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Política

Día clave para el Gobierno con el desafío de aprobar el acuerdo con el FMI y controlar otra marcha en el Congreso

El Gobierno enfrentará este miércoles una jornada de importantes pruebas tanto dentro del Congreso, donde intentara que se apruebe el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que lo habilita a firmar un acuerdo con el Fondo Monetario Intercional (FMI), como en sus alrededores, que deberá controlar para evitar que la marcha en apoyo a los jubilados vuelva a terminar con incidentes.

Las autoridades nacionales están convencidas de que van a lograr cumplir con ambos objetivos y para eso vienen trabajando desde finales de la semana pasada en los dos frentes, el legislativo y el de seguridad.

Por un lado, el bloque de La Libertad Avanza conversó con los jefes de los otros espacios parlamentarios y tendrían los votos necesarios como para evitar que se rechace el DNU firmado por el presidente Javier Milei.

En este sentido, en el oficialismo aseguraron que no hay preocupación por la reunión de urgencia del Partido Justicialista a la que convocó Cristina Kirchner para fijar una posición unificada antes de la sesión, y consideraron que “ellos lo único que hacen es poner trabas”.

Sin embargo, un dirigente libertario al tanto del poroteo en la Cámara de Diputados no descartó que la oposición pueda dar el batacazo y conseguir a último momento los apoyos para rechazar el Decreto: “Todo puede ser, pero nosotros trabajamos para que se lleve adelante la aprobación de todo lo que envía el Presidente”, señaló.

En principio, el Gobierno no solo tendría el respaldo de su habitual aliado, el PRO, sino también de otros partidos que suelen ser críticos de la actual gestión, como la Coalición Cívica, e incluso de gobernadores.

Para que el DNU quede sin efecto debe ser rechazado por las dos Cámaras, por lo que si el oficialismo logra blindarlo en Diputados, ya no tendrá que debatirlo en el Senado y quedará vigente.

Por otra parte, en Balcarce 50 trabajan en los controles que se van a llevar adelante ese día en la calle con motivo de otra marcha en apoyo a los jubilados que se espera que sea más multitudinaria que la anterior lo cual, según entienden algunos funcionarios, no necesariamente sería algo malo para el Gobierno.

“El miércoles pasado vinieron con la idea clara de generar caos y causar destrozos, ahora no van a ser solamente barras bravas, sino que se sumaron otros sectores, por lo que el contexto va a ser otro”, explicó una persona interiorizada en la estrategia del Poder Ejecutivo.

Efectivamente, en esta ocasión ya anunciaron que van a participar de la marcha, además de los sectores más conflictivos, otros como los gremios agrupados en las dos CTA, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) e incluso algunas agrupaciones universitarias.

De todas formas, el asesor presidencial Santiago Caputo reunió el martes en su despacho a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, a los jefes de la SIDE, Sergio Neiffert y Diego Kravetz, y a los secretarios de Transporte y de Justicia, Franco Mogetta y Sebastián Amerio, respectivamente, para coordinar el operativo de este miércoles.

Según explicaron en el entorno de Guillermo Francos, el jefe de Gabinete no participó de ese encuentro porque “su forma de administrar siempre fue dejar que los funcionarios trabajen como mejor consideren”, sin involucrarse en sus decisiones, pero aseguraron que “está al tanto de todo lo que va a pasar”.

Por otra parte, llamó la atención la ausencia del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, que fue reemplazado por su vice, un hombre mucho más cercano a Caputo, y sus allegados se limitaron a comentar que “no estaban enterados de la reunión”.

En tanto, el área que controla Mogetta acordó con la cúpula libertaria coordinar con Seguridad “los controles que se hacen a los micros” que vayan llegando a la movilización, una tarea que estará a cargo de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT).

Durante este día, el personal de ese organismo tiene la orden de priorizar la inspección de los vehículos que ingresen a la ciudad de Buenos Aires horas antes de la protesta.

“En el operativo especial de seguridad, los agentes de fiscalización de CNRT controlarán la habilitación y documentación del micro, RTO vigente, seguro vigente, lista de pasajeros y medidas de seguridad, como son cinturones de seguridad, matafuegos, luces reglamentarias, neumáticos”, se detalló.

Asimismo, a los conductores de los colectivos involucrados se les pedirá la licencia y la libreta de trabajo, para verificar el descanso reglamentario, y se le realizará un test de alcoholemia en el lugar.

El Gobierno quiere evitar que se generen otra vez disturbios que derive en represión y potenciales heridos, especialmente luego del caso del fotógrafo Pablo Grillo, que recibió el impacto de una granada de gas en la cabeza que lo dejó internado y en grave estado.

Por esta razón, la Policía de la Ciudad cortará las calles en las inmediaciones del Congreso, mientras que sus pares de la Federal permanecerán detrás de las vallas que se instalarán en la zona, conteniendo a la multitud. Sin embargo, el mensaje que se envió es que, si la situación se descontrola, deberán actuar.

Desde las 9:00, no se permitirá la circulación de vehículos en el perímetro comprendido entre Paraná y su continuación Sáenz Peña, Bartolomé Mitre, Ayacucho y su continuación Sarandí, y Adolfo Alsina.

Unos 600 agentes de tránsito estarán en las calles para ayudar con la circulación, mientras que durante la noche del martes, 350 contenedores fueron retirados provisoriamente del perímetro entre Sarmiento, Combate de los Pozos, Moreno y la 9 de Julio; y en la Avenida de Mayo entre la 9 de Julio y la Plaza de Mayo.

Actualidad

Oberá: “Los empleados están destrozados”

El secretario general de AEFIP Posadas, Horacio Casco, dialogó con Canal 9 Norte Misionero para referirse al cierre de ARCA Distrito Oberá. “Es una decisión que viene en línea con todo lo que está haciendo el Gobierno Nacional desde que asumió”, expresó y aludió que “primero se cerró la Receptoría en Puerto Iguazú y ahora vienen por los Distritos”.
Cabe mencionar que de los 65 Distritos que existían en Argentina están cerrando ya un total de 38, entre ellos el de Oberá, donde son 14 empleados más el equipo de 3 fiscalizadores.
Respecto al estado de ánimo de los mismos, afirmó que “están literalmente destrozados todos”.
Asimismo, referenció que la medida no pudo caer en peor momento. “No pudieron elegir peor época para cerrar, porque estamos en el inicio de clases”, afirmó, dado que “algunos no saben si se van a quedar en una Receptoría (en Oberá), pero, posiblemente, la gran mayoría tendrá que trasladarse a Posadas con todo lo que ello implica”.
Casco acotó que “es un trastorno realmente mayúsculo para todos los compañeros (…) es un cambio radical de vida y un perjuicio enorme para todos ellos”.c
Consultado sobre las medidas a adoptar para intentar frenar el cierre, comentó que “estamos analizando las posibilidades y lo que podemos hacer, reconocemos en el organismo la potestad que tienen para modificar su estructura (…) estamos haciendo asambleas, estamos en estado de alerta y movilización, y seguro que nos vamos a plegar al paro del 8 de abril, pero eso no impide que en este tiempo hasta esa fecha hagamos medidas de fuerza como asambleas, quite de colaboración, apagón informático”.

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Oberá: “El cierre de ARCA representa un retroceso institucional muy grande y causará marginalidad y mayor evasión”

Por decisión del Gobierno Nacional, en el marco de una profunda política de ajuste, se están cerrando el 50 por ciento de las oficinas de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) que existen en el país, entre ellas la del Distrito Oberá. La medida se hará efectiva a mediados de abril y afecta a 37.500 contribuyentes y 14 empleados.
Esta cantidad de contribuyentes no es solamente de Oberá, sino que pertenecen a distintos Departamentos de la Zona Centro como Leandro N. Alem, San Javier, Cainguás, San Vicente y 25 de Mayo. “Son más de 25 localidades que abarca ARCA Distrito Oberá”, explicó el CPN Rubén Obermann a Canal 9 Norte Misionero y acotó que “el perjuicio no es solamente para Oberá, sino que lo es para toda la Zona Centro de la provincia”, considerando, además, que esta medida significa “un retroceso institucional muy grande para la Zona Centro”.
Obermann indicó que desde que se conoció la medida nacional “nos hemos sentido bastante huérfanos y solos, porque tuvimos que hacer toda una movida para que el Consejo Profesional a nivel provincial reaccione”. No obstante, recalcó que sí han tenido, y están teniendo, el acompañamiento de la parte política dado que los municipios que serán afectados por la medida han tomado la iniciativa de hacer gestiones para evitar la efectivización.
Asimismo, comentó que el lunes dialogó con un asesor del gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, quien le informó que el Mandatario “elevó notas tanto al Ministerio de Economía como a la gente de ARCA, pidiendo una reconsideración y pidiendo, por lo menos, una reunión para ver que se puede aportar” en caso de que el problema para el cierre sean los costos.
Pero, lamentablemente, hasta el momento, “no hemos tenido ninguna posibilidad de contacto con las autoridades nacionales”.
Respecto a la población en general, Obermann manifestó que “me da la sensación que la gente no tiene idea de la gravedad de lo que significa para la vida cotidiana esta medida de levantamiento de ARCA Distrito Oberá”.
Obermann afirmó que esa falta de conciencia sobre la relevancia que tiene la decisión nacional es “porque se compró mucho eso de que hoy es todo vía online (…) pero ese sistema funciona a dos cuadras del obelisco, está hecho para el país central”.
“Acá creen que el daño es solamente para los contadores, pero, a partir de ahora, los contribuyentes, para sacar el CUIT, van a tener que ir, y perder un día entero, a Posadas y ni hablar si querés inscribirte o presentar un recurso de consideración respecto a algo”, explicó.
Al ser consultado si conocía el argumento del Gobierno Nacional para el cierre del Distrito, mencionó que “esta es una de las cosas más increíble, porque si lees la disposición habla de que es para disminuir los gastos”. Sin embargo, consideró que eso “falta a la verdad”, porque “toda la gente que trabajaba en Oberá va a ser reubicada en Posadas, o sea, por el lado de los sueldos no va a haber ningún ahorro” y agregó que, al tener que ir la masa de contribuyentes a Posadas, se deberá invertir en acondicionamiento del edificio para poder contenerlos cómodamente o “alquilar más locales”.
Analizó que “para mí es una medida política o quieren hacer daño a alguien o no les interesa”. De hecho, reiteró que “debe haber un funcionario que no tiene ni idea donde queda Oberá o donde es la Zona Centro de la Provincia… no tiene idea”, a la vez que esgrimió que “hay un menosprecio de la opinión y de las necesidades de la gente”.
Profundizando esa reflexión, Obermann subrayó que. “a partir de ahora, van a haber contribuyentes de primera y contribuyentes de segunda o de tercera”, lo que podría traer aparejado “marginalidad y mayor evasión”, aseveró.

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Sonia Pantiú: “Desde agosto no hemos recibido fondos nacionales y no hay novedades al respecto”

El Gobierno Nacional dispuso a fines del año pasado, por segundo año consecutivo, la prórroga del Presupuesto 2023, lo que recorta las posibilidades de financiamiento de múltiples planes, programas y acciones en diferentes ámbitos como, por el ejemplo, el educativo. Y ahí están las escuelas de educación técnica que ven resentidas sus arcas para la compra, fundamentalmente, de insumos para los talleres.
Al respecto, Canal 9 Norte Misionero ha dialogado con la directora de la EPET N° 6, Sonia Pantiú, quien expresó que se siente “un poquito preocupada, más que nada por el dinero que se recibe año a año desde el INET” ya que “desde agosto del año pasado se ha recibido nada y no hay novedades al respecto”.
Indicó que ese dinero “siempre se usó para comprar herramientas y, eventualmente, bienes para insumos”.
Señaló que “el último deposito que tuvimos fue de 1.200.000 pesos, a principios de año, y después vino un plan nacional de mejoras institucionales que fue para comprar herramientas, que fue de 5.000.000 pesos”, aunque explicó que el costo de las herramientas es alto, ejemplificando que solamente una morsa de banco cuesta 500.000 pesos. “Se necesita 5 o 6 morsas por banco”, indicó.
Pantiú recalcó que “en herramientas, a modo general, estamos bastante bien, pero lo que complica a los chicos es poder comprar los insumos como hierros, la madera, todos los elementos que necesitan para trabajar en el taller”.
En cuanto a las herramientas, la Directora profundizó manifestando que “estamos bastante bien equipados con las herramientas menores que cada taller necesita, pero, por supuesto, que en el uso tienen su desgaste y hay que repararlos, hasta aquí no se dio que haya que comprar nuevos”, aunque sí deslizó que “hay que actualizar algunas máquinas”.
No obstante, y ante el panorama, “nos vamos adecuando a la necesidad y a lo que se tiene a mano sin dejar de enseñar a los chicos” y es por eso que “estamos haciendo un relevamiento y vamos a ver cómo podemos, con la Comisión de Padres, generar recursos para comprar lo que vayamos necesitando”.
Pantiú indicó que se están haciendo gestiones desde la Provincia para lograr el envío de esos fondos. “Tengo entendido que desde la Subsecretaría de Educación Técnica están haciendo las gestiones”, comentó y agregó que este martes recibirían la visita de las autoridades provinciales en las que brindarían detalles de cómo avanzan dichos trámites.
Para cerrar, la Directora contó que, con el dinero que ingresó a principio de año en concepto de Cooperadora, “se destina a la compra de mesas y sillas” para aquellos salones en lo que está faltando.

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