El concejal de la UCR en Puerto Iguazú, Alejandro Verón, denunció actos de corrupción en el servicio de Aduanas, específicamente contra el exdirector de Asuntos Técnicos de Frontera, Pablo Vande Rusten, por presunto cobro de coimas. La denuncia fue presentada el 28 de enero ante la Oficina Anticorrupción, y desde entonces Verón ha recibido presiones, incluidas llamadas del diputado nacional expulsado Martín Arjol, quien intentó disuadirlo de seguir con la denuncia.

Verón también acusó a Arjol de ejercer presiones políticas, sugiriéndole que podría ser perjudicado en un posible acuerdo con La Libertad Avanza. El concejal se mostró sorprendido por esta actitud, ya que no está al tanto de ningún acuerdo formal entre la UCR y dicho partido. A su vez, denunció presiones provenientes del entorno de Vande Rusten, quienes intentaron mediar ofreciéndole beneficios a cambio de abandonar la denuncia.

Entre las ofertas que rechazó Verón se encontraba un puesto en el Centro de Frontera y la gestión de una obra para agilizar el paso fronterizo, propuestas que dejó claras como un intento de soborno. Además, destacó que su propuesta de mejora de la infraestructura en la frontera fue completamente personal y sin ánimo de obtener algún beneficio económico.

La denuncia ha generado un fuerte impacto dentro de la UCR, revelando divisiones internas. Verón criticó la falta de transparencia y acusó a la dirigencia provincial de tomar decisiones a espaldas de la militancia. Finalmente, hizo un llamado a la justicia para que investigue y sancione los hechos de corrupción denunciados.

Así se lo confirmó a Infobae una alta fuente oficial del Gobierno que habló de una suba “inconsulta”. Las tarifas iban a subir hasta 8,4% a usuarios de clase media y 12,3% a los de ingresos bajos en el AMBA

El Gobierno finalmente no aplicará en febrero los aumentos en las tarifas de luz de hasta 12,3% promedio para los hogares de ingresos medios y bajos que fueron informados este martes por el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), según dijo a Infobae una fuente de Casa Rosada. Está previsto que en las próximas horas salga publicada una resolución en el Boletín Oficial con la medida que retrotraerá la suba que iba a llegar en un mes de alto consumo estacional por las altas temperaturas del verano.

En la Rosada hablaron de “malestar” por la decisión del ENRE, cuyo interventor es Osvaldo Rolando, y aseguraron que se enteraron de la suba por la noticia que publicó este medio. “Fue inconsulto”, agregaron. La explicación de la Secretaría de Energía fue que hubo un error en la redacción de las resoluciones en las que se oficializaron los cuadros tarifarios de este mes para los usuarios que viven en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y el conurbano bonaerense.

Sin embargo, el ENRE realiza solo un trabajo técnico de instrumentación de las definiciones que “bajan” desde el Gobierno. Tal como salieron los cuadros tarifarios los incrementos respecto a enero iban a tener mayor impacto en los segmentos más vulnerables de la población.

El Gobierno había informado la semana pasada que a partir de febrero habría un recorte en los subsidios que reciben 9,5 millones de usuarios residenciales de todo el país y que los aumentos en las tarifas de electricidad para este mes serían del 1,5% promedio. Pero el ENRE reveló hoy que con el cambio en el esquema de subvenciones el incremento sería mucho mayor para los clientes de Edesur y Edenor: 8,4% para los categorizados como de ingresos medios; 12,3% para los de ingresos bajos y 2% para los de ingresos altos.

“En febrero de 2025, la factura promedio antes de impuestos de los usuarios R-Nivel 1 altos ingresos aumentará en promedio, con respecto al cuadro vigente a enero 2025, un dos coma uno porciento (2,1%). En el caso de los usuarios R-Nivel 2 ingresos bajos y R-Nivel 3 ingresos medios aumentará en promedio un doce coma tres porciento (12,3%) y un ocho coma cuatro porciento (8,4%), respectivamente”, consignaron dos resoluciones del ENRE que se publicaron este martes en el Boletín Oficial.

Desde el equipo de la secretaria de Energía, María Tettamanti, dijeron que hubo un “error” en la redacción de las normas y que será subsanado en las próximas horas. “Se trata de la magnitud anual del aumento y no de la suba que habrá en febrero”, explicaron.

El economista Julian Rojo calculó que los aumentos en las facturas de Edesur y Edenor, según los cuadros tarifarios publicados por el ENRE, iban a ser de 1,7% mensual para N1, 14.6% para N2 y 9,6% para N3. Es por eso que difícilmente haya habido solo una equivocación con la redacción de la norma.

Energía aplicó desde este mes una reducción en los descuentos que reciben los usuarios residenciales en los precios de la energía que pagan en los servicios públicos de electricidad y de gas natural. El subsidio del Estado implica que los usuarios tengan una bonificación sobre el precio pleno de la energía según el esquema de segmentación vigente en base a ingresos respecto a la Canasta Básica Total (CBT) del Indec, que marca el umbral de un hogar para no ser considerado pobre.

Hay tres universos: ingresos altos (Nivel 1) que no tienen descuento, ingresos bajos (N2) e ingresos medios (N3). El descuento desde ahora será del 65% para los N2 y del 50% para los N3 en ambos servicios, lo que representa en mayor medida un recorte en el beneficio.

Las bonificaciones vigentes desde junio pasado para la electricidad eran del 71,2% en N2 y del 55,94% en N3. En gas natural eran del 64% -solo en ese caso la cobertura sería mayor en un punto porcentual-, y del 55%, respectivamente.

Según datos del Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE) hasta diciembre había 9,5 millones de usuarios de energía eléctrica agrupados entre N2 (6,3 millones) y N3 (3,2 millones) que reciben subsidios, de un total de 16,3 millones de usuarios.

El Gobierno apuesta a profundizar la desaceleración de la inflación durante 2025, de cara a las elecciones legislativas. Es por eso que durante el verano se habilitarán aumentos en las tarifas de electricidad y gas natural por debajo del 2% promedio mensual para todo el país. En enero, las subas habían sido de 1,6% en luz y 1,8% en gas. En febrero serán del 1,5% y 1,6%, respectivamente. También comenzó a regir este mes la baja del 2% al 1% en el ajuste mensual del precio del dólar oficial, una medida que apunta en el mismo sentido.

Energía avanzará en febrero en la revisión tarifaria con distribuidoras y transportistas. De ese proceso surgirán además los nuevos cuadros tarifarios y las inversiones que deberán realizar las compañías para mejorar el servicio de cara a los próximos cinco años. En medio de la ola de calor, este lunes hubo hasta 50.000 usuarios sin luz en el AMBA y se registró un apagón en Córdoba y provincias del norte del país. En abril comenzarán a regir los nuevos cuadros tarifarios que traerán aumentos en las facturas por debajo del 10%, que además podrían ser divididos en cuotas mensuales, según indicaron fuentes oficiales.

Luego la idea es definir un sistema de actualización mensual automático para las tarifas y, en consecuencia, los ingresos de las empresas se mantengan constantes en términos reales. Se trata de un cambio sustancial respecto a los aumentos discrecionales que se aplicaron a partir de 2024, después de años de congelamiento, y con los que se buscó apuntalar, sin éxito, la desaceleración de la inflación.

El oficialismo solicitó formalmente la convocatoria a una sesión especial en la Cámara de Diputados para el próximo jueves 6 de febrero de 2025 a las 12 horas. En el orden del día se incluyó el debate sobre la posible eliminación o suspensión de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), una medida que ha generado tensión dentro del Congreso y que enfrenta posturas divididas entre oficialismo y oposición.

La solicitud fue enviada por un grupo de legisladores oficialistas y aliados, entre ellos Gabriel Bornoroni, Nadia Márquez, Nicolás Mayoraz, Manuel Quintar, José Luis Espert, Romina Diez y Cristian Ritondo. En la nota dirigida al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, se incluyeron además otros temas de interés para el Ejecutivo, como la modificación del Código Penal y Procesal Penal en materia de reincidencia, reiterancia, concurso de delitos y unificación de condenas, así como el proyecto de juicio en ausencia para imputados prófugos.

Desde hace varias semanas, el Gobierno viene negociando con diferentes sectores de la oposición para intentar asegurar los votos necesarios para avanzar con la iniciativa. Guillermo Francos, jefe de Gabinete, junto con Lisandro Catalán y José “Cochi” Rolandi, han encabezado las gestiones con bloques aliados como el PRO y sectores de la Unión Cívica Radical (UCR).

Según fuentes legislativas, la eliminación definitiva de las PASO no tendría viabilidad política, por lo que el oficialismo estaría impulsando una suspensión temporal, medida que encontraría menos resistencia. A pesar de los esfuerzos, el oficialismo y sus aliados no cuentan con los 129 votos necesarios para el quórum, por lo que necesitan negociar con sectores intermedios para sumar adhesiones.

Dentro del bloque de Unión por la Patria (UxP), las posturas están divididas. Algunos legisladores, particularmente de provincias donde las PASO han sido eliminadas con apoyo del peronismo, no descartan acompañar la suspensión. Sin embargo, otros sectores advierten que modificar la ley aprobada durante la gestión de Cristina Kirchner podría interpretarse como una concesión al Gobierno de Javier Milei.

El radical Fernando Carbajal, representante del espacio Democracia para Siempre, manifestó su rechazo tanto a la eliminación como a la suspensión de las primarias. “Nosotros vamos a ir a la Comisión para reclamar el tratamiento del Presupuesto. Si la eliminación o suspensión de las PASO llega al recinto, veremos que esto es un acuerdo político”, afirmó el diputado formoseño.

Otros proyectos en agenda

El Gobierno también busca aprovechar la sesión especial para debatir otras iniciativas consideradas prioritarias. Entre ellas, el juicio en ausencia, una medida que permitiría juzgar a imputados prófugos y que el presidente Milei ha vinculado directamente con la causa del atentado a la AMIA. “Hace 30 años volaron la AMIA los iraníes. No pueden ir presos porque están prófugos y escondidos, pero no se puede hacer nada. Esta ley nos va a permitir juzgarlos igual”, declaró el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, al presentar el proyecto.

Además, se discutirá la modificación del Código Penal para incorporar la figura de reiterancia, que se aplicaría a personas que enfrentan múltiples procesos penales simultáneamente, y se endurecerían los criterios para la reincidencia.

A pocas horas del debate en comisiones, el panorama sigue incierto. Se espera que la reunión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Presupuesto y Hacienda, prevista para el martes 4 de febrero a las 14 horas, termine de definir los dictámenes necesarios para llevar la discusión al recinto.

En paralelo, los bloques opositores han programado reuniones internas para definir estrategias. Mientras algunos sectores buscan consolidar una postura unificada, otros evalúan flexibilizar su voto para negociar otros temas en el Congreso. “Podemos avanzar en un acompañamiento y medir la reacción del oficialismo. Si vemos que se pasan de rosca, nos queda el Senado”, dijo un legislador peronista consultado por Infobae.