El Gobierno dispuso una actualización parcial de los impuestos a los combustibles para enero que tendrá impacto en los surtidores y difirió para febrero el resto del ajuste pendiente, mediante el Decreto 929/2025 publicado este miércoles en el Boletín Oficial.

La normativa, analizada por la Agencia Noticias Argentinas, determinó el incremento en los montos de los impuestos sobre los Combustibles Líquidos y al Dióxido de Carbono, para los hechos imponibles que se perfeccionen entre el 1° y el 31 de enero de 2026.

En el caso de la nafta sin plomo y nafta virgen, el costo trepa a $17,291 (en diciembre había aumentado a $16,373) por litro en el impuesto a los combustibles líquidos y a $1,059 (antes en $1,003) en el impuesto al dióxido de carbono.

En cuanto al gasoil, el tributo sube a $14,390 ($13,546 en diciembre) en el impuesto a los combustibles líquidos, a $7,792 ($7,335 previamente) en el tratamiento diferencial para algunas regiones y a $1,640 (antes en $1,544) en el impuesto al dióxido de carbono.

El ajuste rige en todo el país, con una aplicación diferente para el gasoil destinado a las provincias de Neuquén, La Pampa, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, el Partido de Patagones en Buenos Aires y el Departamento de Malargüe en Mendoza.

El Ejecutivo estipuló en el decreto que los efectos de los incrementos remanentes en los montos de los impuestos de las actualizaciones correspondientes al año calendario 2024 y al primer, segundo y tercer trimestre calendario del año 2025, para la nafta sin plomo, la nafta virgen y el gasoil, no se apliquen completamente en enero sino que pasan a febrero.IP

Al respecto, en el texto oficial se argumentó que “con el propósito de continuar estimulando el crecimiento de la economía a través de un sendero fiscal sostenible, resulta necesario, para los productos en cuestión, diferir parcialmente los incrementos remanentes originados en las referidas actualizaciones”.

De esta manera, la administración de Javier Milei continúa desdoblando y postergando los aumentos impositivos plenos sobre los combustibles, con el objetivo de evitar un impacto considerable en los precios exhibidos en los surtidores y por consiguiente en la inflación.

Nota: Agencia Noticias Argentinas

La Justicia puso bajo análisis el destino de 40 millones de dólares correspondientes a premios otorgados por la FIFA y la Conmebol a la Selección Argentina tras la consagración en el Mundial de Qatar 2022.

Según lo expuesto en el informe televisivo de la señal TN, esos fondos habrían sido girados directamente al exterior mediante transferencias por un total de USD 40 millones —USD 30 millones de FIFA y USD 10 millones de Conmebol— a sociedades vinculadas al empresario Javier Faroni, sin que el dinero figure en los balances ni en las memorias contables de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

El programa conducido por Jony Viale destacó que el cobro de los premios se habría concretado en febrero de 2023, cuando la brecha cambiaria entre el dólar oficial y el blue rondaba el 100%. En ese contexto, se planteó —en potencial— que los jugadores podrían haber cobrado en pesos pero al tipo de cambio oficial, mientras los dólares permanecían en el exterior, lo que habría generado una diferencia cambiaria significativa.

En la City porteña, en esa época, se había instalado el rumor de que el gobierno ofrecía a los amigos una puerta especial para acceder a dólares baratos. Incluso, funcionarios clave de aquellos días, desaparecieron de los lugares que frecuentaban.

Nota: Noticias Argentinas

La forestadora correntina Tapebicuá, acumula una deuda de $11.500 millones y mantiene sus plantas paralizadas. El caso refleja el impacto de las políticas económicas nacionales sobre la industria y el empleo en las economías regionales.

La crisis que atraviesan las economías regionales sumaron un nuevo capítulo en Corrientes. Forestadora Tapebicuá, una de las principales empresas forestoindustriales del país, se presentó en concurso preventivo de acreedores. La firma debe $11.500 millones, está sin operar desde agosto y busca un inversor para sostener su continuidad, en un contexto nacional adverso para la producción.

La empresa, vinculada al grupo Celulosa Argentina, radicó la presentación ante el Juzgado Nacional en lo Comercial Nº 14 de la Ciudad de Buenos Aires. El proceso se encuadra en la Ley de Concursos y Quiebras y apunta a reordenar pasivos para evitar la quiebra.

Tapebicuá mantiene paralizadas sus operaciones desde el 10 de agosto. Hoy sostiene su estructura mínima mientras avanza el trámite judicial. La compañía emplea a 395 trabajadores y ya venía operando por debajo de su capacidad antes del freno total. Su producción se ubicaba entre el 60 y el 70 % por la falta de ventas.

Desde la empresa señalaron que la situación responde a un escenario macroeconómico que golpea a la forestoindustria y a otras actividades del interior. La caída del sector de la construcción redujo la demanda. Los altos costos en dólares y la apertura de importaciones afectaron la competitividad. La falta de financiamiento agravó el cuadro.

Ese conjunto de medidas generó una fuerte crisis de capital de trabajo. La consecuencia fue la paralización de la actividad industrial, con impacto directo en el empleo y en las economías locales que dependen del sector forestal.

El caso de Tapebicuá funciona como ejemplo de un problema estructural. La forestoindustria, estratégica para provincias como Corrientes y Misiones, enfrenta un escenario de costos crecientes, consumo deprimido y escaso margen para competir. La situación se replica en otras economías regionales del país.

En ese contexto, la empresa confirmó que busca un inversor estratégico. El objetivo es retomar la producción en un plazo estimado de 90 días. Según indicaron, ya existen conversaciones en marcha, aunque el resultado dependerá del marco económico general y de la previsibilidad futura.

Desde la firma también destacaron el acompañamiento del Gobierno de Corrientes. Sin embargo, remarcaron que la crisis excede el plano provincial y está vinculada a decisiones de política económica nacional que impactan de lleno en la industria del interior.

Forestadora Tapebicuá desarrolla actividades forestales en Corrientes y cuenta con dos aserraderos y una planta de compensados. Su esquema integra forestación, industrialización y comercialización de productos con valor agregado.

La situación se agrava por la crisis de su controlante, Celulosa Argentina, que también atraviesa un concurso preventivo. El deterioro financiero del grupo, con fuertes pérdidas y caída de ingresos, impactó en todas sus unidades productivas.

En un país donde las economías regionales reclaman condiciones para producir y competir, Tapebicuá expone los límites del actual modelo económico. El concurso abre una instancia decisiva para la empresa, pero también deja una señal de alerta sobre el futuro de la forestoindustria y el empleo en el interior argentino.