A través de un relevamiento con cámaras trampa, hace algunos días se confirmó la presencia de un nuevo ejemplar de yaguareté (Panthera onca) en un corredor de conservación clave del departamento Patiño, provincia de Formosa.

Según informaron, este nuevo registro se conoció durante la revisión de cámaras trampa realizada por Proyecto Yaguareté -aportadas por Fundación Vida Silvestre Argentina- que corresponden a diferentes eventos fotográficos capturados entre agosto y noviembre. Se trata del quinto yaguareté registrado bajo este método en la provincia y el octavo en la región chaqueña argentina.

Como en cada registro, se individualiza a los ejemplares por el patrón de manchas de su pelaje, que es único en cada individuo (similar a las huellas dactilares en humanos), lo que demuestra que se trata de un yaguareté macho que no se conocía hasta el momento.

La noticia fue confirmada en el marco del trabajo conjunto que se viene realizando por el Grupo de Colaboradores para la Conservación del Yaguareté, liderado por el Proyecto Yaguareté (CeIBA-CONICET) junto al Ministerio de la Producción y Ambiente de Formosa y respaldado en toda la región por la Fundación Vida Silvestre Argentina y la Subsecretaría de Ambiente de la provincia de Chaco.

Desde Proyecto Yaguareté expresaron que este es un momento esperanzador que permitirá reforzar las acciones de difusión, capacitación, educación ambiental y fortalecimiento del vínculo con la comunidad, para seguir construyendo áreas seguras para la especie y promover su conservación, como se viene haciendo desde el año 2021.

Por su parte, Lucía Lazzari, Coordinadora de Programa Bosques de Fundación Vida Silvestre Argentina afirmo: “Nuestro trabajo en la región del Gran Chaco tiene como objetivo de proteger y restaurar los ambientes naturales y su biodiversidad, entre la que se encuentra el yaguareté, una especie emblemática y en peligro crítico en nuestro país. La presencia de un nuevo individuo es una noticia muy alentadora que resalta la necesidad de continuar con las acciones que se vienen realizando para conectar el paisaje, favoreciendo la supervivencia de las especies nativas y evitando la fragmentación de su hábitat”.

Cabe recordar que, en julio de este año, en la misma región, un ejemplar fue víctima de la caza furtiva. Esto significó un gran golpe para la población de yaguaretés de la región chaqueña, la cual cuenta con alrededor de 20 individuos, distribuidos entre las provincias de Chaco, Formosa, Salta y Santiago del Estero.

Por ello es fundamental involucrar a las personas que comparten territorio con estos grandes felinos en los esfuerzos de conservación, y continuar potenciando el trabajo en equipo entre instituciones y en distintas jurisdicciones, para el monitoreo y la conservación del yaguareté y de las otras especies que habitan la región chaqueña.

¿Por qué es importante la conservación del yaguareté?

El yaguareté (Panthera onca) es el felino más grande del continente americano y el tercero a nivel mundial, después del león y el tigre asiático. La especie se encuentra en peligro crítico de extinción en Argentina debido a la pérdida y fragmentación de su hábitat, el atropellamiento en rutas y la caza ilegal del felino y sus presas. Como el mayor depredador del ecosistema, el yaguareté cumple un rol ecológico fundamental regulando las poblaciones de otros vertebrados, especialmente de los grandes herbívoros, por lo tanto, su presencia es un buen indicador de la salud de los ecosistemas. Se estima que en nuestro país quedan menos de 250 individuos y sólo 20 se encuentran en la región chaqueña, distribuidos en las provincias de Chaco, Formosa, Salta y Santiago del Estero.

El yaguareté fue declarado Monumento Natural Provincial en Formosa (Ley 1.673) y Monumento Natural Nacional (Ley 25.463). Informar a las autoridades los datos de la presencia de esta especie es clave para poder seguir trabajando en su monitoreo y conservación.

El Poder Ejecutivo Nacional emitió el Decreto 1023/2024, prorrogando hasta el 9 de julio de 2025 la emergencia en el sector energético, inicialmente establecida por el Decreto 55/2023 y que abarca a la generación, transporte y distribución de energía eléctrica y gas natural.

Según el texto oficial, para alcanzar los objetivos de garantizar la continuidad y sostenibilidad de los servicios en un contexto de crisis estructural “resulta indispensable y urgente extender la declaración de emergencia hasta el 9 de julio de 2025, con el fin de permitir que los órganos competentes continúen adoptando las medidas necesarias para asegurar la continuidad en la prestación de los servicios públicos”.

Asimismo, el decreto instruye a la Secretaría de Energía a “mantener en términos reales los niveles de ingresos y cubrir las necesidades de inversión, para seguir garantizando la prestación continua de los servicios públicos de transporte y distribución de energía eléctrica y gas natural en condiciones técnicas y económicas adecuadas para los prestadores y los usuarios”.

Además, se pospone hasta esa fecha la vigencia de los cuadros tarifarios resultantes de los procesos de revisión iniciados en 2023. En ese marco, la normativa establece que “la entrada en vigencia de los cuadros tarifarios resultantes no podrá exceder del 9 de julio de 2025” y se dispone que en el proceso de adecuación tarifaria se apliquen “mecanismos que posibiliten la participación ciudadana”.

El decreto también prorroga la intervención del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) y del Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) hasta que se constituya y ponga en funcionamiento el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad, creado por la Ley 27.742.

La norma invita a las provincias a coordinar acciones con la Secretaría de Energía para reforzar la prestación de los servicios eléctricos bajo sus jurisdicciones. Según el texto, “resulta conveniente y razonable prorrogar el Decreto N° 55/23 en lo atinente a los plazos de la emergencia declarada (…) con el fin de ordenar y unificar los tiempos, acciones y objetivos previstos”.

El decreto fue firmado por el presidente Javier Milei y refrendado por los ministros Guillermo Francos, Luis Petri, Mario Iván Lugones, Mariano Cúneo Libarona, Sandra Pettovello, Patricia Bullrich, Gerardo Werthein, Luis Andrés Caputo y Federico Adolfo Sturzenegger.

Las organizaciones abajo firmantes rechazamos de manera categórica la decisión del gobierno argentino de retirar a la delegación oficial de las negociaciones de la COP29 de Cambio Climático.

La decisión adoptada por el gobierno constituye un retroceso histórico en materia de política ambiental y climática para nuestro país. La Argentina ha participado de manera activa en las negociaciones climáticas desde la adopción de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC) en 1992 y ha generado enormes contribuciones en la materia.

La ausencia de esta instancia de negociación y participación en estos espacios multilaterales, además de romper con una larga tradición internacional, nos margina y aleja de las posiciones que sostienen las democracias más desarrolladas en la materia. Además, nos priva de participar en la toma de decisión sobre un tema fundamental para el país: el financiamiento necesario para abordar la crisis climática y ecológica.
De la misma forma instamos a cumplir de manera plena con los compromisos asumidos tanto a nivel nacional como internacional con el Acuerdo de París, el cual ha sido ratificado mediante la ley Nº 27.270 y rechazamos cualquier intento o iniciativa que implique el apartamiento del mismo.

Argentina es un país que sufre de manera directa las consecuencias que produce el cambio climático con eventos cada vez más severos y frecuentes como las sequias, los incendios, inundaciones y la destrucción de bosques y de biodiversidad, que han generado pérdidas de vidas humanas y daños de todo tipo, principalmente en la población más vulnerable.

Por ello, necesitamos contar cada vez con más y mejor financiamiento que nos permite hacer frente a estas graves consecuencias y adaptarnos a los cambios que están ocurriendo más allá de cualquier creencia sobre su origen. Es participando en las negociaciones globales climáticas donde podremos incidir para logar conseguir las herramientas que nos permitan hacer frente a esta realidad. Más aun cuando se espera que la COP29 defina una nueva meta cuantificada de financiamiento climático que los países del Norte Global deben proveer a los países del Sur Global para poder abordar los daños y prevenir futuros perjuicios causados por el cambio climático.
Este es un espacio en el que todos los Estados Partes deben ser escuchados, poniendo sobre la mesa sus necesidades y circunstancias, y donde existen oportunidades significativas para construir y avanzar con agendas más ambiciosas que fomenten la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y la adaptación al cambio climático, siempre sobre la base del principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas.
Retirarse de las negociaciones climáticas impactará negativamente en la imagen internacional de nuestro país, lo que a su vez podría repercutir en la actividad productora y las exportaciones. Esto adquiere especial relevancia en un contexto global donde los estándares son cada vez más estrictos, frecuentemente vinculados a metas climáticas o a garantías de productos de un origen libre de deforestación.}

La decisión adoptada, además de no haber sido explicada constituye una clara violación a la Ley de Presupuestos Mínimos de Adaptación y Mitigación al de Cambio Climático (Ley 27.520/19) votada hace muy pocos años por unanimidad por el Congreso de la Nación y fundamentalmente a los postulados de protección ambiental dispuestos por el Art. 41 de la Constitución Nacional.