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Diputados aprobó el Presupuesto pero la oposición rechazó el pago de Ganancias para jueces

La Cámara de Diputados aprobó en general por 180 votos a favor, 22 en contra y 49 abstenciones, el proyecto de Presupuesto 2023 que establece un gasto total de casi 29 billones de pesos, un incremento de la economia del 2 por ciento, una pauta inflacionaria del 60 por ciento, y prioriza el gasto social.
A la hora de discutir los puntos particulares, la oposición impuso su número para rechazar el artículo del proyecto de Presupuesto 2023 impulsado por el oficialismo, mediante el cual se establecía el pago del impuesto a las Ganancias para todos los integrantes del Poder Judicial.
Los bloques opositores sumaron 134 votos negativos contra 116 del oficialismo, por lo que el artículo fue rechazado.
La iniciativa fue aprobada a las 5.13 con el respaldo del Frente de Todos, Provincias Unidas, Interbloque Federal, y los bloques de JXC Evolución Radical, UCR y Encuentro Federal, mientras que fue rechazo por la Coalición Civica, la izquierda y la derecha, y el Pro se abstuvo.
El Proyecto
El proyecto estima un gasto total de casi $ 29 billones, con una recaudación aproximada de $ 22,5 billones y un déficit primario de $ 6,3 billones de pesos.
El dictamen de mayoría contiene reformas impositivas ya que se contempla aumentos en las cuotas de obra social para las categorías más altas del Monotributo, incremento de impuestos internos y de aranceles de productos electrónicos, un impuesto sobre los pasajes y deducciones de ganancias en concepto de educación.
Otro punto significativo es la inclusión de una cláusula, por la cual si aumenta la recaudación o la inflación prevista del 60% en 2023, se deberá implementar una corrección en el Presupuesto, a fin de establecer cómo se redistribuirá ese excedente de los recursos.
El proyecto de Presupuesto 2023 que contempla un acrecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) del 2%, una inflación del 60%, un déficit del 1,9 por ciento y que prevé destinar más del 70% de los recursos a gastos sociales.
El proyecto estima un gasto total de casi $ 29 billones, con una recaudación aproximada de $ 22,5 billones y un déficit primario de $ 6,3 billones.
El debate
El diputado del Frente de Todos Carlos Heller afirmó que el proyecto de gastos y recursos impulsado por el oficialismo para 2023 “no es un presupuesto de ajuste” y rechazó que hayan disminuido las partidas destinadas a gastos sociales, al señalar que suman más de 300.000 millones de pesos.
Al exponer como miembro informante de la mayoría, en el inicio de la sesión, Heller aseguró que el Presupuesto 2023 “está orientado a la inversión en infraestructura que ocupará un rol preocupante, a fortalecer el sistema de salud, la educación en todos los niveles, la extensión de las becas, la ciencia e innovación y el fomento del empleo”.
“Hemos visto algunos informes periodísticos que se han centrado en el presupuesto del Ministerio de Educación pero eso es solo una parcialidad del gasto asignado a este concepto. Lo lógico es analizar los gastos por finalidad y función en los cuales se integran los gastos que proceden de diferentes fuentes. Por ejemplo hay partidas que están en el Ministerio de Obras y que tiene que ver con la realización de edificios para las escuelas pero que forman parte de los gastos destinados a la Educación”, dijo el legislador.
En ese contexto, señaló que se han incrementado partidas sociales por un monto de 322 mil millones de pesos, con lo cual “no es un presupuesto de ajuste”.
También se refirió al proceso inflacionario que existe en el país y en ese sentido señaló que “la búsqueda de un descenso gradual sin recurrir a un shock antiinflacionario es lo aconsejable porque conocemos los argentinos las consecuencias que tienen los shocks antiinflacionarias y devaluatorios”.
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El Senado sancionó las leyes jubilatorias, la reactivación de la moratoria y la emergencia en discapacidad

Triple victoria opositora ante un oficialismo sin defensa y con la Casa Rosada que le echa la culpa a Victoria Villarruel. El Gobierno prepara vetos y analiza una potencial judicialización de la sesión
En una jornada de duras derrotas para la Casa Rosada, el conglomerado opositor liderado por el kirchnerismo más un puñado de radicales, una dialoguista alejada del PRO y silvestres provinciales del Senado sancionó esta tarde las leyes que mejoran las castigadas jubilaciones, que reactiva la moratoria previsional, y que declara la emergencia en discapacidad.
También se incluirán iniciativas para asistir financieramente a las provincias y una discusión preliminar sobre el juicio por la estatización de YPF.
El Senado convirtió en ley el aumento a las jubilaciones:
El proyecto impulsado por bloques opositores dispone una recomposición aproximada de 62 mil pesos, de acuerdo a lo detallado en su exposición por el senador Martín Lousteau. El oficialismo se ausentó de la votación y adelantó que impugnarán la sesión por irregularidades en la convocatoria
Se aprobó la restitución de la moratoria previsional:
Con el oficialismo ausente, la oposición avanza con el temario aprobando con mayoría simple las iniciativas que llegaron con media sanción de la Cámara de Diputados. Así, luego de aprobar un aumento en las jubilaciones los senadores presentes convirtieron en ley la restitución de la moratoria previsional.
De esta manera, si la norma se restituye, trabajadores que no hayan completado sus aportes podrán acceder igualmente a una jubilación a través de facilidades y planes de pago.
El Ejecutiva nacional afirma que medidas de este tipo son las que hicieron quebrar al sistema previsional. Distintas voces del gobierno y el oficialismo adelantaron que impugnarán y hasta judicializarán las leyes aprobadas esta jornada por los senadores de la oposición.
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Guillermo Ramisch: “El Gobierno va en contra del Estado en nombre de la eficiencia, pero acá se está destruyendo el INTA, no se lo hace más eficiente”

Sostuvo en Canal 9 Norte Misionero el extensionista de campo de la Agencia de Extensión de San Pedro del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), al referirse a la oficialización del Gobierno nacional sobre la disolución, transformación y fusión de 21 organismos públicos de distintas áreas, en el marco del proceso para reducir la estructura estatal y el gasto público.
En este sentido, el Ingeniero Agrónomo Guillermo Ramisch, primero comentó cómo tomaron este anunció sobre el cual ya había rumores desde hace tiempo y señaló: “Con mucha preocupación, mucha bronca, mucha tristeza, mucha inseguridad. Estamos tratando de organizarnos y construir una respuesta que esté a la altura también de lo que nos está planteando el Gobierno”.
A lo que agregó: “La característica del Gobierno es ir contra el Estado, en nombre de la eficiencia, achicarlo o incluso destruirlo, de esa forma no se hace eficiente en nada porque lo destruye”.
Seguidamente el extensionista de campo explicó el motivo por el cual asegura que se está destruyendo al INTA y no haciéndolo más eficiente: “Todo arranca con una quita en la democracia. El INTA tenía toda una estructura técnica por concurso que arrancaba de la Dirección Nacional hasta el último trabajador de cualquier agencia, de cualquier experimental. A la vez tenía un consejo directivo integrado por las distintas organizaciones del campo, las universidades de agronomía, de veterinaria”.
A lo que acotó: “Todo eso fue alterado, ahora el Gobierno le quitó su autarquía y lo hace depender de la Secretaría de Agricultura. Entonces, quién va a definir ahora la política de investigación del INTA, de extensión del INTA, va a ser el presidente directamente con el Gobierno. Con lo cual ahora quedamos dependientes de cada gobierno de turno que entre”, explicó esto en cuanto al funcionamiento del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria.
Pero eso no es todo, porque Guillermo Ramisch además comentó que “hay propuestas que van desde cerrar todas las agencias de extensión, porque el Gobierno no está interesado en sostener el sistema de extensión, de contacto en el campo con los productores. Incluso de dar de baja también los centros regionales”.
Por otra parte, el Ingeniero Ramisch contó que el INTA tiene alrededor de 120.000 hectáreas y que la idea es vender 70 mil, por lo que él supone que también hay un interés económico. Mientras que con relación al personal que tiene el Instituto en todo país, el extensionista de campo de San Pedro dijo que son alrededor de 6.000 trabajadores y que la intención del Gobierno nacional es disminuir eso en 1.500.
En la extensa nota brindada a Canal 9 Norte Misionero el Ingeniero Agrónomo contó que varios trabajadores ponen plata de sus bolsillo para mantener funcionando un vehículo oficial, por eso adelantó los pasos a seguir en modo de reclamo.
Mirá la nota completa:
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Guardaparques destruyeron estructuras utilizadas para la caza furtiva en zona de frontera

Guardaparques del Parque Provincial Horacio Foerster, dependiente del Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables de Misiones, realizaron una recorrida de rutina sobre la Ruta Costera Nº 2, en el límite con Brasil.
Durante el patrullaje, se incursionó a pie en distintos puntos cercanos a la costa del río San Antonio (límite internacional), donde se detectaron varios apostaderos y cebaderos destinados a la caza furtiva de diversas especies de aves y mamíferos.

Ante esta situación, se procedió al relevamiento del lugar, tomando coordenadas geográficas y destruyendo las estructuras halladas para evitar su reutilización. Asimismo, en las inmediaciones se localizó un sendero que conduce directamente hacia Brasil, cruzando el río San Antonio.
El equipo confeccionó las actas y documentaciones correspondientes, y continuó con la recorrida de control sobre los 25 kilómetros de influencia del Parque Provincial Horacio Foerster, reforzando las acciones de vigilancia y protección de esta importante área natural.
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