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El oficialismo logró emitir dictamen de mayoría junto a bloques dialoguistas en Diputados

El oficialismo de la Cámara de Diputados logró esta madrugada de miércoles, con el respaldo de bloques opositores dialoguistas, emitir un dictamen favorable al proyecto de ley “Bases”, con lo cual esa iniciativa estará habilitada para ser debatida en una sesión maratónica que se realizará este jueves y viernes.

El despacho se trataba en una tensa reunión plenaria de las comisiones de Legislación General, Asuntos Constitucionales, y Presupuesto y Hacienda, conducida por los libertarios Guillermo Bornoroni y Nicolás Mayoraz, y José Luis Espert de Avanza La Libertad.

En una sala colmada de diputados, asesores y periodistas del Anexo de Diputados, los legisladores trataron esta iniciativa que contempla una emergencia pública, privatizaciones, limitaciones a la protesta, aumento en retenciones, blanqueo de capitales y una reforma del Estado.

El oficialismo necesitaba tener mayoría en cada una de las tres comisiones que totalizan 115 miembros, con lo cual necesitaban que 57 diputados firmen algunos de los dictámenes, que finalmente consiguieron.

Bornoroni informó que el dictamen de mayoría cosechó unas 55 firmas de la Libertad Avanza, del Pro, de la UCR, Hacemos Coalición Federal, pero los bloques dialoguistas lo hicieron con disidencia parcial.

La bancada de UXP presentó un dictamen de minoría con 45 firmas en rechazo el proyecto oficial..

Las disidencias de los legisladores opositores dialoguistas que totalizaron 34 están centradas en el aumento de las retenciones, el sistema de actualización de jubilados, el financiamiento político, y el mecanismo de las privatizaciones.

Estas diferencias pueden poner en riesgo la aprobación de varios artículos centrales de la ley, en la votación en particular, como en el caso del ajuste de las jubilaciones, o el aumento de las retenciones agropecuarios del trigo, maíz, carne, soja, e industriales.

Las iniciativas se aprueban en general pero luego cada articulo debe ser aprobado en la discusión en particular.

Los legisladores de la Coalición Cívica, del socialismo y del Gen, que integran Hacemos, presentaron dictámenes de minoría al rechazar los acuerdos con la Libertad Avanza.

La izquierda también presentó su propio despacho contra la iniciativa.

Tras la firma del dictamen, el oficialismo pedirá una sesión especial para debatir desde el jueves el proyecto de ley.

“Tenemos que hacer lo que la Argentina necesita, entendemos la necesidad de la aprobación de este dictamen ahora y comenzar un proceso que deje atrás la decadencia en lo que los metió la política y empecemos un proyecto de crecimiento”, dijo, al abrir el debate, el libertario bonaerense Santiago Santurio.

El legislador agregó: “Nosotros no creemos que la política va a ser la solución, creemos que la solución son los ciudadanos. Necesitamos que el Estado nos quite el pie de encima a los argentinos, para que podamos trabajar, para que podamos emprender”.

Por su parte, Martín Tetaz, de la UCR, expresó: “Tienen que haber muchas reformas pero debemos discutirlas con la profundad que se requieren”.

“Tal vez hay formas distintas de expresarlo a lo largo de esta reunión, y en la forma de la firma o acompañamiento distinto del dictamen, pero estamos todos convencidos de apoyar las reformas que necesita el Gobierno al mismo tiempo que mantenemos nuestra posición muy firme en defensa de los jubilados, de los sectores productivos de la Argentina, de la división de poderes y el sistema republicano de Gobierno”, agregó.

Por la Coalición Cívica, dentro del bloque Hacemos Coalición Federal, Juan Manuel López apuntó: “No pudimos dar el debate porque la ley es inabordable en sesiones extraordinarias, por todo lo que propone, y por cosas que no propone y que queremos proponer. (Juan Bautista) Alberdi fue sabio, nos puso el artículo 29 de la Constitución para evitar la suma del poder público”.

Por su parte, el presidente del bloque de diputados de Unión por la Patria, Germán Martínez, remarcó: “Estamos en presencia de la delegación de facultades más escandalosa que un congreso ha hecho a un ejecutivo. Esta ley tiene el impacto de 8 ley Dromi.”

“El corazón de este proyecto son las facultades delegadas, y todo lo que sacó Milei, lo va a poder hacer en función de las facultades delegadas.”, agregó y señaló que “con esta ley pueden intervenir todo.”

Desde la izquierda, Miriam Bregman dijo que en las últimas horas les entretuvieron haciendo “creer que hay una discusión entre el gobierno nacional y las provincias. Acá lo que se busca es gobernadores cómplices del Gobierno nacional. Acá la perjudicada va a ser la clase trabajadora del país, las niñeces que pierden derechos con esta ley. No hay un debate acá sobre gobernadores que pelean”.

El sindicalista y diputado de Uxp, Sergio Palazzo, dijo que el oficialismo “necesita la oscuridad de la noche para llevar a cabo el robo más grande de la Argentina. Decidieron poner a la Argentina en venta. Reflexionen, ganar una elección no es una patente de impunidad para hacer lo que uno quiera”, dijo el gremialista bancario”.

En tanto, el radical Lisandro Nieri, dijo que “estamos procurando dotar al Poder Ejecutivo de las herramientas que demanda para salir de esta tremenda crisis que le tocó al asumir el gobierno del país” y dijo que “afortunadamente se retiraron casi 140 artículos, muchos de los cuales podrán tener un tratamiento en ordinarias”.

Por su parte, la diputada de Hacemos Coalición Federal, Margarita Stolbizer, dijo que “no vamos a acompañar el dictamen presentado por el oficialismo, el respaldo ciudadano no es un cheque en blanco. Algunos creen en las fuerzas del cielo, nosotros creemos en la política, en el Estado, en las instituciones y en el comportamiento democrático par cumplir con el mandato social que es encontrar la solución a los problemas de los argentinos

El acuerdo es el corolario de una jornada plagada de reuniones de los bloques opositores dialoguistas que mantuvieron encuentros para analizar los diferentes escenarios, donde hasta esta tarde parecía que se inclinaban a presentar un dictamen propio que luego se desactivó con el consenso logrado con el oficialismo.

El acuerdo entre el Gobierno y la oposición se destrabó tras las conversaciones emprendidas entre el ministro del Interior, Guillermo Francos, y el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, quien propuso seis puntos de reforma al proyecto oficialista en nombre de la decena de gobernadores.

En el caso de la suba de retenciones agropecuarias e industriales, la discusión se producirá cuando se revise en particular ese capítulo del dictamen de más de 500 artículos.

La Libertad Avanza aceptó modificar el artículo sobre blanqueo de capitales que establecía que la recaudación se iba a destinar a las arcas nacionales y ahora se eliminó la asignación específica y se distribuirá por el mecanismo de coparticipación federal.

Otro punto clave está referido al Fondo de Garantía de Sustentabilidad y allí se acordó que cuando se liquiden los activos del FGS esos recursos se destinarán a saldar las deudas de las cajas provinciales.

Otro punto acordado con el Gobierno está referido a la paritaria docente y allí se acordó que el Consejo Federal de Educación -en consulta con los Ministerios de Economía nacional, provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires, y también con el asesoramiento de una comisión del Consejo Federal de Inversiones- será quien encarará las negociaciones con los gremios docentes.

Además, se mantienen el Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional (FFFIR), que tiene por objetivo asistir financieramente a las Provincias, el Estado Nacional y CABA, brindando financiamiento para obras de infraestructura económica y social; y el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial (FFDP) que asiste y financia programas de desarrollo.

En el dictamen de mayoría se mantiene el ajuste trimestral a los jubilados en marzo, respetando la fórmula actual, pero con actualización automática por inflación mensual a partir de abril; reduce el plazo de las delegaciones legislativas a un año; y elimina a YPF de la lista de empresas sujetas a privatización, entre otros puntos.

En cuanto a las privatizaciones, se eliminó del listado de empresas sujetas a privatización a la petrolera YPF, en tanto que para Nucleoeléctrica, Banco Nación y ARSAT se estableció que el Estado solamente puede realizar una privatización parcial, debiendo mantener el control de la empresa.

En cuanto al sistema electoral, “se pasó para la discusión de ordinarias la reforma de las circunscripciones uninominales, las PASO y la actualización de la composición de la Cámara de Diputados”.

De todos modos, el capítulo sobre financiamiento electoral se mantuvo en el borrador de dictamen promovido por el oficialismo que tiene objeciones de algunos de los bloques opositores.

El oficialismo mantiene su propuesta para regular la protesta al establecer que se prohíbe el corte del transito y de rutas, y se establece que se deberá pedir autorización para cualquier manifestación mayor de treinta personas e un espacio público, en lugar de cuando se reúnan tres personas como establecía la iniciativa original.

También se sostiene la propuesta de permitir la legitima defensa cuando una persona fuera atacada en un caso de agresión ilegítima.

En torno a Bienes Personales, se establece un beneficio para sujetos cumplidores y se modificó el artículo 24, que había sido objetado por la oposición.

Actualidad

El Gobierno planea cerrar sucursales del Banco Nación y despedir empleados, pero no define cómo será el recorte

Es uno de los objetivos tras el decreto que firmó Milei para transformar la entidad financiera en una Sociedad Anónima. Analizan primero los casos de los municipios que cobran las tasas más elevadas. Mantendrán a las autoridades

Después de que Javier Milei decretara esta madrugada la transformación del Banco Nación en una Sociedad Anónima, en lugar de un Sociedad del Estado, el Gobierno proyecta una serie de cierres de sucursales y despidos en la entidad, inclusive antes de su privatización. La definición de las provincias más afectadas y las fechas de ejecución de las clausuras y desvinculaciones estará a cargo de las autoridades del BN. Según dicen, el objetivo es que el banco público sea más eficiente y contribuir a reducir el déficit fiscal.

Los despidos y cierres no están contemplados explícitamente en el decreto que firmó a última hora de ayer el Presidente, antes de su viaje a Estados Unidos, urgido por el vencimiento del plazo para ejecutar la recategorización, el 22 de febrero. Pero altas fuentes nacionales adelantaron que ya están hechas las proyecciones de esos cierres, aunque evitaron dar mayores detalles. “Los análisis pormenorizados van a estar en manos de las autoridades del banco”, dijeron.

“El objetivo es eficientizarlo, modernizarlo, y eso conllevará cierres”, dijo un alto funcionario vinculado al proceso. Existen 780.000 dependencias del BN, y por ahora tienen planeado priorizar el cierre de aquellas emplazadas en municipios cuyas tasas sean más elevadas. “Van a haber recortes, y tiene que haber una reestructuración de los convenios de trabajo”, dijo un alto funcionario nacional, que aclaró que el directorio del Banco, que está presidido por Daniel Tillard, se mantendrá intacto, por ahora.

El argumento no es nuevo. En octubre, Luis Caputo había anunciado que por orden de Milei cerraría la mayor parte de las sucursales del BN en La Pampa –nueve de un total de 14- como respuesta a la suba de la alícuota del impuesto sobre los ingresos brutos (que grava a los créditos familiares y a las pequeñas y medianas empresas (pymes) dispuesta por el gobernador kirchnerista Sergio Ziliotto. Esa decisión puso en pie de guerra a la provincia y a los municipios afectados. Y probablemente ocurra lo propio si se extienden esas decisiones.

El momento exacto de estos cierres no está claro, pero no descartan ejecutarlos antes de que el Gobierno envíe al Congreso el proyecto de privatización del Banco Nación. La fecha para reiniciar el trámite legislativo tampoco está definido, pero es el objetivo final, declarado, del Ejecutivo, en este caso como en el de todas las sociedades del Estado.

Hasta ahora el oficialismo transformó la totalidad de empresas del Estado en sociedades anónimas, pero el Congreso sólo le habilitó la privatización de ocho. Desde entonces, el área de área de Transformación del Estado que conduce Federico Sturzenegger y el titular de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, Diego Chaher, acondicionan las compañías para hacerlas apetecibles a los ojos de los privados que pudieran estar interesados en invertir y hacerse cargo. Como Milei, están convencidos de que el Estado no puede ser eficiente.Javier y Karina Milei juntoJavier y Karina Milei junto a Luis Caputo

En 2024 el Banco Nación achicó la planta en un 7 por ciento, lo cual representó unos 1000 empleados. Y ahora apuntan a eventuales cierres en alguno de los 50 municipios con las tasas más altas, en varios de los cuales ya hay cautelares presentadas y juicios en marcha, justamente por los altos impuestos. “Si vemos que los números en esos municipios con tasas muy altas no nos cierran, puede ser que se tome alguna decisión”, dijeron desde el banco. En Córdoba, por caso, hay 18 municipios judicializados, y en algunos casos acordaron una reducción, como en el de la localidad de Jesús María.

En la lista del medio centenar de municipios con tasas más altas, la mayor parte está ubicado en la Provincia de Buenos Aires. Son Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, Berisso, Esteban Echeverría, Ezeiza, Florencio Varela, Gral. Rodríguez, Gral. San Martín, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, La Matanza, La Plata, Lanús, Lomas de Zamora, Malvinas Argentinas, Merlo, Moreno, Morón, Quilmes, San Fernando, San Isidro, San Miguel, Tigre, Tres de Febrero y Vicente López. En el resto del país, Rawson, San Fernando del Valle de Catamarca, Resistencia, Córdoba, Corrientes, Paraná, San Salvador de Jujuy, Santa Rosa, La Rioja, Mendoza, Posadas, Neuquén, Viedma, Salta, San Juan, San Luis, Santa Fe, Santiago del Estero, Ushuaia y San Miguel de Tucumán.

En el Gobierno aclararon que los análisis están en marcha y que no necesariamente cerrarán las sucursales de todos esos distritos. Aunque admiten que el Banco Nación no es deficitario, deslizan que consideran que “perdió el foco de su actividad y el propósito del plan de negocios”. Algunos funcionarios se inclinan por un modelo similar al de YPF, pero no se atreven a afirmar que así será. “Hay muchas herramientas para asegurarse de que el control lo siga teniendo el público”, dijeron. Pero aún no definieron cómo será el detalle del proyecto de privatización que enviarán al Congreso, ni el momento en que avanzarán.

En lo sucesivo presentarán ante la Inspección General de Justicia los balances y los reglamentos, que tienen planeado modificar durante las próximas semanas. Mientras tanto, evaluarán la necesidad de las oficinas y cantidad de empleados. La Bancaria, que conduce el sindicalista identificado con Cristina Kirchner, Sergio Palazzo, ya adelantó la postura combativa frente al avance del Gobierno y dijo que se trata de una “estafa”.

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El Senado sancionó la ley que suspende las PASO para este año

La iniciativa obtuvo una mayoría absoluta de 43 votos entre oficialistas, varios dialoguistas y un kirchnerismo fracturado. El Gobierno logró el objetivo primordial de las sesiones extraordinarias

El pleno del Senado sancionó esta noche la ley que suspende las PASO para el corriente año, por lo que el Gobierno consiguió cumplir con el objetivo primordial de las sesiones extraordinarias, que finalizan mañana. La iniciativa obtuvo la mayoría absoluta -37, obligatorio- de 43 votos entre oficialistas, varios dialoguistas -algunos, divididos- y un kirchnerismo que se fracturó en este tema, al igual que ocurrió en Diputados.

“Son muy pocos los espacios que han tenido la posibilidad de dirimir su propia interna a la hora de las PASO”, aseguró la senadora del peronismo disidente y titular de la comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara alta, Alejandra Vigo (Córdoba), quien fue la miembro informante.

Vigo repitió argumentos del Ejecutivo en relación con el proyecto, en cuanto a que las PASO no significaron ningún “remedio” para la crisis de representación política y que sirven “como una gran encuesta”, según dijo. Y agregó: “Con su eliminación -en realidad, suspensión-, los partidos retoman la libertad de elegir su propia organización, cosa que también contempla en la actualidad la ley de partidos políticos”.

La legisladora cordobesa luego deslizó que el Gobierno fijó el gasto de las PASO en USD 150 millones. Seguido a ello, destacó que resultó “no ser el mejor sistema” y que, si bien no era ideal tratar el tema, “el ciudadano de a pie, a la larga, va a valorar este proyecto”, sobre todo, “en el contexto que transitamos”.

Desde el Frente de Todos, el peronista pampeano Pablo Bensusán -se abstuvo- criticó la gestión económica del Gobierno libertario. “¿Les parece, con la crisis que están viviendo los argentinos, que estemos tratando la suspensión de las PASO en sesiones extraordinarias? Me parece que le estamos errando”, manifestó. Y advirtió al Ejecutivo para que “aproveche el tiempo para empezar a capacitar a la ciudadanía, que no tiene idea cómo votar la Boleta Única de Papel”.

Quien votó en contra fue el radical Pablo Blanco, pese a que suscribió el dictamen de mayoría en disidencia y permitió que aterrizara el tema en el recinto. “Es una herramienta que permitió a varios poder haber accedido a una banca. Si hubiera sido una interna cerrada o abierta, algunos no estarían sentados”, enfatizó.

Blanco apuntó sobre el potencial “ahorro” de USD 150 millones. En ese sentido, preguntó: “¿Dónde van a ir? ¿A a partidas de libre disponibilidad del Gobierno nacional, que está con un presupuesto reconducido de dos años atrás?”. Y finalizó: “Cuando tratamos la boleta única, decíamos que iba a haber un montón de ahorro de plata y ahora es un gastadero las PASO”. En tanto, su colega Edith Terenzi (Chubut) comprometió el voto a favor de la ley y, de manera curiosa, añadió que no volverá aprobar un texto similar. Una postura similar adoptó Guadalupe Tagliaferri (PRO).

Uno de los que se diferenció en el Frente de Todos fue el catamarqueño Guillermo Andrada. “De 2011 a 2023 ha ido lentamente cayendo la participación. Si uno toma mi provincia, en ninguna de las elecciones generales ha sido menos que en las PASO. De un 78% pasó a casi un 70%, lo que genera una idea de que el ciudadano lo toma como una acción secundaria”, sostuvo el legislador peronista.

Su compañera de interbloque, Carolina Moisés (Jujuy), señaló: “No hay una molestia de la sociedad con la democracia o la política, sino con los partidos políticos, que no se han democratizado más por las PASO. Esa molestia está generada porque el sistema le exige demasiado a los ciudadanos y genera confusión. Ahora tenemos que ser capaces de contrastar entre lo ideal que planteaba el proyecto con la realidad”.

Otro radical que se opuso a la suspensión de las PASO fue el bonaerense Maximiliano Abad (Buenos Aires), quien reflexionó: “¿Debemos reconsiderar las primarias cuando no hay competencia interna? Por supuesto. ¿Hay que intentar optimizar recursos y bajar el gasto? También, pero circunscribir este debate al plano económico implica ponerle precio a la democracia. Remover un sistema que funciona, y que legitima la representación política colocando en el centro de la escena a los electores, nos deja ante un panorama de retroceso en términos institucionales”. El hasta hace meses libertario Francisco Paoltroni fue en el mismo sentido.

El cierre del debate estuvo a cargo del jefe de la Libertad Avanza en la Cámara alta, Ezequiel Atauche. “Desde 2011 hubo sólo diez agrupaciones políticas que dirimieron internas: el 40% obtuvo el 1,5% -pasar clasificar a la general-, es un abuso del sistema”. Y sumó que “ningún país de la región tiene PASO”.

Atauche recordó que, en 2023, el partido Principios y Valores -del ex funcionario kirchnerista Guillermo Moreno- “tuvo cinco listas, y entre todas llegaron a 0,79% de los votos que pagamos los argentinos para el capricho de algún político que no podía participar dentro de su partido, y recibió $125 millones tirados a la basura”.

FUENTE: INFOBAE

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Milei firmó el decreto que transforma al Banco de la Nación en Sociedad Anónima

Esta madrugada Milei transformó la estructura societaria de la entidad. Con este cambio, el Gobierno pretende modernizar la gestión del banco estatal, facilitar la entrada de capitales privados y mejorar su eficiencia operativa.

Tras el intento fallido de privatización por quedar excluido de la Ley Bases, el Gobierno convirtió por decreto este jueves al Banco Nación en Sociedad Anónima. La transformación de la persona jurídica no implica que la entidad deje de ser pública sino que quita ciertas restricciones que tenía al ser una Sociedad del Estado y otorga una mayor apertura para su capitalización.

En este sentido, en los considerandos del decreto 116/2025 se señala que “el régimen de entidad autárquica limita la capacidad del Banco Nación para competir en igualdad de condiciones con otras entidades del sector financiero, restringiendo su acceso a nuevas fuentes de financiamiento y su capacidad de desarrollar estrategias comerciales más dinámicas y eficientes” en beneficio de sus clientes.

“La transformación en sociedad anónima contribuirá a modernizar su estructura jurídica y operativa, permitiendo una mayor flexibilidad en su gestión y adaptación a las mejores prácticas del mercado financiero, incorporando mecanismos de gobierno corporativo más ágiles y eficientes y una administración más profesionalizada y alineada con estándares internacionales de transparencia, eficiencia y control”, indica.

Además, sostiene que permitirá optimizar la asignación de recursos, fortalecer su posición en el mercado y potenciar su capacidad de financiamiento, en beneficio de sus clientes y del desarrollo económico en general.

En el Gobierno consideran que la Sociedad del Estado era una figura jurídica que daba privilegios tales como una descapitalización permanente sin riesgo de default, lo que obligaba a seguir fondeando a pesar de la ineficiencia.

También, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, dijo a través de su cuenta de X: “El Decreto 116/25 permite que el banco mejore su transparencia y gobierno corporativo. El decreto también limpia casi todo el estatuto eliminando privilegios (por ejemplo el Art. 31 que obligaba a que los depósitos judiciales fueran en dicha institución)”.

Miguel Angel Arrigoni, presidente de First Capital Group, precisó: “Una entidad de tipo gubernamental está regida, en general, por la política de Estado y la ley de administración pública. Siendo Sociedad Anónima va a tener más flexibilidad. Por ejemplo, recibir capital de bancos de fomento extranjeros, o hacer proyectos asociativos con otros bancos. Es una estructura mucho más ágil. Desde ese punto de vista, yo creo que es buena noticia”.

La SA -en principio, no hay dichos de funcionarios que indiquen esto- permite además una posible salida a la cotización en bolsa, como en el antecedente del Banco do Brasil o en otro rubro con YPF. En ese caso, funciona como un banco comercial que busca rentabilidad, pero con mayor o menor incidencia del Estado de acuerdo a si se decide mantener un esquema mixto en la propiedad del capital social.

En este sentido, Guillermo Francos, actual jefe de Gabinete, había afirmado en abril pasado: “El presidente Lula en Brasil, en su primer mandato, llevó al banco de Brasil a capitalizarse en la bolsa de Nueva York. El banco cotiza afuera del país y tiene un capital impresionante. Es el banco más grande de ese país. Si un banco público en Brasil, bajo la presidencia de Lula, se convirtió en una empresa que cotiza en bolsa y que incluyó capital privado, ¿por qué no hacerlo nosotros acá? Estamos en un concepto viejo, de no permitir el trabajo conjunto del capital privado y público”.

“Un banco que cotiza en la bolsa genera una serie de controles y transparencia en la gestión que va a cambiar absolutamente la concepción de la banca pública en la Argentina. Todo esta cosa que hoy se hace un poco oculta: a quién se le da crédito, cada tanto escuchamos un escándalo, que se lo dio a una empresa que quebró, etcétera; todo eso, cuando una empresa cotiza en la bolsa, está absolutamente controlado y transparente. Son pasos importantes que tenemos que dar hacia la eficiencia y transparencia de la banca”, comentó.

De todos modos, es importante destacar que esta figura jurídica facilita una privatización parcial o total. Arrigoni consideró que “el Banco de Nación es la columna vertebral del sistema bancario argentino. Hay que tener mucho cuidado con el tema de la privatización. Hay determinados elementos que están en manos del Estado y pueden estar en manos privadas pero hay otros que no. Aparte asiste a algo que es fundamental, que es a las pymes argentinas y al campo”.

Por su parte, y consultado esta mañana por una posible privatización, el ex director del Banco Nación, Carlos Melconian, opinó: “La flexibilidad de la gestión, la administración profesional, la transparencia, la eficiencia, el capital, el control, la auditoría, la rentabilidad y el fondeo son palabras claves”.

Y agregó: “Desde el punto de vista del futuro de un país que se normaliza, esta cuestión de que sea un ente mixto por razones técnicas, de capital y despolitización, no es malo. Si es prolijo, no es malo”.

En tanto, el actual titular del BNA, Daniel Tillard, había dicho que “la transformación en Sociedad Anónima es central para crecer, alcanzar eficiencia y mejorar la transparencia en la gestión del BNA. Un comienzo será reemplazar la sindicatura unipersonal actual a favor de una sindicatura colegiada de tres miembros como en todas las sociedades”.

También, en un comunicado, desde la entidad habían sostenido: “La transformación en SA es imprescindible para que el Banco continúe aumentando los préstamos a favor de las pymes y las familias. Para sostener ese crecimiento, la institución necesitará ampliar su fondeo, lo que podrá hacer abriendo su capital, para lo cual es esencial que se convierta en Sociedad Anónima y que tenga la aprobación del Congreso”.

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