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Presentación de representantes ambientales en Diputados para evitar retrocesos en la legislación ambiental

Durante el Plenario de comisiones de la Cámara de Diputados Andrés Napoli, director ejecutivo de Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), y Manuel Jaramillo, director general de Vida Silvestre estuvieron presentando argumentos para evitar retrocesos en la legislación ambiental, planteados en el Proyecto de Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos.
Durante el plenario de comisiones Andrés Napoli (video aquí) señaló “En un contexto de crisis ecológica, climática y desigualdad social, el proyecto hiere de muerte los sistemas de protección establecidos en leyes que llevó mucho esfuerzo alcanzar, y que en línea lo que dispone el artículo 41 de la Constitución Nacional, garantizan una protección ambiental uniforme en todo el país (…) La ley Omnibus, tal como está planteada es regresiva en materia de protección de nuestros bienes ambientales, y en materia de transparencia y participación pública”.
Además, Manuel Jaramillo (video aquí) detalló “Gran parte de las organizaciones que hemos realizado el análisis de los artículos del proyecto de Ley ómnibus que afectan regresivamente los avances en legislación ambiental y que hemos enviado formalmente la comentada nota a la Honorable Cámara de Diputados, hemos también trabajado por años en demostrar exitosamente que el desarrollo y la conservación no son elementos antagónicos, que es posible – y necesario- articular un modelo de desarrollo económico que no sea a costa de afectar negativamente al ambiente y a los sectores sociales más vulnerables. El verdadero desarrollo es sustentable. Si no es sustentable no es verdaderamente desarrollo. Es solo una trasferencia de recursos en la cual el ambiente y los sectores vulnerables de la sociedad cubren las externalidades negativas de esa transacción.”
Más de 100 organizaciones de la sociedad civil expresaron su preocupación por las medidas del Proyecto de Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, que implica un retroceso en la legislación ambiental lograda en los últimos años en nuestro país tras mucho esfuerzo, discusiones parlamentarias y trabajo de consenso entre diversos actores sociales.
Además, el proyecto de ley vulnera el principio de no regresión ambiental, contenido en el Acuerdo de Escazú (Ley 27.566 en plena vigencia y ratificado por nuestro país), dado que los cambios propuestos a la normativa vigente implicarían una disminución de los niveles de protección ambiental ya alcanzados.
Manuel Jaramillo, director general de Fundación Vida Silvestre Argentina, remarcó que “el proyecto de ley presentado por el ejecutivo propone avanzar sobre legislación construida de manera participativa entre diversos sectores de la sociedad y en consonancia con lo establecido por la Constitución Nacional y la Ley General del Ambiente, es por ello que junto a diversas organizaciones que trabajamos en temas ambientales hemos decidido presentar formalmente nuestro planteo ante la cámara de diputados”. Y finalizó “el dentro de la ley todo, fuera de la ley nada, debe aplicar también a la conservación del ambiente”.
Para que Argentina sea una potencia mundial, es crucial construir sobre lo ya construido evitando destruir los logros alcanzados afirman. Entre esos logros, se encuentran las normas que este proyecto de ley pretende reformar y que conforman la columna vertebral de la protección del ambiente y los recursos naturales de nuestro país. Cualquier intento de retroceder en los niveles de protección y conservación del ambiente alcanzados debe ser considerado ilegal e inconstitucional.
En referencia a la Ley de Bosques Nativos, Jaramillo detalló que “la ley de bosques es una ley que existe desde hace 15 años, producto del trabajo conjunto entre diferentes organizaciones y legisladores junto con diversas jurisdicciones, que ha permitido visibilizar los boques nativos, reducir inclusive las tasas de deforestación (aunque sean altas) y que ésta propuesta de ley pretende desfinanciar. Esto implica quitar responsabilidad del estado nacional, y dejar una puerta abierta y poco clara para la deforestación en áreas donde ahora está prohibido (áreas catalogadas como rojas y amarillas)”.
Es por eso que el pedido a la Cámara de Diputados es a no hacer lugar a estas propuestas que colisionan de lleno contra principios jurídicos y normativa nacional e internacional vigente en el país, en relación a los siguientes proyectos de ley detallados, que buscan reformarse o crearse de manera parcial o total:
Ley 26.562 control de actividades de quema
Ley 26.331 de bosques nativos
Ley 26.639 de glaciares
Ley 24.922 régimen federal de pesca
Reorganización económica capítulo IX – energía sección IX – de la transición energética
Entre los principales argumentos esgrimidos se encuentran:
Las modificaciones propuestas a la Ley 26.331 de bosques nativos pretenden habilitar desmontes hoy prohibidos en las categorías roja (I) y amarilla (II). De aprobarse el proyecto de ley del PEN, más de 42 millones de hectáreas, cerca del 80% de los bosques nativos de la Argentina hoy bajo protección a perpetuidad, quedarán desprotegidos y a merced de desmontes a gran escala, afectando a su biodiversidad y los beneficios sociales, ambientales y culturales que proveen a las personas. Por otra parte, las modificaciones desfinancian el presupuesto para la protección de los bosques nativos al eliminar el mínimo planteado por la Ley del 0,3 del presupuesto Nacional y el 2% de las retenciones a las exportaciones de productos agrícolas y forestales.
Las modificaciones propuestas a la Ley 26.639 de glaciares permitiría la actividad económica en los ambientes periglaciares vulnerando la protección de ambientes que ya están en retroceso y que son centrales como reservorios de agua dulce, y que tienen funciones clave para la adaptación y mitigación al cambio climático y para la regulación hídrica, especialmente en zonas desérticas, no sólo para la vida humana sino para sostener el funcionamiento de los ecosistemas.
Las modificaciones propuestas a la Ley 24.922 Régimen Federal de Pesca facilitaría una profundización del extractivismo en el mar, con usos que no sigan pautas de conservación ni consideren los impactos sobre la biodiversidad marina.
Las modificaciones propuestas a la Ley 26.562 de Control de Actividades de quema al agregar a la definición de el “aprovechamiento productivo” entendido como toda “actividad que tenga una finalidad de lucro y que no tenga relación alguna con la protección medioambiental del terreno”. Esto permitiría el avance sin control ni autorización previa de quemas para desarrollo de infraestructura diversa, plantaciones, cultivos que no se comercialicen, etc. Por otra parte, si bien el proyecto de ley mantiene la prohibición de actividad de quema sin autorización, establece un plazo de 30 días hábiles para que la autoridad competente responda a la solicitud. En caso de falta de respuesta, se considerará que la quema ha sido autorizada.
En la sección del proyecto de ley sobre Transición energética lejos está de proponer de qué manera se llevará a cabo la transición energética hacia una matriz energética más limpia en Argentina, y cuál será la hoja de ruta para cumplir con los compromisos internacionales de reducción de emisiones a 2030 y carbono neutralidad a 2050 en el marco del Acuerdo de París. Por otra parte, faculta al Poder Ejecutivo Nacional para la asignación de derechos de emisión de GEI y penalización en caso de incumplimiento. Si estas actividades quedan vinculadas al PEN, no queda claro el rol y función de las demás áreas gubernamentales y no gubernamentales competentes en la temática.
Para conocer el texto completo enviado a los legisladores, haga click aquí.
Organizaciones participantes:
ACERCA (Agencia de Cooperación Estratégica Rural para el Chaco Americano), AFOPE , Ahora Qué?, Alianza Gato Andino, Alianza x el Clima, Ambient.Arg, Ambientalistas Ituzaingó, Ananda, AquaMarina, Asamblea Socio Ambiental Campana, Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas , Asociación Argentina de Ecología, Asociación Boana, Asociación Ambientalista del Partido de Escobar, Asociación Civil Arbolado, Asociación Civil Capibara, Asociación Civil de ecología integral Laudato si, Santiago del Estero, Asociación Civil El Cuenco Equipo Ambiental, Asociación Civil por la Responsabilidad Amartya, Asociación Comunitaria y Biblioteca Popular El Molino- Vaqueros- Salta, Asociación de Amigos de la Patagonia, Asociación Herpetológica Argentina, Asociación Miguel Ragone, Asociación Para El Desarrollo (ADE), Asociación para la Conservación y el Estudio de la Naturaleza (ACEN), Aves Argentinas, Centro de Investigaciones del Bosque Atlántico (CeIBA), CEPPAS, Círculo de Políticas Ambientales, Climate Save Argentina, Club de Roma Argentina, Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial, Colegio de Graduados en Ciencias Forestales de Santiago del Estero, Colegio de Ingenieros Forestales de Misiones, Comisión de Reservas Naturales Privadas del Chaco, Comisión de Supervivencia de Especies, Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, Conciencia Ecológica, Conciencia Solidaria, Al Cuidado del Medio Ambiente, el Equilibrio Ecológico, y los Derechos Humanos, Asociación Civil, Consciente Colectivo, Consejo Profesional de Ciencias Forestales del Chaco, Cooperativa Agroecológica Yvy Marane´y Ciudad de Corrientes, Correntinos Contra el Cambio Climático, Defensores del Pastizal, Eco House Global, Ecosistemas Argentinos, Equipo Nacional de Patronal Aborigen (ENDEPA), Federación Argentina de Ingenieros Forestales, Federación Campesina Guaraní de Corrientes, Federación de Trabajadores Chaqueños, Federación de Trabajadores Correntinos, Fibo Impacto Social, FNGA (Fundación Nueva Generación Argentina), Foro Ambiental Córdoba – Asociación Civil, Frente Sindical de Acción Climática, Fundación Ambiente y Recursos Naturales, Fundación Anfibia, Fundación Avina, Fundación Azara, Fundación Banco de Bosques, Fundación Biodiversidad Argentina, Fundación Cebil, Fundación CEBio, Fundación de la Tierra, Fundación Gran Chaco, Fundación Humedales / Wetlands International, Fundación Inalafquen, Fundación Los Albardones, Fundación Mane´Kenk Educación Ambiental, Fundación Manos Verdes, Fundación Natura Argentina, Fundación Patagonia Natural, Fundación Plurales, Fundación Por el Mar, Fundación R.E.VERDECER – Salta, Fundación Red Comunidades Rurales, Fundación Red Yaguareté, Fundación Rewilding Argentina, Fundación Solidaridad Latinoamericana, Fundación Sustentabilidad sin Fronteras, Fundación T.E.A. Trabajo, Educación, Ambiente, Fundación Vida Silvestre Argentina, Fundacion VIentos del Sur Para el Desarrollo Humano Integral-Salta, Fundación YUCHAN, Fundeps Argentina, Futuro Córdoba Asociación Civil, Guardianes del Y’vera, Health Save Argentina, Humedales en Red, Instituto de conservación de ballenas, Instituto Internacional de Medio Ambiente y Desarrollo, IIED – América Latina, Instituto Jane Goodall Argentina, Jóvenes por el Clima, Los Verdes, Mesa Foresto Industrial de Santiago del Estero, Movimiento Político Ecológico de Raiz, Mundo sur, Museo del Hambre, No a la mina, Organización Ambiental Pilmayqueñ, Organización Isla Verde, Proyecto Quimilero, Red Argentina de Reservas Naturales Privadas, Red Bosques, Políticas y Territorios, Red de Mujeres en Diálogo Ambiental, Red del río Luján, S.O.S Hábitat Mercedes, SaSa, Sociedad Argentina de Biología Evolutiva, Sociedad Argentina de Botánica, Sociedad Argentina para el Estudio de los Mamíferos (SAREM), Sociedad Naturalista Andino Patagónica, Tierra Nativa – Amigos de la Tierra Argentina, Unidos por nuestras Acequias, UPVA Unidos por la Vida y el medio Ambiente, Vecinos del Humedal, WCS Argentina, Yo No Mato Serpientes.
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Murió Miguel Ángel Russo

Murió Miguel Ángel Russo. El director técnico de Boca falleció a los 69 años este miércoles, cerca de las 19, en su casa de la Capital Federal y rodeado por familiares y seres queridos.
Más allá de su irrenunciable lucha por salir adelante y seguir con su trabajo, había desmejorado en los últimos tiempos por el avance de un cáncer que le habían diagnosticado en 2017, cuando estaba al frente de Millonarios en Colombia.
Desde aquel entonces, Russo frontó diversos tratamientos y dos operaciones mientras se mantuvo en actividad dentro del fútbol. Tras una serie de internaciones que empezaron a principios de septiembre, le había costado dirigir con regularidad y empezó a ausentarse.
Su última aparición pública fue el 23 de septiembre, durante una práctica del plantel en Boca Predio, cuando el club publicó en sus redes sociales una imagen sonriente en la que el presidente e ídolo Juan Román Riquelme lo abrazaba.
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Diputados aprobó la ley que restringe el uso de los DNU, pero hubo cambios y ahora deberá volver al Senado

Los libertarios ganaron tiempo y un eventual veto presidencial llegará recién después de las elecciones. El artículo de la polémica fue el que establecía un plazo de 90 días para que el Congreso se pronuncie sobre la validez de los decretos.
Los libertarios evitaron este miércoles una derrota total en la Cámara de Diputados y ganaron tiempo. La oposición logró aprobar una ley que limita estrictamente la capacidad de los Presidentes de dictar decretos de necesidad y urgencia (DNU). Sin embargo, un artículo salió rechazado y ahora toda la norma deberá volver al Senado para que allí se defina si acepta los cambios o si insiste con el texto original.
En los días previos a la sesión, desde la Casa Rosada dejaron trascender que el presidente Javier Milei vetaría la norma porque pone en juego la gobernabilidad. En ese sentido, el oficialismo festejó que el trámite parlamentario se prolongue y deje un eventual veto presidencial para después de las elecciones.
En las filas del oficialismo esperan que la finalización de la campaña electoral y un resultado aceptable le permitan recomponer la relación con gobernadores y ex aliados. Así podrá frenar la seguidilla de reveses parlamentarios que viene sufriendo desde hace varios meses.
La nueva ley, que había sido aprobada en el Senado con un amplio consenso que incluyó a referentes del radicalismo, fuerzas provinciales e incluso algunos díscolos del PRO, modifica la ley 26.122 de 2006. Esa ley había sido impulsada por Cristina Fernández, durante el gobierno de Néstor Kirchner.
Entre sus puntos más importantes se destaca que ambas Cámaras se tienen que pronunciar sobre la validez de los decretos para que sean ratificados (en la actualidad sólo se necesita la aprobación de una Cámara). Por lo tanto, la oposición sólo necesitaría juntar una mayoría en una de las Cámaras para invalidar todos los decretos.
Sin embargo, salió rechazado el límite de 90 días corridos para que el Congreso se pronuncie. Según el artículo 3, que se cayó en la votación en particular, si el tema no es tratado dentro ese plazo, los decretos caen.
Por otro lado, establece que cada decreto deberá referirse a un área en particular, con el fin de evitar una mezcla de temas en un solo texto. A modo de ejemplo, los libertarios no podrían volver a firmar un decreto como el 70/23 de desburocratización del Estado, que modificaba cientos de leyes y abarcaba diferentes áreas.
La reforma del régimen de DNU significa una restricción muy contundente del margen de maniobra de un gobierno con minoría parlamentaria, como el de Milei. Si los libertarios no logran sostener un eventual veto presidencial, será prácticamente imposible que el Poder Ejecutivo esquive al Congreso para llevar adelante su plan de gestión. Los consensos mayoritarios se convertirían en un requisito casi ineludible para gobernar, un escenario muy distante al actual y que algunos advierten llevará inevitablemente a una parálisis de gestión.
Para los libertarios, la reforma del régimen de DNU busca “inmovilizar al Poder Ejecutivo” para “debilitar la gobernabilidad”. “El peronismo solo se rige por el oportunismo político”, señaló el diputado de LLA Álvaro Martínez.
En la misma línea, el referente del PRO Damián Arabia recordó que Néstor Kirchner firmó 236 decretos, CFK usó 81, teniendo mayoría en ambas cámaras, y Alberto Fernández, otros 178. “Cuando les tocó gobernar sobreutilizaron los DNU. Y ahora quieren cambiar una ley que estaba hecha a medida para ellos, porque no gobiernan”, dijo y denunció que la oposición está planeando un “bloque institucional” para después de las elecciones porque “si no gobierna el peronismo no quieren que gobierne nadie”.
Por su parte, varios diputados de la UCR coincidieron en que la ley actual “es mala” pero argumentaron que cualquier reforma debería implementarse a partir de 2027. “Lo ideal sería tener esta discusión a fines del 2026, sin saber quién va a gobernar a partir de 2027”, manifestó Martín Tetaz.
En cambio, el diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro planteó que los decretos “han sido la herramienta más destructiva para la libertad que hoy en día algunos dicen defender”. Y arremetió: “Si nosotros no ponemos un límite esto seguirá siendo un viva la pepa, un estado de excepción permanente”.
En las filas libertarias consideran que es posible que el Senado ratifique el texto original, pero al menos la discusión quedará postergada para después de las elecciones legislativas del 26 de octubre.
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Con el Programa de Regularización de Habilitaciones Comerciales ya se logró más altas que en 2024

El secretario de Hacienda de la Municipalidad de Eldorado, Marcelo Mikulán, habló con Canal 9 Norte Misionero sobre el impulso positivo que tuvo la implementación del Programa de Regularización de Habilitaciones Comerciales desde inicio de este año, aunque anticipó que a fin de este mes se le pondrá un punto de cierre.
“Estamos muy contentos, muy conformes”, afirmó el funcionario debido a que “nos permitió que, en prácticamente nueve meses de vigencia del plan, hayamos ya tenido más habilitaciones comerciales que el año pasado”.
Mikulán recalcó que esto “implica la posibilidad de que trabajen más tranquilos, de que puedan de alguna manera manejarse con puertas abiertas, de que puedan tener sus empleados a la vista, puedan trabajar también con distintos medios electrónicos, porque al tener una habilitación, también pueden hacer la habilitación de los postnet, de las billeteras virtuales, o sea, un montón de beneficios que implica tener regularizado un comercio”.
Acotó que “a eso debemos agregar que también genera una mayor equidad tributaria, porque esos comercios que antes no tributaban y que estaban fuera del sistema, hoy están incorporados dentro del sistema y de alguna manera también genera mayor equidad respecto de aquellos que en tiempo y forma a veces hicieron un sacrificio no tanto para hacer su habilitación como para pagar los tributos”.
No obstante, consideró que “siempre quedan de alguna manera todavía algunos emprendimientos sin regularizar, algunos vendedores ambulantes, pero bueno, entendemos que la medida sirvió de manera significativa para ayudar y colaborar dentro de nuestras posibilidades con este sector comercial que realmente necesitamos que crezcan para de alguna manera mejorar la economía local”.
Para concluir, Mikulán indicó que el programa estaba previsto que cierre el pasado 30 de septiembre, pero se prolongó hasta el 31 de octubre y posteriormente se volvería al esquema anterior.
“En principio la idea era que el programa finalice el mes anterior, o sea, que finalice para el 30 de septiembre, -porque- lo que estamos notando en los últimos 3 meses es que tenemos menor cantidad de solicitudes de lo que fue en el primer semestre cuando arrancó el plan”, explicó y agregó que, “hemos dado un tiempo prudencial para que aquellos que realmente tuvieran interés en regularizar, porque lamentablemente no todos lo tienen, pero aquellos que tenían intención, creemos que 10 meses de vigencia del plan fue un tiempo prudencial”, cerró.
“Estamos cumpliendo con el Presupuesto”:
Por otra parte, Mikulán hizo referencia a como se está dando la ejecución del presupuesto 2025, la recaudación y también sobre si se lanzará a fin de año el programa de Bonificaciones por Pago Anticipado de Tasas.
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