Por primera vez, la provincia de Buenos Aires celebró hoy las elecciones legislativas locales separadas del calendario nacional, en un contexto marcado por la tensión política al interior del gobierno del presidente Javier Milei, afectado por las denuncias de corrupción y el clima de incertidumbre en los mercados, y la disputa abierta con el gobernador Axel Kicillof.

Según los datos, votó algo más del 60 por ciento del electorado.

La cita electoral coincide en una creciente saga de hechos de alto voltaje durante los últimos meses, que arrancó con la detención de la expresidenta Cristina Kirchner, que le impidió ser candidata en la Tercera Sección Electoral. Luego, los escándalos por el fentanilo, las sospechas de coimas con la filtración de los audios, y la inestabilidad macroeconómica profundizó la alteración del clima de campaña, con Milei y Kicillof predominando como los principales protagonistas.

Más de 14,3 millones de bonaerenses estuvieron habilitados para votar, en unos comicios en los que se eligen la renovación de 46 diputados y 23 senadores provinciales. Las bancas en disputa se reparten entre ocho secciones electorales: en cuatro de ellas se definirá la mitad de la Cámara de Diputados y en las otras cuatro, la mitad del Senado. Además, se eligen concejales y consejeros escolares.

Este recambio resulta determinante para el gobierno bonaerense, ya que las futuras composiciones en ambas cámaras serán clave para que Kicillof pueda asegurar la aprobación de leyes durante los últimos dos años de su mandato. Pero también es el principal testeo del gobierno de La Libertad Avanza (LLA) antes de las elecciones nacionales del 26 de octubre.

Colonia Aurora, Misiones. En el marco de la Fiesta de la Yerba Mate y cierre de cosecha realizada en Colonia Alicia, el representante del gobierno de Misiones en el INYM, Ricardo Maciel, brindó un discurso donde puso en el centro del debate la regulación del mercado, la defensa de los pequeños productores y la necesidad de una distribución más justa de las ganancias dentro de la cadena yerbatera.
Maciel recordó que desde la última edición de la fiesta en 2023 el escenario cambió, pero los desafíos persisten. Hizo memoria de la primera feria franca en Oberá, en 1994, como símbolo de resistencia de las familias agricultoras y destacó que el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) nació del “tractorazo”, como respuesta al hartazgo de un modelo que llevaba a la desaparición de pequeños productores.
“Hoy no hablamos de una crisis del negocio yerbatero, porque los volúmenes de consumo interno y exportación son incluso mayores que en el pasado. El verdadero problema está en la distribución de las ganancias, con precios bajos impuestos por cinco o seis grandes industrias que compiten hacia abajo”, afirmó.
En este sentido, pidió recuperar la función reguladora del instituto, que en su origen fijaba precios mínimos y obligaba a todos los sectores a acordar valores justos. “Es imposible que un productor con cinco o diez hectáreas negocie de igual a igual con un gran molino. Necesitamos reglas claras que protejan al más débil”, señaló, al tiempo que subrayó la importancia de la unidad y de mantener al agricultor en el centro del modelo productivo.
El representante misionero también cuestionó la idea de un “libre mercado” en el sector:
“El libre mercado no existe, son los molinos los que imponen las condiciones”.
Comparó el modelo de Misiones —basado en agricultores trabajando la tierra— con experiencias nacionales donde predominan capitales financieros que alquilan campos y producen sin campesinos. “Nuestro desafío es que Misiones siga siendo una provincia productora de alimentos con agricultores, y no solo hectáreas sembradas sin familias en el campo”, remarcó.
🎉 Finalmente, Maciel advirtió sobre el peligro del cierre de fábricas y de miles de “fábricas de alimentos” que en realidad son los propios agricultores. Reivindicó el Día del Agricultor, celebró el fin de la Safra y agradeció la invitación a la fiesta en Colonia Alicia:
“El agricultor sigue siendo irremplazable como eje de la producción de alimentos. Este es el momento de estar todos juntos”.

La definición queda en manos de Diputados. Si ambas Cámaras no los validan “con mayoría absoluta” en 90 días corridos, caerían. Igual caso si una sola los rechazara. Además, cada norma deberá referirse a un área en particular, a diferencia de lo que ocurre en la actualidad, gracias a la ley que impulsó en 2006 Cristina Kirchner. Obtuvo 56 votos a favor, ocho rechazos y dos abstenciones

La oposición senatorial aprobó y giró a Diputados un proyecto que cambiaría la lógica abusiva de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) y encorsetaría la posibilidad, de cualquier Ejecutivo, de emitir este tipo de normas para puentear al Congreso. La iniciativa obtuvo, en la definición en general, 56 votos a favor, ocho en contra y las abstenciones de los misioneros renovadores -no massistas- Carlos Arce y Sonia Rojas Decut.

Para tener una idea de lo que todo esto implica , los DNU pasarían a tener un plazo de 90 días de corrido para ser aprobados sin excepción y “con mayoría absoluta” por Diputados y el Senado. En la actualidad, si ambas Cámaras no lo voltean -sin registro de tiempo-, los mismos siguen en curso. Además, el texto incorpora que, ante la votación negativa de un solo Cuerpo, también caerían, salvo los derechos adquiridos durante el potencial y corto tiempo de vida. El peor escenario para la Casa Rosada a futuro, cuya nave insignia es el 70/23 de desburocratización del Estado.

La yapa del proyecto es que cada decreto deberá referirse a un área en particular, con el fin de evitar una ensalada de temas en un solo texto. Si la ley es sancionada por Diputados -se estima un veto desde la Casa Rosada-, quedará en el olvido la que Cristina Kirchner empujó en 2006 como senadora, cuyo objetivo fue el mismo que critica hoy el espacio que comanda desde su prisión domiciliaria.

Como miembro informante, la peronista disidente y titular de la comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara alta, Alejandra Vigo (Córdoba), aseguró: “Los DNU son instrumentos de excepción que contravienen la idea de separación de poderes y funciones, y por ello la necesidad de atenuación del presidencialismo que guio a la reforma constitucional de 1994”.

“Sancionar esta modificación evita, en buena medida, la tentación de gobernar con la suma del poder público, extralimitándose el Gobierno en su accionar, cualquiera sea el signo político. La ley 26.122 contiene un procedimiento cuya consecuencia directa es que un DNU, para ingresar y sobrevivir, tiene menos requisitos que una ley ordinaria”, agregó Vigo.

Por su parte, desde la Unión Cívica Radical (UCR), Pablo Blanco manifestó que “después de mucho tiempo” se viene a “terminar con la pésima costumbre que varios gobiernos han tenido sobre el uso y abuso de los DNU” no sólo de “este Gobierno, que tiene un récord, sino de anteriores que tenían dificultades de interpretación de texto, porque han interpretado la Constitución nacional de una manera muy particular”.

Luego, Blanco apuntó directo a la expresidenta. En ese sentido, dijo: “Los autores de la ley 26.122, gente muy preparada y que ha tenido responsabilidades muy importantes en el país, han tenido un inconveniente y no han podido interpretar la Constitución nacional sobre la excepcionalidad, que está fundada, casi con exclusividad, cuando el Congreso no pueda funcionar”.

En tanto, desde el peronismo, la riojana Florencia López sentenció: “Queremos reivindicar facultades que son propias del Congreso. Queremos que se ejerza la división de poderes y que funcionen los pesos y contrapesos. Si hoy no votamos esta reforma al régimen de los DNU, no somos dignos de volver a nuestras provincias”.

Uno de los discursos más esperados fue el de Lucila Crexell (Provincias Unidas), quien durante largos años quiso analizar la ley cristinista y, en todas las ocasiones, fue dejada casi en soledad. Primero, la experimentada neuquina recordó la reforma constitucional de 1994 y cómo los DNU fueron “metidos por la ventana”, tras un “acuerdo político de una reelección por parte de un partido y la incorporación de cargos políticos, por el otro”, en clara referencia al PJ y la UCR.

Seguido a ello, Crexell disparó: “Se buscaba morigerar el presidencialismo y, lo que hicieron, fue exacerbar el centralismo y presidencialismo autoritario que hemos sufrido los argentinos”. Y agregó: “Hemos tenido una cantidad inmensa de DNU con aprobación tácita y sin control que no sólo modificaron leyes, sino que han sancionado leyes, una facultad privativa de un Congreso que resultó bastante pasivo frente a esas situaciones”.

La legisladora neuquina después demolió la ley 26.122: “No establece un mecanismo que respete los principios constitucionales y estamos subsanando algo que rompe los principios rectores de la Constitución. Ocurren cosas irrisorias, como decretar un feriado nacional, y se vulneran intereses de las provincias, que fueron calladas en sus reclamos”.

“Es muy claro el asunto: no puede ser más fácil aprobar un DNU que una ley. Y si estaba mal antes, lo está ahora”, enfatizó la larretista Guadalupe Tagliaferri (Ciudad de Buenos Aires), otra entendida en la materia. Minutos después, el peronista disidente Juan Carlos Romero (Salta) propuso unos retoques extra -la Casa Rosada estuvo muy interesada en esto- que no fueron tenidos en cuenta. Por ese motivo se realizó la votación en general y luego en particular que mantuvo el despacho original.

Desde La Libertad Avanza, el líder de la bancada, Ezequiel Atauche (Jujuy), precisó que los DNU sirvieron “a todos los gobiernos, se utilizaron sin ningún obstáculo” durante largos años y “ahora le quieren quitar al Presidente una herramienta que sirve en un gobierno que tiene minorías parlamentarias muy graves”. Y auguró: “Están de salida. Dentro de poco van a ser un tercio menos”.