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El Senado aprobó un proyecto que pone límites al Presidente en el uso de los DNU
La definición queda en manos de Diputados. Si ambas Cámaras no los validan “con mayoría absoluta” en 90 días corridos, caerían. Igual caso si una sola los rechazara. Además, cada norma deberá referirse a un área en particular, a diferencia de lo que ocurre en la actualidad, gracias a la ley que impulsó en 2006 Cristina Kirchner. Obtuvo 56 votos a favor, ocho rechazos y dos abstenciones
La oposición senatorial aprobó y giró a Diputados un proyecto que cambiaría la lógica abusiva de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) y encorsetaría la posibilidad, de cualquier Ejecutivo, de emitir este tipo de normas para puentear al Congreso. La iniciativa obtuvo, en la definición en general, 56 votos a favor, ocho en contra y las abstenciones de los misioneros renovadores -no massistas- Carlos Arce y Sonia Rojas Decut.
Para tener una idea de lo que todo esto implica , los DNU pasarían a tener un plazo de 90 días de corrido para ser aprobados sin excepción y “con mayoría absoluta” por Diputados y el Senado. En la actualidad, si ambas Cámaras no lo voltean -sin registro de tiempo-, los mismos siguen en curso. Además, el texto incorpora que, ante la votación negativa de un solo Cuerpo, también caerían, salvo los derechos adquiridos durante el potencial y corto tiempo de vida. El peor escenario para la Casa Rosada a futuro, cuya nave insignia es el 70/23 de desburocratización del Estado.
La yapa del proyecto es que cada decreto deberá referirse a un área en particular, con el fin de evitar una ensalada de temas en un solo texto. Si la ley es sancionada por Diputados -se estima un veto desde la Casa Rosada-, quedará en el olvido la que Cristina Kirchner empujó en 2006 como senadora, cuyo objetivo fue el mismo que critica hoy el espacio que comanda desde su prisión domiciliaria.
Como miembro informante, la peronista disidente y titular de la comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara alta, Alejandra Vigo (Córdoba), aseguró: “Los DNU son instrumentos de excepción que contravienen la idea de separación de poderes y funciones, y por ello la necesidad de atenuación del presidencialismo que guio a la reforma constitucional de 1994”.
“Sancionar esta modificación evita, en buena medida, la tentación de gobernar con la suma del poder público, extralimitándose el Gobierno en su accionar, cualquiera sea el signo político. La ley 26.122 contiene un procedimiento cuya consecuencia directa es que un DNU, para ingresar y sobrevivir, tiene menos requisitos que una ley ordinaria”, agregó Vigo.
Por su parte, desde la Unión Cívica Radical (UCR), Pablo Blanco manifestó que “después de mucho tiempo” se viene a “terminar con la pésima costumbre que varios gobiernos han tenido sobre el uso y abuso de los DNU” no sólo de “este Gobierno, que tiene un récord, sino de anteriores que tenían dificultades de interpretación de texto, porque han interpretado la Constitución nacional de una manera muy particular”.
Luego, Blanco apuntó directo a la expresidenta. En ese sentido, dijo: “Los autores de la ley 26.122, gente muy preparada y que ha tenido responsabilidades muy importantes en el país, han tenido un inconveniente y no han podido interpretar la Constitución nacional sobre la excepcionalidad, que está fundada, casi con exclusividad, cuando el Congreso no pueda funcionar”.
En tanto, desde el peronismo, la riojana Florencia López sentenció: “Queremos reivindicar facultades que son propias del Congreso. Queremos que se ejerza la división de poderes y que funcionen los pesos y contrapesos. Si hoy no votamos esta reforma al régimen de los DNU, no somos dignos de volver a nuestras provincias”.
Uno de los discursos más esperados fue el de Lucila Crexell (Provincias Unidas), quien durante largos años quiso analizar la ley cristinista y, en todas las ocasiones, fue dejada casi en soledad. Primero, la experimentada neuquina recordó la reforma constitucional de 1994 y cómo los DNU fueron “metidos por la ventana”, tras un “acuerdo político de una reelección por parte de un partido y la incorporación de cargos políticos, por el otro”, en clara referencia al PJ y la UCR.
Seguido a ello, Crexell disparó: “Se buscaba morigerar el presidencialismo y, lo que hicieron, fue exacerbar el centralismo y presidencialismo autoritario que hemos sufrido los argentinos”. Y agregó: “Hemos tenido una cantidad inmensa de DNU con aprobación tácita y sin control que no sólo modificaron leyes, sino que han sancionado leyes, una facultad privativa de un Congreso que resultó bastante pasivo frente a esas situaciones”.
La legisladora neuquina después demolió la ley 26.122: “No establece un mecanismo que respete los principios constitucionales y estamos subsanando algo que rompe los principios rectores de la Constitución. Ocurren cosas irrisorias, como decretar un feriado nacional, y se vulneran intereses de las provincias, que fueron calladas en sus reclamos”.
“Es muy claro el asunto: no puede ser más fácil aprobar un DNU que una ley. Y si estaba mal antes, lo está ahora”, enfatizó la larretista Guadalupe Tagliaferri (Ciudad de Buenos Aires), otra entendida en la materia. Minutos después, el peronista disidente Juan Carlos Romero (Salta) propuso unos retoques extra -la Casa Rosada estuvo muy interesada en esto- que no fueron tenidos en cuenta. Por ese motivo se realizó la votación en general y luego en particular que mantuvo el despacho original.
Desde La Libertad Avanza, el líder de la bancada, Ezequiel Atauche (Jujuy), precisó que los DNU sirvieron “a todos los gobiernos, se utilizaron sin ningún obstáculo” durante largos años y “ahora le quieren quitar al Presidente una herramienta que sirve en un gobierno que tiene minorías parlamentarias muy graves”. Y auguró: “Están de salida. Dentro de poco van a ser un tercio menos”.
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BRASIL, MÁS SIMPLE: PAGÁ DIRECTO DESDE TU CELULAR CON BANCO MACRO Y MODO
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Hongos Misioneros: El IMiBio capacitó a más de 300 personas durante el 2025
En consonancia con el Lema del Año que buscaba promocionar la Funga Misionera, el instituto que preside la Mgtr. Arq. Viviana Rovira recorrió la provincia ofreciendo talleres sobre cultivo, recolección y consumo de las especies de hongos comestibles presentes en nuestra provincia. Asimismo impulsó la sanción de la primera ley provincial sobre hongos medicinales del país.
El 2025 fue el año en el que la provincia de Misiones le otorgó un incentivo especial a la Funga Misionera, parte esencial de nuestra valiosa biodiversidad pero poco conocida pese a su gran potencial.

En ese marco, además de incluir su promoción en el denominado Lema del Año, desde el Gobierno Provincial se creó la Mesa de la Funga Misionera destinada a incentivar el cultivo y la recolección de hongos comestibles como alternativa productiva y se sancionó la Ley que crea el Programa Provincial de Investigación y Desarrollo de Productos de Uso Medicinal de Hongos y Derivados.
Ante este escenario, el trabajo que el Instituto Misionero de Biodiversidad (IMiBio) venía llevando a cabo desde su creación en 2021, tanto en el plano de la investigación como en la difusión de la funga misionera, cobró especial protagonismo sirviendo de pilar para el cumplimiento de la meta ambicionada.
Tal es el caso que como lo viene desarrollando desde hace 4 años, y en consonancia con ser parte integrante de la Mesa de la Funga Misionera junto al Ministerio del Agro y la Producción, el IMiBio ofreció talleres virtuales y presenciales de identificación, cultivo y recolección de Hongos comestibles en más de siete municipios.

Las capacitaciones ofrecidas por el Dir. Gral. Ejecutivo del IMiBio, Dr. Emanuel Grassi; la Biol. Florencia Restelli; la Ing. en Alimentos, Paula Álvarez y la Ing. Forestal, Valentyna Berenda; alcanzaron durante el 2025 a más de 300 participantes entre los que se destacaron productores agrarios y personal del Mercado Central SEM, así como docentes y estudiantes secundarios ávidos por aprender sobre el aprovechamiento de distintas especies presentes en Misiones.
Los talleres que se desarrollaron de forma gratuita, están enmarcado dentro del Programa “Fortalecimiento de Recursos Alimenticios” (aprobado por Resol.119/21), y son consecuencia de las políticas que impulsa el IMiBio para promover el desarrollo sustentable de la Provincia de Misiones; con el objetivo de ayudar al crecimiento y fortalecimiento de economías familiares, considerando la importancia de realizar transferencia de conocimientos para el aprovechamiento sustentable de estos recursos.
Como otras de las aristas destinadas a poner en valor la funga misionera, este año el instituto que preside la Mgtr. Arq. Viviana Rovira se convirtió junto al Ministerio de Salud de la Provincia, en autoridad de aplicación de la Ley que creó el Programa Provincial de Investigación y Desarrollo de Productos de Uso Medicinal de Hongos y Derivados, en donde además de ser una institución pionera en generar conocimiento sobre la funga local, el IMiBio pondrá a disposición sus instalaciones para la instauración del primer Banco de Cepas Fúngicas de Interés Medicinal que funcionará en Misiones.
De esta manera cerramos un año de intenso trabajo y celebramos el reconocimiento y el impulso otorgado por los tres poderes del Estado a la funga como parte esencial de la biodiversidad misionera.
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Crisis financiera en Corrientes: municipios en quiebra, deuda récord y un relato oficial que se desmorona
La provincia de Corrientes atraviesa una crisis financiera y administrativa de magnitud estructural que ya no puede ser disimulada por discursos de equilibrio fiscal ni por la aprobación exprés de presupuestos inflados. Lo que ocurre en los municipios —los 74, sin excepción— funciona como un espejo brutal del deterioro provincial: cajas vacías, deudas impagas, balances alterados y denuncias judiciales contra gestiones salientes, muchas de ellas pertenecientes al propio oficialismo.

Este “efecto dominó” municipal -como lo llamaron antes- desmiente el relato del superávit y la prolijidad administrativa que durante años sostuvo el gobierno de Gustavo Valdés y que hoy intenta heredar su hermano, Juan Pablo Valdés. Lejos de tratarse de casos aislados, el colapso se repite con patrones idénticos, revelando una matriz de desorden financiero tolerada —cuando no alentada— desde el poder provincial.
Municipios en emergencia: un patrón que se repite
Las declaraciones de emergencia económica, financiera y administrativa se multiplican en distintos puntos de la provincia, acompañadas de denuncias graves:
- Paso de la Patria declaró la emergencia hasta diciembre de 2026 tras detectar una caja en cero, presunta malversación y una entrega de mando “irregular, anormal y contraria a toda lógica administrativa”.
- Gobernador Virasoro suspendió pagos acumulados desde 2017 hasta 2025 y, ante la falta de recursos genuinos, decidió compactar y vender como chatarra motocicletas secuestradas para intentar obtener ingresos mínimos.
- En Mburucuyá, el Banco de Corrientes confirmó la desaparición de unas 40 chequeras presuntamente en manos de exfuncionarios. El intendente Edgard Galarza Florentín denunció caja vacía, deudas acumuladas y documentación clave no entregada, y ya se prepara un informe para avanzar judicialmente contra la gestión saliente de Kelo Guastavino, alineada con el oficialismo provincial.
- Mercedes presentó una denuncia penal contra la administración anterior y anunció recortes forzados ante la imposibilidad de sostener el funcionamiento municipal.
- Santa Rosa perdió talonarios de cheques y sufrió transferencias electrónicas hasta el último minuto antes del cambio de mando, lo que derivó también en la declaración de emergencia económica.

A estos casos se suman la Municipalidad de Corrientes, Goya, Curuzú Cuatiá e Ituzaingó, donde las transiciones políticas esconden cesaciones de pagos y balances “dibujados”, aun cuando el signo político se mantiene.
Presupuesto récord, realidad en ruinas
Mientras los intendentes exhiben arqueos de caja en cero y dificultades para pagar sueldos, la Legislatura provincial aprobó sin debate un Presupuesto 2026 de 3,5 billones de pesos, bajo el argumento de garantizar un supuesto “federalismo provincial”. La contradicción es evidente: el poder político es el mismo, pero el colapso se extiende incluso a los municipios gobernados por el oficialismo.
El problema no se limita al plano local. Juan Pablo Valdés asumió la gobernación con una herencia fiscal crítica, producto de la gestión de su hermano: el gasto provincial creció un 39% por encima de los ingresos, el déficit supera los 160.000 millones de pesos y la deuda proyectada para 2025 ronda los 184.905 millones, ubicando a Corrientes entre las provincias más comprometidas del país.
La crisis se volvió inocultable con el manejo del bono navideño para estatales. La demora en el anuncio y la posterior confirmación de un pago de $500.000 en tres cuotas dejaron al descubierto la falta de liquidez provincial. Lejos de ser una decisión administrativa, el desdoblamiento funcionó como síntoma de una caja exhausta, incapaz de afrontar una erogación extraordinaria de una sola vez.

Ajuste nacional y recesión: el contexto que agrava todo
El escenario se agrava aún más por el ajuste fiscal y la recesión promovidos por el gobierno de Javier Milei, que impactan de lleno en las provincias y municipios. La caída de la coparticipación y la falta de previsibilidad obligaron, por ejemplo, a la intendenta de Bella Vista, Noelia Bazzi, a suspender la Fiesta Nacional de la Naranja, priorizando el pago de servicios esenciales.
En este clima de “tierra arrasada”, numerosos municipios ya anticipan que deberán recurrir al auxilio del gobierno provincial solo para pagar sueldos y aguinaldos, una dependencia que contradice cualquier discurso de autonomía y orden fiscal. Si no hay cambios estructurales, el 2026 se perfila como un año de ajuste permanente, conflicto social y parálisis institucional.
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