Nacionales
Eliminación de las PASO y otros puntos clave de la reforma electoral del Gobierno
Días atrás, el Gobierno presentó en la Cámara de Diputados una “Reforma para el Fortalecimiento Electoral”, que tiene entre sus puntos centrales la derogación de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).
Este instrumento aplicado por primera vez en los comicios del 2011 fue creado en diciembre del 2009 durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner (Frente para la Victoria) a través de la ley 26.571 de Democratización, de la Representación Política, la Transparencia y la Equidad Electoral.
Era una ley que regulaba la construcción de las alianzas y la presentación de candidaturas y que tenía como punto central la creación de las PASO para ordenar la oferta electoral, evitando la dispersión que era moneda corriente en el sistema anterior.
Son elecciones primarias, es decir, esto es, para elegir a los candidatos de cada una de las alianzas electorales para presidente, vicepresidente, diputados y senadores nacionales.
Son abiertas, dado que cualquier ciudadano puede participar independientemente de si está afiliado o no a un partido político.
Son simultáneas porque se realizan el mismo día en todos los distritos del país, y por último son obligatorias en tanto y en cuanto constituye un deber para todos los ciudadanos empadronados.
Inclusive las elecciones son obligatorias en aquellos partidos que no ofrecen competencia interna entre dos o más listas de candidatos.
Uno de los problemas que introdujo las PASO es que alargaron el calendario electoral, al punto que es común escuchar que los años de elecciones son años que el sistema político se zambulle en un estado de campaña permanente, tergiversando las funciones que deben desempeñar quienes fueron elegidos en cargos ejecutivos o legislativos.
Esto es así porque las PASO se realizan casi tres meses antes que las elecciones generales, y las campañas oficialmente comienzan en abril, aunque ya se empieza a construir informalmente la plataforma proselitista desde comienzos de año.
Uno de los objetivos de la reforma consiste justamente en acortar el calendario electoral, evitando trasladarle a la ciudadanía la carga de tener que acudir a las urnas dos veces en el año o hasta tres cuando hay segunda vuelta.
El otro propósito está vinculado a lo económico y responde a la necesidad de cuidar recursos públicos, ya que todo operativo electoral supone costos importantes, tanto en términos de logística de votación y transmisión de datos, correo, fiscalización, capacitaciones y seguridad.
En la óptica del Gobierno, las PASO se comportaron en los últimos años como una “gran encuesta nacional” ya que no fueron demasiadas las agrupaciones políticas que resolvieron sus internas por esa vía.
En el 2023, el costo estimado de las PASO fue de 45.445 millones de pesos, un monto que no es abrumador pero tampoco insignificante.
Más allá de los argumentos vinculados al aspecto del ahorro de gasto público y la simplificación del sistema electoral, también pesa en la visión del Gobierno una concepción filosófica contraria a la intromisión del Estado en la vida interna de los partidos políticos y en su autonomía para la toma de decisiones sobre candidaturas.
Puntos clave
El proyecto de ley propone reducir los tiempos de campaña, haciendo que la misma comience 60 días antes de cada comicio y que finalice 48 horas antes de la apertura de la votación.
Además, se estipula que los anuncios masivos del Gobierno, como por ejemplo de obras, queden prohibidos en los 25 días inmediatamente anteriores a la elección, para evitar usos proselitistas a favor del oficialismo.
Otro aspecto clave de la reforma tiene que ver con los cambios en la publicidad. La modificación más importante es que se eliminan los espacios de publicidad electoral que por la ley actual tienen que ceder los medios audiovisuales para todos los partidos políticos que compiten en las urnas.
A su vez, que dispone que los anuncios publicitarios estén limitados al período en que transcurra la campaña, inclusive en la vía pública.
Otro pilar insoslayable del proyecto es la reducción del financiamiento estatal, eliminándose los aportes extraordinarios que el Gobierno nacional debe transferir a los partidos en cada elección (que se usaban por ejemplo para la impresión de las boletas partidarias, que quedaron sin efecto con la implementación de la boleta única de papel).
De esta manera, solamente se mantiene en pie el Fondo Partidario Permanente que el Estado destina anualmente a las agrupaciones políticas, pero se endurecen los requisitos de exclusión: solamente recibirán el aporte aquellos que hayan sacado más de 1% de los votos del total del padrón.
La Vicejefatura de Gabinete será el órgano encargado de distribuir estos fondos de acuerdo a un criterio: solamente el 20% se repartirá equitativamente entre todos los partidos políticos y el restante 80% se distribuirá de forma proporcional a los resultados obtenidos en las últimas elecciones a diputados nacionales.
Un cambio profundo de esta reforma electoral es la quita de límites a los aportes privados, bajo la premisa de transparentar lo que ocurre en la práctica desde hace muchos años: la existencia de circuitos informales de financiamiento de las campañas y la consecuente subdeclaración de gastos por parte de no pocos partidos políticos.
En las elecciones de 2023 el monto máximo de aportes permitidos por persona humana o jurídica fue de 20 millones de pesos en las primarias, 40 millones en las generales y 20 millones en la segunda vuelta.
A partir de esta readecuación, no se fijarán límites ni en cantidad de aportantes ni en los montos máximos.
Pueden aportar a las campañas las personas físicas, empresas (2019) como sociedades financieras y comerciales, además de asociaciones civiles, fundaciones y cooperativas.
En cuanto a las personas físicas, no pueden aportar extranjeros sin residencia en el país, personas que exploten juegos de azar, o quienes estén imputados por violaciones a la ley penal tributaria.
En cuanto a personas jurídicas, no pueden aportar los organismos del Estado, los multilaterales, las empresas concesionarias, contratistas o proveedoras del Estado, las que explotan juegos de azar, las asociaciones sindicales y profesionales, los gobiernos extranjeros y las empresas extranjeras que no tengan domicilio en el país.
Con la reforma electoral se prevé la creación de una plataforma pública de registro de aportantes privados, que deberán constar sus donaciones a través de declaraciones juradas.
Cada partido o alianza electoral deberá abrir una cuentas bancaria y habrá una supervisión por parte de la Unidad de Información Financiera (UIF).
La letra del proyecto establece que solo podrán recibir aportes privados los partidos políticos que cuenten con un mínimo de adhesiones del 4% del padrón del distrito.
Nacionales
Se oficializó la salida de la Argentina de la OMS
El fin de la participación de Argentina en la Organización Mundial de la Salud (OMS) fue anunciada este jueves en el Boletín Oficial (BO) luego de cumplirse un año de haber realizado la notificación formal.
Según una publicación del BO a la que accedió la Agencia Noticias Argentinas, el director de la Dirección de Tratados, Juan Pablo Paniego, dio a conocer los detalles de la renuncia por parte del Gobierno nacional, por lo que registró que la fecha de denuncia fue el 17 de marzo de 2025.
Además, Paniego estableció que la relación con la organización terminó por disolverse l pasado martes, día en el cual el ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de Argentina, Pablo Quirno, confirmó “el retiro de la Argentina de la Organización Mundial de la Salud (OMS)” tras cumplirse un año de haber realizado la “notificación formal”.
En tanto, se indicó que el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto recordó que la Nación había adherido a la OMS el 22 de julio de 1946 en Nueva York, Estados Unidos, pero este tratado no entró en vigencia para el país hasta el 22 de octubre de 1948, día en que se aprobó la Ley N° 13.211.
El 5 de febrero de 2025 se había anunciado la decisión de Argentina de retirarse de la OMS cuando el presidente Javier Milei instruyó al ex canciller Gerardo Werthein para tramitar la salida debido a las diferencias que el Gobierno tenía en relación a las medidas sanitarias adoptadas durante la pandemia.
Actualidad
Rubén Stasuck: “No queremos ser alarmistas, pero si esto no se soluciona, se irán agudizando las medidas”
El secretario general de ADUNAM, Rubén Stasuck, se refirió al conflicto que atraviesan las universidades públicas y el gobierno nacional debido al incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y la falta de apertura a las paritarias docentes. Hoy se cumple el tercer día de paro en todas las unidades académicas del país.
En diálogo con Canal 9 Norte Misionero, el gremialista recalcó que “reclamamos por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario” y, además, “la cuestión salarial de los trabajadores docentes universitarios”, que han tenido “una pérdida del 54% con respecto al año 23, y estamos hablando de un presupuesto universitario para este año que peligra el desarrollo normal de las actividades”.
Ejemplificó que “no pueden haber docentes que estén contentos de haber estudiado una carrera de grado de 4 o 5 años, de haber hecho un posgrado, una maestría, una especialización o un doctorado, que encuentren con un salario inicial de 240.000 pesos de bolsillo, que es el salario que inician todos los docentes de la universidad”, y esto se da “porque en la Universidad tenemos un sistema diferente del resto de la provincia porque tenemos dedicaciones diferentes, simples, semi exclusivos, entonces, todo inicio de actividad laboral es con este monto”.
Ante ese panorama, Stasuck sostuvo que sigue habiendo éxodo de profesionales. “A nivel país, hablamos de 10.000 profesores que han abandonado su lugar de trabajo porque buscan otras opciones”, sea en el sector público como en el privado y hasta en el exterior. Pero, además, “hablamos de otro fenómeno que se está dando mucho en los últimos años, inclusive en Misiones, que es el pluriempleo, que es la búsqueda de un ingreso alternativo que ayude a mejorar y a recuperar su poder adquisitivo”.
Por ello, indicó que “pensamos que, de cumplirse con la ley del presupuesto universitario, podríamos mejorar las condiciones, y que obviamente, al no ser escuchado, porque no hay paritarias, al no ser escuchados los distintos dictámenes judiciales, al no ser escuchados por la propuesta del Poder Ejecutivo, que es la ley del financiamiento, no nos queda otra que empezar a realizar este tipo de acciones”.
Respecto a si, tras estos primeros días de paro, hubo un llamado desde el Gobierno Nacional manifestó que “nosotros tenemos un silencio total desde octubre del 2024. Llevan más de 15 meses que no tenemos convocatorias. Puede haber reuniones informales, pero que no se avanza mucho, porque la propuesta del Gobierno es una nueva ley de financiamiento universitario que diluye ese 54% de pérdida salarial en una recuperación del 12% durante el año 20-26, en tres cuotas, y la última estaría tocando en octubre”.
Por esta razón es que “nosotros sostenemos que esto se va a deteriorar aún más, porque obviamente los ajustes presupuestarios a la universidad van por debajo inclusive de la inflación actual, entonces esto deteriora el presupuesto universitario”-7
Finalmente, consultado si las acciones de reclamos podrían profundizarse, manifestó que “no queremos ser alarmistas en este sentido, pero obviamente, al no solucionarse el problema, de agudizarse la cuestión salarial, los docentes en las asambleas, en reuniones o diferentes tipos de consultas, irán evaluando y seguramente irán profundizando las acciones en esta dirección”.
Actualidad
Omar Cabral: “Estos aumentos del GLP forman parte de un sendero de recuperación de precios que se está dando en el mercado”
El lunes se conoció un nuevo incremento en el gas en garrafa en la provincia de Misiones. En Eldorado, para la de 10 kgs, se estableció en 23 mil pesos para la venta en mostrador en CEEL GAS. En ese marco, Canal 9 Norte Misionero dialogó con el presidente de MISCOOPGAS, Omar Cabral, quien afirmó que tanto este aumento como el anterior, en febrero, “forma parte de un sendero de recuperación de precios que se está dando en el mercado”.
En ese contexto recordó que, “a partir de principios del 2025, el mercado de GLP quedó totalmente desregulado, ya no existen ni precios máximos ni precios de referencia que establecía antes el Estado Nacional”, pero sí “en función del comportamiento de los mercados, pero básicamente en función de los costos operativos que tienen las empresas fraccionadoras, se van corrigiendo los precios”. De hecho, “el ajuste que se había dado en febrero fue para recuperar un poco el atraso en los precios que se había producido en todo el 2025”.
En tanto que “este nuevo ajuste que se da ahora en marzo tiene que ver, por un lado, con seguir, como le decía, ese sendero de recuperación de precios a efecto de amortizar los costos operativos, pero también tiene que ver con una serie de aumentos que se produjeron en los últimos días en lo que tiene que ver con el aumento de los combustibles que afecta directamente los costos de logística, los costos de transporte de producto y posterior distribución de garrafas envasadas”, pero “también se ha dado un incremento salarial”.
Cabe mencionar que la paritaria de este sector se realiza entre marzo y abril de cada año “y ahora se ha dado un ajuste, un incremento salarial para cerrar la paritaria 25-26 y próximamente se inician las conversaciones para la paritaria 26-27”, comentó Cabral, por lo que “todos estos aumentos en la estructura de costos es necesario trasladarlos al precio para poder mantener la operatividad del servicio”.
En cuanto a si todavía existe un porcentaje de recuperación en el precio del gas en garrafas, indicó que “todavía sí, todavía queda para recuperar, por lo menos para tener en las empresas fraccionadoras una rentabilidad razonable (…) hoy estamos trabajando con déficit, pero se había producido un retraso importante, no solamente en valor, sino también en tiempo y eso es imposible recuperarlo en una sola vez, hay que ir haciéndolo escalonadamente como se está haciendo”.
Esa recuperación que aún debe darse, según Cabral, oscila entre un 25 y 30 por ciento más al valor que alcanzó este lunes.
No obstante estos incrementos, analizó que la demanda, en términos generales, no disminuye ya que el gas “es un elemento prácticamente que no se puede sustituir por otro” y aunque existan alternativas con “otras fuentes energéticas hoy por hoy el costo no difiere demasiado del GLP, incluso me animo a decir que es superior al GLP pensando en lo que tiene que ver con la energía eléctrica. Así que en general la demanda se sostiene”.
Sí admitió que “ha cambiado un poco el comportamiento de los usuarios en cuanto a, por ejemplo, aquel domiciliario que consumía un garrafón de granel y se ha pasado al cilindro de 45 y el que consumía un cilindro de 45 comienza a utilizar la garrafa de 10”, aunque “no por el valor en sí del producto, que hoy se ha equiparado, sino por la disponibilidad del dinero para poder comprar”.
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