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El Gobierno dictó la conciliación obligatoria y mañana no habrá paro de colectivos

La UTA había anunciado una medida de fuerza por 24 horas. Los choferes reclaman reabrir la paritaria y aumentos salariales.
El Gobierno dictó la conciliación obligatoria por 15 días para evitar el paro de 24 horas que había anunciado la Unión Tranviarios Automotor (UTA) para el próximo viernes. Para hoy la Secretaría de Trabajo había dispuesto que se realice una nueva audiencia entre los representantes del sector y de las cámaras empresarias para que intenten llegar a un acuerdo.
Esta disposición fue tomada tras la solicitud de tres de las cuatro cámaras empresarias del sector, que incluyen la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA), la Cámara Empresaria del Autotransporte de Pasajeros (CEAP) y la Cámara de Transporte de la Provincia de Buenos Aires (CTPBA), conforme a la normativa vigente.
La conciliación establece un plazo de 15 días, durante el cual tanto los representantes gremiales como empresariales deben abstenerse de tomar represalias o medidas de fuerza. El objetivo principal de esta medida es garantizar la prestación del servicio público de transporte y preservar el diálogo entre las partes involucradas, instándolas a retomar las negociaciones en un marco de legalidad y respeto.
“Obligados a parar”, se tituló el comunicado del sindicato el 21 de marzo tras fracasar la última negociación, la tercera que sostuvieron las partes sin arribar a un acuerdo. “Los funcionarios de transporte se esconden, y nos llevan a un conflicto, sin resolver la estructura de costos y con ella, el incremento salarial, proyectando la adecuada recomposición que los trabajadores merecen”, había transmitido la UTA, con la firma de su secretario general Roberto Fernández.
Si bien este año desde el Ejecutivo se readecuaron los subsidios que le entregan al sector empresario -con una mejora del 17%- no se contempló ningún aumento de los sueldos de los choferes de colectivos en el AMBA. El básico actualmente, en bruto, es de 1,2 millones para cada trabajador en el ámbito metropolitano. Los subsidios representan actualmente el 70% de los ingresos que perciben las empresas y no se modificaban desde julio de 2024.
Desde el sector empresario aseguran que aunque aceptan la legitimidad del reclamo, no cuentan con fondos para otorgar un aumento a los choferes. Además, insisten en reclamar una actualización del precio del boleto, más allá del 10% que la Ciudad de Buenos Aires les otorgó cuando recibió la transferencia en la operación de las 31 líneas que empiezan y terminan su recorrido dentro de su jurisdicción.
De acuerdo a los cálculos de una de las cámaras empresarias, AAETA, el boleto en el AMBA en febrero sin subsidios debería valer alrededor de $1.600. El mínimo actualmente es de $371.
Además, en la estructura de costos, que no sufría actualizaciones desde octubre, incluyen la necesidad de la renovación de las unidades que circulan cuya antigüedad no debe superar los 10 años, la instalación de cámaras de seguridad y del sistema ADAS que permitirá evitar la cantidad de accidentes en la vía pública.
Desde la CGT observan la resolución de este diferendo de reojo pensando en el paro general de 24 horas previsto para el jueves 10 de abril, que será el tercero que sufre Javier Milei desde que llegó a la Casa Rosada. El miércoles 9 habrá una movilización de la central obrera al Congreso de la Nación y la UTA adelantó que prestará sus servicios normalmente, sobre todo para asegurar una normal desconcentración.
Algunos dirigentes cegetistas temen que si el jueves 3 se logra un acuerdo salarial con los choferes luego decidan no adherirse al paro general. Si ese día funciona el transporte, la medida perderá fuerza, estiman.
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Carlos Kozik: “Se está esperando la orden judicial para ejecutar el desalojo -de la empresa Kenia- con la fuerza pública”

El abogado de los ex propietarios de la empresa ETCE, Carlos Kozik, brindó detalles sobre el reclamo judicial que se le está realizando a la actual prestataria del servicio urbano de pasajeros por deudas con respecto a la operación de venta del paquete accionario en 2023 y también sobre cuotas de alquileres del predio donde está funcionando actualmente el galpón de estacionamiento y talleres para las unidades del servicio de transporte.
Ese inmueble ubicado en el kilómetro 11 debe ser desalojado por la empresa Kenia, pero, hasta el momento, no cumple con la orden judicial.
Respecto a la deuda por el p
aquete accionario, Kozik indicó que, tras una entrega inicial, quedó pendiente abonar aproximadamente un 30 por ciento y que el plazo ya venció,
En cuanto a los inmuebles, recordó que Kenia suscribió varios contratos de comodato. Uno por el ubicado en Wanda y otros por el predio en Eldorado. Respecto al primero, ya devolvió el inmueble, pero no así al que está ocupando actualmente la Capital del Trabajo. Kozik aseveró que, además, Kenia adeuda cuotas de alquileres.
En cuanto a la denuncia que realizó el Grupo Horianski sobre que fueron “estafados” por los anteriores propietarios de la empresa ETCE, Kozik aseguró que se trata de “un absurdo” dado que los inmuebles en conflicto “nunca pertenecieron a la empresa ETCE”, sino a las familias Tiemesmann y Arenhardt, respectivamente.
Hay dos acciones de desalojo promovidas y se está aguardando la orden de la Justicia para proceder con presencia de la fuerza policial.
“Me sorprende el comportamiento del Grupo Kenia”, señaló Kozik, que remarcó que la firma Horianski ha tenido un desempeño empresarial de “excelencia” a lo largo de los años.
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San Vicente: Un vendedor de pollos fue designado al frente de PAMI y hay controversias

La obra social nacional no para de generar insólitas noticias dentro de la provincia de Misiones. Nuevamente por una llamativa designación, esta vez al frente de la sede en San Vicente.
Anteriormente se conoció que una esteticista asumía al frente de PAMI Montecarlo y que otra comerciante, domiciliada en Caraguatay, se hacía cargo del Centro de Atención en Puerto Piray.
Esta nueva designación volvió a despertar la polémica entre los afiliados de la obra social de los jubilados y también entre los empleados dado que hay personas probas en su capacidad profesional y trayectoria dentro del organismo para ejercer esa responsabilidad.
No obstante, Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP), con firma del subdirector ejecutivo Carlos Blas Zamparolo, determinó por Resolución 76/2025 que al frente del Centro de Atención Personalizada de San Vicente esté Marcelo Oscar Gómez, un vendedor de pollos, quien deberá cubrir 40 horas semanales.

La Resolución fechada el 15 de julio no se explaya sobre los méritos que acredita Gómez que justifiquen su nombramiento lo que genera, una vez más, una fuerte controversia sobre la importancia que le da el Gobierno Nacional a los jubilados y pensionados, quienes vienen denunciando en los últimos tiempos profundas falencias en la prestación del servicio.
Uno de los cuestionamientos pasa por el conocimiento que puede tener Gómez sobre el funcionamiento del organismo y sobre su sapiencia para el manejo administrativo de una dependencia pública de tanta sensibilidad en la que se debe satisfacer las demandas sobre cuestiones estrictamente de salud (coberturas médicas y de medicamentos) como también aspectos sociales. Ambas cosas vienen sufriendo fuertes ajustes y los afiliados se enfrentan a desafíos muy difíciles de superar por los magros ingresos que perciben, lo que los lleva a tener que optar por endeudarse o por dejar de realizar las visitas al médico o dejar de consumir ciertos medicamentos, lo que pone en riesgo la salud de los adultos mayores.
Prestaciones en lista de espera
Vale recordar que los centros de atención forman parte de la estructura de la Unidad de Gestión Local XVIII del PAMI, con sede en Posadas, a cargo de la abogada Samanta Stekler, recientemente elegida diputada provincial por La Libertad Avanza en Misiones. Ni durante la campaña ni después, Stekler pidió licencia al frente del PAMI.
Los afiliados misioneros de la obra social de los jubilados sufren los embates del ajuste nacional combinados con los problemas de gestión provincial. Como consecuencia, conseguir un bastón, un inodoro portátil, una silla de ruedas o una cama ortopédica se hacen objetivos imposibles de lograr.
La falta de suministros de elementos de fisiatría -que en la mayoría de los casos llevan una demora de dos años- se suma a las dificultades que padecen todos los jubilados del país: la cobertura farmacéutica cada vez más reducida, la reducción de las prestaciones en general, la falta de actualización de algunas prestaciones muy demandadas en este segmento de la población, como lo es la ayuda para atención domiciliaria, que se congeló en 8.500 pesos desde muchos años.
Un paciente diabético está sufriendo una demora de tres a cuatro semanas en la autorización de las órdenes de insulina.
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La Policía de Misiones suma 358 nuevos agentes para reforzar la seguridad en los 79 municipios

Los flamantes efectivos egresaron de la Universidad de las Fuerzas de Seguridad y desde hoy se integran al patrullaje preventivo en toda la provincia. La promoción incluye una fuerte incorporación de mujeres y formación con enfoque en derechos humanos.
En un acto cargado de simbolismo institucional y compromiso con la ciudadanía, 358 nuevos agentes de policía egresaron esta mañana de la Universidad de las Fuerzas de Seguridad de la Provincia de Misiones (UFSPM), sede Policía de Misiones. Desde hoy, se integran de forma activa a la estructura operativa de la fuerza, reforzando la seguridad en los 79 municipios de la provincia.

La ceremonia se llevó a cabo en la plaza de armas “Cadete Sebastián Alegre”, donde los nuevos efectivos —168 mujeres y 190 hombres— recibieron sus diplomas tras un año de formación académica, táctica y física, con una fuerte orientación en derechos humanos, prevención del delito, primeros auxilios, manejo de crisis, incendios y rescate.
La incorporación inmediata de los egresados a comisarías, divisiones especiales y unidades regionales permitirá ampliar la presencia policial en zonas urbanas, suburbanas y rurales, consolidando el despliegue preventivo en todo el territorio misionero. Esta política de refuerzo busca mejorar los tiempos de respuesta y fortalecer el vínculo con la comunidad.
El acto fue presidido por el ministro de Gobierno Marcelo Gabriel Pérez, acompañado por el Jefe de Policía, Comisario General Abogado Sandro Alberto Martínez; el Subjefe, Comisario General Licenciado Marcos David López Asencio; y miembros de la Plana Mayor de la fuerza. También estuvo presente el rector de la UFSPM, Dr. Milton Astroza, junto a autoridades del Servicio Penitenciario Provincial, fuerzas federales, docentes, instructores, presidentes de Foros de Seguridad y familiares de los egresados.
Además del crecimiento en número, la promoción representa un paso significativo en términos de inclusión: el aumento sostenido de mujeres dentro de la fuerza refleja el compromiso institucional con la equidad de género y la modernización de los estándares de formación policial.
La UFSPM, creada por el Gobierno de Misiones bajo la órbita del Ministerio de Gobierno, se consolida como un espacio clave para la profesionalización de las fuerzas. Con esta sexta cohorte, ya son más de mil los agentes diplomados que egresaron desde su fundación, todos formados bajo un paradigma de proximidad, vocación de servicio y compromiso con la comunidad misionera.
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