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Bosques Nativos: el proyecto de presupuesto nacional 2024 le asigna apenas el 7,37% de lo que le correspondería a la Ley de Bosques 

En Argentina contamos con una herramienta fundamental para la protección de nuestros bosques: la Ley 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, sancionada en 2007 con el objetivo de planificar el uso de estos ecosistemas y lograr equilibrar producción y conservación de la naturaleza. Sin embargo, en todos estos años, su implementación ha sido parcial y nunca contó con el total del presupuesto que debería asignarse, tanto para el control, monitoreo y vigilancia, como para estimular el uso sustentable y la restauración.

El Proyecto de Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio Fiscal del Año 2024 ha sido presentado por el Poder Ejecutivo para su tratamiento en el Congreso de la Nación. Si bien existe una discrepancia entre las planillas Anexas y el Artículo 17 del Proyecto de Ley (donde las partidas aparecen invertidas), se puede entender que se asigna al Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos un monto de $15.004.325.000 (quince mil cuatro millones trescientos veinte cinco mil pesos) y al Programa Nacional de Protección de los Bosques Nativos un monto de $1.500.480.600 (mil quinientos millones cuatrocientos ochenta mil seiscientos pesos). Sin embargo, el presupuesto estipulado corresponde apenas al 7,37% de lo que debiera destinarse para la protección de nuestros bosques, si la ley se cumpliera correctamente.

En su artículo 31, la Ley de Bosques estipula que el Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos estará integrado por las partidas presupuestarias que no podrán ser inferiores al 0,3% del presupuesto nacional. Ese 0,3% para 2024 debiera ser de 203.532.806.865 (doscientos tres mil quinientos treinta y dos millones ochocientos seis mil ochocientos sesenta y cinco), una cifra que difiere bastante de los 15.004 millones estipulados en este proyecto. El Fondo también debería recibir el 2% del total de las retenciones a las exportaciones de productos primarios y secundarios provenientes de la agricultura, ganadería y sector forestal, correspondientes al año anterior del ejercicio en consideración.

Manuel Jaramillo, director general de Fundación Vida Silvestre afirma: “Según el ordenamiento territorial de bosques nativos, Argentina cuenta con más de 50 millones de hectáreas de bosques en toda su extensión, que no pueden cuidarse con un presupuesto de 15.004 millones de pesos al año. En definitiva, estamos pensando que 300 pesos alcanzan para cuidar una hectárea de bosque un año completo, un aproximado de 25 pesos por mes por hectárea. Lo que venimos pidiendo año tras año es que se cumpla la Ley de manera correcta. Sin el adecuado estímulo financiero, las provincias se ven imposibilitadas de fortalecer su capacidad de fiscalización, control y vigilancia. Por otro lado, los propietarios de áreas con bosques nativos no reciben estímulos para desarrollar el uso sustentable o compensaciones por las áreas que deben destinarse exclusivamente a la conservación”.

Si bien al principio la Ley de Bosques fomentó una disminución progresiva en la tasa anual de deforestación en la Argentina -estabilizándose hasta el año 2019- en los últimos años volvió a incrementarse, en gran medida producto de la frecuencia e intensidad de los incendios forestales. Los bosques nativos de Argentina siguen perdiéndose en zonas donde está prohibida la deforestación, en las cuales se avanza con el cambio de uso del suelo para actividades agropecuarias, forestales, urbanísticas y viales. A su vez, las áreas deforestadas ilegalmente y las que se han quemado, no están siendo restauradas como indica la ley, y la ausencia de un registro nacional de infractores limita las posibilidades de articular esta información con otros elementos de la política pública, que permita facilitar la disuasión y la sanción de los responsables.

Los bosques nativos son proveedores de servicios ecosistémicos esenciales: contribuyen a la mitigación y adaptación al cambio climático, facilitan la regulación hídrica, son hábitat de miles de especies, dan sustento a la vida de las comunidades locales y contribuyen a la seguridad alimentaria y el desarrollo económico. Son proveedores de materias primas, alimentos, agua potable, medicinas y sirven como reguladores de eventos extremos como inundaciones, la erosión y la calidad del aire. Además, los bosques son hábitat de muchas especies y funcionan como “amortiguadores” de agentes patógenos -como virus y bacterias- que pueden afectar al ser humano. La pérdida de bosques ocasiona graves consecuencias sociales, ambientales y económicas, muchas veces, irreversibles, que atentan contra la salud y el bienestar de las personas y de muchas otras especies.

“Conservar y utilizar sustentablemente los bosques nativos argentinos, es una obligación legal y una oportunidad para el verdadero desarrollo económico y social de las diversas jurisdicciones del país y de las personas que en ellas habitan. Es necesario que exista la voluntad política apropiada para el cumplimiento de esta norma en todos los niveles, la capacidad profesional, técnica y logística para su implementación y monitoreo, y la asignación de los fondos y los recursos correspondientes que permitan lo anteriormente mencionado. Aún estamos a tiempo de transformar esta ley en un modelo de gestión y gobernanza que trascienda las fronteras nacionales” agrega Manuel Jaramillo, director general de Fundación Vida Silvestre Argentina.

¿Cuáles son los principales problemas de implementación que enfrentó la ley desde su sanción?

La desfinanciación sistemática de la Ley: aunque desde la sanción de la ley las partidas presupuestarias en general han aumentado en valores absolutos, no ha habido un período donde el presupuesto asignado por el Congreso Nacional se correspondiera con lo que expresamente la norma establece. Desde 2014, la ley recibe no más del 10% de lo que corresponde. Los aumentos en valores absolutos no permiten aún una reducción significativa de la brecha entre lo que asigna y lo que la propia ley indica que debería asignarse año a año para la protección y manejo sustentable de nuestros bosques.
Dificultades en los procesos de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN): tanto en su elaboración como actualización, han sido y continúan siendo procesos lentos y con deficiencias que incluyen el incumplimiento de estándares determinados por la Ley, como, por ejemplo: fallas en la participación ciudadana requerida, retrasos de tiempos y falta de progresividad en la protección de los bosques.
Falta de definición de metas, indicadores y evaluación de impactos: la ley establece que se deben adoptar metas cuantitativas para la protección de bosques nativos y formas de medir su progreso y logro. Durante el 2022 el consejo Federal del Medio Ambiente (COFEMA), emitió una resolución por la cual cada jurisdicción debe desarrollar Planes Estratégicos Provinciales de Bosques Nativos y sus respectivos Planes Estratégicos Anuales actualizados para acceder a las asignaciones presupuestarias anuales. Estos planes han sido presentados, resta ahora analizar si cuentan con metas e indicadores que permitan evaluar su impacto a corto, mediano y largo plazo.
La deforestación ilegal persiste: a pesar de la implementación del Sistema de Alerta Temprana de Deforestación, es preocupante que alrededor del 76% de la deforestación ocurra en zonas prohibidas por la ley (amarillas y rojas), Esto evidencia la falta de control y fiscalización en terreno, y las sanciones insuficientes por parte de las autoridades competentes que se reflejan en la ausencia de un registro nacional de infractores actualizado. Algunos sectores indican la necesidad de una prohibición total de la deforestación, lo cual sería de dudosa eficacia, ya que en los sectores donde la deforestación está prohibida hace más de 10 años sigue ocurriendo, sin mayores consecuencias para los responsables. No ha habido avances en la tipificación del delito penal ambiental que permita mayores sanciones a quienes deforestan, ni se ha avanzado significativamente en la restauración de las áreas deforestadas y quemadas, como determina a Ley.
Avances en la gestión y rendición de fondos: si bien la rendición de los fondos por parte de las Autoridades Locales de Aplicación es una cuestión que ha mejorado desde su creación y puesta en marcha, continúan habiendo demoras y problemas para una eficiente implementación y rendición de fondos.

¿Cuáles son los espacios de mejora en el marco de esta ley?

La correcta aplicación de la Ley de Bosques es el primer paso –y lo mínimo que deberíamos hacer- para proteger los bosques nativos. Pero también es importante ir más allá de la ley y asumir compromisos superadores que permitan conservar no sólo los bosques, sino también las culturas asociadas a ellos, la biodiversidad, y los servicios ambientales.

El refuerzo de las estructuras de control y fiscalización, el aumento en la capacitación y profesionalización de operarios forestales, agentes de conservación, técnicos de campo, responsables técnicos y funcionares públicos será central para avanzar en los desafíos que demanda la correcta implementación de la Ley.

La buena gobernanza, basada en el acceso a la información en tiempo y forma para los diversos grupos de interés permitirá la genuina participación en los procesos de revisión de las diferentes instancias de implementación de la Ley, desde la realización y audiencias públicas de Estudios de Impacto Ambiental a los procesos de revisión de los Ordenamientos Territoriales de los bosques nativos en las diversas Jurisdicciones.

Fundación Vida Silvestre Argentina trabaja apoyando y monitoreando la Ley de Bosques Nativos desde su diseño, hasta su implementación, así como también evaluando su funcionamiento y propiciando propuestas de mejora. Es por eso que, a partir de pedidos de información pública ambiental a la autoridad nacional de aplicación, más un exhaustivo análisis y recopilación de información, se desarrollaron fichas infográficas descargables para exponer las principales disposiciones de la Ley 26.331 y su situación actual, tanto a nivel nacional como provincial, con toda la información (perfil territorial de cada provincia, hectáreas deforestadas, especies en peligro, hectáreas bajo planes de manejo o conservación, el presupuesto correspondiente y el asignado y más). Las fichas buscan graficar la información y ser material de consulta y comparativo para diferentes actores clave y la presente actualización incluye la proyección de asignación de fondos para el año 2023, provincia por provincia. 

Tenemos la necesidad y la urgencia de recuperar y conservar nuestros bosques. Reducir la deforestación también es parte de las soluciones basadas en la naturaleza para la mitigación y la adaptación a los efectos del cambio climático, cumpliendo el compromiso presidencial de carbono neutralidad para el 2050 y respetando lo acordado en París en el año 2015. Es hora de asumir los compromisos y salvar nuestros bosques. Conservarlos es esencial para preservar nuestra salud, bienestar y supervivencia.

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El Gobierno planea cerrar sucursales del Banco Nación y despedir empleados, pero no define cómo será el recorte

Es uno de los objetivos tras el decreto que firmó Milei para transformar la entidad financiera en una Sociedad Anónima. Analizan primero los casos de los municipios que cobran las tasas más elevadas. Mantendrán a las autoridades

Después de que Javier Milei decretara esta madrugada la transformación del Banco Nación en una Sociedad Anónima, en lugar de un Sociedad del Estado, el Gobierno proyecta una serie de cierres de sucursales y despidos en la entidad, inclusive antes de su privatización. La definición de las provincias más afectadas y las fechas de ejecución de las clausuras y desvinculaciones estará a cargo de las autoridades del BN. Según dicen, el objetivo es que el banco público sea más eficiente y contribuir a reducir el déficit fiscal.

Los despidos y cierres no están contemplados explícitamente en el decreto que firmó a última hora de ayer el Presidente, antes de su viaje a Estados Unidos, urgido por el vencimiento del plazo para ejecutar la recategorización, el 22 de febrero. Pero altas fuentes nacionales adelantaron que ya están hechas las proyecciones de esos cierres, aunque evitaron dar mayores detalles. “Los análisis pormenorizados van a estar en manos de las autoridades del banco”, dijeron.

“El objetivo es eficientizarlo, modernizarlo, y eso conllevará cierres”, dijo un alto funcionario vinculado al proceso. Existen 780.000 dependencias del BN, y por ahora tienen planeado priorizar el cierre de aquellas emplazadas en municipios cuyas tasas sean más elevadas. “Van a haber recortes, y tiene que haber una reestructuración de los convenios de trabajo”, dijo un alto funcionario nacional, que aclaró que el directorio del Banco, que está presidido por Daniel Tillard, se mantendrá intacto, por ahora.

El argumento no es nuevo. En octubre, Luis Caputo había anunciado que por orden de Milei cerraría la mayor parte de las sucursales del BN en La Pampa –nueve de un total de 14- como respuesta a la suba de la alícuota del impuesto sobre los ingresos brutos (que grava a los créditos familiares y a las pequeñas y medianas empresas (pymes) dispuesta por el gobernador kirchnerista Sergio Ziliotto. Esa decisión puso en pie de guerra a la provincia y a los municipios afectados. Y probablemente ocurra lo propio si se extienden esas decisiones.

El momento exacto de estos cierres no está claro, pero no descartan ejecutarlos antes de que el Gobierno envíe al Congreso el proyecto de privatización del Banco Nación. La fecha para reiniciar el trámite legislativo tampoco está definido, pero es el objetivo final, declarado, del Ejecutivo, en este caso como en el de todas las sociedades del Estado.

Hasta ahora el oficialismo transformó la totalidad de empresas del Estado en sociedades anónimas, pero el Congreso sólo le habilitó la privatización de ocho. Desde entonces, el área de área de Transformación del Estado que conduce Federico Sturzenegger y el titular de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, Diego Chaher, acondicionan las compañías para hacerlas apetecibles a los ojos de los privados que pudieran estar interesados en invertir y hacerse cargo. Como Milei, están convencidos de que el Estado no puede ser eficiente.Javier y Karina Milei juntoJavier y Karina Milei junto a Luis Caputo

En 2024 el Banco Nación achicó la planta en un 7 por ciento, lo cual representó unos 1000 empleados. Y ahora apuntan a eventuales cierres en alguno de los 50 municipios con las tasas más altas, en varios de los cuales ya hay cautelares presentadas y juicios en marcha, justamente por los altos impuestos. “Si vemos que los números en esos municipios con tasas muy altas no nos cierran, puede ser que se tome alguna decisión”, dijeron desde el banco. En Córdoba, por caso, hay 18 municipios judicializados, y en algunos casos acordaron una reducción, como en el de la localidad de Jesús María.

En la lista del medio centenar de municipios con tasas más altas, la mayor parte está ubicado en la Provincia de Buenos Aires. Son Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, Berisso, Esteban Echeverría, Ezeiza, Florencio Varela, Gral. Rodríguez, Gral. San Martín, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, La Matanza, La Plata, Lanús, Lomas de Zamora, Malvinas Argentinas, Merlo, Moreno, Morón, Quilmes, San Fernando, San Isidro, San Miguel, Tigre, Tres de Febrero y Vicente López. En el resto del país, Rawson, San Fernando del Valle de Catamarca, Resistencia, Córdoba, Corrientes, Paraná, San Salvador de Jujuy, Santa Rosa, La Rioja, Mendoza, Posadas, Neuquén, Viedma, Salta, San Juan, San Luis, Santa Fe, Santiago del Estero, Ushuaia y San Miguel de Tucumán.

En el Gobierno aclararon que los análisis están en marcha y que no necesariamente cerrarán las sucursales de todos esos distritos. Aunque admiten que el Banco Nación no es deficitario, deslizan que consideran que “perdió el foco de su actividad y el propósito del plan de negocios”. Algunos funcionarios se inclinan por un modelo similar al de YPF, pero no se atreven a afirmar que así será. “Hay muchas herramientas para asegurarse de que el control lo siga teniendo el público”, dijeron. Pero aún no definieron cómo será el detalle del proyecto de privatización que enviarán al Congreso, ni el momento en que avanzarán.

En lo sucesivo presentarán ante la Inspección General de Justicia los balances y los reglamentos, que tienen planeado modificar durante las próximas semanas. Mientras tanto, evaluarán la necesidad de las oficinas y cantidad de empleados. La Bancaria, que conduce el sindicalista identificado con Cristina Kirchner, Sergio Palazzo, ya adelantó la postura combativa frente al avance del Gobierno y dijo que se trata de una “estafa”.

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El Senado sancionó la ley que suspende las PASO para este año

La iniciativa obtuvo una mayoría absoluta de 43 votos entre oficialistas, varios dialoguistas y un kirchnerismo fracturado. El Gobierno logró el objetivo primordial de las sesiones extraordinarias

El pleno del Senado sancionó esta noche la ley que suspende las PASO para el corriente año, por lo que el Gobierno consiguió cumplir con el objetivo primordial de las sesiones extraordinarias, que finalizan mañana. La iniciativa obtuvo la mayoría absoluta -37, obligatorio- de 43 votos entre oficialistas, varios dialoguistas -algunos, divididos- y un kirchnerismo que se fracturó en este tema, al igual que ocurrió en Diputados.

“Son muy pocos los espacios que han tenido la posibilidad de dirimir su propia interna a la hora de las PASO”, aseguró la senadora del peronismo disidente y titular de la comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara alta, Alejandra Vigo (Córdoba), quien fue la miembro informante.

Vigo repitió argumentos del Ejecutivo en relación con el proyecto, en cuanto a que las PASO no significaron ningún “remedio” para la crisis de representación política y que sirven “como una gran encuesta”, según dijo. Y agregó: “Con su eliminación -en realidad, suspensión-, los partidos retoman la libertad de elegir su propia organización, cosa que también contempla en la actualidad la ley de partidos políticos”.

La legisladora cordobesa luego deslizó que el Gobierno fijó el gasto de las PASO en USD 150 millones. Seguido a ello, destacó que resultó “no ser el mejor sistema” y que, si bien no era ideal tratar el tema, “el ciudadano de a pie, a la larga, va a valorar este proyecto”, sobre todo, “en el contexto que transitamos”.

Desde el Frente de Todos, el peronista pampeano Pablo Bensusán -se abstuvo- criticó la gestión económica del Gobierno libertario. “¿Les parece, con la crisis que están viviendo los argentinos, que estemos tratando la suspensión de las PASO en sesiones extraordinarias? Me parece que le estamos errando”, manifestó. Y advirtió al Ejecutivo para que “aproveche el tiempo para empezar a capacitar a la ciudadanía, que no tiene idea cómo votar la Boleta Única de Papel”.

Quien votó en contra fue el radical Pablo Blanco, pese a que suscribió el dictamen de mayoría en disidencia y permitió que aterrizara el tema en el recinto. “Es una herramienta que permitió a varios poder haber accedido a una banca. Si hubiera sido una interna cerrada o abierta, algunos no estarían sentados”, enfatizó.

Blanco apuntó sobre el potencial “ahorro” de USD 150 millones. En ese sentido, preguntó: “¿Dónde van a ir? ¿A a partidas de libre disponibilidad del Gobierno nacional, que está con un presupuesto reconducido de dos años atrás?”. Y finalizó: “Cuando tratamos la boleta única, decíamos que iba a haber un montón de ahorro de plata y ahora es un gastadero las PASO”. En tanto, su colega Edith Terenzi (Chubut) comprometió el voto a favor de la ley y, de manera curiosa, añadió que no volverá aprobar un texto similar. Una postura similar adoptó Guadalupe Tagliaferri (PRO).

Uno de los que se diferenció en el Frente de Todos fue el catamarqueño Guillermo Andrada. “De 2011 a 2023 ha ido lentamente cayendo la participación. Si uno toma mi provincia, en ninguna de las elecciones generales ha sido menos que en las PASO. De un 78% pasó a casi un 70%, lo que genera una idea de que el ciudadano lo toma como una acción secundaria”, sostuvo el legislador peronista.

Su compañera de interbloque, Carolina Moisés (Jujuy), señaló: “No hay una molestia de la sociedad con la democracia o la política, sino con los partidos políticos, que no se han democratizado más por las PASO. Esa molestia está generada porque el sistema le exige demasiado a los ciudadanos y genera confusión. Ahora tenemos que ser capaces de contrastar entre lo ideal que planteaba el proyecto con la realidad”.

Otro radical que se opuso a la suspensión de las PASO fue el bonaerense Maximiliano Abad (Buenos Aires), quien reflexionó: “¿Debemos reconsiderar las primarias cuando no hay competencia interna? Por supuesto. ¿Hay que intentar optimizar recursos y bajar el gasto? También, pero circunscribir este debate al plano económico implica ponerle precio a la democracia. Remover un sistema que funciona, y que legitima la representación política colocando en el centro de la escena a los electores, nos deja ante un panorama de retroceso en términos institucionales”. El hasta hace meses libertario Francisco Paoltroni fue en el mismo sentido.

El cierre del debate estuvo a cargo del jefe de la Libertad Avanza en la Cámara alta, Ezequiel Atauche. “Desde 2011 hubo sólo diez agrupaciones políticas que dirimieron internas: el 40% obtuvo el 1,5% -pasar clasificar a la general-, es un abuso del sistema”. Y sumó que “ningún país de la región tiene PASO”.

Atauche recordó que, en 2023, el partido Principios y Valores -del ex funcionario kirchnerista Guillermo Moreno- “tuvo cinco listas, y entre todas llegaron a 0,79% de los votos que pagamos los argentinos para el capricho de algún político que no podía participar dentro de su partido, y recibió $125 millones tirados a la basura”.

FUENTE: INFOBAE

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Milei firmó el decreto que transforma al Banco de la Nación en Sociedad Anónima

Esta madrugada Milei transformó la estructura societaria de la entidad. Con este cambio, el Gobierno pretende modernizar la gestión del banco estatal, facilitar la entrada de capitales privados y mejorar su eficiencia operativa.

Tras el intento fallido de privatización por quedar excluido de la Ley Bases, el Gobierno convirtió por decreto este jueves al Banco Nación en Sociedad Anónima. La transformación de la persona jurídica no implica que la entidad deje de ser pública sino que quita ciertas restricciones que tenía al ser una Sociedad del Estado y otorga una mayor apertura para su capitalización.

En este sentido, en los considerandos del decreto 116/2025 se señala que “el régimen de entidad autárquica limita la capacidad del Banco Nación para competir en igualdad de condiciones con otras entidades del sector financiero, restringiendo su acceso a nuevas fuentes de financiamiento y su capacidad de desarrollar estrategias comerciales más dinámicas y eficientes” en beneficio de sus clientes.

“La transformación en sociedad anónima contribuirá a modernizar su estructura jurídica y operativa, permitiendo una mayor flexibilidad en su gestión y adaptación a las mejores prácticas del mercado financiero, incorporando mecanismos de gobierno corporativo más ágiles y eficientes y una administración más profesionalizada y alineada con estándares internacionales de transparencia, eficiencia y control”, indica.

Además, sostiene que permitirá optimizar la asignación de recursos, fortalecer su posición en el mercado y potenciar su capacidad de financiamiento, en beneficio de sus clientes y del desarrollo económico en general.

En el Gobierno consideran que la Sociedad del Estado era una figura jurídica que daba privilegios tales como una descapitalización permanente sin riesgo de default, lo que obligaba a seguir fondeando a pesar de la ineficiencia.

También, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, dijo a través de su cuenta de X: “El Decreto 116/25 permite que el banco mejore su transparencia y gobierno corporativo. El decreto también limpia casi todo el estatuto eliminando privilegios (por ejemplo el Art. 31 que obligaba a que los depósitos judiciales fueran en dicha institución)”.

Miguel Angel Arrigoni, presidente de First Capital Group, precisó: “Una entidad de tipo gubernamental está regida, en general, por la política de Estado y la ley de administración pública. Siendo Sociedad Anónima va a tener más flexibilidad. Por ejemplo, recibir capital de bancos de fomento extranjeros, o hacer proyectos asociativos con otros bancos. Es una estructura mucho más ágil. Desde ese punto de vista, yo creo que es buena noticia”.

La SA -en principio, no hay dichos de funcionarios que indiquen esto- permite además una posible salida a la cotización en bolsa, como en el antecedente del Banco do Brasil o en otro rubro con YPF. En ese caso, funciona como un banco comercial que busca rentabilidad, pero con mayor o menor incidencia del Estado de acuerdo a si se decide mantener un esquema mixto en la propiedad del capital social.

En este sentido, Guillermo Francos, actual jefe de Gabinete, había afirmado en abril pasado: “El presidente Lula en Brasil, en su primer mandato, llevó al banco de Brasil a capitalizarse en la bolsa de Nueva York. El banco cotiza afuera del país y tiene un capital impresionante. Es el banco más grande de ese país. Si un banco público en Brasil, bajo la presidencia de Lula, se convirtió en una empresa que cotiza en bolsa y que incluyó capital privado, ¿por qué no hacerlo nosotros acá? Estamos en un concepto viejo, de no permitir el trabajo conjunto del capital privado y público”.

“Un banco que cotiza en la bolsa genera una serie de controles y transparencia en la gestión que va a cambiar absolutamente la concepción de la banca pública en la Argentina. Todo esta cosa que hoy se hace un poco oculta: a quién se le da crédito, cada tanto escuchamos un escándalo, que se lo dio a una empresa que quebró, etcétera; todo eso, cuando una empresa cotiza en la bolsa, está absolutamente controlado y transparente. Son pasos importantes que tenemos que dar hacia la eficiencia y transparencia de la banca”, comentó.

De todos modos, es importante destacar que esta figura jurídica facilita una privatización parcial o total. Arrigoni consideró que “el Banco de Nación es la columna vertebral del sistema bancario argentino. Hay que tener mucho cuidado con el tema de la privatización. Hay determinados elementos que están en manos del Estado y pueden estar en manos privadas pero hay otros que no. Aparte asiste a algo que es fundamental, que es a las pymes argentinas y al campo”.

Por su parte, y consultado esta mañana por una posible privatización, el ex director del Banco Nación, Carlos Melconian, opinó: “La flexibilidad de la gestión, la administración profesional, la transparencia, la eficiencia, el capital, el control, la auditoría, la rentabilidad y el fondeo son palabras claves”.

Y agregó: “Desde el punto de vista del futuro de un país que se normaliza, esta cuestión de que sea un ente mixto por razones técnicas, de capital y despolitización, no es malo. Si es prolijo, no es malo”.

En tanto, el actual titular del BNA, Daniel Tillard, había dicho que “la transformación en Sociedad Anónima es central para crecer, alcanzar eficiencia y mejorar la transparencia en la gestión del BNA. Un comienzo será reemplazar la sindicatura unipersonal actual a favor de una sindicatura colegiada de tres miembros como en todas las sociedades”.

También, en un comunicado, desde la entidad habían sostenido: “La transformación en SA es imprescindible para que el Banco continúe aumentando los préstamos a favor de las pymes y las familias. Para sostener ese crecimiento, la institución necesitará ampliar su fondeo, lo que podrá hacer abriendo su capital, para lo cual es esencial que se convierta en Sociedad Anónima y que tenga la aprobación del Congreso”.

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