Triple victoria opositora ante un oficialismo sin defensa y con la Casa Rosada que le echa la culpa a Victoria Villarruel. El Gobierno prepara vetos y analiza una potencial judicialización de la sesión

En una jornada de duras derrotas para la Casa Rosada, el conglomerado opositor liderado por el kirchnerismo más un puñado de radicales, una dialoguista alejada del PRO y silvestres provinciales del Senado sancionó esta tarde las leyes que mejoran las castigadas jubilaciones, que reactiva la moratoria previsional, y que declara la emergencia en discapacidad.

También se incluirán iniciativas para asistir financieramente a las provincias y una discusión preliminar sobre el juicio por la estatización de YPF.

El Senado convirtió en ley el aumento a las jubilaciones:

El proyecto impulsado por bloques opositores dispone una recomposición aproximada de 62 mil pesos, de acuerdo a lo detallado en su exposición por el senador Martín Lousteau. El oficialismo se ausentó de la votación y adelantó que impugnarán la sesión por irregularidades en la convocatoria

Se aprobó la restitución de la moratoria previsional:

Con el oficialismo ausente, la oposición avanza con el temario aprobando con mayoría simple las iniciativas que llegaron con media sanción de la Cámara de Diputados. Así, luego de aprobar un aumento en las jubilaciones los senadores presentes convirtieron en ley la restitución de la moratoria previsional.

De esta manera, si la norma se restituye, trabajadores que no hayan completado sus aportes podrán acceder igualmente a una jubilación a través de facilidades y planes de pago.

El Ejecutiva nacional afirma que medidas de este tipo son las que hicieron quebrar al sistema previsional. Distintas voces del gobierno y el oficialismo adelantaron que impugnarán y hasta judicializarán las leyes aprobadas esta jornada por los senadores de la oposición.

El Senado abrirá este jueves a las 14 las puertas del recinto y buscará habilitar la discusión de temas sensibles para el gobierno del presidente Javier Milei en materia fiscal, luego de que la Casa Rosada se mostrara inflexible ante distintos pedidos de los gobernadores.

La decisión de los bloques de la oposición de bajar al hemiciclo de manera autoconvocada le fue comunicada ayer a la vicepresidenta Victoria Villarruel en una reunión informal que ella misma había convocado con representantes de casi todas las bancadas, y en la que trató de dilatar por un tiempo más la embestida, según indicó a la prensa acreditada uno de los senadores que estuvo en el encuentro.

Serán siete los temas que pondrán sobre la mesa los representantes provinciales, que deberán pujar por el orden de tratamiento en el recinto: el plan que tenga mayor adhesión será el elegido para iniciar la discusión, ya que no hubo convocatoria formal ni plan de Labor Parlamentaria previo.

Así, ingresarán el aumento del bono jubilatorio, la moratoria previsional y emergencia en Discapacidad, tres temas que ya tienen la media sanción de Diputados y sobre los cuales Milei ya avisó que los podría vetar.

Además, se sumarán el proyecto que establece el giro automático de los ATN y la coparticipación del impuesto a los combustibles, dos iniciativas impulsadas por los gobernadores; también se agregaron el tratamiento del veto al proyecto de emergencia de Bahía Blanca y una declaración por la situación judicial de YPF.

Diversas fuentes consultadas por esta agencia coincidieron en que el quorum, para el que se requieren 37 senadores presentes, no será un problema para iniciar la sesión.

El cuerpo intentará validar los dictámenes que tuvieron luz verde la semana pasada en dos reuniones de comisiones en las que se infringió el reglamento de la Cámara alta, según la resolución que publicó el lunes el secretario parlamentario, Agustín Giustinian; si lo logran, los senadores opositores podrían avanzar con esos proyectos mediante la mayoría simple, mientras que si no lo consiguen deberán ir por los dos tercios.

Desde la Secretaría Parlamentaria citaron como precedente el caso de la Claudia Ledesma Abdala, quien en una sesión, y en su rol como presidenta provisional del Senado durante el último gobierno peronista, se mantuvo en la línea de que el cuerpo, si quiere definir un orden de sesión, debe hacerlo con dos tercios. Esto abre más interrogantes para mañana.

Por su accionar, Giustinian se ganó el repudio de José Mayans, jefe del interbloque peronista y quien amenaza con barrerlo del cargo.

Otro que se llevó críticas fue el jefe de la bancada libertaria, Ezequiel Atauche, que incumplió su palabra de hace dos semanas cuando se había comprometido a abrir las comisiones en otra reunión informal.

Los proyectos que podrían avanzar sin problemas si finalmente se sesiona son el que actualiza los haberes jubilatorios en un 7,2 por ciento y aumenta el bono de 70.000 a 110.000 pesos, mientras estaba en duda la moratoria previsional, que venció en marzo, y algunos artículos de la emergencia en Discapacidad.

Con respecto a los ATN y la coparticipación del impuesto a los combustibles, que sí necesitarán de dos tercios porque no pasaron por comisión, su destino es la aprobación con amplio margen. La misma suerte correrían la emergencia en Bahía Blanca y la declaración por YPF.

Los senadores de Unión por la Patria (UxP), los radicales Martín Lousteau y Pablo Blanco y la larretista Guadalupe Tagliaferri se habían autoconvocado el jueves pasado para reunir a la Comisión de Presupuesto y obtener los dictámenes sobre el aumento a las jubilaciones y del bono que cobran los adultos que perciben la mínima, además de la declaración de emergencia en Discapacidad.

En la resolución firmada por Giustinian se señala que “la documentación presentada el 3 de julio pasado vinculada a tres proyectos de ley —incremento excepcional a jubilaciones (CD-4/25), emergencia en discapacidad (CD-5/25), y modificaciones al Plan de Pago de Deuda Previsional y la Reparación Histórica (CD-6/25)— no puede considerarse dictamen de comisión, debido a que no se cumplió con el procedimiento reglamentario establecido”.

“La Secretaría Parlamentaria, por medio de la Resolución 1/25, señaló que no existió una convocatoria formal a reunión de comisión, requisito indispensable según el Reglamento del Senado para validar el tratamiento y dictamen de proyectos”, destacó el funcionario.

Y sostuvo que, “a pesar de haber habido una reunión informal entre algunos senadores, ésta no sustituye una reunión de comisión oficial, por no haberse garantizado la debida publicidad del acto legislativo, lo cual afecta directamente la transparencia, la participación y el control ciudadano”.

En el marco de la disolución o fusión de organismos resuelto por el Gobierno Nacional que se oficializó en el Boletín Oficial de hoy, martes, se conoció el cierre definitivo del Instituto Nacional de Medicina Tropical, institución que fue creada por la Ley 26534 en 2009 y que se reglamentó en 2011.
Esa decisión se conoció el lunes por la mañana durante la conferencia habitual brindada por el vocero de prensa Manuel Adorni y confirmada hoy. “Estamos sorprendidos porque no nos esperábamos esta noticia”, expresó a Canal 9 Norte Misionero el magister Cristian Humeres, quien se desempeñaba como director del INMET, añadiendo que “no lo teníamos previsto a esto”.
Indicó que consultaron a sus referentes nacionales quienes les manifestaron que, “aparentemente, hicieron un análisis de estructura y vieron que, en cierto sentido, nos duplicábamos en algunas funciones de otros institutos y por eso decidieron el cierre del INMET”, señalando que nunca se acercaron a Puerto Iguazú a constatar in situ sobre las investigaciones y producción científica que allí se genera en materia de salud, conocimiento que sirven para la toma de decisiones en políticas de salud pública.
Asimismo, recalcó que la disolución, si es que finalmente no hay una reconsideración de la decisión o si no aparece otra alternativa para que INMET siga operando, provocará un daño inconmensurable por la dispersión de los científicos e investigadores vinculados, y que han sido capacitado por el propio Estado Nacional, pero también por la elevada inversión en equipamientos de alta tecnología y en el edificio donde funciona.
El objetivo es lograr una reunión con las autoridades nacionales para determinar los pasos a seguir. Cabe mencionar que existe un repudio generalizado a este Decreto.

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