El Banco Central inició un sumario contra la AFA, su presidente Claudio “Chiqui” Tapia y otros directivos de la entidad por presuntas infracciones a la Ley Penal Cambiaria. El expediente, firmado el martes pasado, aún no fue notificado a la entidad. La investigación abarca cinco universos de operaciones desarrollados entre 2020 y 2023, con un monto total bajo análisis que supera los USD 131.384.000 y EUR 94.999.920. En suma, el volumen en cuestión supera los USD 242 millones.

De acuerdo a fuentes al tanto de las investigaciones, el sumario se centra en el ingreso y/o la liquidación irregular de divisas provenientes de contratos de sponsoreo, derechos de televisación y transferencias internacionales de organismos deportivos como FIFA y Conmebol. El eje de la maniobra observada reside en el cambio de concepto con el que la AFA declaró estos fondos: de “otros servicios personales, culturales y recreativos” (código S24) a “otras transferencias corrientes” (código 108). Esta modificación, siempre según las mismas fuentes, permitió esquivar la obligación de liquidar los dólares en el mercado oficial, al hacerlos figurar como donaciones y no como pagos por servicios.

Esta estrategia aparece en los ingresos de fondos provenientes de Adidas por sponsoreo, así como en contratos de televisación con empresas como Fox y Argentina Football Distribution LLC. El contrato entre AFA y Adidas International Marketing, firmado en noviembre de 2017 y vigente hasta 2030 por un total de EUR 260 millones, es uno de los ejes del sumario. El monto bajo análisis suma casi EUR 95 millones que, según la investigación, no fueron liquidados desde la segunda mitad de 2020.

Las fuentes señalan que durante los primeros años del vínculo con Adidas (2018-2019), la AFA liquidó correctamente los fondos. A partir del endurecimiento del cepo cambiario, la entidad modificó el rubro de ingreso y así evitó la conversión de divisas a pesos, beneficiándose de la brecha entre el tipo de cambio oficial y el paralelo. Las empresas, asumen, siguieron haciendo sus pagos normalmente mientras que la AFA fue la que cambió el concepto de los ingresos para evitar liquidar las divisas en el MULC.

En el caso de los fondos provenientes de Fox, la suma en revisión supera los USD 45 millones. El expediente también incluye a Argentina Football Distribution, con USD 78 millones. En estas transferencias, la AFA utilizó el mismo método: declaró los ingresos bajo el concepto de donación o transferencias corrientes y esquivó la liquidación obligatoria estipulada por la normativa cambiaria.

El sumario también incorpora los movimientos relacionados con FIFA y Conmebol. Para FIFA, se detectaron transferencias por USD 498.000 pendientes de liquidación por código incorrecto y USD 6.268.000 pendientes de ingreso y liquidación. En el caso de Conmebol, las sumas ascienden a USD 8.676.000 bajo la primera categoría y USD 5.942.000 bajo la segunda. Entre los conceptos figuran subsidios y adelantos destinados a la Copa América, torneos femeninos y de futsal, entre otros.

El expediente discrimina entre “montos ingresados y no liquidados” y “montos directamente no ingresados al Mercado Único y Libre de Cambios (MULC)”, lo que permite identificar el recorrido de los fondos y las modalidades de presunta infracción. Según fuentes al tanto de las investigaciones, la defensa de la AFA se apoya en la figura de la donación, que exime de la obligación de liquidar divisas en el mercado oficial según la regulación vigente.

El sumario incluye como responsables a la AFA como persona jurídica, a su presidente y a los tesoreros que estuvieron al frente durante el período investigado: Alejandro Nadur y Pablo Toviggino en estos cargos. El mecanismo, según los investigadores, permitió a la AFA mantener su patrimonio en dólares y evitar pérdidas derivadas de la brecha cambiaria.

El sumario es de carácter cambiario y, si avanza, puede derivar en sanciones económicas y en la inhabilitación para operar en el mercado de cambios. Las fuentes consultadas precisan que el Banco Central concedió varias prórrogas a la AFA para responder al sumario, con la última fijada para el 1 de septiembre de 2025.

El expediente abarca operaciones hasta el Mundial de Qatar. Según las fuentes, los movimientos posteriores no están incluidos porque se presume que las transferencias se canalizaron directamente a cuentas en el exterior. El mecanismo de ingreso y no liquidación aparece como una respuesta a las restricciones impuestas por el cepo cambiario.

Se trata de la primera vez que el Banco Central activa un sumario formal contra la AFA por este tipo de operaciones. Fuentes al tanto de las investigaciones señalan que la magnitud y la complejidad de los movimientos bajo análisis explican el impacto institucional de la medida.

La Confederación General del Trabajo (CGT) manifestó su “más absoluta oposición y rechazo” al DNU que modifica la ley de Inteligencia y remarcó que esa clase de reformas deben “ser tratadas y legitimadas a través del Congreso de la Nación”.

“Introduce cambios en la organización y conducción del sistema de la Ley de Inteligencia Nacional N° 25.520, habilitando por decreto reformas arbitrarias, regresivas y peligrosas que deben necesariamente ser tratadas y legitimadas a través del Congreso de la Nación”, lamentó la central obrera en un comunicado al que accedió la Agencia Noticias Argentinas.

La CGT difundió su postura contraria a esta iniciativa en momentos de tensión con la gestión libertaria por el pryoecto que promueve en el Congreso para la reforma laboral, que es rechazado por los gremialistas.

El flamante texto de los sindiclaistas consideró que “esta decisión gubernamental deja a toda la ciudadanía en una situación institucionalmente crítica: la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) incrementará su opacidad y su poder sin control parlamentario”.

“Todas sus actividades de espionaje pasarán a ser ‘encubiertas’, transformando a los agentes de inteligencia en ‘policía secreta’ o ‘fuerza parapolicial’, y habilitando la detención de personas sin orden judicial”, evaluó la CGT

“A su vez, se autoriza a las Fuerzas Armadas y a las fuerzas de seguridad a realizar tareas de inteligencia interior. También faculta la ejecución de tareas ante la ‘fuga de información clasificada’, lo que, en la práctica, representa hostigamiento y censura sobre el ejercicio de un periodismo libre, entre otros graves riesgos”, continuó.

Al respecto, la central insistió en que “se configura así una grave amenaza sobre las libertades individuales y los derechos garantizados por la Constitución Argentina”.IP

Y cerró: “Estas iniciativas, divorciadas de las genuinas prioridades de nuestro pueblo, surgen como el complemento represivo indispensable de un programa económico y social de ajuste continuo que se está llevando a cabo y que no resultará sustentable en el tiempo, y que, por lo tanto, se aleja cada vez más de un modelo compatible con la vigencia de una democracia plena”

El Gobierno nacional formalizó la entrada en vigor del Presupuesto para la Administración Pública Nacional correspondiente al ejercicio 2026, mediante la publicación en el Boletín Oficial de la Ley 27.798 que sancionó el Congreso.

La norma fija los parámetros del programa económico del gobierno de Javier Milei, con superávit de las cuentas públicas y un criterio de baja de impuestos si el saldo a favor es mayor al previsto y de recorte de partidas en caso de que sea menor.

La ley fue sancionada durante el último período de sesiones extraordinarias que celebró el Congreso Nacional.

Según el documento oficial que procesó Agencia Noticias Argentinas, se estima para el Sector Público Nacional un excedente financiero de $2.734.029.655.055.

Para alcanzar esta meta, el cálculo de recursos totales se fijó en $ 148,29 billones. Por su parte, el total de los gastos corrientes y de capital autorizados para el mismo periodo asciende a $ 148,06 billones.

En cuanto a la distribución del gasto por finalidad, los Servicios Sociales concentran la mayor partida con $ 106,52 billones.

Le siguen en importancia el pago de la deuda pública con $ 14,11 billones, los Servicios Económicos con $ 11,45 billones, la Administración Gubernamental con $ 8,85 billones y los Servicios de Defensa y Seguridad con $ 7,11 billones.

Para el funcionamiento y programas de las universidades nacionales, la ley asigna un presupuesto de $ 4,78 billones. El texto aclara que las instituciones deben presentar información sobre el uso de los fondos ante la Secretaría de Educación, bajo riesgo de que se interrumpan las transferencias en caso de incumplimiento.

En el área de previsión social, se destinan $ 212.288 millones para el pago de deudas judiciales y administrativas de la ANSES. Además, se contemplan $ 122.762 millones para asistir a las cajas previsionales de las provincias que no transfirieron sus sistemas al Estado nacional.

Respecto a las herramientas de financiación, el Ejecutivo cuenta con autorización para emitir Letras del Tesoro por un valor nominal de hasta $ 70 billones. Asimismo, se fijaron topes para el uso transitorio de crédito a corto plazo: $ 4 billones para la Tesorería General de la Nación y $ 2,5 billones.

Finalmente, la norma impone restricciones a la cobertura de vacantes en la administración pública, exigiendo la autorización previa de la Jefatura de Gabinete para nuevos nombramientos. También se mantienen exenciones de impuestos y derechos de importación para vacunas y medicamentos de programas sanitarios nacionales.

Nota: Agencia Noticias Argentinas