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Jorge Bondar: “Las bandas de cazadores furtivos que entran a Misiones desde el Brasil son cada vez más violentas y peligrosas”
La problemática de la caza furtiva en Misiones es compleja. Por un lado, está la cuestión cultural, que explica el accionar de quienes matan animales silvestres como actividad heredada, porque en su entorno la vienen practicando de generación en generación. Se trata de ciudadanos que incluso consumen la carne del ejemplar ultimado, con todos los riesgos que eso conlleva a su salud. Después está la otra arista, la de la caza por comercio, encarado por verdaderas mafias, con raíces fuera del territorio misionero. La campaña “En Misiones NO se caza”, encarada por el Ministerio de Ecología y Recursos Naturales de Misiones precisamente busca alertar acerca de las distintas caras del problema, para que se tome una real dimensión del daño que provoca y de los riesgos que genera.
En esta ocasión, gracias a los datos aportados por el Intendente del Cuerpo de Guardaparques, Jorge Bondar, también instructor de futuros agentes de preservación, se puede reconstruir el perfil del cazador potencialmente más agresivo y peligroso: el que llega desde el Brasil en busca de grandes ejemplares. Son los que ponen en riesgo distintas especies, como el yaguareté, el puma, los venados, el mono carayá o el tapir.
“Estos cazadores son cada vez más violentos y poseen armas más potentes. No se entregan, sino que disparan de inmediato”, resumió Bondar, para quien está claro que esos grupos poseen una conexión local, conformada por lugareños que no sólo hacen de guías, sino de espías y hasta de sicarios.
Los puntos calientes están en los grandes bloques de selva ubicados en Misiones en sectores limítrofes con los estados brasileños de Rio Grande do Sul, Santa Catarina y Paraná. Los cazadores tienen en la mira constantemente a la Reserva de Biosfera Yabotí y a los parques provinciales Piñalito, Urugua-í y Horacio Foerster.
Desde 2015, el Cuerpo de Guardaparques lleva armas en Misiones. “El armamento y los chalecos, provistos por el Gobierno provincial, son herramientas fundamentales. Sin ese equipamiento no se puede pensar llevar adelante ninguna acción ante estas organizaciones criminales”, aseguró Bondar.
Para el Intendente del CG, está claro que las de los brasileños son bandas organizadas que operan a gran escala. “Este tipo de actividades responde a la lógica de una organización de crimen organizado. Tiene relaciones con una red tan grande, que incluso especies cazadas en Misiones pueden terminar en la costa atlántica brasileña como menú, en Europa como parte de las pertenencias de un coleccionista o en Asia, donde, por ejemplo, los huesos, los dientes o el cráneo del yaguareté son utilizados como medicamentos”, ilustró.

Cuentan con cómplices locales
¿Cómo operan estos criminales? “Sus laderos locales, los lugareños contratados por esta gente, ofician de guías, pero no sólo eso. Hacen inteligencia para los cazadores. Asimismo mantienen los cebaderos artificiales del monte y cuidan los campamentos dentro de la selva, para que cuando lleguen estos infractores, por lo general personas acaudaladas, tengan todo despejado”, describió Bondar.
“Esos cómplices suelen armar grupos de WhatsApp, donde comparten información acerca de los sectores donde los guardaparques hacen patrullas, organizan la compra y venta de armas, la comercialización de perros para caza e imágenes de guardaparques, como para individualizarlos”, señaló.
Detalló que los cazadores, en grupos de muchos integrantes, entran a la selva misionera fuertemente armados, con perros para acechar a las presas, bien pertrechados, con utensilios y provisiones para una larga estadía en el bosque y con medios de movilidad que le permite recorrer la selva sin problemas.
“Cuando el Cuerpo de Guardaparques incursiona en estos sectores para mitigar el accionar de estos depredadores, se encuentra con distintos riesgos. El primero es el simple hecho de ingresar a la selva. Los peligros van desde el ataque de algún animal salvaje o los rigores del clima hasta el enfrentamiento con estos grupos, que no dudan en abrir fuego”, remarcó el funcionario del Ministerio de Ecología.
Agregó que es el Grupo de Operaciones en Selva (conformado por guardaparques de distintos parques) el que pone el cuerpo cuando obtiene información acerca de la posible presencia de cazadores en las áreas naturales protegidas: “Lleva tiempo poder encontrar el trillo utilizado por esta gente, su senda. Para acceder a una zona de caza a veces tenés que caminar cuatro o cinco horas por el monte. Y para abordarlos hay que minimizar cualquier posibilidad de riesgo. Estos grupos no dudan en realizar disparos contra los guardaparques. De hecho, ya hemos sufrido distintos ataques de este tipo. Incluso hubo personal herido. Y sacar compañeros heridos desde el monte entraña un operativo bien complicado”.
Las represalias
Pero el peligro no se circunscribe al monte: “Si el operativo de los guardaparques sale bien, si estas personas son detenidas y expulsadas del país o sus campamentos destruidos, está el riesgo de las represalias que toman. Hemos tenido destacamentos incendiados por cazadores, como los de Foerster (también baleado) y el del Parque Provincial Esmeralda. Incluso a través de emisarios amenazan a guardaparques. Pasó en localidades como Comandante Andresito o San Pedro”.
La lucha contra la caza cuenta con el apoyo de las fuerzas de seguridad, tanto la provincial como las federales. Se viene librando en la provincia desde hace mucho tiempo y es bueno que la comunidad misionera conozca las características de este desafío, una prioridad para el Ministerio de Ecología.
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Está vigente el programa Ahora Fiestas
A partir de este sábado y hasta el miércoles 31 del diciembre, estará vigente el programa especial Ahora Fiestas, una herramienta impulsada por el Gobierno de Misiones para acompañar a las familias en las compras de fin de año y potenciar el comercio local. A través de sus redes, el ministro de Hacienda, Adolfo Safrán, recordó a la comunidad sobre la puesta en marcha del beneficio financiero.
Durante el período de vigencia, los comercios adheridos ofrecerán hasta un 25% de reintegro, o 20% en comercios no misioneros, junto con la posibilidad de financiar las compras en 1 o 6 cuotas sin interés. Los beneficios estarán disponibles para pagos realizados con tarjetas de crédito Visa y Mastercard del Banco Macro.
El programa establece un límite de financiación de $653.400, mientras que el tope máximo de reintegro será de $44.044. Estas condiciones buscan facilitar el acceso al consumo en una época de alta demanda, como las celebraciones de Navidad y Año Nuevo.
Participarán comercios de rubros vinculados al consumo estacional, entre ellos indumentaria, calzado, juguetes, artículos del hogar, electrodomésticos, deportes, celulares, blanquerías y regalos. Los locales que ya forman parte de los programas Ahora Misiones y Ahora Bienes Durables quedarán adheridos automáticamente al Ahora Fiestas.
Desde el Gobierno provincial destacaron que, en el cierre del año, se continúa sosteniendo este tipo de herramientas que articulan esfuerzos entre el sector público y privado, con el doble objetivo de incentivar el comercio local en toda la provincia y fortalecer la capacidad de consumo de los hogares durante las fiestas.
El listado completo de comercios adheridos en cada localidad puede consultarse en la web oficial de los Programas Ahora: ahora.misiones.gob.ar.
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Senado: fuerte rechazo de especialistas, organizaciones ambientales y entidades científicas a la reforma de la Ley de Glaciares
Especialistas, organizaciones de la sociedad civil y científicos1 cuestionaron el proyecto del Poder Ejecutivo que modifica la Ley 26.639 de presupuestos mínimos de protección ambiental de glaciares y ambiente periglacial. Fue ayer en la reunión conjunta de las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sostenible y de Minería, Energía y Combustibles del Senado de la Nación que, en un trámite exprés que llevó solo dos días, dictaminó la iniciativa del oficialismo a pesar del contundente rechazo. No obstante, el tratamiento parlamentario del proyecto se retomará recién a principios de febrero, a pesar de que las autoridades legislativas habían anunciado que ingresaría al recinto el próximo 26 de diciembre.
Durante el encuentro, desarrollado en el Salón Arturo Illia del Palacio Legislativo, los disertantes coincidieron en que la iniciativa oficial implica un cambio estructural en el régimen de protección ambiental vigente, al debilitar el carácter nacional de los presupuestos mínimos y fragmentar criterios de resguardo sobre bienes comunes estratégicos como el agua. Advirtieron, además, que avanzar con una reforma de estas características sienta un precedente regresivo en materia de derecho ambiental, en un contexto de crisis climática e hídrica que exige fortalecer las políticas públicas de protección y no debilitarlas.
En esta línea, Andrés Nápoli, director ejecutivo de Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) señaló que “el proyecto introduce una modificación sustancial de la ley vigente mediante dos mecanismos centrales. En primer lugar, reduce el área de protección glaciar —que conviene recordar actualmente alcanza apenas el 0,21 % del territorio nacional— con el objetivo de habilitar el desarrollo de proyectos de megaminería de alta montaña que hoy se encuentran expresamente prohibidos. En segundo término, otorga a las provincias la facultad de decidir qué glaciares deben ser protegidos y cuáles no, desmantelando así el esquema de protección ambiental uniforme y común para todo el país establecido por la Constitución Nacional”.
A esto Agostina Rossi Serra de Greenpeace Argentina señaló que “cuando el riesgo aumenta, las normas se fortalecen, no se debilitan”, y advirtió que “plantear que hay glaciares o partes del ambiente periglacial que sirven y otros que no es una discusión científicamente incorrecta”. En ese sentido, remarcó que “los glaciares y el ambiente periglacial no son obstáculos: son aliados para enfrentar la crisis climática”.
Las organizaciones alertaron que las modificaciones propuestas no persiguen mejorar ni ampliar la protección de las fuentes de agua en un contexto de crisis climática, sino responder a las demandas del sector minero, tal como surge de manera explícita de los considerandos del propio proyecto.
En ese sentido, Enrique Viale, presidente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas recordó a los senadores que “las leyes de presupuestos mínimos son una arquitectura constitucional que este proyecto tira por la borda. La destruye. Y esto no es menor, porque tenemos otras leyes de presupuestos mínimos. ¿Qué va a pasar después? ¿Vienen por los bosques? ¿Vienen por los ríos? ¿Por la Ley General del Ambiente?”
Por otra parte, las organizaciones cuestionaron la escasa participación en el debate y la celeridad (solo dos días) con la que los senadores dictaminaron el proyecto de modificación, a lo que sumaron la irregularidad de la falta de consultas previas a especialistas para elaborar la nueva iniciativa.
Manuel Jaramillo, director ejecutivo de la Fundación Vida Silvestre Argentina consideró “que es inadmisible que el proyecto adolezca de consulta previa con el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), institución de excelencia científica, referida por la legislación actual para el desarrollo del Inventario Nacional de Glaciares. La minería responsable es posible, y necesaria, pero nunca sobre el ambiente glaciar y periglacial, como promueve el proyecto de ley que ya cuenta con dictamen positivo a pesar de todas las voces que advirtieron sus falencias técnicas y legislativas”.
En el mismo sentido, Eugenia Testa, directora del Círculo de Políticas Ambientales (CPA) agregó que “el proceso legislativo y la elaboración previa del proyecto evidencia una fuerte injerencia sectorial. Hay una clara captura de una política pública de más de 15 años por parte de un interés económico particular, en este caso el del sector minero, que intervino directa o indirectamente a través de un grupo de gobernadores”.
Finalmente, Hernán Casañas, director ejecutivo de Aves Argentinas destacó que “las empresas que queremos son las que cumplen estándares y apuestan a largo plazo. No buscan libertad absoluta, buscan certidumbres”, y agregó: “los flujos de inversión más importantes van a los países con los estándares ambientales más altos. El argumento económico está planteado al revés.”
De acuerdo con las organizaciones, lo que intenta hacer el proyecto de ley es alterar una ley general para hacerla encajar con algunos proyectos mineros que, bajo el régimen vigente, no podrían desarrollarse. Lejos de generar la seguridad jurídica que se invoca en favor de los inversores, esta reforma tendrá el efecto contrario: profundizará la incertidumbre normativa y agravará la ya frágil licencia social para operar.
Al plantear su rechazo al proyecto, los disertantes solicitaron a los senadores que no avancen con una reforma que reduce niveles de protección ambiental, vulnera la Constitución Nacional y pone en riesgo la seguridad hídrica del país. “En un contexto de crisis climática y escasez de agua cada vez más evidente, retroceder en la protección de los glaciares y del ambiente periglacial no es una opción responsable ni legalmente admisible. La Ley de Glaciares es clara, constitucional y vigente: debe cumplirse, no vaciarse”, remarcaron.
(1) Las organizaciones que participaron de la reunión conjunta de comisiones son: Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Aves Argentinas, Greenpeace Argentina, Círculo de Políticas Ambientales (CPA), Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AAAA) y Fundación Vida Silvestre Argentina. También participaron de la reunión el director del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) Pablo Villagra, Gabriela González Trilla de Ecosistemas azules-CONICET, Laura Isla Rafaele del CONICET, la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) y Cámara de Proveedores de Empresas Mineras (CAPMIN).
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Fiestas seguras en Eldorado
La Viceintendente de la ciudad de Eldorado, Dra. Lorena Cardozo, encabezó una conferencia de prensa para brindar detalles sobre los dispositivos de control y el despliegue de seguridad que se implementarán con motivo de las fiestas de fin de año y los eventos sociales organizados en la ciudad.
Acompañaron la presentación el Secretario de Gobierno, Hernando Cabrera; el Jefe de la Unidad Regional III, Comisario Mayor Daniel Molina; el Director de Tránsito y Transporte, Fernando Caro; y el Director de Protección Civil, Mario Flammer, quienes expusieron las medidas preventivas previstas para garantizar celebraciones seguras y responsables.
Durante la conferencia se destacó la importancia de pasar las fiestas de manera tranquila, minimizando riesgos a través de operativos de control y acciones coordinadas entre las distintas áreas. Se informó que los dispositivos estarán focalizados especialmente en los sectores con mayor concentración de personas, tanto en la zona céntrica como en distintos puntos de la ciudad.
En materia de seguridad vial, se remarcó la vigencia y el estricto cumplimiento de la política de alcohol cero al volante, solicitando a los conductores conciencia y responsabilidad, a fin de prevenir siniestros y proteger la vida de todos los vecinos.
Por su parte, el Comisario Mayor Daniel Molina indicó que durante los fines de semana y las celebraciones de Navidad y Año Nuevo se desplegará un operativo reforzado que incluirá más de 150 efectivos en la zona céntrica, además de patrullajes permanentes en los barrios y sectores más alejados, abarcando tanto la seguridad vial como la seguridad pública.
Finalmente, se informó que los eventos y fiestas habilitadas fueron debidamente notificadas sobre los controles que se realizarán, con el objetivo de garantizar el normal desarrollo de los espectáculos, cuidar especialmente a los jóvenes y prevenir cualquier tipo de incidente.
En este marco, la Viceintendenta Lorena Cardozo destacó la importancia de contar con espacios propicios para el esparcimiento, pero siempre de manera segura y ordenada, remarcando que si bien los controles y operativos son fundamentales, el éxito de estas medidas depende también del compromiso y la responsabilidad de cada vecino.
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