El Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables de Misiones realizó este martes un encuentro para avanzar en un Proyecto de Resolución de Fauna Silvestre. La reunión, realizada en el Parque Provincial Salto Encantado, congregó a un amplio espectro de actores clave para la conservación provincial, en torno a la exposición de un marco normativo unificado y actualizado.

La propuesta busca ordenar, regular y supervisar con mayor eficacia todas las actividades vinculadas a la fauna silvestre en el territorio misionero. El proyecto incluye modificaciones sobre una versión anterior.

En este marco, la jornada comenzó con la intervención del licenciado en Biología Matías Fernández, de la Fundación OHANA, quien explicó la estructura del proyecto. Su exposición detalló los principales ejes de la futura resolución: la clasificación precisa de los distintos tipos de actores que manejan fauna silvestre -como bioparques, criaderos, centros de rescate, comercios y acuarios-, el establecimiento de requisitos técnicos diferenciados para su habilitación, y la definición de mecanismos claros de control y fiscalización.

Después presentaron el proyecto de la aplicación móvil “Epicollect5”, una herramienta digital destinada al registro de rescates de fauna silvestre, que se integrará al Observatorio Ambiental de la Secretaría de Ordenamiento Territorial

Posteriormente, Franco García Sosa junto a Virginia Solano, representantes de la Subsecretaría de Ecología y Desarrollo Sustentable, coordinaron una mesa de trabajo. Este espacio permitió a los presentes analizar el documento, realizar aportes, sugerir incorporaciones o proponer modificaciones al texto del proyecto. La normativa proyectada estableció también un plazo razonable para la adecuación obligatoria de actores en situación irregular. Determinó, además, las exigencias para los inspectores de la autoridad de aplicación y definió los profesionales idóneos requeridos en cada etapa de los procesos, según el tipo de institución.

Entre los objetivos declarados del proyecto figuraron la homogeneización de criterios de evaluación, el incremento de la transparencia en los procesos administrativos y la creación de un vínculo ordenado entre el Estado y las instituciones que interactúan con la fauna. La normativa también consideró aspectos de ordenamiento territorial y la gestión de cuencas hídricas en relación con la protección de la biodiversidad.

La jornada culminó con la firma de un acta de reunión por parte de los asistentes. La lista de invitados reflejó un abordaje interinstitucional e integral, e incluyó al Instituto Misionero de Biodiversidad (IMiBio), Aves Argentinas, los centros de rescate Güira Oga, OHANA y El Puma, el INTA, la Universidad Nacional de Misiones (UNaM), Neotropical Primate Conservation, Vida Silvestre, la Dirección de Defensa del Medio Ambiente y Delitos Rurales, Gendarmería Nacional y el Consejo Profesional de Médicos Veterinarios.

El encuentro contó con la presencia del ministro de Ecología, Arq. Martín Recamán; el subsecretario de Ecología, Facundo Ringa; el director de Impacto Ambiental, Franco García Sosa; el intendente local, Eldor Hut; el intendente de Aristóbulo del Valle, Juan José Mac Donald; el intendente de Garuhapé, Gerardo Schmit; el intendente de Ruiz de Montoya, Víctor Vogel; Fundación Temaikèn y Representantes del Cuerpo de Guardaparques.

En un operativo conjunto, guardaparques dependientes del Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables y la Prefectura Naval Argentina, patrullaron parte del río Paraná y sus afluentes el 28 y 29 de noviembre, con el objeto de fiscalizar el cumplimiento de la veda pesquera que rige para los cursos de agua en Misiones.

La patrulla, que recorrió más de cien kilómetros del río y arroyos desde la zona de Montecarlo e Isla Caraguatay, abarcó una extensa red hídrica que incluyó los arroyos Itá Curuzú, Paranaí, Culandrillo, Garuhapé, y múltiples vías navegables y pequeños arroyos, finalizando la actividad en el club de Pesca de Puerto Rico.

Durante las dos jornadas, incautaron más de 400 metros de redes de enmalle de distintas medidas, arte de pesca no selectivo y prohibido; unos 600 metros de espinel, al tiempo que identificaron y registraron varios campamentos clandestinos utilizados como base para actividades de caza y pesca furtiva, así como embarcaciones precarias fondeadas en los lugares. Todos estos puntos fueron georreferenciados con coordenadas GPS para su monitoreo futuro y posibles allanamientos.

Este operativo, que requirió la articulación de guardaparques de las zonas sur y centro de Misiones con la Prefectura, es parte del compromiso del Ministerio de Ecología en hacer cumplir la normativa vigente. Las tareas de control y vigilancia en los cursos de agua de Misiones se mantendrán de manera permanente para preservar la biodiversidad acuática, especialmente durante los períodos de veda que buscan garantizar la reproducción y sostenibilidad de las especies.

El Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables de Misiones lleva adelante una intensa tarea de control y fiscalización del aprovechamiento forestal en toda la provincia, con el objetivo de resguardar uno de sus mayores patrimonios naturales: más de 1.500.000 hectáreas de bosques nativos que resguarda uno de los últimos relictos de la Selva Paranaense del país. A través de operativos permanentes en rutas, inspecciones en establecimientos forestales y controles en zonas protegidas, se busca garantizar el cumplimiento de la normativa ambiental vigente, prevenir la tala ilegal y promover un modelo de desarrollo basado en la sostenibilidad y el uso responsable de los recursos.

En el marco de este trabajo constante, los equipos técnicos y los inspectores forestales lograron identificar una serie de infracciones reiteradas que revelan las maniobras más comunes utilizadas para burlar los controles y explotar de forma irregular la madera nativa. Entre las prácticas más habituales se encuentra el transporte ilegal de madera aserrada oculta en cargas de especies implantadas, como pino y eucalipto. Estas especies no requieren documentación para su traslado, motivo por el cual algunos transportistas las utilizan como cobertura para trasladar madera nativa que carece de autorización, intentando evitar así la fiscalización en rutas provinciales.

Otra de las irregularidades detectadas con mayor frecuencia está relacionada con la adulteración de la documentación forestal. Durante los operativos, los inspectores proceden a la retención y análisis de las guías forestales que amparan el transporte de la madera. A partir de ese cotejo se detectaron casos de datos falsos en los registros de transportistas, diferencias entre la carga declarada y la efectivamente transportada, e incluso el uso de una misma guía para amparar distintas cargas. Estas situaciones son muy dañinas para el sistema de control, ya que afectan la trazabilidad del recurso forestal y dificultan la identificación del origen real de la madera.

Para hacer frente a estas maniobras, el Ministerio fortaleció los controles móviles, que permiten verificar en tiempo real la validez de la documentación, y posteriormente realizar un análisis administrativo detallado en gabinete. Cuando se comprueba una infracción, se aplican sanciones que van desde multas económicas hasta la suspensión de autorizaciones y de los registros oficiales, dependiendo de la gravedad de cada caso.

El trabajo de fiscalización no se limita al transporte. También alcanza directamente a los predios que cuentan con Planes de Manejo o autorizaciones de Cambio de Uso del Suelo otorgadas por la Dirección General de Bosques. En estos casos, los inspectores forestales se trasladan a terreno para constatar que las actividades desarrolladas se ajusten a lo aprobado en cada plan. Allí se verifica qué especies están siendo aprovechadas, en qué cantidad, en qué sectores del predio y bajo qué modalidad de intervención.

A partir de estas inspecciones, se detectaron situaciones en las que se extrajeron volúmenes superiores a los autorizados, se aprovecharon especies no contempladas en los planes aprobados o se modificaron las condiciones originales establecidas en las autorizaciones. A ello se suman los casos de tala fuera del área habilitada, una infracción considerada gravísima, ya que implica la intervención directa sobre lotes o parcelas que no fueron evaluadas ambientalmente ni incluidas dentro de los permisos otorgados.

En paralelo, se desarrolla un exhaustivo trabajo de revisión administrativa y técnica de los expedientes correspondientes a los Planes de Manejo Sostenible y Planes de Cambio de Uso del Suelo que se encuentran en trámite o ejecución. Este análisis se realiza en gabinete y se complementa con información obtenida a partir de imágenes satelitales, uso de drones y sistemas digitales de gestión forestal.

Como resultado de estas constataciones, durante el período 2024-2025 se procedió a la suspensión inmediata de nueve planes por incumplimientos a la legislación vigente. Las principales causales fueron la realización de desmontes sin autorización previa, el desarrollo de actividades forestales en zonas no habilitadas y la intervención sobre áreas ambientalmente protegidas.

Entre las situaciones más delicadas detectadas se encuentran las intervenciones en zonas categorizadas como rojas y amarillas, áreas que, por su elevado valor de conservación, cuentan con restricciones especiales. También se constató el daño en fajas de protección de cursos de agua, bosques protectores y zonas buffer, sectores fundamentales para resguardar los recursos hídricos y la biodiversidad de la provincia.

La utilización de nuevas tecnologías se convirtió en una herramienta clave para fortalecer la capacidad de control del Estado. El monitoreo mediante imágenes satelitales permite detectar cambios en la cobertura forestal, identificar desmontes ilegales y realizar seguimientos de largo plazo. A su vez, el uso de drones facilita la inspección de zonas de difícil acceso, mejorando la eficacia de los procedimientos y reduciendo los tiempos de detección.

Cabe señalar que este sistema integral de control no tiene como objetivo exclusivo la aplicación de sanciones, sino fundamentalmente la prevención y el ordenamiento de la actividad forestal. La fiscalización permanente apunta a desalentar prácticas ilegales, promover la formalización del sector y garantizar que el aprovechamiento del recurso se realice dentro del marco legal.

En este sentido, el control forestal es considerado una política pública prioritaria, orientada no solo a resguardar el ambiente, sino también a proteger a los productores que trabajan dentro de la ley, promoviendo condiciones de competencia justa y sustentable.

Misiones es una de las provincias con mayor riqueza biológica del país, y sus bosques nativos cumplen una función esencial en la regulación climática, la conservación del suelo y la protección del agua. Por eso, cada operativo, cada inspección y cada expediente analizado forman parte de una estrategia más amplia de conservación, cuyo objetivo final es asegurar que las generaciones futuras puedan seguir disfrutando de este patrimonio natural único.