Tras el fracaso de una nueva negociación con el Gobierno, el Frente Sindical de Universidades Nacionales hará una huelga el próximo martes 4 y miércoles 5 de junio.

El Frente Sindical de Universidades Nacionales (FSUN) anunció un paro de 48 horas para el próximo martes 4 y miércoles 5 de junio, luego de reunirse hoy con la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez.

En el encuentro de hoy, realizado en el marco de la paritaria universitaria, los representantes del Gobierno nacional presentaron la misma oferta salarial que los gremios ya habían rechazado, según un comunicado del FSUN.

El anuncio de la medida de fuerza llega al día siguiente de que los rectores universitarios anunciaran un acuerdo por la actualización del 270% en los gastos de funcionamiento. Ese acuerdo, sin embargo, no incluía mejoras en el salario de los profesores.

“No hay solución a la crisis presupuestaria de las universidades si no se resuelve la demanda salarial. Las universidades funcionan con el trabajo de sus docentes y no docentes”, señaló en un comunicado el Frente Sindical, que nuclea a CONADU, CONADU Histórica, FEDUN, CTERA, FAGDUT, UDA y FATUN.

“La universidad no puede sostenerse con salarios de pobreza”, señalaron los gremios universitarios. Y advirtieron que “el conflicto universitario sigue abierto”.

El mes próximo se pondrá en marcha un nuevo esquema de “focalización” de subvenciones como paso previo para la demorada Canasta Básica Energética (CBE). Reducirán los topes de consumo y no habrá límite para los incrementos.

El ministro de Economía, Luis Caputo, decidió que desde junio comenzará una quita gradual de subsidios en luz y gas para los segmentos de ingresos bajos y medios, los cuales representan 7 de cada 10 usuarios residenciales de la Argentina. Los aumentos en las tarifas que llegarán desde el mes próximo tendrán impacto sobre la población más vulnerable, que pagaba en promedio solo un 5% del costo “real” de la energía.

En concreto, se pondrá en marcha un esquema de subvenciones más focalizado, o restrictivo, que el actual como una transición hasta la aplicación de la Canasta Básica Energética (CBE), tal como había adelantado Infobae. Es decir, la quita total que pretendía el Gobierno difícilmente se realice este año.

La medida se oficializó este martes a través del Decreto 465/2024 publicado en el Boletín Oficial con la firma de Caputo. Allí se prevé un período de transición que durará de junio a noviembre, con posibilidad de extenderlo seis meses más, hasta la aplicación de la CBE.

La segmentación de subsidios para usuarios residenciales que había aplicado el Gobierno de Alberto Fernández, vigente hasta el momento, contemplaba tres universos de usuarios: los de altos ingresos (N1), los de bajos ingresos (N2) y los de ingresos medios (N3). Actualmente los N1 no tienen subsidios en sus boletas de energía, mientras que, por caso, los N2 y N3 pagan en promedio solo el 5% del costo de la energía. El resto se cubre con aportes que realiza el Tesoro Nacional a través de Cammesa a las empresas generadoras.

Los fuertes aumentos del primer cuatrimestre no se reflejaron en una quita de subvenciones. Incluso hubo un crecimiento de la asistencia que reciben las boletas por encima de los niveles que dejaron Fernández y Sergio Massa, ya que se concentra en los costos de generación y las subas de estos meses se dieron en transporte y distribución que son, además de los impuestos, otros ítems que componen las facturas que llegan a los hogares.

Ahora la Secretaría de Energía que conduce Eduardo Rodríguez Chirillo aumentará lo que pagan los usuarios N2 y N3 del precio de la energía, según pudo confirmar Infobae con fuentes oficiales. La magnitud en la que se realizará y el impacto final para los usuarios no fue precisado por el Gobierno.

Lo que sí anticipa el Decreto 465/2024 es que habrá una reducción en el bloque de consumo subsidiado de los N3, quienes actualmente son de entre 400 kwh y 650 kwh por mes en base a la provincia en la que se encuentren y a la estación del año. El esquema de segmentación actual preveía que por el excedente, los usuarios paguen pleno.

En invierno habrá quita de subsidios y las tarifas serán más altas también por mayor consumo. Imagen Ilustrativa Infobae)

Por su parte, el consumo de los N2 está subsidiado en su totalidad sin importar cuánta luz o gas utilicen. Esperan poner en marcha un sistema de topes de consumo con asistencia estatal, pero mayor al de los N3.

Otro punto importante es que los aumentos no tendrán más un tope atado al coeficiente de variación salarial (CVS), que publica el Indec, del año anterior. El CVS creció 152,7% el año pasado, muy por debajo del 211,4% que arrojó la inflación del período. Esto llamó la atención de analistas, quienes señalan que de todos modos las subas que hubo hasta ahora superaron ese umbral.

La segmentación que puso en marcha Fernández en 2022 contemplaba que la suba de las tarifas para los N2 no podía superar el 40% del CVS del año anterior y para los N3 el límite era 80% de lo que arrojara la variación del indicador.

Sobre eso, se buscará evitar la superposición de otros subsidios como son la tarifa social, los beneficios por zonas frías, garrafas, entre otros. También habrá nuevos criterios de exclusión que serán más restrictivos que el actual, como la posesión de automóviles, prepagas o compra de dólares.

La aspiración de Chirillo era resolver este frente con la implementación de un nuevo esquema de asignación de subvenciones a partir de la CBE. Primero se iba a aplicar en abril, pasó a mayo, luego a junio y ahora se postergó a noviembre. Mientras tanto, se avanzará en este “esquema de transición”.

La hoja de ruta del Palacio de Hacienda preveía un recorte de 0,5 puntos del PBI este año en el gasto de subsidios a las tarifas, a lo que se sumarían otros 0,2 puntos del PBI por el transporte del AMBA. La cuenta es de entre USD 2.500 y USD 3.000 millones. Pero el empeoramiento de la situación social hizo que Caputo buscara una calibración distinta en el ajuste.

El incremento es el mismo que el Ministerio de Capital Humano había arreglado con la UBA. Desde el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) declararon que la propuesta “comienza a atender” los reclamos del sector. Mañana hay otra reunión con los gremios por los salarios.

El secretario de Educación, Carlos Torrendell, recibió este lunes 27 de mayo a las autoridades del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), el organismo que nuclea a los rectores de las universidades nacionales. En la reunión, el Gobierno nacional ofreció a las universidades públicas un aumento del 270% en los gastos de funcionamiento, tal como lo había acordado ya con la UBA. En tanto, mañana martes se retomará con los gremios universitarios la negociación salarial.

“Las propuestas trasladadas el día de hoy por el Gobierno nacional comienzan a atender los reclamos que sostenemos desde principios de año el conjunto de las universidades públicas del país”, señalaron los rectores en un comunicado conjunto. De parte del gobierno, además de Torrendell participó Alejandro Álvarez, subsecretario de Políticas Universitarias. En representación del CIN estuvieron el presidente Víctor Moriñigo (rector de la Universidad Nacional de San Luis), y el vice, Oscar Alpa (Universidad Nacional de La Pampa).

“Reiteramos nuestro agradecimiento a la sociedad argentina por su masivo y conmovedor acompañamiento en defensa de la universidad pública que ha permitido comenzar a encontrar un principio de solución para la grave situación presupuestaria del sistema público universitario a la que nunca debimos haber llegado”, señaló el comité ejecutivo del CIN. Desde el organismo señalaron a Infobae “un cambio de actitud” de los funcionarios, quienes “intentaron abordar cada punto planteado”.

Según la propuesta presentada hoy, el Gobierno nacional se comprometió a equiparar la actualización que consiguió la UBA de 270% para gastos de funcionamiento, que representan un 10% del presupuesto universitario.

Los rectores y las autoridades del Gobierno también acordaron crear una comisión para la confección del presupuesto 2025 de manera conjunta. Además, analizaron el estado de situación del Plan de Infraestructura Universitaria, “las restricciones presupuestarias y la racionalización de los fondos otorgados por la Subsecretaría de Políticas Universitarias (SSPU)”, y acordaron “darles prioridad a las obras que están por finalizar, con énfasis en la puesta a punto de aulas”, informó la Secretaría de Educación en un comunicado.

En el encuentro se abordaron temas relacionados con salarios, becas estudiantiles y las partidas de Ciencia y Tecnología, otros de los puntos incluidos entre las demandas de la Marcha Federal Universitaria del pasado 23 de abril, en la que habían participado las universidades de todo el país.

“El resultado fue muy positivo en tanto está garantizado el segundo cuatrimestre”, declararon desde la Secretaría de Educación.

Fuentes del CIN dijeron a Infobae que los funcionarios nacionales “se comprometieron a ir pagando las deudas” referidas a los programas con financiamiento específico, que abarcan desde la función salud (ya resuelto) hasta otros ítems como las escuelas formación profesional, recursos para ciencia y tecnología y categorizaciones de investigación. Con respecto a este último punto, se acordó culminar el proceso de recategorización de los docentes e investigadores en el Programa para la Investigación Universitaria Argentina (PRINUAR), iniciado el año pasado en todas las universidades del país.

“Este Consejo seguirá trabajando en unidad por la fortaleza del sistema, con el convencimiento del rol transformador de la universidad pública y de que los problemas estructurales del país se resuelven con más y mejor educación, con formación universitaria pública de excelencia y con un sistema científico al servicio del desarrollo de la Nación”, dijeron desde el CIN.

“Seguiremos trabajando para resolver temas pendientes pero hoy se ha dado un paso importante que aporta previsibilidad y un escenario distinto”, expresó Franco Bartolacci, rector de la Universidad Nacional de Rosario.

También formó parte de la agenda la cooperación del sistema universitario con el desarrollo e implementación del Plan Nacional de Alfabetización impulsado por la Secretaría de Educación y los ministerios de educación provinciales.

Desde el Gobierno nacional mencionaron entre las prioridades “profundizar la transparencia de los fondos que se transfieren a las instituciones universitarias y el debido cumplimiento de las rendiciones de dichos gastos”. También enfatizaron la necesidad de garantizar “el debido cumplimiento de lo establecido en el artículo 33 de la Ley de Educación Superior, en relación con la pluralidad de ideas y las líneas de investigación, combatir la persecución ideológica y la discriminación por razones políticas, particularmente, el antisemitismo”, con la idea de “crear mecanismos internos en cada universidad”.

La UBA acordó primero
El pasado 15 de mayo la UBA había anunciado la suspensión de la emergencia presupuestaria, luego de que el Gobierno nacional le ofreciera un aumento de 270% en el presupuesto para gastos de funcionamiento y de 300% para los hospitales universitarios. La UBA había lanzado su propio petitorio “contra el recorte presupuestario”, que sumó más de 450.000 firmas, según un comunicado que difundió hoy la universidad.

Al conocerse el acuerdo entre el Gobierno nacional y la UBA, el CIN había denunciado que esa medida discriminaba al resto de las universidades nacionales: “Resulta inadmisible y provocador que se reconozca (el reclamo) solo para una universidad y no para la totalidad del sistema que reúne a un conjunto de 60 universidades a lo largo y a lo ancho de todo el país, que representan a dos millones de estudiantes de las universidades argentinas”.

“No aceptaremos que existan estudiantes de primera y de segunda”, declararon entonces los rectores. Luego fueron convocados a la reunión de este lunes, en la que recibieron las mismas condiciones ofrecidas a la UBA.

En paralelo, diferentes sectores de la oposición firmaron la semana pasada cuatro dictámenes en el plenario de las comisiones de Presupuesto y Educación de la Cámara de Diputados para actualizar por ley el presupuesto universitario.

Los salarios, en caída
Más allá del aumento en los gastos de funcionamiento, el atraso salarial de docentes y no docentes es uno de los principales reclamos pendientes desde la movilización del 23 de abril. En la reunión de hoy con los rectores, los funcionarios nacionales propusieron armar una “mesa de monitoreo de la situación salarial” que involucre a las autoridades universitarias además de los sindicatos.

La semana pasada el Gobierno nacional ofreció a los gremios universitarios un 9% de actualización para mayo, que se suma al 16% otorgado en febrero, el 12% en marzo y el 8% en abril. El Frente Sindical de Universidades Nacionales (que nuclea a CONADU, CONADU Histórica, FEDUN, CTERA, FAGDUT, UDA y FATUN) rechazó una vez más la oferta realizada por el Ministerio de Capital Humano, y se pasó a un cuarto intermedio hasta el martes 28. La semana pasada, los docentes y no docentes universitarios adhirieron al paro nacional convocado por todos los gremios docentes del país.

Según explicaron desde Conadu, en los cinco meses de la actual gestión de gobierno, los docentes universitarios acumulan una actualización salarial del 61,4% (incluyendo el 9% anunciado el lunes), mientras que la inflación desde diciembre fue del 122,5% (previendo un 7,5% en mayo, según el REM del BCRA). La diferencia acumulada implica una pérdida del 42% del poder adquisitivo.

FUENTE: INFOBAE