Tras conocerse el Decreto 787/2025 por el cual se deroga el Decreto N.º 2417/1993 referido al control estatal sobre los aranceles de los establecimientos de educación privada, dispuesto por el Gobierno Nacional, hubo una reacción en la provincia de Misiones para despejar cualquier duda respecto al impacto que ello tendría para los establecimientos educativos y para las familias que envían a sus hijos a ellos.

En primera instancia, se aseguró que el Decreto mencionado es “inaplicable” en Misiones y exhortó a las instituciones a que “deben abstenerse de aplicar incrementos de aranceles, matrículas o cuotas invocando el Decreto 787/2025 como habilitante directo, y mantener los canales de autorización y comunicación previstos por la autoridad provincial”.

En definitiva, las conclusiones vertidas en el comunicado describe los siguientes puntos:

1. 1. El Decreto Nacional 787/2025 no resulta aplicable ni vinculante para la Provincia de Misiones en materia de aranceles escolares de instituciones de gestión privada, por hallarse la competencia plenamente transferida y regulada por legislación provincial específica.
2. 2. Continúan vigentes la Ley VI-46 (ex Ley 2987), las resoluciones del SPEPM y toda norma local que establezca criterios, montos o procedimientos de fijación de aranceles, sin perjuicio de las disposiciones nacionales de carácter general en materia educativa.
3. 3. Los establecimientos de gestión privada deben abstenerse de aplicar incrementos de aranceles, matrículas o cuotas invocando el Decreto 787/2025 como habilitante directo, y mantener los canales de autorización y comunicación previstos por la autoridad provincial.
4. 4. Como consecuencia del análisis realizado, se emite la presente explicitando la inaplicabilidad del Decreto 787/2025 en la jurisdicción de Misiones y la vigencia de los mecanismos de control y supervisión provinciales.

El documento completo:

Mediante un decreto, derogaron una normativa que regulaba los precios de las matrículas y las cuotas en las escuelas privadas, permitiendo que los institutos fijen los valores sin autorización previa del Estado nacional.

A través del Decreto 787/2025, publicado en la madrugada de este martes en el Boletín Oficial, el Gobierno dispuso la derogación del Decreto 2417/1993, una norma que durante más de tres décadas reguló el sistema de aranceles y la relación entre el Estado y los institutos de educación pública de gestión privada en la Argentina.

La medida implica un cambio en el esquema de control estatal sobre los precios de las cuotas y matrículas que cobran los colegios privados, al eliminar la obligación de comunicar anticipadamente los montos y de obtener autorización previa para cualquier modificación.

Según los fundamentos del decreto, la normativa derogada “presenta limitaciones y requerimientos que dificultan la adaptación de los institutos de enseñanza pública de gestión privada a las realidades educativas y económicas del país”.

El decreto sostiene que el sistema vigente, instaurado en los años 90, respondía a un contexto en el que la administración de la educación dependía del Gobierno nacional. Con la transferencia de competencias a las provincias, el Ejecutivo considera que “corresponde revisar el marco normativo existente para favorecer un entorno más propicio para la gestión de los establecimientos educativos de gestión privada, garantizando así la sostenibilidad de su labor y el derecho a la educación de calidad”.

Entre los argumentos centrales, el decreto advierte que la intervención estatal en la fijación de aranceles “ha generado efectos contraproducentes que afectan su funcionamiento y viabilidad económica”. En particular, señala que la exigencia de informar y autorizar los valores de matrícula y cuotas con antelación “limita su capacidad de adaptación a las fluctuaciones del mercado, impidiendo que estos ajusten sus precios en función de la realidad económica y los costos operativos”.

Por esto mismo, remarcaron que este mecanismo de control de precios “perjudica a las familias, quienes deben enfrentar aranceles educativos más altos desde el inicio del ciclo lectivo, limitando su capacidad de elegir establecimientos de enseñanza adecuados a sus posibilidades económicas y, en algunos casos, obligándolas a trasladar a sus hijos a otras instituciones”.

En ese sentido, el decreto subraya que “el requerimiento de los establecimientos de enseñanza de gestión privada de comunicar los montos de matrícula y de las cuotas con anticipación considerable, junto con la obligación de obtener la autorización estatal previa para modificar dichos valores, crea una situación de incertidumbre económica para los institutos, que suelen fijar cuotas más elevadas de lo necesario por temor a enfrentar costos que no puedan ser cubiertos sin aprobación estatal”.

El texto también pone el foco en el derecho de propiedad de los institutos privados, al afirmar que “deberían tener la libertad de fijar sus condiciones de contratación y los salarios de sus empleados, sin necesidad de autorización estatal”. Según la visión oficial, la previsibilidad y rigidez de las tarifas impuestas por el Estado “puede llevar a una precarización de la calidad educativa, dado que los establecimientos no pueden responder adecuadamente a las variaciones en los costos de insumos, salarios y otros gastos operativos sin antes contar con autorización de la autoridad correspondiente”.

De esta manera, el Gobierno instruyó al Ministerio de Capital Humano para que, a través de la Secretaría de Educación, revise las pautas contenidas en el Decreto 2542/1991 —la norma madre del sistema de financiamiento de la educación privada— y eleve una propuesta de modificación. De este modo, el Ejecutivo busca avanzar hacia un esquema en el que se resguarde el principio de libre contratación, ”permitiendo a las instituciones educativas el derecho a definir sus políticas de precios y compensaciones, en el marco de una competencia leal y en función de las demandas del mercado”.

Con una planificación que prevé 797 horas anuales de enseñanza, Misiones se prepara para iniciar el ciclo lectivo 2026 con una propuesta que la posiciona por encima de los estándares nacionales y entre las jurisdicciones con mayor carga efectiva de aprendizaje del país. El calendario, que comenzará el 2 de marzo y se extenderá administrativamente hasta el 21 de diciembre, refleja una decisión política y pedagógica de alto impacto: priorizar la carga horaria efectiva de enseñanza como eje central de la mejora educativa.
El nuevo esquema académico, introduce un cambio de paradigma en la organización del año escolar. En lugar de medir el cumplimiento por la cantidad de días de clase, el modelo pone el foco en la carga horaria efectiva, buscando garantizar mayor equidad entre modalidades educativas y aprovechar al máximo el tiempo pedagógico dentro del aula.
En esa misma línea, al superar el umbral de 760 horas fijado por el CFE, Misiones se posiciona entre las provincias con mayor tiempo efectivo de enseñanza, lo que se traduce en más oportunidades de aprendizaje y en una apuesta concreta por la calidad educativa. Esta decisión, además, se inscribe en una resolución nacional que por primera vez unifica el inicio del ciclo escolar en todo el país.
El calendario incluye además un período posterior al feriado del 8 de diciembre, destinado al acompañamiento de estudiantes que necesiten reforzar contenidos o completar trayectorias. Esta instancia permitirá atender la diversidad de ritmos y necesidades, ofreciendo apoyo para garantizar los aprendizajes fundamentales.
Cabe destacar, que la ampliación del tiempo escolar no solo implica más días en el aula, sino también mayores posibilidades de mejorar los aprendizajes y fortalecer las trayectorias escolares. Según un informe de Argentinos por la Educación, extender la jornada o aumentar las horas de clase tiene efectos comprobados en la reducción de la repitencia, en la mejora del rendimiento académico y en la mayor asistencia futura de los alumnos al sistema educativo. En ese sentido, la estrategia de Misiones se alinea con la evidencia y reafirma su compromiso con una educación más profunda, inclusiva y sostenida en el tiempo.
Finalmente, el ministro de Educación de la provincia destacó el carácter colaborativo del proceso que dio forma al nuevo calendario escolar, resultado del trabajo conjunto con los sindicatos docentes y con las carteras educativas de todo el país. Subrayó que el acuerdo alcanzado refleja un enfoque equilibrado y realista, diseñado en función de las necesidades concretas de las escuelas misioneras.