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Desregularon los aranceles de los colegios privados tras 30 años de control y podrán fijar las cuotas sin autorización
Mediante un decreto, derogaron una normativa que regulaba los precios de las matrículas y las cuotas en las escuelas privadas, permitiendo que los institutos fijen los valores sin autorización previa del Estado nacional.
A través del Decreto 787/2025, publicado en la madrugada de este martes en el Boletín Oficial, el Gobierno dispuso la derogación del Decreto 2417/1993, una norma que durante más de tres décadas reguló el sistema de aranceles y la relación entre el Estado y los institutos de educación pública de gestión privada en la Argentina.
La medida implica un cambio en el esquema de control estatal sobre los precios de las cuotas y matrículas que cobran los colegios privados, al eliminar la obligación de comunicar anticipadamente los montos y de obtener autorización previa para cualquier modificación.
Según los fundamentos del decreto, la normativa derogada “presenta limitaciones y requerimientos que dificultan la adaptación de los institutos de enseñanza pública de gestión privada a las realidades educativas y económicas del país”.
El decreto sostiene que el sistema vigente, instaurado en los años 90, respondía a un contexto en el que la administración de la educación dependía del Gobierno nacional. Con la transferencia de competencias a las provincias, el Ejecutivo considera que “corresponde revisar el marco normativo existente para favorecer un entorno más propicio para la gestión de los establecimientos educativos de gestión privada, garantizando así la sostenibilidad de su labor y el derecho a la educación de calidad”.
Entre los argumentos centrales, el decreto advierte que la intervención estatal en la fijación de aranceles “ha generado efectos contraproducentes que afectan su funcionamiento y viabilidad económica”. En particular, señala que la exigencia de informar y autorizar los valores de matrícula y cuotas con antelación “limita su capacidad de adaptación a las fluctuaciones del mercado, impidiendo que estos ajusten sus precios en función de la realidad económica y los costos operativos”.
Por esto mismo, remarcaron que este mecanismo de control de precios “perjudica a las familias, quienes deben enfrentar aranceles educativos más altos desde el inicio del ciclo lectivo, limitando su capacidad de elegir establecimientos de enseñanza adecuados a sus posibilidades económicas y, en algunos casos, obligándolas a trasladar a sus hijos a otras instituciones”.
En ese sentido, el decreto subraya que “el requerimiento de los establecimientos de enseñanza de gestión privada de comunicar los montos de matrícula y de las cuotas con anticipación considerable, junto con la obligación de obtener la autorización estatal previa para modificar dichos valores, crea una situación de incertidumbre económica para los institutos, que suelen fijar cuotas más elevadas de lo necesario por temor a enfrentar costos que no puedan ser cubiertos sin aprobación estatal”.
El texto también pone el foco en el derecho de propiedad de los institutos privados, al afirmar que “deberían tener la libertad de fijar sus condiciones de contratación y los salarios de sus empleados, sin necesidad de autorización estatal”. Según la visión oficial, la previsibilidad y rigidez de las tarifas impuestas por el Estado “puede llevar a una precarización de la calidad educativa, dado que los establecimientos no pueden responder adecuadamente a las variaciones en los costos de insumos, salarios y otros gastos operativos sin antes contar con autorización de la autoridad correspondiente”.
De esta manera, el Gobierno instruyó al Ministerio de Capital Humano para que, a través de la Secretaría de Educación, revise las pautas contenidas en el Decreto 2542/1991 —la norma madre del sistema de financiamiento de la educación privada— y eleve una propuesta de modificación. De este modo, el Ejecutivo busca avanzar hacia un esquema en el que se resguarde el principio de libre contratación, ”permitiendo a las instituciones educativas el derecho a definir sus políticas de precios y compensaciones, en el marco de una competencia leal y en función de las demandas del mercado”.
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Hongos Misioneros: El IMiBio capacitó a más de 300 personas durante el 2025
En consonancia con el Lema del Año que buscaba promocionar la Funga Misionera, el instituto que preside la Mgtr. Arq. Viviana Rovira recorrió la provincia ofreciendo talleres sobre cultivo, recolección y consumo de las especies de hongos comestibles presentes en nuestra provincia. Asimismo impulsó la sanción de la primera ley provincial sobre hongos medicinales del país.
El 2025 fue el año en el que la provincia de Misiones le otorgó un incentivo especial a la Funga Misionera, parte esencial de nuestra valiosa biodiversidad pero poco conocida pese a su gran potencial.

En ese marco, además de incluir su promoción en el denominado Lema del Año, desde el Gobierno Provincial se creó la Mesa de la Funga Misionera destinada a incentivar el cultivo y la recolección de hongos comestibles como alternativa productiva y se sancionó la Ley que crea el Programa Provincial de Investigación y Desarrollo de Productos de Uso Medicinal de Hongos y Derivados.
Ante este escenario, el trabajo que el Instituto Misionero de Biodiversidad (IMiBio) venía llevando a cabo desde su creación en 2021, tanto en el plano de la investigación como en la difusión de la funga misionera, cobró especial protagonismo sirviendo de pilar para el cumplimiento de la meta ambicionada.
Tal es el caso que como lo viene desarrollando desde hace 4 años, y en consonancia con ser parte integrante de la Mesa de la Funga Misionera junto al Ministerio del Agro y la Producción, el IMiBio ofreció talleres virtuales y presenciales de identificación, cultivo y recolección de Hongos comestibles en más de siete municipios.

Las capacitaciones ofrecidas por el Dir. Gral. Ejecutivo del IMiBio, Dr. Emanuel Grassi; la Biol. Florencia Restelli; la Ing. en Alimentos, Paula Álvarez y la Ing. Forestal, Valentyna Berenda; alcanzaron durante el 2025 a más de 300 participantes entre los que se destacaron productores agrarios y personal del Mercado Central SEM, así como docentes y estudiantes secundarios ávidos por aprender sobre el aprovechamiento de distintas especies presentes en Misiones.
Los talleres que se desarrollaron de forma gratuita, están enmarcado dentro del Programa “Fortalecimiento de Recursos Alimenticios” (aprobado por Resol.119/21), y son consecuencia de las políticas que impulsa el IMiBio para promover el desarrollo sustentable de la Provincia de Misiones; con el objetivo de ayudar al crecimiento y fortalecimiento de economías familiares, considerando la importancia de realizar transferencia de conocimientos para el aprovechamiento sustentable de estos recursos.
Como otras de las aristas destinadas a poner en valor la funga misionera, este año el instituto que preside la Mgtr. Arq. Viviana Rovira se convirtió junto al Ministerio de Salud de la Provincia, en autoridad de aplicación de la Ley que creó el Programa Provincial de Investigación y Desarrollo de Productos de Uso Medicinal de Hongos y Derivados, en donde además de ser una institución pionera en generar conocimiento sobre la funga local, el IMiBio pondrá a disposición sus instalaciones para la instauración del primer Banco de Cepas Fúngicas de Interés Medicinal que funcionará en Misiones.
De esta manera cerramos un año de intenso trabajo y celebramos el reconocimiento y el impulso otorgado por los tres poderes del Estado a la funga como parte esencial de la biodiversidad misionera.
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Crisis financiera en Corrientes: municipios en quiebra, deuda récord y un relato oficial que se desmorona
La provincia de Corrientes atraviesa una crisis financiera y administrativa de magnitud estructural que ya no puede ser disimulada por discursos de equilibrio fiscal ni por la aprobación exprés de presupuestos inflados. Lo que ocurre en los municipios —los 74, sin excepción— funciona como un espejo brutal del deterioro provincial: cajas vacías, deudas impagas, balances alterados y denuncias judiciales contra gestiones salientes, muchas de ellas pertenecientes al propio oficialismo.

Este “efecto dominó” municipal -como lo llamaron antes- desmiente el relato del superávit y la prolijidad administrativa que durante años sostuvo el gobierno de Gustavo Valdés y que hoy intenta heredar su hermano, Juan Pablo Valdés. Lejos de tratarse de casos aislados, el colapso se repite con patrones idénticos, revelando una matriz de desorden financiero tolerada —cuando no alentada— desde el poder provincial.
Municipios en emergencia: un patrón que se repite
Las declaraciones de emergencia económica, financiera y administrativa se multiplican en distintos puntos de la provincia, acompañadas de denuncias graves:
- Paso de la Patria declaró la emergencia hasta diciembre de 2026 tras detectar una caja en cero, presunta malversación y una entrega de mando “irregular, anormal y contraria a toda lógica administrativa”.
- Gobernador Virasoro suspendió pagos acumulados desde 2017 hasta 2025 y, ante la falta de recursos genuinos, decidió compactar y vender como chatarra motocicletas secuestradas para intentar obtener ingresos mínimos.
- En Mburucuyá, el Banco de Corrientes confirmó la desaparición de unas 40 chequeras presuntamente en manos de exfuncionarios. El intendente Edgard Galarza Florentín denunció caja vacía, deudas acumuladas y documentación clave no entregada, y ya se prepara un informe para avanzar judicialmente contra la gestión saliente de Kelo Guastavino, alineada con el oficialismo provincial.
- Mercedes presentó una denuncia penal contra la administración anterior y anunció recortes forzados ante la imposibilidad de sostener el funcionamiento municipal.
- Santa Rosa perdió talonarios de cheques y sufrió transferencias electrónicas hasta el último minuto antes del cambio de mando, lo que derivó también en la declaración de emergencia económica.

A estos casos se suman la Municipalidad de Corrientes, Goya, Curuzú Cuatiá e Ituzaingó, donde las transiciones políticas esconden cesaciones de pagos y balances “dibujados”, aun cuando el signo político se mantiene.
Presupuesto récord, realidad en ruinas
Mientras los intendentes exhiben arqueos de caja en cero y dificultades para pagar sueldos, la Legislatura provincial aprobó sin debate un Presupuesto 2026 de 3,5 billones de pesos, bajo el argumento de garantizar un supuesto “federalismo provincial”. La contradicción es evidente: el poder político es el mismo, pero el colapso se extiende incluso a los municipios gobernados por el oficialismo.
El problema no se limita al plano local. Juan Pablo Valdés asumió la gobernación con una herencia fiscal crítica, producto de la gestión de su hermano: el gasto provincial creció un 39% por encima de los ingresos, el déficit supera los 160.000 millones de pesos y la deuda proyectada para 2025 ronda los 184.905 millones, ubicando a Corrientes entre las provincias más comprometidas del país.
La crisis se volvió inocultable con el manejo del bono navideño para estatales. La demora en el anuncio y la posterior confirmación de un pago de $500.000 en tres cuotas dejaron al descubierto la falta de liquidez provincial. Lejos de ser una decisión administrativa, el desdoblamiento funcionó como síntoma de una caja exhausta, incapaz de afrontar una erogación extraordinaria de una sola vez.

Ajuste nacional y recesión: el contexto que agrava todo
El escenario se agrava aún más por el ajuste fiscal y la recesión promovidos por el gobierno de Javier Milei, que impactan de lleno en las provincias y municipios. La caída de la coparticipación y la falta de previsibilidad obligaron, por ejemplo, a la intendenta de Bella Vista, Noelia Bazzi, a suspender la Fiesta Nacional de la Naranja, priorizando el pago de servicios esenciales.
En este clima de “tierra arrasada”, numerosos municipios ya anticipan que deberán recurrir al auxilio del gobierno provincial solo para pagar sueldos y aguinaldos, una dependencia que contradice cualquier discurso de autonomía y orden fiscal. Si no hay cambios estructurales, el 2026 se perfila como un año de ajuste permanente, conflicto social y parálisis institucional.
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Nicolás Maduro comparece hoy ante la justicia federal para la lectura formal de cargos
Tras su reciente captura, el líder venezolano Nicolás Maduro comparecerá este lunes ante el juez Alvin Hellerstein para la lectura formal de cargos por narcotráfico y terrorismo.
Junto a su esposa, Cilia Flores, enfrentan la posibilidad de quedar detenidos sin fianza mientras se desarrolla un juicio histórico que entrelaza la lucha contra el crimen organizado y el control del petróleo, según supo la Agencia Noticias Argentinas.
Tras la sorpresiva captura en Caracas el pasado sábado, el escenario político y judicial se traslada este lunes a Nueva York. Bajo un operativo de seguridad sin precedentes, Nicolás Maduro y Cilia Flores abandonarán momentáneamente el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn para enfrentar su primer acto procesal en el tribunal federal de Manhattan.IP
La audiencia de este lunes 5 de enero será clave para definir el futuro inmediato de la pareja. La fiscalía, encabezada por Pamela Bondi, presentará formalmente los cargos que vinculan a Maduro con el mando de una red global de narcotráfico con nexos terroristas.
Fuentes judiciales del Distrito Sur de Nueva York advierten que este es solo el inicio de un proceso que podría durar meses o incluso años. La fiscalía afirma poseer un “volumen abrumador” de evidencias recolectadas durante una investigación silenciosa de larga data, lo que anticipa una batalla legal extenuante en el corazón de la justicia estadounidense.
Nota: Agencia Noticias Argentinas
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