Continuando con el compromiso indeclinable de capacitación y constante formación judicial característica de la Judicatura misionera, la presidente del Superior Tribunal de Justicia, Rosanna Pía Venchiarutti Sartori, participó en el 29° Congreso Nacional de Capacitación Judicial “Perspectiva de Vulnerabilidad, Innovación y Cooperación en la Capacitación Judicial” con el propósito de fomentar el debate, el abordaje conjunto y la puesta en común.

Venchiarutti Sartori, en su carácter de directora del Centro de Capacitación y Gestión Judicial “Dr. Mario Dei Castelli”, puso en conocimiento a sus pares la nueva apuesta desde el área: el ciclo de entrevistas “Identidades: entre el ser y el deber ser”.  

Este espacio constituye un ciclo de entrevistas audiovisuales que busca abrir un espacio de escucha activa, reflexión y diálogo entre la Justicia y la comunidad. Sin embargo, más que entrevistas, Identidades es un puente humano: cada capítulo comparte historias de vida significativas, resilientes e inspiradoras, que transmiten aprendizajes sobre empatía, respeto, solidaridad y construcción colectiva.

En el ciclo, a cargo de la directora del Centro de Capacitación y Gestión Judicial, se dialoga con personas de distintos ámbitos de la Provincia para visibilizar relatos auténticos que nos invitan a pensar, sentir y crecer como sociedad. La innovadora propuesta pretende profundizar las políticas que se llevan adelante en la gestión de Venchiarutti dónde no sólo el “Lenguaje Claro” es el factor de unión sino la nueva búsqueda de “entender para entendernos” que sostiene la Magistrada.

La presentación de este ciclo en el Congreso tomó como guía  la “Perspectiva de Vulnerabilidad, Innovación y Cooperación en la Capacitación Judicial”, ya que conjuga no solo la innovación al transmitirse en plataformas como YouTube y Spotify, además de fragmentos y contenidos especiales en redes sociales como Instagram y Facebook, sino que aborda además la vulnerabilidad y la vinculación con el Poder Judicial al momento de buscar respuestas.

En su presentación Venchiarutti destacó el abordaje que se viene trabajando con el equipo que la acompaña donde prevalece “ante todo el entender, el esfuerzo buenos lleva el ir adaptándonos a las nuevas formas de comunicación y de comunicarnos donde es vital que yo entienda y entienda el contexto para comprender y comprendernos”.

Declaración de interés provincial

Este jueves 9 en la XIII sesión del Período Legislativo Nº 53, la diputada provincial Anazul Centeno propondrá se declare de interés provincial.

Para Centeno el proyecto constituye una valiosa herramienta de comunicación institucional y social, al acercar el Poder Judicial a la ciudadanía desde una perspectiva humana, empática y reflexiva. Su desarrollo en entornos cotidianos como hogares, lugares de trabajo o espacios significativos de los entrevistados, refuerza la idea de identidad y pertenencia, permitiendo reconocer en las historias locales los valores que caracterizan al pueblo misionero. 

Entre sus principales ejes y objetivos, el ciclo busca promover la escucha activa y el respeto por la dignidad humana, contribuir a la construcción de ciudadanía responsable y solidaria, poner en valor las historias de superación, resiliencia y compromiso comunitario, reforzar la confianza social en las instituciones a partir de acciones de contenido humano y fortalecer la identidad provincial mediante el reconocimiento de historias locales diversas. A través de su difusión en redes sociales institucionales, canales audiovisuales y actividades de sensibilización, el ciclo genera un impacto positivo tanto dentro del Poder Judicial como en la comunidad en general, promoviendo valores esenciales para la convivencia y la paz social.

Enmarcado en políticas que buscan fortalecer la educación tecnológica en la Provincia como así también la prevención de grooming y violencia digital, este miércoles, el ministro del Superior Tribunal de Justicia Juan Manuel Díaz, asistió a la presentación del manual de “Grooming: fundamentos, antecedentes históricos, políticos y perspectivas teóricas desde una mirada misionera”, llevado adelante en el Salón Dos Constituciones de la Cámara de Representantes.
Este material surge del trabajo articulado entre la Vicegobernación de Misiones, la Subsecretaría de Educación y la Legislatura provincial con el objeto de conformar una red que nuclee tanto la capacitación docente en Grooming como la sensibilización comunitaria en la materia para una posterior articulación con la Justicia y los organismos de seguridad digital, asegurando una respuesta integral ante cada caso.
El manual brinda un diagnóstico preciso, orientaciones de actuación y propuestas preventivas que permiten a la escuela, junto a las familias y la comunidad, reconocer señales tempranas, intervenir con responsabilidad y canalizar las denuncias por los medios correspondientes. Se trata de una herramienta pedagógica y, al mismo tiempo, de una valiosa política pública destinada a fortalecer la protección integral de las infancias y adolescencias.
Esta iniciativa reafirma el compromiso del Estado provincial con la prevención del acoso y la violencia digital, apostando a la educación, el conocimiento y la colaboración institucional como ejes para enfrentar un fenómeno global con impacto local.

Sobre esto, Juan Manuel Díaz destacó: “el manual aborda una problemática global con una mirada local. Se inserta en un proceso institucional que involucra a todos los poderes del Estado”.
Continuó: “La presencia del Estado tiene que ser muy activa y muy decisiva. Y este manual, así como lo veo, tiene un enfoque que es central, la prevención”.
Finalizando añadió: “En particular nosotros, desde el Poder Judicial, hemos llevado adelante varias acciones desde el año pasado con mucha intensidad, un ejemplo de esto es la creación, a través de una acordada del Superior Tribunal de Justicia, de la línea Contame. Una línea en la cual se obtiene, a través de una comunicación muy rápida como lo es una línea de WhatsApp, una contención inmediata y una canalización hacia una respuesta institucional judicial”.
Entre las autoridades presentes se encontraban la presidente del Bloque Frente Renovador de la Concordia y presidente de la Comisión de Educación, Cultura, Innovación Tecnológica y Deporte, Mabel Cáceres; el ministro de Educación, Ramiro Aranda; la subsecretaria de Educación Gabriela Bastarrechea y la coordinadora estratégica de gobierno inteligente, Paula Franco.
La publicación fue declarada de Interés Provincial por la Cámara de Representantes de la Provincia y de Interés Educativo por el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología.

Se trata del empresario acusado de narcotráfico que confesó haber financiado a Espert en 2019. El máximo tribunal rechazó los planteos de la defensa. A partir de ahora, la decisión final sobre el proceso de extradición recae en el Poder Ejecutivo.

El proceso de extradición que involucra al empresario Federico “Fred” Machado quedó confirmado tras la decisión de la Corte Suprema de la Nación, que avaló el pedido formulado por la justicia de Estados Unidos para que el ciudadano argentino sea juzgado por una serie de delitos graves, entre los que se incluyen asociación ilícita, narcotráfico, lavado de activos y fraude electrónico.

El fallo de la Corte fue firmado por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, y se basa en consdierar que el pedido de extradición formulado por la justicia de los EE.UU. se ajusta a las normas sobre cooperación internacional en materia judicial.

La causa se inició a raíz de la solicitud de extradición presentada por autoridades estadounidenses, que buscan someter a Machado a juicio en el Distrito Este de Texas, donde un Gran Jurado Federal dictó un auto de procesamiento contra él y otras ocho personas.

El expediente detalla que sobre Machado pesan cinco cargos principales. El primero lo acusa de integrar una organización criminal dedicada a la posesión, con intención de distribuir, de al menos cinco kilogramos de cocaína. El segundo y tercer cargos amplían la imputación a la fabricación y distribución de la misma cantidad de droga, con la presunción de que sería importada ilegalmente a Estados Unidos, y lo señalan también como cómplice en la comisión de estos delitos. El cuarto cargo lo vincula a una asociación ilícita para cometer lavado de dinero, mientras que el séptimo lo implica en una conspiración para perpetrar fraude electrónico.