La UTA había anunciado una medida de fuerza por 24 horas. Los choferes reclaman reabrir la paritaria y aumentos salariales.

El Gobierno dictó la conciliación obligatoria por 15 días para evitar el paro de 24 horas que había anunciado la Unión Tranviarios Automotor (UTA) para el próximo viernes. Para hoy la Secretaría de Trabajo había dispuesto que se realice una nueva audiencia entre los representantes del sector y de las cámaras empresarias para que intenten llegar a un acuerdo.

Esta disposición fue tomada tras la solicitud de tres de las cuatro cámaras empresarias del sector, que incluyen la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA), la Cámara Empresaria del Autotransporte de Pasajeros (CEAP) y la Cámara de Transporte de la Provincia de Buenos Aires (CTPBA), conforme a la normativa vigente.

La conciliación establece un plazo de 15 días, durante el cual tanto los representantes gremiales como empresariales deben abstenerse de tomar represalias o medidas de fuerza. El objetivo principal de esta medida es garantizar la prestación del servicio público de transporte y preservar el diálogo entre las partes involucradas, instándolas a retomar las negociaciones en un marco de legalidad y respeto.

“Obligados a parar”, se tituló el comunicado del sindicato el 21 de marzo tras fracasar la última negociación, la tercera que sostuvieron las partes sin arribar a un acuerdo. “Los funcionarios de transporte se esconden, y nos llevan a un conflicto, sin resolver la estructura de costos y con ella, el incremento salarial, proyectando la adecuada recomposición que los trabajadores merecen”, había transmitido la UTA, con la firma de su secretario general Roberto Fernández.

Si bien este año desde el Ejecutivo se readecuaron los subsidios que le entregan al sector empresario -con una mejora del 17%- no se contempló ningún aumento de los sueldos de los choferes de colectivos en el AMBA. El básico actualmente, en bruto, es de 1,2 millones para cada trabajador en el ámbito metropolitano. Los subsidios representan actualmente el 70% de los ingresos que perciben las empresas y no se modificaban desde julio de 2024.

Desde el sector empresario aseguran que aunque aceptan la legitimidad del reclamo, no cuentan con fondos para otorgar un aumento a los choferes. Además, insisten en reclamar una actualización del precio del boleto, más allá del 10% que la Ciudad de Buenos Aires les otorgó cuando recibió la transferencia en la operación de las 31 líneas que empiezan y terminan su recorrido dentro de su jurisdicción.

De acuerdo a los cálculos de una de las cámaras empresarias, AAETA, el boleto en el AMBA en febrero sin subsidios debería valer alrededor de $1.600. El mínimo actualmente es de $371.

Además, en la estructura de costos, que no sufría actualizaciones desde octubre, incluyen la necesidad de la renovación de las unidades que circulan cuya antigüedad no debe superar los 10 años, la instalación de cámaras de seguridad y del sistema ADAS que permitirá evitar la cantidad de accidentes en la vía pública.

Desde la CGT observan la resolución de este diferendo de reojo pensando en el paro general de 24 horas previsto para el jueves 10 de abril, que será el tercero que sufre Javier Milei desde que llegó a la Casa Rosada. El miércoles 9 habrá una movilización de la central obrera al Congreso de la Nación y la UTA adelantó que prestará sus servicios normalmente, sobre todo para asegurar una normal desconcentración.

Algunos dirigentes cegetistas temen que si el jueves 3 se logra un acuerdo salarial con los choferes luego decidan no adherirse al paro general. Si ese día funciona el transporte, la medida perderá fuerza, estiman.