/2025 en la jurisdicción de Misiones y la vigencia de los mecanismos de control y supervisión provinciales.
El documento completo:
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Desregularon los aranceles de los colegios privados tras 30 años de control y podrán fijar las cuotas sin autorización
Mediante un decreto, derogaron una normativa que regulaba los precios de las matrículas y las cuotas en las escuelas privadas, permitiendo que los institutos fijen los valores sin autorización previa del Estado nacional.
A través del Decreto 787/2025, publicado en la madrugada de este martes en el Boletín Oficial, el Gobierno dispuso la derogación del Decreto 2417/1993, una norma que durante más de tres décadas reguló el sistema de aranceles y la relación entre el Estado y los institutos de educación pública de gestión privada en la Argentina.
La medida implica un cambio en el esquema de control estatal sobre los precios de las cuotas y matrículas que cobran los colegios privados, al eliminar la obligación de comunicar anticipadamente los montos y de obtener autorización previa para cualquier modificación.
Según los fundamentos del decreto, la normativa derogada “presenta limitaciones y requerimientos que dificultan la adaptación de los institutos de enseñanza pública de gestión privada a las realidades educativas y económicas del país”.
El decreto sostiene que el sistema vigente, instaurado en los años 90, respondía a un contexto en el que la administración de la educación dependía del Gobierno nacional. Con la transferencia de competencias a las provincias, el Ejecutivo considera que “corresponde revisar el marco normativo existente para favorecer un entorno más propicio para la gestión de los establecimientos educativos de gestión privada, garantizando así la sostenibilidad de su labor y el derecho a la educación de calidad”.
Entre los argumentos centrales, el decreto advierte que la intervención estatal en la fijación de aranceles “ha generado efectos contraproducentes que afectan su funcionamiento y viabilidad económica”. En particular, señala que la exigencia de informar y autorizar los valores de matrícula y cuotas con antelación “limita su capacidad de adaptación a las fluctuaciones del mercado, impidiendo que estos ajusten sus precios en función de la realidad económica y los costos operativos”.
Por esto mismo, remarcaron que este mecanismo de control de precios “perjudica a las familias, quienes deben enfrentar aranceles educativos más altos desde el inicio del ciclo lectivo, limitando su capacidad de elegir establecimientos de enseñanza adecuados a sus posibilidades económicas y, en algunos casos, obligándolas a trasladar a sus hijos a otras instituciones”.
En ese sentido, el decreto subraya que “el requerimiento de los establecimientos de enseñanza de gestión privada de comunicar los montos de matrícula y de las cuotas con anticipación considerable, junto con la obligación de obtener la autorización estatal previa para modificar dichos valores, crea una situación de incertidumbre económica para los institutos, que suelen fijar cuotas más elevadas de lo necesario por temor a enfrentar costos que no puedan ser cubiertos sin aprobación estatal”.
El texto también pone el foco en el derecho de propiedad de los institutos privados, al afirmar que “deberían tener la libertad de fijar sus condiciones de contratación y los salarios de sus empleados, sin necesidad de autorización estatal”. Según la visión oficial, la previsibilidad y rigidez de las tarifas impuestas por el Estado “puede llevar a una precarización de la calidad educativa, dado que los establecimientos no pueden responder adecuadamente a las variaciones en los costos de insumos, salarios y otros gastos operativos sin antes contar con autorización de la autoridad correspondiente”.
De esta manera, el Gobierno instruyó al Ministerio de Capital Humano para que, a través de la Secretaría de Educación, revise las pautas contenidas en el Decreto 2542/1991 —la norma madre del sistema de financiamiento de la educación privada— y eleve una propuesta de modificación. De este modo, el Ejecutivo busca avanzar hacia un esquema en el que se resguarde el principio de libre contratación, ”permitiendo a las instituciones educativas el derecho a definir sus políticas de precios y compensaciones, en el marco de una competencia leal y en función de las demandas del mercado”.
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